Los súper poderosos de la organización social afro e indígena

Este risaraldense es el actual director y fundador del Movimiento Nacional Cimarrón, una organización que nació en Buenaventura en 1982 y a través de la cual alzó la voz en contra del racismo y discriminación de las comunidades afros a nivel nacional.

Inspirado en la lucha de Martin Luther King y Mandela, Mosquera fue el primero en exigir al Estado un trato igualitario y los derechos del pueblo afro en una época en que nadie más lo hacía, además de recordar la deuda histórica a su pueblo por la exclavitud.

Por eso su mayor logro fue haber sido una escuela de pensamiento y de formación organizativa para futuros líderes del movimiento afro, como Zulia Mena, la actual viceministra de Cultura.

Mosquera también ha contribuido en la conceptualización indentitaria de lo afro en Colombia a través libros como Las comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI: historia, realidad y organización; Abolición de la institución de la esclavitud en Colombia y responsabilidades políticas a favor de la población afrocolombiana; Mecanismos legales para la protección y desarrollo de los derechos humanos y ciudadanos afrocolombianos, entre otros, siendo uno de los grandes pensadores afro contemporáneos.

Antes de crear el movimiento Cimarrón, Mosquera lideró el círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Afrocolombianas, SOWETO, que surgió en 1976 en Pereira y lo integraban estudiantes negros de diferentes regiones del país que estudiaban su origen, identidad, y alternativas para el racismo que sufrían.

Hoy, a sus 61 años, este licenciado en Ciencias Sociales y Especialista en Sociología Latinoamericana de la Universidad Iberoamericana de México sigue teniendo asiento en el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras que es el espacio de discusión entre las comunidades afro y el gobierno nacional.

Sin embargo, perdió un poco de protagonismo a partir de 1991 porque después de la Constitución de 1991 las luchas afro se enfocaron sobre todo en lograr la titulación colectiva de las tierrras, lo que dio paso a nuevos liderazgos y organizaciones como el PCN.

En el 2010 Mosquera se lanzó a la Cámara con la idea de fundar un partido político afro “que le dé identidad política étnica al pueblo afrocolombiano y que le permita ocupar con sus propios votos el lugar que le corresponde”.  

Fundó a comienzos de los noventa el Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones afro más fuertes del país pues representa a más de la mitad de los afros del país, sobre todo del área rural. 

Está integrada por 120 organizaciones de base entre consejos comunitarios y colectivos a nivel nacional que luchan por la reivindicación de la cultura negra, de su identidad, autonomía, la defensa de su territorio, sus recursos naturales y la búsqueda del reconocimiento de sus derechos étnicos y el fortalecimiento de procesos organizativos autónomos.

Rosero nació en Buenaventura en 1959 y es considerado uno de los activistas y militantes más importantes del movimiento negro de Colombia, así como el gran gestor del proceso organizativo afro reciente.

El liderazgo de Rosero viene desde que fue líder estudiantil en la Universidad Nacional, cuando estudiaba antropología y era activista del Partido Socialista de los Trabajadores.

En 1987 se alejó del movimiento estudiantil cuando realizó un trabajo de campo en Buenaventura con mineros y se unió a sus procesos organizativos. Pero el gran salto lo dio cuando recorrió el país como candidato afro para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Aunque no ganó logró entrar a la Asamblea, le sirvió para liderar la organización de las comunidades y sembrar la idea de la necesidad de tener representación democrática propia para que el país asumiera a los afro como un grupo étnico. Además de defender los recursos naturales del Pacífico.

Más adelante, en 1993, hizo parte de la comisión que creó la Ley 70 de 1993, considerada uno de los logros más importantes para los afros pues fue la que reconoció el derecho a la titulación colectiva de tierras, la protección de su cultura, de sus derechos étnicos y de su propio desarrollo económico, como lo contamos en el podcast de La Silla Vacía.

Rosero ha hecho publicaciones como Diferencia, nación y modernidades alternativas, junto con Libia Grueso y Alfonso Escobar, y “The Process of Black Community Organizing in the Southern Pacific Coast of Colombia”.

Esta especialista en Educación Ambiental y Magíster en Estudios Políticos es considerada una de las inspiradoras del movimiento ecologista negro en América Latina que defiende los derechos humanos, culturales y ambientales.

Esta bonaverense y trabajadora social es cofundadora del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y desde ahí se han enfocado en la defensa de los derechos territoriales de los afro y del medio ambiente, lo que le valió ganar el Premio Goldman Environmental Prize en el 2004, considerado el nobel ambiental.

Sus primeros logros los obtuvo en los 90 cuando, por ejemplo, logró frenar el uso de 21 retroexcavadoras con las que se extraía oro en ríos de la Costa Pacífica del Valle del Cauca y que causaron daños ecológicos irreversibles.

