Los cinco dolores de cabeza de Duque (y del país) que crecieron esta semana

Revive con fuerza el fantasma de los falsos positivos

La revelación del New York Times de órdenes en el Ejército para que sus oficiales aumenten sus bajas por la que habría “comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos”, con detalles sobre reuniones y documentos, le dio nueva vida al fantasma de los asesinatos conocidos como “falsos positivos”, que cometieron militares para lograr metas entre 2002 y 2007, en el Gobierno Uribe.

La nota retumbó ayer en todos los medios que, si bien le dieron enfoques diferentes, la tuvieron en sus titulares, y también fue el centro de un duro debate político, incluyendo acusaciones sin pruebas de la senadora María Fernanda Cabal al periodista del Times, Nick Casey, de haber cobrado por la nota.

El Gobierno estaba tan al tanto de la bomba que, como explicamos antes de que saliera la nota, Duque y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, el viernes en pleno enredo por la liberación de Santrich y los rumores de conmoción interior, hicieron una rueda de prensa para decir que el Gobierno no tolera que los militares violen los Derechos Humanos y anunciar que la Fiscalía va a investigar no solo al cabo que mató al exmiliciano de las Farc Dilmar Torres, sino a su comandante, un coronel.

Además, había antecedentes, como nuestra revelación de que desde que llegó Duque hay más denuncias de presuntos abusos de la Fuerza Pública, incluidas ejecuciones extrajudiciales, o la nota de la Liga Contra el Silencio sobre el regreso del miedo a los “falsos positivos” en el sur de Bolívar.

Aunque una nota de El Tiempo que revela uno de los documentos claves de la denuncia por filtración de fuentes de MinDefensa parece bajarle la caña, el crecimiento del fantasma es tan claro que junto con el caso Santrich ha centrado la atención de los medios y le da munición a la oposición para la moción de censura contra Botero que retiró el martes, a la espera de volverla a presentar tras la nota del New York Times.

Todo eso puso al Gobierno a dar explicaciones y le copó la agenda, algo que es un dolor de cabeza para cualquier Presidente. Pero, sobre todo, es una preocupación en un país que vivió miles (las cifras son objeto de debate) de asesinatos de inocentes por militares que buscaban cumplir con sus metas u obtener beneficios.

La justicia está en medio de una tormenta

Aunque no hay choques de trenes entre las Altas Cortes o un paro largo en la Rama, como ha ocurrido en el pasado, la justicia entró esta semana en una situación difícil por la decisión de la JEP de no extraditar a alias Jesús Santrich y ordenar su liberación, la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General, la de Gloria María Borrero al Ministerio de Justicia, y luego la recaptura del ex jefe guerrillero en La Picota.

Todos esos hechos tuvieron un cubrimiento amplio y cada uno tiene sus propias aristas, pero sumados dejan la sensación de una justicia enredada, con choques entre dos de sus organismos (la JEP y la Fiscalía) y de un Gobierno que ha mostrado poca capacidad para ayudar a resolver esas tensiones y para reformar la justicia, pues su proyecto de reforma se hundió en el Congreso.

Las noticias se sumaron a las tensiones que ya venían por el retiro de la visa gringa a tres magistrados de Altas Cortes, que motivó mensajes de unidad y defensa de su autonomía de la Corte Suprema, la Constitucional, el Consejo de Estado y la JEP; por las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP que en realidad son a la sentencia de la Constitucional sobre ella; y por el avance de dos investigaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos.

Por eso, queda una tormenta grande en la que reaparecieron los llamados a una constituyente para reformarla que ya estaban en el trasfondo de la tensión por las visas y que ganaron fuerza en los últimos días.

Sobre todo cuando desde el miércoles varios uribistas visibles como Natalia Bedoya y Abelardo de la Espriella lideraron el hashtag #ConstituyenteYa, mientras Uribe leyó un comunicado oficial de su partido que dice que es la mayor crisis de la justicia en 60 años, lo que justificaría esa decisión.

Para Duque, esta situación le crea un problema difícil de manejar pues poco depende de él (su declaración del miércoles, en la que reiteró que una de sus objeciones podría ser la salida, muestra su poco margen de acción), incluye el cambio de su ministra y lo enfrenta a la poca fuerza política de su Gobierno para sacar adelante cambios o ayudar a armar acuerdos entre organismos independientes en choque.

