En el Catatumbo le temen a una Seguridad Democrática 2.0

El asesinato el martes en la noche del exmiliciano de las Farc Dimar Torres en una vereda de Convención en Norte de Santander a manos de soldados adscritos a la Segunda División del Ejército, solo sería la punta de un iceberg que desde finales del año pasado empezó a tomar forma en el Catatumbo. 

La Silla averiguó en los seis municipios más convulsionados de la zona y encontró que desde que el Presidente Iván Duque empezó a implementar su política de seguridad, las denuncias sobre presuntos abusos de la fuerza pública contra civiles han incrementado. 

Si bien no encontramos cifras consolidadas, lo que nos contaron por aparte 15 fuentes en terreno entre líderes defensores de derechos humanos, delegados de ONG locales e internacionales que le hacen seguimiento al conflicto, funcionarios locales y campesinos, es que ya existe un patrón.

Ahora en el Catatumbo el nuevo temor es que se desate una ola de terror como la que vivieron entre finales de los 90 y una parte de la primera década del 2000 cuando el Ejército se alió con paramilitares para intentar acabar con las guerrillas que operan en la zona.

La política de seguridad

Cuando el Presidente Iván Duque lanzó su política de Seguridad en la base militar de Tolemaida habló de varios puntos estratégicos con los que planeaba desarticular desde la delincuencia organizada hasta la urbana.

Si bien su política no fue calcada de la que implementó en sus dos gobiernos el  expresidente Álvaro Uribe y de hecho incluyó aspectos novedosos como la protección de los recursos naturales como parte estratégica de la defensa, sí hubo varios puntos en los que coincidió con él. 

Uno de los claves fue en la identificación de sectores del país, que por sus condiciones de seguridad y su ubicación estratégica deben ser recuperados por el Estado.

Mientras que Duque las llamó Zeii -Zonas Estratégicas de Intervención Integral-, en la era de Uribe se denominaron ‘Zonas de rehabilitación y consolidación’. 

Si bien, no son exactamente iguales, sobre todo porque en el gobierno de Duque son posteriores al Acuerdo de La Habana abarcan una intervención integral del Estado y en esa medida están pensadas en un contexto muy diferente que el del primer periodo de Uribe cuando la política principal era retomar militarmente el territorio, obedecen a la misma lógica de recuperar terreno focalizadamente .

Por ejemplo, se habla explícitamente de que esa intervención incluirá el envío de “unidades de las Fuerzas Militares y de Policía” con el objetivo de “denegar el territorio a los sistemas criminales, reducir su capacidad delictiva en dirección a su desarticulación y crear condiciones de seguridad para restablecer la legalidad”.

En el caso del Catatumbo -será una de las Zeii de este gobierno, según le dijeron a La Silla fuentes militares- esa política empezó a materializarse, incluso antes de que fuera presentada en Tolemaida.

En octubre del año pasado Duque llegó hasta Ocaña para activar la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra III.  

Lo hizo a menos de tres semanas de que esa región hubiera sido noticia por el secuestro de Cristo José Contreras, hijo del alcalde de Convención, Edwin Contreras, y justo cuando estaba hirviendo la guerra entre el ELN y el EPL por el control territorial de las zonas que dejó vacías las Farc, y en pleno proceso de expansión de las disidencias del Frente 33.

Con ella llegaron 1.891 soldados (más oficiales y suboficiales) repartidos en tres batallones que se ubicaron en San Calixto, Hacarí y Teorama -tres municipios claves dentro de la pelea territorial-, y una fuerza de acción directa en Ocaña.

(Ese pie de fuerza se sumó a los 7.900 efectivos que tiene la Fuerza Tarea Vulcano -con jurisdicción en el Catatumbo-, que es comandada por el general Diego Villegas, actualmente investigado en un proceso por falsos positivos, y los otros tantos que hacen parte de la Brigada 30 y de los batallones especiales energéticos que cuidan el oleoducto caño limón - coveñas.)

Pero lejos de la euforia con la que Duque anunció su llegada y con la que vaticinó que se daría “por terminado el flagelo de la violencia” en la zona; dentro del Catatumbo empezó a crecer la tensión.

Las razones para que eso sucediera están estrechamente ligadas a la historia del Ejército con los habitantes de la región. 

Allí se comprobó que el Ejército hizo alianzas con el Bloque Catatumbo de los paramilitares para perseguir al ELN, las Farc y el EPL, y que en el marco de eso fueron cómplices y determinadores de masacres, desplazamientos y torturas. 

La ola de terror que impulsó esa alianza es el episodio más sangriento y doloroso del Catatumbo, y de hecho por varias de esas acciones y las omisiones de la fuerza pública para contenerlas el Estado terminó condenado.