El impacto de su activismo también se debe a su incidencia en organismos internacionales.  Actualmente, Grueso es la asesora para el tema étnico en ONU Derechos Humanos, desde donde apoya el activismo como mecanismo válido para la exigencia de los derechos por parte de las comunidades e impulsa el protocolo de la Consulta Previa. 

Además, ha sido consejera por Colombia del Found Grenngrants que apoya iniciativas locales de conservación en todo el mundo.

Grueso también hizo parte de la comisión que impulsó la Ley 70. En 2005, fue Secretaria de Cultura y Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Cuesta es un sacerdote, teólogo y especialista en gerencia. Desde el 2005, como Secretario Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, que agrupa a 270 organizaciones de mujeres, jóvenes, desplazados, consejos comunitarios y organizaciones urbanas afro.

El padre Cuesta nació en Bojayá en 1964 y desde 2008 integra la Pastoral Afrocolombiana CEPAC desde donde ha reivindicado lo negro y su origen africano. Desde ahí ha buscado rescatar la cultura negra y mejorar las condiciones de vida de las comunidades afro desde la Iglesia.

En sus misas, en vez del vestido tradicional de los curas, usa túnicas de colores, togo (sombrero africano) e invita a bailar currulaos y ritmos de la región pacífica y atlántica.

También acompaña a las comunidades en la construcción de planes de vida, en la defensa y exigibilidad de sus derechos, en el fortalecimiento de su autonomía, protección de su territorio, así como en denunciar las situaciones de violencia en el Medio Atrato chocoano y antioqueño.

Entre 1994 y 1999, Cuesta fue vicario parroquial en Vigía del Fuerte, municipio del Urabá Antioqueño, en pleno auge el conflicto armado. Lideró, junto al párroco de Bojayá y el sacerdote Jorge Luis Mazo, el fortalecimiento de las organizaciones juveniles y la creación de tiendas comunitarias que garantizaran el abastecimiento de los pobladores pues la gente no se podía mover por los ríos que estaban ocupados por paramilitares y guerrilleros.

En 1999 se fue para Bogotá para proteger su vida, luego del asesinato de su compañero, el padre Jorge Luis Mazo.

Fundó en 1999 la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, con el objetivo de que las familias desplazadas se organizaran para defender sus derechos y exigir al Estado su protección. Actualmente agrupa a 65 organizaciones de víctimas afrodescendientes de todo el país. Su organización ha tomado mucha relevancia con el Acuerdo de paz.

Su activismo legal ha logrado hechos como la creación del Auto 005 del 2009 que reconoce el enfoque diferencial en la atención a las víctimas afro de desplazamiento forzado y la expedición del Auto 092 de 2008 donde la Corte exige la implementación de un programa de protección especial de los derechos de las mujeres afrocolombianas desplazadas. Otro ejemplo de esta lucha es el Auto 073 de 2014 que protege los derechos de la población afro del pacífico nariñense afectadas o en riesgo de ser víctima de desplazamiento forzado.

El poder de Córdoba se debe también a sus contactos en Estados Unidos, donde se refugió después de ser desplazado y donde estableció alianzas con congresistas negros del Black Caucus y sindicatos. A través de ellos, ha logrado que el Gobierno de Estados Unidos dirija recursos económicos para el desarrollo social de los afro en el país y también que haya condicionado la cooperación a una mayor inclusión de los afro.  Esta presión ayudó a que el gobierno de Uribe nombrara la primera ministra afro y recientemente, como lo contó la Silla Pacífico, para la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz.

Morales es un indígena guambiano que junto a Javier Calambás son los promotores del movimiento indígena de Colombia. 

En 1971 juntos crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, organización que agrupa al noventa por ciento de los indígenas del Cauca y es una de las organizaciones más poderosas del país.  Como lo contó La Silla Pacífico, cuando se moviliza es capaz de paralizar todo el Cauca y el sur del país.

El origen de este proceso organizativo fue la necesidad de los indígenas de recuperar sus tierras que les habían sido despojadas por el Estado y habían sido reconocidas por la corona española como resguardos con el objetivo de que éstos pagaran impuestos y luego durante la República declarados tierras baldías.

La lucha de Trino Morales comienza desde muy joven cuando salió de Guambía para estudiar con los Hermanos Cristianos en Bogotá, donde se encontró con más indígenas, aprendió español y leyes que lo hicieron consciente de la situación de exclusión y pobreza de su comunidad. Los religiosos lo regresaron a Guambía sin haber terminado el bachillerato porque había empezado a causar problemas.

En 1967, Morales fue el secretario de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, que pretendía presionar al gobierno para hacer efectiva la Reforma Social Agraria, pero en 1971 Morales decidió apartarse de esta asociación porque la concepción y relación de los indígenas con la tierra no era comercial como la de los campesinos.

