“No fueron ‘errores’ que se cometieron, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad”: Julieta Lemaitre

Julieta Lemaitre: La palabra secuestro no existe en el derecho internacional penal. El secuestro no es un crimen de guerra y tampoco es un crimen de lesa humanidad. De hecho, es un crimen muy amplio; técnicamente, si a usted le hacen un paseo millonario, eso es un secuestro, y no tiene el significado que tiene llamarlo crimen de lesa humanidad y crimen de guerra.

Uno de los grandes logros del régimen de la JEP es que, por primera vez en el país, la norma nos permite llamar a estos crímenes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto es lo que realmente refleja lo sucedido como patrones de hechos que corresponden a una política de una organización que tenía la capacidad material para ser considerada un actor que comete crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Incluso, simbólicamente, y esto nos lo han manifestado muchas víctimas, el que podamos nombrarlo de una vez como un crimen de guerra y de lesa humanidad corresponde a la experiencia emocional de las víctimas y responde a sus expectativas de darle un nombre que refleje la gravedad de lo sucedido.

Éste es el nombre que dice la verdad. Y decir la verdad también es una manera de acabar con la impunidad, porque la impunidad tiene una dimensión que es no llamar las cosas por su nombre.

Julieta Lemaitre: En este caso en principio no, porque se enfoca en los máximos responsables, los dirigentes con distinto nivel de mando, sin que se pueda decir que un raso, por ejemplo un guardia, no sea llamado al caso si tuvo participación determinante en crímenes atroces.

Hay que entender que este es un caso que inicia de arriba hacia abajo. Inicia con la responsabilidad, y esperamos que con el reconocimiento, de quienes dirigían la organización a nivel nacional. Luego, seguimos con quienes dirigían la organización a nivel territorial y, después, oiremos también a los rasos que participaron en los hechos identificados por las víctimas como determinantes de los hechos.

No sabemos si los más de 13 mil participaron en los hechos, o en qué rol, y tenemos dos formas de averiguarlo: si ellos lo reconocen de manera voluntaria, van y dicen: "yo también participé en estos hechos"; o nos guiamos por los registros de la Fiscalía que tiene como 1.200 comparecientes identificados que habrían participado en los hechos.

En principio, estamos partiendo es de ese número de personas, si bien se podría ampliar. Pero no todos son máximos responsables, como es evidente, y la Sala debe hacer la selección de cuáles incluye en su decisión final.

Julieta Lemaitre: El proceso de construcción fue como nos lo indica la norma.

El primer paso fue contrastar los informes que recibimos, incluyendo los informes del Estado y la Fiscalía, incluyendo un documento especialmente extenso e importante que recoge los materiales incautados en diferentes operaciones militares (por ejemplo, los computadores).

Ese documento, llamado ‘Génesis’, y los informes del Estado los contrastamos con otros que nos dieron organizaciones de la sociedad civil que durante décadas acompañaron a las familias de los secuestrados, como ‘País libre’, ‘Voces del secuestro’ y Funvides. Ahí le nombro sólo algunos, pues hay más informes, en total 17 de la sociedad civil y el Estado.

Lo primero que hicimos fue contrastar todos estos informes y producir un temario de preguntas para profundizar. Muchas tenían que ver con el funcionamiento real de la organización armada y con la trayectoria individual de sus dirigentes, los diferentes cargos asumidos, los niveles de mando y la manera como éste se ejerció. Les dimos traslado de los informes y el temario a los comparecientes del Estado Mayor, y los llamamos a versión voluntaria.

Julieta Lemaitre: Es muy importante entender cómo funcionaba la organización armada, porque el mando, que es la manera como uno entiende la jerarquía, es la base de la responsabilidad.

No es sólo jerarquía en el sentido de que alguien puede ser muy importante, pero manda a pocos. Por darle un ejemplo, la reina de Inglaterra: gran jerarquía, poco mando. Entonces aquí lo que realmente nos interesa es el mando, las órdenes que estaban en la capacidad de dar, la manera como se comunicaban y la manera como estas órdenes se transmitían a través de una cadena de mando. Y este mando podía ser de una manera en los documentos, y de otra en la práctica, que es la que había que identificar con claridad.

