Los alcaldes se crecen frente a Duque en tiempo de virus

Con un Congreso cada vez más en la irrelevancia, la justicia con sus términos suspendidos y unas regiones padeciendo el mismo encierro pero cada una bajo sus circunstancias particulares, en tiempos de pandemia los mandatarios locales se han crecido en su relación con el presidente Iván Duque.

En un país históricamente centralista y presidencialista, como nunca son ellos hoy la cara del Estado que resurge y está llamado a resolver localmente las urgencias de la crisis sanitaria: 

Alistan los hospitales, determinan las condiciones del transporte público, entregan las ayudas en mercados y, en general, tienen que volver prácticas en terreno todas y cada una de las decisiones que la tecnocracia define en escritorios en Bogotá, un asunto que siempre ha sido complejo.

Los gobernadores también, pero, por su cercanía a la gente, sobre todo se sienten los alcaldes. 

La más mediática -por las razones obvias de su cargo, por su reconocimiento y porque tiene que lidiar con casi la mitad de los contagios de toda Colombia- es la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien tiene un ya conocido contrapunteo con el Presidente y cuyo partido le hace oposición al Gobierno Nacional.

Pero en todas las regiones hay ejemplos de mandatarios que, sin necesariamente ser de oposición o contar con la misma influencia o tono, toman medidas más allá de las de Duque, hacen reclamos e inquieren altos funcionarios del centro incluso sin la tradicional intermediación de los congresistas que fungen como sus jefes políticos.

La situación no sólo evidencia una novedad -probablemente temporal- en la dinámica del poder, sino que parece en contravía de los deseos originales del Gobierno, que al principio de la emergencia (cuando varios dispusieron acciones más propias de un estado federal, como el cierre de fronteras de departamentos) sacó un decreto básicamente para recordar que sus decisiones en el orden público priman sobre las de gobernadores y alcaldes.

Casi mes y medio después, el Presidente reconoce y comparte abiertamente la responsabilidad de las medidas contra el coronavirus con los mandatarios locales, como pasa en este momento con la extensión de la cuarentena nacional con reapertura gradual de los sectores de la construcción y manufactura, que terminó desacelerada justamente por las disposiciones particulares de cada alcalde.

Duque dejó en manos de ellos el control y la potestad de decidir qué empresas abrirán, tras cumplir unos protocolos, y decidió además socializarlo en público, al empezar la semana pasada a invitar a varios a su programa de todas las tardes para hablar de la crisis, llamado Prevención y Acción.

En privado, y en el mismo sentido de la comunicación constante que en todo caso ha mantenido el Gobierno con alcaldes y gobernadores desde el día uno de la emergencia, como nos lo confirmaron dos alcaldes y un secretario de despacho; Presidencia intensificó por esas horas sus llamadas a los mandatarios para explicarles el decreto de extensión de la cuarentena.

Lo hizo en cabeza de la jefa de gabinete María Paula Correa y de la saliente consejera para regiones Karen Abudinen (nueva ministra de Tic), quienes les preguntaron a los funcionarios con qué ministro necesitaban hablar para despejar cualquier duda que tuvieran.

Eso sucedió luego de que la alcaldesa bogotana López y otros mandatarios y sectores políticos reclamaran públicamente por la poca claridad que hubo tras el anuncio de Duque de la reapertura de dos sectores de la economía por un asunto que suele pasarle mucho al Primer Mandatario con esta crisis y es que: informa una medida y pasan días hasta que ésta aterriza en un decreto con todos los detalles. 

Así pasó también, por ejemplo, el mes pasado, cuando el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla anunció la creación del fondo FOME para financiar la emergencia del coronavirus y a los días, cuando salió el decreto, se armó un problema porque se supo que prestaba plata de los entes territoriales para darles liquidez transitoria a los bancos. 

Las críticas a la medida las encabezó Claudia López, pero fueron varios los alcaldes que se quejaron. 

Analistas como Carlos Suárez consideran que ese empoderamiento desde lo local está relacionado con el hecho de que Duque y su partido, el uribista Centro Democrático, hayan perdido en general las elecciones regionales del año pasado. Es decir, que como los alcaldes no son de él, se sienten más libres de actuar y algunos hasta de oponerse.

Mientras, Héctor Riveros, por su lado, cree que más bien podría tratarse de una estrategia política y jurídica calculada desde el Gobierno para crecer el papel de los alcaldes y no quedar Duque como el único responsable (tanto Carlos como Héctor escriben en La Silla).

Independientemente de las intenciones de ambos lados, está el peso de las realidades regionales que cae con fuerza frente a este virus y ayuda a entender por qué, así haya medidas generales, en Nariño preocupa más la frontera con Ecuador, en La Guajira la falta de agua y en Norte de Santander la migración venezolana.

Esas circunstancias, y otras más micro, son lo que conocen bien y tienen que frentear los mandatarios locales. 

