Vivanco vs. Gobierno sobre falsos positivos: ¿quién dice la verdad?

A raíz de la reforma a la Justicia Penal militar que por segunda vez está transitando por el Congreso, se desató una pelea epistolar entre José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, y el viceministro de Defensa Jorge Enrique Bedoya por la tragedia de los falsos positivos. La Silla Vacía la revisó y encontró que Vivanco, aunque usa cifras inexactas, sí señala una realidad preocupante.

En el centro del debate hay una cifra que generó ampolla: según Vivanco, entre enero y agosto de 2013, mientras estuvo en pie la primera reforma al fuero militar que tumbó la Corte Constitucional en octubre, 48 casos de falsos positivos pasaron de la justicia ordinaria a la militar. Vivanco tomó los datos del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que se publicó este año.

Al día siguiente, el viceministro lo desmintió. Dijo que “de la justicia penal militar me informan que no es cierto que, tal y como Usted lo afirma, 48 casos de falsos positivos hayan sido pasados de la justicia ordinaria a la justicia penal militar”. Y reiteró lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos: “para el Gobierno siempre ha sido claro que los mal llamados "falsos positivos" nunca podrán tener relación con el servicio, por lo que tampoco podrán ser conocidos por la justicia penal militar”.

Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos el punto simple: “siempre que haya duda sobre cómo ocurrieron los hechos, el caso debe ser investigado por la justicia ordinaria. Así lo estableció la Corte”, le dijo a la Silla una persona que ha estudiado de cerca los casos. “Y en todos estos hay duda”.

Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Defensa es contundente: “la Fiscalía no fue capaz de demostrar la duda y los magistrados actuaron en derecho”, le dijeron a La Silla.

La Silla decidió revisar los casos para ver quién está diciendo la verdad. El resultado es que sí hay casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que hoy están en manos de la justicia penal militar pero Vivanco exageró: no son 48 casos sino 47 -un error que viene del informe de las Naciones Unidas-y de ellos 26 no fueron transferidos de la justica ordinaria a la militar porque ya estaban en manos de militares. Además, en ese mismo período hubo otros casos (alrededor de 80) que también fueron revisados por el Consejo Superior y que no terminaron en la justicia militar.

Esas exageraciones no le quitan la gravedad a lo denunciado.

Aunque es imposible probar que todos los casos son falsos positivos como asegura Vivanco –porque aún los jueces no han fallado- lo cierto es que en todos hay dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, si hubo combate o si los militares estaban cumpliendo una órden dentro del servicio. Sin embargo, cuando fueron revisados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que es el ente que decide si el caso debe ser investigado por la justicia ordinaria o por la militar, en todos la decisión favoreció a la segunda.

Este es un mapa que ilustra los casos que denunció Vivanco, los argumentos con los que la Fiscalía planteó sus dudas y cómo el Consejo Superior de la Judicatura resolvió que todos debían ser investigados por la justicia militar.

Que se hayan escogido investigar casos en los primeros ocho meses después de aprobada la reforma al fuero penal militar no es fortuito.

Como contó La Silla, en este período, mientras faltaba que se aprobara una ley estatutaria que reglamentara la reforma, la Sala Disciplinaria creó una particular jurisprudencia: no sólo subió el estándar para que los procesos se remitieran a la justicia ordinaria - por lo menos, para el caso de los oficiales de alto grado que aprobaron las operaciones en las que hubo ejecuciones extrajudiciales-, sino que además, se tomó el derecho de volver a revisar casos que ya habían pasado por su lupa. Fue gracias a esas dos medidas que el Consejo terminó tomando las decisiones que subraya Vivanco.

Así, mientras que antes, una duda sobre la legalidad de la operación hacía que ésta pasara a la justicia ordinaria, ahora el caso se quedaba en la penal militar a menos de que esa duda fuera evidente, o como dicen literalmente algunas sentencias del Consejo Superior de la Judicatura,  tenía que ser “razonable”.

Además, bastaba con que una parte argumentara que había un conflicto de competencias para que la Sala revisara lo ya discutido.

Esto último se logró gracias a una decisión en la Corte Constitucional en el caso del “grafitero” Diego Felipe Becerra, quien murió en manos de un policía en hechos confusos en las calles de Bogotá cuando pintaba un grafitti. En ese caso, el abogado de los familiares de Becerra fue quien trabó el conflicto de competencias en el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte lo avaló, por lo que eso se convirtió en argumento para que en otros casos pasara lo mismo. 

En la Sala Disciplinaria de ese entonces estaba Henry Villarraga, quien luego tuvo que renunciar después de que la revista Semana publicara grabaciones con el Coronel Robinson González del Río, en las que se comprometía a ayudar a militares investigados por falsos positivos para que su caso fuera investigado por la justicia militar.

Con Villarraga votaba la mayoría de la Sala, compuesta por Ovidio Claros, Pedro Sanabria, Angelino Lizcano y Julia Emma Garzón. De hecho los únicos magistrados que salvaron el voto en contra de algunas decisiones (seis) fueron los dos restantes, María Mercedes López y Wilson Ruiz.

Esa situación de la Sala sustentaría las suspicacias de Vivanco. Sin embargo, para el Ministerio de Defensa, las grabaciones de Villarraga sólo puede atribuir el cambio de jurisdicción en al caso del Coronel González del Río. Además argumentan que en derecho penal se mira “el acto y no el autor” lo que, en su criterio, dificulta probar que en el resto de casos se haya usado el mismo rasero.

“Si es tan evidente que en esos casos hay falsos positivos, quiere decir que esos magistrados hicieron prevaricato”, le dijeron a La Silla dos personas de la entidad. “Por eso, no se puede hablar de falsos positivos sino de homicidios cuestionados y Vivanco estaría mintiendo”, agregaron.

Aunque la cifra pasó de agache en el país, a nivel internacional sí tuvo eco. Si efectivamente en todos esos casos podría haber graves violaciones a los derechos humanos y pasaron de la justicia ordinaria a la militar, Colombia podría perder la certificación de derechos humanos que le otorga el gobierno de Estados Unidos.

Esto, porque ese es uno de los puntos centrales que se revisa en el proceso de certificación. Y, como supo La Silla, el asunto ya llegó a los oídos de algunos congresistas americanos que pueden poner en riesgo la decisión.

No quedar certificados tiene por lo menos dos consecuencias: por un lado, no le llegarían al país siete millones de dólares que se giran, por medio del Fondo Militar Extranjero, al Ministerio de Defensa. Y por otro, el país podría quedar en la lista negra de países que no respetan los derechos humanos con efectos comerciales y políticos.

“Nos pondrían en el mismo lugar de el Congo”, le dijo con preocupación una fuente del Gobierno a La Silla.

Por eso, el miércoles de esta semana el Gobierno tiene agendada una reunión con la Embajada Americana para explicar los casos uno a uno.

En últimas será el gobierno de Estado Unidos quien defina quién tiene la razón. Si decide que los casos pueden ser falsos positivos que quedaron en manos de militares injustamente, puede traer consecuencias no sólo para las finanzas del ejército sino en el futuro de la reforma al fuero que está a sólo dos debates de volverse ley.