También, teníamos un interés por entender los hechos que habían ocurrido, pero en el secuestro estos hechos estaban parcialmente documentados por el Estado y las víctimas. Y digo parcialmente, porque, por ejemplo, la documentación de los hechos que tenía la Fiscalía incluía muy poco sobre el trato que recibieron las personas secuestradas.

En cambio, algunos testimonios individuales, sobre todo de los políticos que estuvieron secuestrados para forzar el intercambio por guerrilleros presos, daban una relación muy detallada del trato recibido, pero no sabían nada de las estructuras de comando.

Es como armar un rompecabezas.

Julieta Lemaitre: En realidad, nosotros abrimos el caso el 4 de julio del 2018. Fueron dos años y medio leyendo, escuchando y armando el rompecabezas. Comparado con otras justicias transicionales, es relativamente rápido en parte por las características mismas del Acuerdo de Paz que nos permite tener una gran cantidad de comparecientes aportando sus versiones.

Generalmente, la justicia transicional —esto depende del país, cada proceso es diferente, en realidad— se ha hecho con poquitos victimarios. Aquí tenemos muchos que han estado aportando información en todos estos puntos.

Muchos de los hechos que se describen en el auto fueron reconocidos por alguien de la estructura. Eso realmente agiliza el proceso, pues, si lo reporta la víctima y lo reconoce el compareciente, la Sala no tiene que hacer más que registrar que eso fue así.

Julieta Lemaitre: En este caso, hablamos de coautor y no autor porque, muchas veces, las decisiones en las Farc se tomaban de manera colegiada o colaboraban entre comandantes del mismo nivel.

Y mediato, porque el coautor en este caso es quien utiliza una organización armada como el instrumento para cometer el crimen; lo hace por medio de la organización. No lo comete con sus propias manos, sino que da la orden y para eso es necesario lo que se llama un aparato organizado de poder, que es la organización armada, el instrumento por el cual se comete el crimen.

Es la manera de explicar la responsabilidad de quienes dirigían organizaciones pequeñas, medianas o grandes, pues esas organizaciones cometen crímenes cumpliendo las órdenes que se les han dado.

En cuanto a la responsabilidad de mando, la manera más clara de explicarlo es que, en esencia, es una responsabilidad de omisión.

Julieta Lemaitre: Es no haber hecho algo, pero no haberlo hecho con un nivel de conciencia tal que equivale a haberlo hecho penalmente. La responsabilidad de mando se da cuando, habiendo tenido la información a su disposición, no se tomó medidas ni antes, ni durante, ni después de los crímenes para prevenir o castigarlos.

En el caso específico del trato, toda la información sobre la manera cómo se trataban a las personas secuestradas estaba a disposición de la Comandancia. Y no tomaron medidas para que el trato fuera humano.

Julieta Lemaitre: Encontramos registro de sanciones —porque eran una guerrilla relativamente organizada y llevaban registro de las sanciones que se ponían— por las violaciones más graves a su reglamento interno. Encontramos incluso castigos por perder un gorro, por dormirse en la guardia, por estar borracho y hacer polígono, pero no encontramos ni un castigo por maltratar a los cautivos, ni siquiera un proceso.

Entendimos, entonces, que hay una una omisión que equivale a una acción y es desentenderse de la responsabilidad de la organización por la dignidad humana de las personas que estaban secuestradas, que incluye, evidentemente, la manera como se las trataba. Ellos hubieran podido hacerlo.

Julieta Lemaitre: Esperamos que reconozcan la responsabilidad por los crímenes que cometió la organización siendo ellos los que tenían el mando. Primero, la responsabilidad por los que se cometieron obedeciendo sus órdenes.

Lo que esperamos que reconozcan es que ellos dieron estas órdenes, que así funcionaba la organización.

