Una de las empresas de las que sospechó Pizano, ya confesó corrupción en Santander

Silla Santandereana

El contratista que le reconoció a la Fiscalía que pagó $3 mil millones en coimas para quedarse con un contrato en la administración del hoy senador Richard Aguilar, fue uno de los reportados por el controller de la Ruta del Sol.

Desde que empezaron a revelarse los informes del fallecido controller de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, han quedado expuestas presuntas irregularidades en pagos a varias empresas por esa concesionaria.

Una de ellas, Ingream SAS, es el eje de un escándalo de corrupción que hoy tiene presos a varios exfuncionarios de la Gobernación de Santander de la administración del hoy senador de Cambio Radical, Richard Aguilar.

Esa empresa fue la cabeza del consorcio que ejecutó las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Su representante legal, Octavio Reyes, prendió un ventilador sobre el pago de coimas por $3 mil millones a funcionarios para obtener ese contrato. 

La manera en la que esa empresa se quedó con el contrato de la Ruta del Sol, fue la que motivó las sospechas de Pizano sobre posible injerencia de paramilitares en los pagos.

La Silla Santandereana rastreó las dudas que Pizano plasmó sobre Ingream en uno de los informes sobre la contratación del consorcio integrado por la corrupta multinacional brasilera Odebrecht y Episol, una filial de Corficolombiana, la empresa de inversiones de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. 

Las dudas de Pizano

La aparición de Ingream ha pasado desapercibida hasta ahora en el escándalo. 

Pizano la incluyó en uno de los cuadros en los que enumera las presuntas inconsistencias en pagos por más de $16 mil millones de la concesionaria a seis empresas que no hicieron aquello para lo que las contrató, las contrató para actividades que no necesitaban o que contrataron dos veces, o que no cumplieron el protocolo para que la concesión las eligiera como contratistas.

El caso de Ingream, según el informe de Pizano, es el último. 

El controller describe que pese a que el protocolo interno exigía pedir tres cotizaciones antes de elegir un contratista para asegurar el mejor precio, eso no habría pasado porque aunque Ingream en apariencia compitió con otras dos, la suya fue la única oferta válida y las otras dos dejaban dudas. 

El contrato era por $877 millones y tiene que ver con obras de estabilización para un tramo de la ruta que comprendía La Lizama - San Roque y la Transversal Río de Oro - Agua Clara - Gamarra.

Una de esas dos empresas, Argeu SAS, es central en los audios que reveló Noticias Uno y luego complementó El Espectador, y que muestran una conversación entre Pizano y Néstor Humberto Martínez, entonces abogado de Corficolombiana y hoy Fiscal General. 

En la conversación, Pizano dice que encontró que la cotización que presentaron a nombre de Argeu es falsa. 

Le detalla que lo advirtió cuando le enviaron los soportes de la contratación porque la firma del representante legal estaba escaneada y que lo corroboró cuando le preguntó directamente a la empresa vía mail.

Correos Pizano Argeu y facturas by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd

 

Además, Pizano le contó a Martínez sobre su preocupación se dio porque tras buscar referencias sobre la firma, encontró que había sido relacionada con paramilitares. 

“...Yo después dije: oye y esta firma de Argeu ¿qué? Fuera de toda esa vaina tienen líos con paramilitares. Argeu SA Constructora, que gerencia el ingeniero Andrés Rueda, ha sido mencionado en declaraciones en un jefe para...”, dice en un aparte de la conversación Pizano.

Pizano luego le explicó al Hoy Fiscal que la tercera empresa que pasó la cotización, Sercor Construcciones SAS, lo hizo tarde.

En el informe ya habría reseñado que esa oferta había llegado un mes después de la de Ingream y la de Argeu, pero en la conversación detalló que también le generó suspicacias que la firma también estaba escaneada y pertenecía a un contrato que anteriormente había obtenido esa misma empresa con la misma Ruta del Sol.