Para los indígenas la tierra es el territorio, el espacio donde se asienta su historia, su cultura y su identidad.

Para los guambianos como él su territorio es inalienable porque es ahí donde tienen sembrado su ombligo (cuando los niños guambianos nacen, sus padres entierran el ombligo para garantizar que si se van del territorio, regresen), y Morales vio la necesidad de crear una organización propia por medio de la cual pudieran defender sus derechos colectivos y sus territorios bajo sus propias concepciones y necesidades.

Sin embargo, el Cric seguía siendo una organización regional y no podía tomar la vocería de todas las comunidades indígenas del país, por lo que junto a autoridades de los pueblos Arhuaco, Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto, Amazónico, Nasa, Coconuco y Guambiano decidieron crear otra organización indígena que los integrara a todos.

A finales de los 70, Trino Morales fue delegado por el Cric para viajar por todo el país para formar esa nueva organización y en el año 1982 nació la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, que hoy en día representa a casi la totalidad de los pueblos indígenas de Colombia.

Aunque Morales fue el primer presidente y es considerado su fundador,  se distanció del movimiento indígena porque fue muy crítico de las relaciones de algunos dirigentes del Cric con movimientos armados como el Quintín Lame y cuando fue presidente de la Onic lo tildaron de ser gobiernista y de no representar los intereses de los caucanos, por lo que renunció a la presidencia en 1986.

Hoy ya no está activo en el movimiento indígena, tiene más de noventa años y vive en la Sierra Nevada de Santa Marta con su esposa arhuaca. Pero el poder que hoy tienen las organizaciones indígenas no hubiera sido posible sin él.

Es un líder indígena guambiano al que se le debe la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1991, junto a Francisco Rojas Birry, el otro indígena constituyente.

Muelas, quien nació en 1938, fue el encargado, junto con la ayuda de antropólogo Víctor Daniel Bonilla, de convencer a su comunidad y a sus líderes de que era necesario participar de la Constituyente como una oportunidad única para luchar por el reconocimiento de sus derechos al territorio, a la autonomía jurídica y administrativa y del Derecho Mayor (este ordena que por ser los primeros en habitar estas tierras tienen el derecho a gobernarse a sí mismos bajos sus propias reglas).

Para lograrlo, Muelas viajó por las comunidades indígenas del país primero a explicarles qué era la Constituyente, cómo funcionaba, y por qué debían participar. Esta es quizá la única ocasión en el país donde los indígenas trabajaron juntos, logrando llevar a dos de sus representantes a la Asamblea Nacional Constituyente y obtener su más importante victoria en materia de derechos.

Muelas se convirtió, entonces, en el primer gran dirigente indígena a escala nacional, y luego sería Senador de 1994 a 1998.

“En 1990 éramos considerados como incapaces de gobernar nuestro destino y estábamos condenados a la pobreza”, le dijo Muelas a La Silla Vacía. “Por eso había que participar de la Asamblea y exigir el reconocimiento de nuestros derechos. Yo no hablaba bien español, muchos indígenas no me creían capaz, pero yo creí que sí podía debatir y conseguir algo importante. Hablé 51 veces en la Constituyente y así lo logré”.

En 2005 escribió su libro La fuerza de la gente - Juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía, un recuento de la terrajería en el Cauca y sobre el surgimiento del movimiento indígena. 

Actualmente, Muelas está alejado de la política y ha sido muy crítico de las nuevas autoridades indígenas porque “han sido cooptados por la corrupción”, como le dijo a La Silla Vacía. “Estoy enfocado en rescatar el pensamiento, filosofía e identidad indígena en mi comunidad (Silvia) pero no pienso volver a la política”.

Es un indígena Guanano del Vaupés y uno de los fundadores de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Esta organización nació en Mitú en 1995 e integra y representa a los 52 pueblos indígenas de los seis departamentos amazónicos: Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Amazonas. 

La Opiac nació gracias a Estrada y otros líderes como el indígena Inga Antonio Jacanamijoy del Putumayo, Joaquín Lostosa del Guaviare y Simón Valencia y Alfonso González del Vaupés, además del entonces senador indígena amazónico Gabriel Muyuy, quienes vieron que las necesidades de las comunidades amazónicas no eran tenidas en cuenta por la Onic y que cuando quería llegar a la presidencia no lo lograban porque eran minoría.

Estrada y Jacanamijoy propiciaron el debate desde la Onic, donde eran Vicepresidente y Secretario General respectivamente, de que la diversidad étnica no estaba representada en la organización nacional y puso en la agenda la iniciativa de crear una organización independiente. Además, convocaron a los líderes y autoridades de los departamentos amazónicos para que organizaran a las comunidades a nivel local.

