Los que se bajaron del bus de la reforma política

La Misión Especial Electoral (MEE) fue un grupo de académicos y expertos, como la directora de la Misión de Observación, Alejandra Barrios y la ex directora de Transparencia por Colombia Elizabeth Ungar que el Acuerdo creó para que recomendara al Gobierno las pautas para esa reforma política.

Como contamos desde que la MEE presentó las propuestas, algunas no tuvieron apoyo ni en el Gobierno ni en el Congreso, como la de aumentar a 300 los miembros del Congreso o crear una Corte Electoral como organismo que revisara desde los votos en las elecciones hasta la investidura de los congresistas y funcionarios elegidos, lo que le quitaba al Consejo de Estado varios de sus poderes.

Al final, Elizabeth Ungar dijo hace tres semanas a El Espectador que el proyecto no había quedado bien, y que no tenía la gran mayoría de propuestas que la MEE había entregado al Gobierno en marzo.

El ‘papá de los acuerdos de paz’ y hoy precandidato presidencial liberal, dijo esta semana que el proyecto en vez de “abrir la democracia, la cerraba”.

Sus razones son tres: primero porque está en contra de que la reforma imponga un plazo hasta 2019 para que los grupos significativos de ciudadanos postulen candidatos a la Presidencia por firmas; por la imposición de las listas cerradas a 2022 y porque el nuevo Consejo Electoral, al menos el primero que entrará a regir en 2018, sigue siendo elegido por los partidos a través del Congreso (la MEE pidió que los magistrados no tuvieran filiación partidista).

“Hemos terminado haciendo lo contrario a lo que los expertos coinciden”, dijo en Blu.

A De la Calle tanto el Gobierno como los ponentes le respondieron. Por un lado el ministro Rivera, también liberal, dijo que no estaba de acuerdo en que se acabaran los grupos significativos, y que iba a proponer que se mantuvieran las candidaturas por firmas “al menos para las alcaldías y las gobernaciones”, dijo el miércoles.

Sin embargo, según supo La Silla, en una reunión ese día en la tarde, los grupos de ponentes decidieron que el proyecto siguiera su curso tal y como está.

Es decir, que los grupos significativos de ciudadanos sí acabarán para 2019.

La razón que nos contó un alto funcionario y un ponente, por aparte, es que la reforma pretende que los movimientos de ciudadanos se conviertan, poco a poco en partidos políticos, y que a medida de que demuestren que tienen afiliados, recibirán beneficios como financiación estatal y acceso a medios de comunicación.

Otra razón es que poniendo las condiciones a los movimientos de ciudadanos evitan además que políticos con procesos judiciales busquen reelegirse a través de la entrega de firmas.

“Demostrando afiliación (los movimientos) pueden acceder a lo que no tienen hoy: avales, financiación, acceso a medios”, nos dijo un ponente.

De todos modos, De la Calle cree que eliminar la postulación de la Presidencia por firmas crea “un monopolio de los partidos”. (Obviamente esto era antes de que Germán Vargas Lleras se inscribiera por firmas, como lo hizo hoy)

Los otros temas como las listas cerradas y la conformación del primer Consejo Electoral seguirán intactos en la reforma.

Fue el primer partido de la coalición en partir cobijas con la reforma política, al menos en la Cámara de Representantes, donde se discute en estos momentos.

Desde mayo, el director del partido, Jorge Enrique Vélez, anunció en medios que el partido no apoyaría la reforma. Sin embargo, el propio ministro Rivera dijo que tenía el apoyo de la bancada y que el director no hablaba por los 26 congresistas vargaslleristas.

Pero, el Presidente de la Cámara dijo que a su jefe, el candidato Germán Vargas Lleras, no le gustaba la reforma.

Y los vargaslleristas han actuado en consecuencia. Uno de ellos, Jorge Rozo, propuso hundir la reforma.

Aunque desde el uribismo dicen en los debates que la reforma política “es para las Farc”, la realidad es que a la guerrilla desarmada no le gusta el proyecto.

Andrés París, el encargado de las comunicaciones de las Farc, dijo que la reforma era una telaraña jurídica para acabar los partidos pequeños y que los requisitos que imponía la reforma para formar partidos beneficiaban solo a los tradicionales, como que tuvieran que acreditar 75 mil afiliados para recibir la personería jurídica.

“Hay que anunciar desde ya el fracaso rotundo de los candidatos al Congreso de sectores diferentes a los partidos del uribismo, Conservador y del Liberal que serían los beneficiados”, dijo en Blu.

A su turno, Jairo Rivera, de Voces de Paz, la organización civil que funge como vocera de la guerrilla durante el Fast Track, dijo en el último debate que algunos de los puntos de la reforma, como la recolección de firmas de forma digital “son una de las pocas cosas rescatables de este proyecto”.

De todos modos, como dijeron el ministro Rivera y el propio Humberto de la Calle, la reforma no es para la guerrilla, sobre todo porque los proyectos de ley que reglamentaban el Acuerdo y que los beneficiaban para la entrada a la política, ya fueron aprobados en el Congreso, como la creación de su propio partido político (con financiamiento para su sostenibilidad) y las 10 curules para las próximas elecciones (5 de ellas en la Cámara).