De hecho, en la reunión que reveló el viernes pasado El Espectador y que grabó Pizano, se vuelve a referir a Sercor y dice que hay inconsistencias en otros procesos en los que figura.

Por ejemplo, las facturas que han pasado a su nombre no tienen los mismos logos, las firmas están escaneadas, la letra con que la diligenciaron las facturas es exactamente la misma con las que llenaron facturas de otras empresas y las direcciones no corresponden. 

Dudas de Pizano sobre Sercor by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd

De esas dudas sobre las dos cotizaciones que compitieron con Ingream es que en la primera conversación se desprende la hipótesis de que la plata de la Ruta del Sol II pudo terminar pagando a paramilitares. 

“Pero yo creo que esto...es que jueputa, ¿sabe qué me hace pensar esto? Que esto es parte de lo que los paras de pronto están cobrando, y entonces ellos mismos arman las tres cotizaciones y todo y por eso utilizan una firma de un para. ¿Sí me entiende?”, dice el hoy Fiscal General.

Pizano lo secunda planteando que para él hubo inconsistencias en las respuestas que le entregó Argeu y en lo que pudo averiguar de Sercor. 

“Hay inconsistencias en la misma respuesta que el tipo da, porque el tipo me dice que no, que la oficina es un archivo. Y entonces yo fui hasta esta oficina, es de un abogado Jean Paul no sé qué, o sé que era la 611 porque no me dejaron entrar en la portería (risas). Ah no, bueno, fuera de eso, de esta otra firma, esta otra firma Sercor también tengo fotos, que yo mandé a uno a verificar allá, uno de Corfi que trabaja allá ¿qué vendían allá? Era una firma que (no se entiende), pero por acá hay unos carros de alta gama dentro del parqueadero, ¿sí me entiendes? Mira, ¿sí?”.

Los cabos

La tesis sobre el pago a grupos ilegales a través de facturación en la Concesionaria nace por la figuración de Argeu en la etapa precontractual de la obra que ejecutó Ingream. 

Como dice Pizano en la conversación, esa empresa para la época era de Andrés Rueda Gómez, quien fuera uno de los megacontratistas de Casanare -ejecutó, entre otras, la cárcel de mediana seguridad y el Hospital Regional de la Orinoquía- y fue uno de los miembros del consorcio que se quedó con la obra de la Vía de la Prosperidad, la megaobra llena de enredos de la administración del Mello Cotes en Magdalena.

Rueda es uno de los uribistas purasangre de Casanare, quiere ser candidato a la Gobernación el próximo año y desde 2010 la Fiscalía le abrió una investigación por declaraciones de cuatro exparamilitares, entre esos alias Don Mario, quien lo señaló de ser financiador y enlace de su grupo en ese departamento.

La Silla confirmó que tras poco más de siete años de investigación, en septiembre del año pasado (después de las conversaciones entre Pizano y Martínez) la Fiscalía archivó el proceso porque no encontró pruebas que sustentaran esa hipótesis y sí que varios de los testimonios se contradecían o no coincidían. 

Por eso, la hipótesis de posible intervención de ilegales en la Ruta del Sol 2 vía el contrato de Ingream se quedó sin piso.

Pero en lo que respecta al tejemaneje interno de la concesionaria, las investigaciones del controller sí toman forma.

En una de las conversaciones Pizano le dice a Martínez su conclusión: “...el tema es que esos dos contratos de Argeu y estos (Sercor) fueron chimbos para darle un contrato a la firma Ingream...”.

La Silla habló con Octavio Reyes, representante legal de Ingream, y con Andrés Rueda, de Argeu. En Sercor no contestaron ninguno de los números que están registrados.

Las versiones no coinciden. 

Rueda se mantuvo en lo que le respondió a Pizano vía mail: le dijo a La Silla que le falsificaron la propuesta y que hubo un uso abusivo del nombre de su entonces empresa.

“Cuando me entero me preocupé, y por eso respondo inmediatamente al señor Pizano”, explicó.

Pero Reyes aseguró que él le hizo la invitación a Rueda para que se presentara y compitieran.

