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No participó en el paro cívico, pero exige un asiento en la Junta que va a definir el destino de 1.6 billones de pesos para el puerto, una de las victorias de la movilización.
Rosa Solís pide pista en el manejo de la plata para Buenaventura
Rosa Solís, integrante de la Car del Valle y líder afro de Buenaventura.
El comité del paro cívico de Buenaventura lleva dos semanas suspendiendo la elección de los cinco miembros que integrarán la junta administradora del fondo de Buenaventura, uno de los logros de la movilización social que paralizó al puerto por 22 días hace casi ya un año. La razón tiene nombre y apellido: Rosa Solís.
Solís, como hemos contado es una polémica y poderosa líder de comunidades afro en Buenaventura, que ha demostrado ese poder de forma negativa, pues ha enredado, a punta de pedir vitáticos y cargos decisorios, una gran cantidad de decisiones clave, desde la doble calzada entre el pereto y el valle del río Cauca hasta la ley de desarrollo rural de 2012, pasando por el macroproyecto para modernizar el puerto de Buenaventura.
La super poderosa reapareció el sábado pasado pidiendo pista para influir en la elección de los cinco miembros que representarán a la comunidad del puerto.
La falta de esta elección retrasa la posesión de la Junta (conformada además por seis ministerios, Planeación Nacional, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buenaventura), que definirá la administración de recursos por 10 años para el desarrollo del puerto y que este año son de 1.6 billones de pesos.
El comité del paro expidió un comunicado en las últimas horas pidiéndole a Solís y a Ceferino Mosquera (presidente nacional de las juntas de acción comunal) que “en vez de buscar privilegios” participen en el proceso.
Según el padre John Reina, integrante del comité del paro, Solís “y un grupo de los que la apoyan”, llegaron el sábado pasado a las 12 del día a esperar al comité que llegaba a las 2 de la tarde. “Como sabíamos que ella estaba ahí, no fuimos”.
Lo mismo ocurrió el sábado de la semana pasada. Otra fuente del Comité nos dijo que al menos 40 personas aliadas de Rosa llegaron a interrumpir la reunión del Comité “y a intimidar a sus miembros”.
La movida de Solís apuntaría a tener un puesto en esa Junta y poder influir en el manejo de recursos, pese a que no participó en el paro.
“Aparece a último momento queriendo reclamar derechos que no se ha ganado, porque los que están ahí se han ganado su puesto y han estado metidos en su proceso y que se han desvelado por ésto”, nos dijo el padre Reina, quien como contamos, fue uno de los miembros del Comité que más peleó para que la comunidad tuviera cinco puestos en la Junta para la sociedad civil.
La queja de Solís tiene fundamento, según ella, en la ley que crea el Fondo Autónomo de Buenaventura, en la que dice que el comité cívico del paro deberá coordinar la elección de los cinco miembros y “garantizará la participación de las autoridades indígenas, las comunidades y las juntas de acción comunal”.
Y es ahí donde Solís busca una parte. Según dijo el sábado, su lectura de la ley es que estos tres grupos merecen un espacio en la Junta.
Es decir, que los 46 consejos comunitarios, los 22 cabildos indígenas y las 136 juntas de acción comunal del puerto definan cada uno a sus tres miembros de la Junta y que queden dos puestos libres para completar los cinco cupos.
Una situación que la pondría en ventaja, toda vez que como hemos contado en varias historias (como ésta), Solís fundó parte de su poder en el Valle creando decenas de consejos comunitarios en las veredas del Pacífico del departamento, en los que influye directamente y siendo representante de las comunidades ante entidades del Gobierno (en donde la califican como un 'palo en la rueda') como el antiguo Incoder o la Consultiva de Alto Nivel.
Una lectura similar tiene Ceferino Mosquera, presidente de las juntas de acción comunal a nivel nacional y mencionado en el comunicado del Comité, quien nos dijo dijo que las 136 JAC deberían elegir a su propio representante, de lo contrario “el comité del paro estaría incumpliendo la ley”.
Sin embargo, los del paro se resguardan en que la ley que creó el Fondo les da la facultad de crear su propio reglamento para definir a los cinco miembros.
Cosa que hicieron el 19 de abril de este año y en el que definieron que solo participarían en esta elección las más de 150 organizaciones sociales y personas naturales que “han permanecido en el comité cívico”, es decir, desde el inicio del paro y están registrados en un censo.
En ese censo de los que pueden elegir, hay 10 de los 46 consejos comunitarios, además de JAC de cinco comunas del Puerto, que son los que reconocen en el comité como los que hicieron parte del paro desde el comienzo.
“Nosotros nos sentamos con las organizaciones que están en el proceso. Con ellos nos reunimos, no tenemos nada que reunirnos con ellos (Ceferino y Rosa). No quisieron reunirse antes”, nos dijo Narcilo Romero, otro vocero del paro.
La misma Solís reconoce que no estuvo en el paro, pero que sí “puse de mi plata para que mi consejo comunitario (La Gamboa, cuya representación legal está en vilo) fuera a paro”. “Ella nos dijo en una mesa de seguimiento que nosotros no la representábamos”, nos dijo Adriel Ruíz, otro integrante del comité.
“Entonces ellos no reconocen el comité, ni se sienten representados, pero sí quieren estar en la junta del fondo, es una incoherencia de ellos”, nos dijo Narcilo.
Aún así, Solís no se quedará quieta.
Dice que cuatro de los 10 consejos comunitarios que están en el comité del paro apoyan que los 46 consejos de Buenaventura -donde ella tiene influencia sobre al menos 30- elijan su representante de la junta.
Los miembros del comité definirán en los próximos días dónde volverán a reunirse para elegir a los que integrarán la junta, “en un lugar más privado y exclusivo”, según nos dijo el padre Reina.
Falta por ver si Rosita, como le dicen quienes la conocen, puede tener un asiento en esa decisión como ya lo ha logrado en otros espacios durante buena parte de su vida pública.
