Los militares se enfrentan, ahora sí, a la hora de la verdad

Con la presentación del general Torres Escalante a la JEP y la carta de la Comisión de la Verdad para tener información reservada de las Fuerzas Militares, se avivaron los temores entre los militares.

Esta semana se acogió el primer general a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y la Comisión de la Verdad le pidió a las Fuerzas Militares información sobre su accionar durante más de sesenta años de conflicto. Ambos hechos avivan los temores de los militares frente a cómo se construirá la “verdad oficial” sobre lo que sucedió en el conflicto.  

El primer general en la JEP

La primera audiencia de la JEP fue con el general retirado Henry Torres Escalante, preso por un caso de falsos positivos cuando era comandante de la Brigada 16 del Ejército que opera en Casanare, y quien pidió acogerse a la justicia transicional.

Fue esa brigada la que presentó a dos campesinos que fueron acribillados en marzo de 2007 en una finca en el municipio de Aguazul como guerrilleros muertos en combate.

Torres habló en una audiencia pública en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la que determina si el caso cumple con los requisitos para que sea competencia de la JEP y dijo que lo hacía porque la justicia ordinaria no le da garantías. Sin embargo, no reconoció los hechos de los que se le acusa y se declaró inocente.

“Ni di órdenes, ni ordené ninguna muerte” dijo. “Los hechos fueron cometidos por la Brigada que dirigía, sin que yo tuviera conocimiento. Por eso, quiero pedir perdón a las víctimas por los daños causados y con la esperanza de que esto no vuelva a suceder”.

Que el general se haya acogido a la JEP precisamente porque la justicia ordinaria no le ofrece garantías envía una señal muy fuerte a otros militares investigados, justo cuando el Congreso acaba de aprobar la ley de procedimiento que modificó el Acuerdo de Paz para acabar con la simetría en el juzgamiento de militares y guerrilleros involucrados en delitos atroces.

Lo que contempla la ley es que habrá un procedimiento especial para los militares y que el Gobierno y el Congreso tienen un año y medio para determinar ese procedimiento. Por eso por ahora la situación jurídica de muchos procesados y condenados está en un limbo jurídico.

Pero que haya ido para declararse inocente puede ser interpretado por muchos militares rasos casi como una advertencia para que no lo salpiquen en sus testimonios, suponiendo que sí tuvo algo que ver con estos delitos.

Justamente para evitar eso, es que los procesos de justicia transicional se suelen construir de abajo hacia arriba para que a partir de las pruebas que aporten los rasos se pueda establecer si los superiores tuvieron responsabilidad o no.

La acogida de Torres a la JEP también reavivó dentro de círculos militares la discusión sobre si les conviene o no presentarse ante la justicia transicional.

Desde que se negoció en la Habana este punto, están divididos entre los que creen que es la mejor salida para los más de 3 mil militares investigados y la forma de evitar que un día sean juzgados por la Corte Penal Internacional o que terminen presos mientras que los exguerrilleros terminen de alcaldes; y los que consideran que no es digno del honor militar ser tratados por el mismo tribunal y con el mismo procedimiento que los guerrilleros que combatieron.

A los civiles que colaboraron con los militares en la comisión de estos delitos les conviene más la segunda opción, sobre todo ahora que su comparecimiento terminó siendo voluntario, y seguramente la acogida del general Torres Escalante a la JEP incrementa su presión sobre el sector que aboga por no legitimar este tribunal.

Casi al tiempo de la audiencia de Torres, se abrió otro frente de debate para los militares con la carta de la Comisión de la Verdad.

La verdad en disputa

Hace dos días, la Comisión que encabeza el padre Francisco de Roux pidió al Ministerio de Defensa información y archivos de inteligencia militar desde 1953 a la fecha y ayer el presidente Santos autorizó su entrega, pero con una restricción: no pueden darle a la Comisión información que comprometa la Seguridad Nacional. 

En la carta, la Comisión pide información desde ese año porque les interesa conocer el contexto del bombardeo que ordenó dos años después el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en Villarrica, Tolima, donde el dirigente campesino del Partido Comunista Juan de la Cruz Varela organizó a los campesinos de varias veredas para que nacieran las primeras autodefensas campesinas de los cincuentas.

Es ahí donde la Comisión marca el punto de quiebre entre la violencia bipartidista y la violencia contrainsurgente.

La carta tiene tres grandes solicitudes.

Primero, copias certificadas de documentos impresos y bases de datos de, por ejemplo, la doctrina de las Fuerzas Militares, la doctrina de inteligencia y contrainteligencia, manuales operativos o bases de datos de sus víctimas, de procesos penales y disciplinarios que tengan que ver con violaciones contra civiles en zonas de conflicto o de tortura a excombatientes.