Además, porque aunque en el papel con la desmovilización paramilitar en 2005 debía volver la calma a la región, hubo otra oleada de violencia ocasionada por las operaciones Fortaleza I y Fortaleza II del Ejército dirigidas contra las Farc y el ELN en el marco de la política de Seguridad Democrática de Uribe.

“Esas heridas aún no están cicatrizadas. La confianza es muy débil y casi inexistentes”, dijo a La Silla Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una de las ONG que le hace seguimiento al conflicto con más credibilidad en la región.

Si bien la relación es compleja porque la desconfianza es en doble vía debido a que hay miembros activos tanto del ELN como del EPL y de las disidencias de las Farc viviendo como civiles y haciendo inteligencia para atacar al Ejército, con lo que pasó el martes en la noche en Convención lo que empezó a quedar claro es que el miedo en el lado de los campesinos no era infundado.

Sobre todo porque La Silla confirmó en terreno que aunque el de Dimar Torres es el caso más grave hasta ahora, en las zonas más militarizadas del Catatumbo llevan meses conociéndose denuncias relacionadas con el presunto abuso de la fuerza pública contra civiles.

Los campanazos

Aunque aún falta que se adelanten las investigaciones y se determine exactamente cuáles fueron las circunstancias del asesinato de Dimar Torres así como la responsabilidad del cabo que le disparó, el hecho crispó la tensión en el Catatumbo. 

No solo por la muerte de Torres en sí misma, sino por los hechos que la rodearon. 

Los mismos campesinos de la vereda Carrizal, en el corregimiento Miraflores, fueron los que notaron su ausencia tras escuchar disparos, los que salieron a buscarlo cuando se dieron cuenta de que era el único que no respondía las llamadas, los que le reclamaron al Ejército por él, y los que irrumpieron en el campamento y lo encontraron muerto con tres disparos (uno en la cabeza), semidesnudo y tirado junto a una carretera.

También los que se dieron cuenta que los soldados estaban cavando un hueco que era suficientemente grande como para enterrarlo a él y a su moto, y los que acordonaron la zona tras enviar una alerta por WhatsApp -con videos y audios- para pedir que medios de comunicación y autoridades llegaran a la vereda para verificar lo que estaba sucediendo.

Que lo hayan hecho así muestra que a diferencia de hace 20 años, cuando la mayoría salieron desplazados huyéndole a abusos tanto de guerrillas como del Ejército, están mucho más empoderados en su territorio. 

Además, en medio de la conmoción sirvió para poner el reflector sobre la posibilidad de que el escenario en el Catatumbo esté dado para que la fuerza pública vuelva a cometer presuntos abusos contra civiles, algo de lo que ya venía hablándose en voz baja en región.

“El tema es tan delicado que nadie se ha atrevido a decirlo con contundencia. Hasta ahora, existían muchas denuncias y se estaba tratando de establecer la sistematicidad y el nivel del riesgo”, dijo a La Silla una autoridad que le hace seguimiento a la violación de derechos humanos en el municipio, pero que nos pidió la reserva de su nombre porque no estaba autorizado a hablar. “Con lo de Dimar las alarmas deben encenderse”. 

Sin embargo, la segunda semana del mes la Asociación de Personeros del Catatumbo, una de las organizaciones claves de la zona porque articula el trabajo de las personerías que son las que tienen mayor entrada en la región, fue la primera en advertirlo formalmente. 

En un comunicado señaló que en toda la región ya se habían identificado denuncias relacionadas, entre otras, con el regreso de los empadronamientos y de señalamientos sin pruebas contra líderes y campesinos de relaciones con grupos armados. 

Además, denunció que incluso los mismos personeros habían sido víctimas de eso último por reportar las denuncias en contra del Ejército en sus respectivos municipios. 

“Han existido casos en los que el Ejército ha dicho que los personeros están torpedeando su labor y siendo funcionales a grupos armados por alertar sobre violaciones de derechos humanos”, dijo a La Silla una fuente que lo supo de primera mano pero que nos pidió reservar su nombre para ahorrarse problemas.

Pero más allá de esos casos, La Silla conoció que en San Calixto y Hacarí, dos municipios que son sede de batallones de la Fudra, ya han existido denuncias sobre presuntas capturas arbitrarias a campesinos que no están vinculados al conflicto.

En San Calixto el hecho ocurrió el 11 de febrero en la vereda Caracoles al norte del municipio. 

Ese día fueron capturados en una parcela mientras estaban deshojando matas de coca tres campesinos señalados de terrorismo y rebelión.

(El Catatumbo es el tercer lugar del país con más hectáreas de coca - 28 mil- y su producción es la base de la economía local, porque los cultivos legales no son rentables debido a la falta infraestructura para comercializarlos.). 

Sus nombres son Jorge Lázaro Salazar, Cristian Adrián Botello y Dioselí Mayorga, y ninguno, según las versiones que recogimos en la zona con autoridades locales y líderes comunales, ha estado vinculado al conflicto como miembro de alguna guerrilla. 