Cuando Opiac nació se integró a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica, como representante de Colombia, en cabeza de Antonio Jacanamijoy quien fue coordinador general de 1995 hasta el 2001 y hoy es asesor de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Esto fue un gran avance para los pueblos amazónicos porque la Coica es una organización indígena internacional que agrupa a los países que comparten la Amazonía como Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia y Colombia que crea políticas para la protección de la amazonía y trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que viven en esos territorios.

“El gran logro de la Opiac fue que la institucionalidad colombiana mirara hacia la Amazonía y que los programas y las políticas ahora se discutan con nosotros” dice Estrada. Para lograrlo, desde el 2005 el gobierno creó la Mesa Regional Amazónica, de la que Estrada es Secretario Operativo, gracias a una tutela que la Opiac interpuso al gobierno de Uribe para suspender las fumigaciones con glifosato.

Es una líder indígena nasa de 44 años, de Tierra Adentro, Cauca. Es una de las líderes más influyentes y fuertes en la defensa de su territorio y quien fortaleció el liderazgo femenino dentro del movimiento indígena.

Su activismo comenzó desde muy joven cuando levantó la voz ante los abusos de los militares en su comunidad y cuando trabajó por mejorar sus condiciones de vida luego de la avalancha del río Páez en 1994.

En 2003 fue Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Huila y en 2008 hizo parte de la Consejería Mayor del Cric siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. 

Estando en el cargo lideró una minga de resistencia que movilizó a muchos indígenas a Bogotá para denunciar las situaciones de violencia  y la vulneración de los Derechos Humanos que sufrían las comunidades a manos de las Farc, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.

Esto tuvo tanta visibilidad que Quilcué llegó hacer las denuncias hasta la ONU, en Suiza, donde le exigieron al entonces presidente Álvaro Uribe tomar medidas para proteger a líderes sociales, sindicales y frenar la muertes y desapariciones. 

Esto le ocasionó que el ejército matara a su esposo y ella fuera víctima de amenazas, persecusión por varios años. 

Su mayor logro es que su liderazgo ha servido de referente para demostrar que las mujeres sí son capaces de gobernar y motivar a otras a tomar el mando en el mundo indígena, donde tradicionalmente ha estado en manos de los hombres. "Los indígenas venimos de la madre tierra, de lo femenino y nuestra fuerza viene de allí", dice Quilcué.

Para algunos, Quilcué marcó el inicio de una nueva etapa para las mujeres indígenas. Incluso, algunos la consideran una líder femenina que no existía desde 1590 en la época de la Cacica Gaitana que vengó la muerte de su hijo a manos de un español al que persiguió hasta matarlo.

Actualmente, Quilcué es la Consejera de Derechos Humanos y Paz de la Onic.

Es una líder indígena arhuaca considerada una de las mayores defensoras de los Derechos Humanos de su comunidad, además de ser integrante y consejera de la Confederación Indígena Tayrona, CIT, que agrupa a los más de 40 mil arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La CIT fue creada por un grupo de activistas, mamos y políticos de los pueblos arhuacos, wiwa y kogui en los años ochenta con el objetivo de ser su vocera así como la defensora de su cosmovisión, cultura y territorio.

Aunque a partir de los noventas solo representa a los arhuacos porque los otros pueblos crearon sus propias organizaciones, la CIT es la única organización de la Costa Norte que tiene asiento en la Mesa Permanente de Concertación con el gobierno.

Los protagonistas de la creación de la CIT fueron líderes como Ángel María Torres, Napoleón Torres y Hugues Chaparro quienes fueron asesinados  a finales de los 90. Ellos habian defendido su autonomía, territorio y la reivindicación cultural y también lideraron la salida de la misión de los religiosos capuchinos de la Sierra Nevada.

Frente a esta masacre, Zalabata fue delegada por su pueblo para denunciar este crimen, hacerle seguimiento a la investigación y visibilizar la violencia a la que estaban sometidos los arhuacos. Así fue como llegó a la ONU en Ginebra, Suiza, en 1993. Ahí se reunió con la Comisión de Asuntos Indígenas, lo que le dio visibilidad y la llevó a comprometerse en la defensa de los Derechos Humanos hasta el día de hoy.

Su historia como defensora y activista comenzó cuando regresó en 1977 a la Sierra después de haber estudiado como auxiliar de odontología en la Universidad de Antioquía. De inmediato se unió a las luchas de su pueblo por su autonomía y asumió la defensa de un sistema de salud propio y una educación bilingüe e intercultural que no fuera controlada por los Capuchinos.   

Desde entonces Zalabata también ha liderado la formación de maestros indígenas que han diseñado metodologías de educación intercultural. 

Hoy en día, es considerada una diplomática indígena y por su trabajo ganó el Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna Lindhs, otorgado por el gobierno sueco en el 2007.