Segundo, esperamos que reconozcan la responsabilidad por omisión, que es la de mando; es decir, que reconozcan que omitieron controlar el maltrato.

Julieta Lemaitre: Ellos han reconocido ya buena parte de esto en las versiones, de manera individual o colectiva. Entonces, no reconocer sería de cierta manera contrario a lo que ya han dicho. Lo que no han reconocido aún tiene que ver con su responsabilidad individual, especialmente por los malos tratos, porque ellos han insistido en que daban la orden de buen trato. Entonces, si no reconocen eso, pues tendremos que considerarlo. Yo no puedo adelantarme más allá de esto por mi función judicial.

Julieta Lemaitre: No sé, y, es más, ese punto no le corresponde a la Sala a la que pertenezco, sino que es competencia del Tribunal de Paz de la JEP. Nosotros somos simplemente una puerta de entrada con una labor esencialmente investigativa de producir estos documentos, que son el producto del contraste y, según si hay reconocimiento, dirigir la investigación hacia un camino con reconocimiento, o hacia otro sin reconocimiento. Ya la pena que imponga el Tribunal o todas las consideraciones respectivas a la sanción propia, no le corresponden a la Sala.

Nosotros lo que sí hacemos es que cuando hay reconocimiento hacemos una consulta entre las víctimas acreditadas para saber qué proponen en términos de sanción propia. Eso sí lo hacemos, pero es una consulta que se hace y luego se remite al Tribunal.

Julieta Lemaitre: No es una creación de la Sala, puesto que lo que hay aquí es una aplicación más o menos transparente de lo que dice el derecho penal internacional, de la Ley Estatutaria que dice claramente cómo se entiende la responsabilidad de mando de la Fuerza Pública y de los antiguos miembros de la guerrilla, y de la Corte Constitucional. Y, como es lo que dice la norma, se hará lo mismo con la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que las normas que en ese punto en particular sí son bastante detalladas.

Julieta Lemaitre: La dificultad para individualizar a los terceros en secuestros por dinero es que era un tema que manejaba generalmente el comandante encargado de las finanzas, y lo manejaba en la clandestinidad. Esto quiere decir que el resto de los guerrilleros en principio no sabían quién era. Lo que sí sabían todos era que estas personas existían.

Hemos visto que cada frente manejaba el tema de las finanzas de manera distinta. Dependía un poco de las capacidades de cada comandante financiero para conseguir la información que llevara a los secuestros por dinero, porque esta modalidad de secuestro es la única que requiere ese tipo de datos.

Entonces había unos comandantes que para cualquier persona que llevara información sobre un posible secuestrado recibía el 10 por ciento del rescate. Esta persona que les llevaba información podría ser alguien con quien tenían una relación de trabajo criminal para que les reportara esto, o a veces gente que de manera criminal, motivada por sus propios deseos de hacer plata, llevaba la información.

También, había terceros que realizaban ellos mismos el secuestro. Ahí ya no estamos hablando de cualquier persona, sino de gente que tiene armas y que tienen esa capacidad criminal. Es lo que se llama comúnmente "bandas", y las que tenían la capacidad de hacer el secuestro lo que hacían era que vendían al secuestrado. En principio, por un porcentaje del rescate que negociaban con el financiero. En un frente nos dijeron que este porcentaje era del treinta y cinco por ciento.

Esto sí no era ordenado desde arriba. Había una variación que dependía de la capacidad del financiero de negociar y de sus relaciones con las bandas.

Había frentes que no tenían estas conexiones, pues requerían de una persona que conociera el entorno, que se supiera “mover” en este mundo delincuencial. Y muchos frentes no tenían esta capacidad, porque operaban en regiones donde no había bandas de este tipo, que son propias de zonas urbanas; principalmente de Bogotá, Cali y Medellín.

Julieta Lemaitre: El papel de los milicianos también hay que entenderlo mejor. Hemos identificado que en muchas partes del país los secuestros eran parte de una relación de extorsión.