Mientras que Salazar era el dueño de la parcela en la que estaban trabajando ese día, Cristian es su hijastro, y Mayorga había llegado por primera vez ese día para hacer las veces de obrero.

“Mire es gente humilde, como todos los campesinos de acá. Estaban de jornal porque tienen que buscar para la comida, pero no son ni guerrilleros ni nada que se le parezca”, dijo a La Silla Eder Durán, presidente de Asojuntas del Norte de San Calixto. “Eso es un abuso lo que están haciendo con ellos”.

De esa versión dan fe varios videos que La Silla conoció y que fueron grabados por líderes en una visita que hicieron junto con la Personería a la parcela para verificar lo que había ocurrido.

Lo que dijo el Ejército, según le relataron a La Silla tres fuentes en San Calixto, fue que los habían capturado en flagrancia porque encontraron una parte de un explosivo en la parcela; sin embargo, dentro del municipio no quedó tan clara esa versión porque en la verificación local lo que encontraron fue un aro oxidado que por las condiciones parecía tener varios años.

Aunque le preguntamos a la Fudra sobre ese caso en particular no se pronunciaron.

Como desde entonces tienen muy pocas noticias de ellos, y en contraste las esposas de de Salazar y Mayorga juntos con sus respectivos hijos se quedaron sin cómo sostenerse,  ahora en el municipio y en parte del Tarra (municipio que colinda con la vereda en la que los capturaron y en la que los conocían) están rifando una moto a $20 mil la boleta para ayudarlos y ponerles abogado.

“Estamos en eso porque es muy injusto lo que está pasando”, le dijo a La Silla un dirigente comunal que pidió la reserva de su nombre por seguridad. “Que capturen a los guerrilleros está bien, pero lo más triste es que esos sinvergûenzas sí están para arriba y para abajo haciendo de las suyas y nosotros somos los que pagamos”.

En Hacarí hace dos semanas el hecho fue que en el corregimiento de San José del Tarra, iba a ser capturado un campesino porque le habrían encontrado material para fabricar minas antipersona y una pistola. 

Los habitantes de la zona se opusieron a que se lo llevaran porque, según las denuncias de ese día, aunque la pistola sí era de él, los materiales para las minas eran un supuesto montaje. Ese día hubo intento de asonada y el Ejército lo dejó libre.

Esta semana, la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, denunció que el sábado tres campesinos que transitaban por el norte de San Calixto fueron blanco del fuego de soldados cuando cruzaban por el campamento. 

Además, en Convención, Teorama y el Tarra han existido quejas por presuntos allanamientos irregulares a viviendas en zonas rurales, robo de animales de granja, por retenciones y maltrato.

Encima, ayer en Tibú también hubo denuncias porque los campesinos que estaban saliendo del corregimiento de La Gabarra hacia Cúcuta para unirse al paro de hoy, tuvieron que entregar irregularmente documentos y les tomaron fotos sin su consentimiento.

“Se equivoca profundamente el Estado si cree que intimidando a la población civil y la población campesina y que solo militarizando va a retomar el control del Catatumbo”, dijo a La Silla Cañizares de la Fundación Progresar. “Esta es una zona que acumula décadas de abandono y lo que están esperando sus habitantes es que llegue la inversión en vías, en proyectos productivos y en programas sociales”

Eso mismo lo reprochó la Asociación de Personeros en su comunicado y lo recordó anoche cuando lamentó la muerte de Dimar Torres en Convención a manos del Ejército.

La Silla supo que los casos sobre denuncias de presunto abuso de la fuerza militar ya empezaron a ser tan recurrentes que incluso hace pocos días tras una reunión interagencial de todas las ONG internacionales que tienen trabajo en la zona se pidió abrir una línea de seguimiento especial relacionada directamente con esos hechos.

“Esto es verdaderamente preocupante, porque lo que se genera es terror. Ya quién va a volver a mirar el Ejército igual después de lo que le pasó a Dimar”, nos dijo un defensor de derechos humanos del Catatumbo.

En La Silla buscamos a la Fuerza Tarea Vulcano y a la Fudra III para obtener una versión sobre todas las denuncias que se han registrado contra sus tropas en el Catatumbo. 

Mientras que en la primera nos dijeron que el único comunicado que harían por ahora sería el mismo que el de la Segunda División (es la que los cobija) en el que se anunciaban investigaciones para esclarecer el asesinato de Torres; en la segunda, desde la oficina de prensa nos explicaron que cada caso se somete a investigación interna para verificar completamente los hechos y posteriormente emitir pronunciamientos.

Así que mientras se termina de esclarecer la muerte de Dimar, y la orden de Presidencia es recuperar el control del Catatumbo, en la región se encienden las alarmas por el resurgimiento de una nueva forma de violencia contra los campesinos, que se suma a la del ELN, el EPL y el creciente accionar de la disidencia de las Farc.