Segundo, que los miembros de la Comisión puedan ir cuando quieran a consultar directamente archivos como documentos de defensa de los militares en tribunales internacionales, balances de operaciones militares, documentos de análisis de historia y evolución de las guerrillas o cualquier otro grupo ilegal, documentos sobre la metodología para interrogar a integrantes o desmovilizados.

Aquí hay dos peticiones muy sensibles que para los dos militares  activos y tres retirados que consultamos compromete la Seguridad Nacional y hasta la integridad de sus hombres: que puedan tener acceso a todas las hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia (los llamados Kárdex) y también a todos los documentos de ellos, incluidas órdenes de operaciones y de batallas.

Lo tercero, es que el Ministerio los apoye y les de cartas de autorización para que puedan, por ejemplo, ir a todas las oficinas de las Fuerzas militares y de Policía, hacer entrevistas, etc.

Con esa información, la Comisión quiere establecer patrones sobre cómo actuaron las Fuerzas Armadas durante el Conflicto.

Información que podría poner en evidencia, entre otros, los vínculos y la acción articulada en algunas zonas entre unidades del Ejército y frentes paramilitares, que se han documentado en algunos relatos periodísticos o en informes del Grupo de Memoria Histórica pero que no forman parte del relato ‘oficial’; habría incentivos institucionales desencadenaron los falsos positivos; se conocería si los seguimientos ilegales a opositores y activistas de derechos humanos fueron una práctica rutinaria de inteligencia militar en algunos momentos de la historia.

A la vez, se sabría si estas acciones formaron parte de políticas institucionales de algún gobierno durante estos 60 años.

En últimas, lo que está en juego es la construcción de una nueva ‘verdad autorizada’ sobre el rol de los militares en el Conflicto.

Por eso, aunque la Comisión lleva meses hablando con el ministerio de Defensa sobre estos archivos, la carta despertó el rechazo de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Acore, que es algo así como la voz política de las Fuerzas Militares, que apoyó a Duque a la Presidencia, que siempre se opuso al proceso con las Farc y que viene pidiéndole al Gobierno que no meta en el mismo costal a militares y guerrilleros en la JEP.

Lo que hay detrás de ese rechazo son varios temores.

Los miedos

Entre los militares hay tres grandes temores.

El primero, que es un secreto a voces entre los miembros de las Fuerzas Armadas, es que no confían en la composición de la Comisión de la Verdad porque la consideran muy cargada hacia la izquierda y que algunos de sus miembros son ante todo activistas de izquierda, por lo que les preocupa que esa información se termine filtrando como se filtró la carta.

“Es imperante la recomposición del Sistema para impartir justicia y verdad sobre el Conflicto, no una justicia sesgada y cargada”, dijo el general (r) Hernán Fabio Velasco, ex comandante de la Fuerza Aérea y presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro.

“Toda la información que solicitan quedaría para su protección y reserva, ¿quién garantiza eso?, si quienes componen la Comisión no inspiran la menor confianza. No es porque sean de izquierda, es porque muchos han sido activistas de grupos de extrema izquierda y están evaluando un conflicto con componente ideológico”, dijo a La Silla, el general Jaime Ruiz, presidente de Acore.

Frente a eso, el padre De Roux dijo que “no podemos ni vamos a desclasificar información reservada para hacerla pública” y que el ministerio de Defensa no está en la obligación de entregar todo lo que pidieron. También dijo que no reconocía a Acore como vocero de las Fuerzas Militares.

El segundo temor tiene que ver con que mientras las Fuerzas Militares tienen un archivo con toda la información sobre su accionar, las Farc no y temen que así, la Comisión tenga más insumos en su contra que del otro a la hora de escribir el informe final.

“Nosotros solo tenemos que entregar la llave y ya, mientras la guerrilla no tiene un archivo, solo es su palabra”, nos dijo un militar que nos habló bajo la condición de no ser citado.

Y está el argumento de la seguridad nacional, bajo el cual, si se conoce esa información pueden revelarse las doctrinas operacionales con las que está operando la Fuerza Pública o las que son referentes de las actuales, como se lo explicó a La Silla el analista internacional y profesor del Externado, Marcos Peckel.

Otra cosa que no es clara para él y que también es una duda entre los militares es hasta qué punto conocer los manuales operacionales y de inteligencia sirva para reparar a las víctimas porque en teoría ahí solo hay instrucciones para el accionar militar.

Aunque frente eso, está el argumento de que la misma doctrina militar pudo haber sido la semilla o creado el ambiente intelectual o de permisividad para la comisión de ciertos crímenes.

Esta transición y dilemas a los que se enfrenta el Establecimiento militar se da en un momento de gran incertidumbre por el arranque del nuevo gobierno que trae consigo un revolcón en la cúpula militar y seguramente el ascenso de una línea muy diferente a la que fortaleció Santos dentro de las fuerzas.