Todos contra Electricaribe

La empresa privada Electricaribe, que presta el servicio de energía a 2,5 millones de usuarios en siete de los ocho departamentos de la región Caribe -menos en San Andrés-, se ha vuelto una cruzada común entre los costeños y una bandera capaz de unir a congresistas que difícilmente compartirían causa alguna.

Los legisladores del Polo Jorge Enrique Robledo, de La U Bernardo ‘Ñoño’ Elías y José Name Cardozo, y el conservador David Barguil, han hecho público su malestar con esta empresa por las fallas continuas en el fluido eléctrico, que han dejado a algunos pueblos a oscuras hasta tres noches consecutivas. Todos coinciden en una misma afirmación: Electricaribe presta un mal servicio y el Gobierno debería intervenirla pronto.

Esta semana el ‘Ñoño’ Elías propuso en su sitio web nacionalizar Electricaribe, hoy propiedad de españoles, para “convertirla en la gran empresa pública energética de todo el Caribe”. Y Barguil (su contradictor en Córdoba) está en los días finales de la firmatón que promueve desde octubre para respaldar un decálogo de soluciones que busca entregarle al ministro de Minas. Robledo, por su parte, les había enviado en diciembre pasado una carta a los alcaldes y gobernadores costeños invitándolos a pedirles a la Nación una solución de fondo.

A los alcaldes y gobernadores de la región también es común escucharlos públicamente irse lanza en ristre contra esta empresa, que en algunos pueblos deja de prestar el servicio ante cualquier chaparrón. Por ese tipo de situaciones, los usuarios pierden cada vez más la paciencia y protestan bloqueando calles y hasta quemando las sedes de la compañía de luz en los diferentes municipios.

Hace una semana el mandatario de Cartagena, Dionisio Vélez, dijo que “Electricaribe es el palo en la rueda de la Costa Caribe”. Mientras que el senador Name anunció, sin precisar una fecha concreta, un debate de control político al ministro de Minas y Energía.

Los usuarios también han alzado su voz y se han hecho sentir en los cabildos abiertos, organizados por los concejos de las diferentes ciudades costeñas. Uno de los más recientes se celebró en abril pasado en Cartagena.

Ese coro de reclamos tiene entre sus cimientos las 85 mil quejas que por año recibe la Superintendencia de Servicios Públicos en contra de Electricaribe, las 529 muertes por electrocución, entre 2004 y 2012, que denunció la Red Caribe de Servicios Públicos por problemas en la infraestructura eléctrica y los 3.215 millones de pesos, según cálculos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que pierden los sectores comerciales e industriales por cada hora sin luz en una ciudad como la capital del Atlántico.

A esto se suma que el ministro de Minas y Energía Tomás González ha dicho públicamente que la calidad del servicio en la región Caribe es "muy inferior a la del resto del país y eso es lo que indigna a la gente y con razón".

Una cruzada común

En octubre del año pasado, los 32 representantes a la Cámara costeños le hicieron un debate de control político a esta empresa de energía. En aquel momento, los congresistas argumentaron que la inestabilidad del servicio seguía provocando daños en los electrodomésticos, que los problemas de redes y voltaje causaban muertes por electrocución.

Siete meses después del debate de la bancada costeña, poco ha cambiado en la prestación del servicio eléctrico en la Costa. “Podemos gritar lo que que queramos, pero nadie nos escucha”, se quejó el senador Elías y Robledo acusó, por su lado, al Gobierno de ser cómplice de tantos atropellos contra los usuarios.

Uno de los pocos avances, anotó Barguil, es el incremento en las multas a empresas como Electricaribe que le da más dientes a la Superintendencia de Servicios Públicos para ponerlas en cintura. En el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo, listo para sanción presidencial, las multas pasan de dos mil a 100 mil salarios mínimos.

El poder detrás de Electricaribe

Hablar de Electricaribe es hablar de una filial de la trasnacional española Gas Natural Fenosa, cuyos accionistas mayoritarios son la multinacional energética Repsol y el grupo bancario catalán La Caixa. Hasta hace un par de semanas esta compañía tuvo de consejero al expresidente español Felipe González, a quien el grupo Podemos considera un lobista en Latinoamérica.