“Yo le conté que estaba participando y le dije que pasara una propuesta. Tengo entendido que él responde así porque no se acordaba de que le había pedido el favor”, explica.

Sobre cómo llegó a ser contratista de la concesionaria, nos dijo que fue a través de dos ingenieros que estaban en la obra. Dice que les preguntó cómo podía participar para contratar porque ha hecho obras en la zona, y negó haber tenido algún contacto especial en la concesionaria.

La Silla no logró encontrar alguna prueba que contradijera esa afirmación y, tras rastrear el récord de contratación de Ingream, corroboramos que ha hecho obras pequeñas en el sur del Cesar. 

Reyes también nos dijo que desconocía el origen de la oferta de Sercor, negó cualquier favorecimiento de la Concesionaria y aseguró que tenía todos los soportes de la ejecución de las obras para las que fue contratado.

Cualquiera que sea la verdad sobre las otras dos ofertas, tiene sentido que Reyes hable de que le ofreció a Rueda presentar una cotización porque ya habían coincidido en negocios.

Reyes y Rueda nos dijeron que se conocieron por un amigo en común pero, cuando preguntamos detalles, el primero dijo que la relación nació en Bogotá y el segundo que fue Santander, porque tiene raíces en ese departamento.

Pero no solo son viejos conocidos sino que para la época en la que Reyes se quedó con el contrato, eran socios en una megaobra en Santander.

El lío del estadio de Bucaramanga

En febrero de 2015, cuatro meses antes de que arrancara el proceso del contrato que se quedó Ingream en la Ruta del Sol, esa empresa y Argeu se ganaron en la Gobernación de Santander (que estaba en manos del hoy senador de Cambio, Richard Aguilar), el contrato para reforzar el estadio Alfonso López de Bucaramanga por $15 mil millones.

En ese consorcio Ingream arrancó siendo el dueño del 40 por ciento, Argeu del 20, e Ingeniería Servicios y Asesoría de Santander, Ingesan, del otro 40. 

Esa repartición duró poco tiempo. 

A los pocos meses de adjudicado el contrato, Ingesan le vendió su participación a otra empresa de Bucaramanga llamada Movipetrol; y Argeu hizo lo mismo con Ingream.

Así la empresa de Octavio Reyes, que hasta ese momento solo había hecho obras medianas y pequeñas, se quedó con el 60 por ciento del consorcio.

El caso del estadio que terminó en medio de un escándalo de corrupción. Reyes le reconoció a la Fiscalía  -buscando un principio de oportunidad- que pagó coimas por más de $3 mil millones a la secretaria de Infraestructura del departamento, Claudia Toledo, a su esposo, y al interventor de la obra para hacerla.

Además, tampoco coinciden en por qué estuvieron asociados y por qué se alejaron.

Rueda le dijo a La Silla que participó porque Reyes le había contado que iba a ejecutar ese contrato (aunque no se lo había ganado todavía) y él podía aportar parte de la experiencia que necesitaban para obtenerlo. 

“Yo quería más participación, pero al final acordamos que solo tendría el 20. Luego vendí mi parte por problemas con Octavio a los que no me voy a referir”, dijo Rueda a La Silla . 

Reyes, por su parte, nos aseguró que él le compró la experiencia de Argeu a Rueda para quedarse con el contrato del estadio, y que por eso al poco tiempo Argeu vende su parte. 

“Esa experiencia fue la que me habilitó para participar”, explicó el contratista. 

La Silla confirmó, con documentos del proceso que lleva la Fiscalía por ese contrato, que Reyes gastó al menos $300 millones en comprar la participación de Argeu (que ya no es de Rueda y se llama Construcciones CM7). 

Como la Fiscalía está investigando todos los hallazgos de Pizano en la Ruta del Sol II, seguramente Reyes y Rueda tendrán que dar las explicaciones sobre la figuración de sus empresas en ese escándalo, que con lo del estadio les suman dos líos en menos de un año.

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