Y al país lo enfrenta a la posibilidad de una implementación todavía más difícil de la justicia transicional pactada en La Habana, por la fragilidad de la JEP; a una interinidad en un organismo central para combatir la alta impunidad, como es la Fiscalía; y al fantasma de un proceso largo y enredado para un cambio constitucional con resultados imprevisibles.

La economía no agarra velocidad

Una noticia que pasó relativamente de agache este miércoles es que en el primer trimestre de este año el PIB creció el 2,8 por ciento, cuando las previsiones iban del 3 a 3,2 por ciento.

Aunque la diferencia puede parecer menor, y sigue siendo el mejor primer trimestre desde 2014, analistas como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, o los decanos de economía del Rosario, Carlos Sepúlveda, y del Externado, Julián Arévalo, coinciden en que es preocupante, más cuando se suma al aumento del desempleo y al freno en la reducción de la pobreza monetaria (y las fallas de su cifra de 2017), que le ponen más presión a la política social y económica del Gobierno.

Ese otro dolor de cabeza que creció esta semana, incluye además las dudas por las demandas de la tributaria que estudia la Corte Constitucional; y por la devaluación del peso que con 3.321 pesos hoy, pasó la barrera de los 3.300 por primera vez este año, y está cerca a superar los 3.331 del 30 de diciembre, el récord en casi 3 años.

El Gobierno sigue con poco respaldo

El jueves pasado salió la más reciente encuesta Gallup Poll, en la que el nivel de aprobación de Duque volvió a caer (pasó de 42 por ciento en febrero a 32 por ciento en mayo) casi al mismo nivel de diciembre (29 por ciento), que es cuando más bajo lo ha tenido.

Ese resultado, similar al de otras encuestadoras como Yanhaas o Cifras y Conceptos, muestra que la tendencia es a tener una aprobación de alrededor del 30 por ciento y que el impulso que tuvo en febrero por la respuesta a la bomba del ELN en la Escuela de Cadetes y por la coyuntura del apoyo a Juan Guaidó en Venezuela quedó atrás.

Además de la obvia mala noticia para Duque, hace más difícil navegar la sensación de crisis y deja el interrogante de cómo podrá el Presidente liderar la salida de ella.

El uribismo pide medidas extremas e incluso imposibles

Este dolor de cabeza en principio es más fuerte para Duque que para el país: en el uribismo, por el que fue elegido, le han pedido convocar a una constituyente e incluso extraditar a alias Santrich, a pesar de que eso último requiere en cualquier caso y por lo menos el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia.

La primera exigencia, extrema aunque no imposible, viene desde hace meses de voces uribistas como la del presidente del Senado, Ernesto Macías, o el senador José Obdulio Gaviria. La propuesta pone a Duque a elegir entre embarcarse y embarcar al país en una aventura constituyente (que debe además tener el visto bueno de la Corte Constitucional) y perder más puntos con el ala más extrema del uribismo.

La segunda tiene en Álvaro Uribe un vocero aún más influyente y poderoso, a pesar de sus evidente dificultades prácticas, más para un presidente tan institucional como Duque. Y eso le crea un dilema similar pero quizás más agudo, que parece haber bajado de intensidad por ahora, tras la decisión de la Fiscalía de finalmente abrir un proceso contra Santrich en Colombia (cosa que, como explicó ayer Héctor Riveros en su columna, pudo hacer Néstor Humberto Martínez pero no hizo) y de tramitar y lograr una orden de captura en su contra.

Sin embargo, estas tensiones entre un presidente poco popular y su base política son un problema que se puede crecer, con estos u otros temas. Y puede llevar a que Duque tome decisiones menos respetuosas de las instituciones, a pesar de que no es su talante ni parece contar con el respaldo para ello, o a que se mantenga en su postura y pierda todavía más capital político.

Cualquiera de las dos, un presidente con tres cuartas partes de su período pendiente y radicalizado o uno con los mismos tres años por delante pero con todavía menos popularidad, es un problema para el país.