Electricaribe nació en 1998 con el consorcio privado Houston Industries y Electricidad de Caracas manejando el 65% de las acciones. El 35% restante quedó en manos de las ocho electrificadoras estatales, que hasta ese año prestaron el servicio en el Caribe después de décadas de malos manejos. En el 2000, la española Unión Fenosa adquirió las acciones del consorcio y amplió su participación al 85%. Desde entonces, la energía en la región Caribe no funciona como una concesión sino como una actividad manejada por una empresa privada, pero regulada por el Estado.

La transacción entre el  Gobierno colombiano y los españoles consistió en una compra y venta de activos. La firma ibérica adquirió la infraestructura y el negocio, es decir, la distribución y comercialización de la energía.

Desde 2009, con la fusión de las empresas Unión Fenosa y Gas Natural, Electricaribe pasó a hacer parte del grupo Gas Natural Fenosa y desde julio de 2013 asumió el control la sociedad de Aplicaciones y Desarrollos Profesionales Nuevo Milenio SL, holding de Gas Natural Fenosa.

La Silla se comunicó con Electricaribe para conocer su respuesta a todos estos cuestionamientos. Betty García, gerente de la compañía en Atlántico, aseguró que la inestabilidad del servicio se debe a las manipulaciones ilegales de las redes y a las condiciones ambientales propias de la región Caribe que hacen que la infraestructura sea más vulnerable ante el contacto continuo con el salitre y la arena.

La vocera aseguró además que el Estado debe librar una lucha contra la ilegalidad y la cultura del no pago porque la empresa suma una cartera morosa de 1,6 billones de pesos y esos recursos podrían invertirse para mejorar la calidad de las redes. Sin embargo, dijo, la compañía ha invertido dos billones de pesos en el mejoramiento de infraestructura entre los años 2000 y 2014.

Según los balances anuales de esta compañía, desde que comenzó operaciones en el año 2000 sus pérdidas acumuladas son cercanas a los 800 mil millones de pesos por lo que la repartición de dividendos entre los accionistas no ha sido posible. Esto último fue confirmado por críticos de la empresa como la veeduría Protransparencia y el representante conservador David Barguil.

Ante esas cifras en rojo, Electricaribe responde que seguirá en Colombia apostando por una mejor prestación del servicio. “La multinacional Gas Fenosa tiene claro que se trata de un lastre o mal necesario, de un buen negocio a largo plazo”, señaló  Horacio Brieva, director de la veeduría Protransparencia.

Sobre las muertes por electrocución, la gerente de Electricaribe explicó que estas se deben en gran medida a manipulaciones ilegales de la infraestructura, lo que es “de gran preocupación” para la empresa porque además de estar en riesgo la vida humana se afecta la prestación del servicio. Señaló que los llamados ‘marañeros’ suelen intervenir las redes para hacer conexiones en forma ilegal.

Sin embargo, no todos los que fallecieron electrocutados eran ‘marañeros’. Ese tipo de respuestas suelen despertar las críticas de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos. La entidad considera que con ese argumento Electricaribe revictimiza a los familiares de los electrocutados y desconoce que existen muertes por descargas u oscilaciones propias de la inestabilidad del sistema eléctrico.

En contraste con las quejas de Robledo, el ‘Ñoño’, Name, Barguil y los usuarios, desde el Ministerio de Minas se han visto avances en la prestación del servicio. Cuando estuvo al frente de la cartera, Amylkar Acosta dijo que Electricaribe había dejado la unidad de cuidados intensivos porque así lo indicaban los resultados preliminares de una auditoría contratada por el Gobierno.

El actual ministro, Tomás González, dijo después del debate a Electricaribe, en octubre, que la prestación del servicio en el Caribe era uno de los temas prioritarios de su cartera, especialmente porque las redes tienen muchas deficiencias que hacen que la calidad no sea buena. González también aseguró que el Ministerio le hace seguimiento al compromiso que suscribió Electricaribe de invertir dos billones de pesos en infraestructura entre los próximos cinco y siete años.

Los apagones parecen destinados a seguir haciendo parte, por un tiempo más, de la cotidianidad Caribe, al igual que la seguidilla de quejas en contra de Electricaribe. Tal y como está planteado hoy el servicio eléctrico en la región no se vislumbra un panorama de cambio a mediano plazo.