“El coronavirus nos pone a los alcaldes en la primera línea de batalla, políticamente hablando”, dice al respecto Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, “porque finalmente la gente espera que seamos nosotros los que solucionemos”.

Ordosgoitia es conservador uribista y, hace unos días, fue uno de los primeros mandatarios invitados por el Presidente a su programa de las tardes.

Y aunque, claro, elogia a Duque y dice que siente que desde el primer momento hubo concertación con el centro y que la línea nacional ha sido clave para, por ejemplo, evitar la eventualidad de que el vecino Sucre cerrara sus fronteras y disminuyera el suministro de leche en Córdoba; también firmó una carta junto al resto de alcaldes capitales del Caribe en la que señalan que las medidas del Gobierno en materia de servicios públicos y créditos para el sector informal “no están teniendo el efecto deseado”.

O sea, una queja en tono no tan alto por un reclamo ciudadano que llega directamente a oídos de los dirigentes en terreno.

“Es que aquí, por mucha visibilidad que se tenga, ni uno ni el ministro es el que aplaza el predial, ni el que reparte el mercado, ni el que anuncia el detalle del acceso al microcrédito”, afirma por su parte un congresista que es jefe político de un alcalde capital y prefirió no ser citado.

El Congreso, por cierto, pese a que llevaba todo el periodo presidencial actual mostrándole los dientes a Duque y tiene la facultad para revisar y aprobar o no los decretos presidenciales amparados en el estado de emergencia, hasta ahora se ha sentido más bien encuarentenado.

Después de una larga discusión sobre si debía sesionar o no virtualmente, esta semana por primera vez fue aprobado a distancia un proyecto (Comisión Primera de Cámara aprobó en el quinto de ocho debates la reforma constitucional que crea la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca), pero aún no hay consenso sobre el voto virtual de iniciativas y, aunque sí hay debates, la sensación general es que en esa corporación no pasa nada. 

(Seguramente comenzará a pasar cuando se decidan a controlar los decretos presidenciales de la emergencia, como escribió Héctor Riveros, pero no es claro qué día vaya a suceder eso).

La Corte Constitucional, por su parte, empezará a pronunciarse en dos o tres semanas sobre la revisión automática que debe hacerle al decreto que declara el estado de emergencia y todos los demás que han salido amparados bajo éste. Así nos lo contó una fuente de ese tribunal.

Mientras, los mandatarios locales sin hacer propiamente control pero sí adueñados de su rol, aplican las medidas nacionales según sus consideraciones, más allá de la reapertura gradual de los dos sectores que comenzaron a trabajar.

Por ejemplo, la alcaldesa de Santa Marta Virna Johnson y el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, ya anunciaron que, independientemente de lo que suceda el 11 de mayo, que es el día en que se acaba el actual periodo de cuarentena; para sus respectivos ciudadanos se mantendrá el toque de queda el resto del mes, todos los días de 8 de la noche hasta la madrugada siguiente.

Y estos días de aislamiento obligatorio también tienen sus matices en otras ciudades como Cartagena, en donde hay toque de queda las 24 horas tres veces a la semana.

(El alcalde de Cartagena, William Dau, por cierto, fue el primero del país en decretar toque de queda).

“Hay que tener en cuenta que los alcaldes ya tenían la facultad constitucional de manejar en sus respectivas ciudades el orden público, la salud y la atención social, que son las que en gran parte determinan las condiciones de una cuarentena”, dice el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.

Eso que parece obvio es clave para entender no sólo el empoderamiento frente al Gobierno Nacional, sino también la popularidad que -según se ha registrado en medios como Semana citando encuestas y mostró hoy la Gallup- muestran algunos mandatarios, incluyendo el mismo Duque.

En una situación en la que la ciudadanía ha cedido hasta su libertad de moverse, súbitamente se relegitima y resurge con fuerza el Estado representado en los funcionarios del Ejecutivo. 

“El Covid resolvió la discusión económica entre mercado y Estado, la mano invisible no es la que está resolviendo, sino el Estado”, agrega al análisis el secretario de Gobierno capitalino.

Aparte de poder y popularidad, otra consecuencia de la situación podría ser que los clanes políticos tradicionales que mandan en algunas regiones -y que han sido golpeados con los resultados de las últimas elecciones en Colombia- terminen reivindicándose con su gente, si lo hacen bien.

Evidencia de ello, por ejemplo, es que en Santander entre algunos ciudadanos del común que suelen ser críticos recientemente hayamos oído elogios al manejo que ha dado a la crisis el gobernador Nerthink Mauricio Aguilar, heredero de uno de los clanes más cuestionados de ese departamento.

Igual, todavía falta bastante agua por correr bajo el puente de este drama que tiene replegada a la humanidad, al límite a los dirigentes y cuyas dimensiones aún no se conocen del todo.

Por ahora, es claro que el ordenamiento territorial se reivindica en el país.