Los milicianos cobraban la vacuna y si alguien no pagaba la extorsión, pues se les señalaba para secuestrar; o a veces incluso sí pagaban, pero alguno del frente pensaba que podían extraer más dinero del que ya estaban recibiendo, entonces secuestraban y el miliciano identificaba a la víctima.

A veces los milicianos por iniciativa propia también secuestraron para financiarse a sí mismos. Ya a nivel regional, que es lo que esperamos identificar mejor en la siguiente tanda de autos, ya que hay muchas variaciones regionales.

Julieta Lemaitre: Ya empezamos estas versiones con los mandos medios para los autos de Bloque. Estas versiones, principalmente de los comandantes de frente, también corresponden al deseo de las víctimas de hacerles preguntas directamente a quienes fueron los victimarios que ellos reconocen, que son quienes los tuvieron secuestrados. Esto tiene sentido porque ellos son los que saben qué pasó al nivel de detalle que buscan algunas víctimas; como, por ejemplo, dónde está enterrado un cadáver.

Julieta Lemaitre: Hicimos una versión colectiva con mandos medios del Comando Conjunto Central y hemos hecho diligencias individuales con comandantes de los frentes 60, 10, 42 y 22, que son más pequeñas y va menos gente que en las colectivas. Hemos hecho cuatro individuales y una colectiva, y tenemos ocho individuales para marzo.

Luego ahí miramos a ver cómo nos va con el tema de la virtualidad. Si hay avances en la vacuna, tendremos más capacidad de ir a territorio.

No tendremos tantas limitaciones, porque organizar una diligencia en la cual hay que garantizar la conectividad de grandes números de víctimas y la movilidad de sus abogados es dispendioso. No es tan fácil como era antes de la pandemia, que era cuestión de conseguir el lugar, los equipos y convocar.

Hay que tener en cuenta que estas versiones se pueden hacer de manera virtual, pero en este país eso casi que exige que los comparecientes sean residentes urbanos.

Julieta Lemaitre: Hacia el nombre mismo de esta justicia: Justicia Especial de Paz. Aquí el propósito es transitar hacia la paz, por lo menos hacia la convivencia, que podamos vivir juntos como colombianos después de todo lo que pasó.

Esta convivencia requiere, esa es la premisa de todo el sistema, un reconocimiento de la verdad, de lo que se hizo, y el país tiene que procesar, entender lo que pasó, y esa comprensión es la que sienta las bases para la paz.

Julieta Lemaitre: El Derecho tiene una función conmovedora frente a la fragilidad humana y es transformar los conflictos: de conflictos violentos a conflictos dentro de un marco de paz. Para eso son las reglas.

No se puede evitar la conflictividad, pero sí se puede hacer que los conflictos se tramiten de manera pacífica y eso es, realmente, de un valor humano incalculable.

Parte de tramitar la conflictividad es poder reconocer la anormalidad de la violación de la dignidad humana. Es poder decir que no es normal, en el sentido de que no lo aceptamos como sociedad, tratar a la gente como si fueran cosas.

El Derecho brinda un lenguaje para decir que esto es intolerable: son crímenes de guerra, de lesa humanidad. Ahí lo hemos insistido, lo ha insistido el doctor Cifuentes, el mensaje aquí es que no fueron “errores” que se cometieron en la guerra, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y ese poder de nombrar es muy conmovedor, y necesario.

La esperanza es que, en la medida en que se entienda la dimensión de lo sucedido más allá de un error, entonces es posible que empecemos a hablar, como sociedad, del nunca más, y ese nunca más es lo que busca la justicia transicional.

Julieta Lemaitre: Ahí hay que preguntarles a las víctimas. Uno no puede garantizar que eso va a pasar, pero sí es una enorme satisfacción saber que para muchas víctimas es un alivio darle nombre a lo que les pasó; o, mejor dicho, a lo que les hicieron, y que ese nombre reclame su dignidad y exprese el máximo repudio de la sociedad.

Por lo pronto, un alivio; ojalá, algún día, una reparación a satisfacción que permita dejar el pasado atrás.