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La aspersión con glifosato avanza con el borrador de decreto emitido por el Ministerio de Justicia, pero aún queda un camino de trámites administrativos, estudios y posibles demandas que pueden retrasar el uso de la práctica en el país.
MinDefensa pone fecha para la fumigación, pero MinJusticia no se compromete
La semana pasada, el Ministerio de Justicia hizo público su borrador de decreto para reiniciar la fumigación con glifosato.
Al mismo tiempo que se publicó el decreto, que se viene prometiendo desde 2019, el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, se lanzó a ponerle fecha a la fumigación. Según Molano, en abril empezará la aspersión aérea.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que coordina los aspectos legales del retorno del glifosato, le dijo a La Silla Vacía que “no podría anticiparme a dar una fecha”. Según el ministro, “el gobierno sigue en el trámite para el cumplimiento de los demás requisitos”.
Hay al menos otros dos requisitos, sobre los cuales no hay avances claros: las licencias ambientales y los planes de mitigación de problemas de salud. Ambos requisitos están a cargo de otras entidades: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Instituto Nacional de Salud (INS).
Sobre sus avances, el ministro de Justicia nos dijo que no tiene información, pues “esas decisiones están dentro del marco funcional de esas entidades”.
Entonces, este es el panorama de lo que hay y de lo que falta para que despegue el primer avión con glifosato, que está frenado desde el 2015 cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) ordenó detener el programa (y dos años y 6 meses después de la llegada de Iván Duque a la presidencia con su promesa de reactivar la fumigación aérea).
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El decreto
La idea de este decreto, que aún es un borrador y que se encuentra en una fase de comentarios para definir su forma final, es que se cree un marco normativo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente para la aspersión con glifosato.
Este decreto es uno de los requisitos que impuso la Corte Constitucional para que regresen las aspersiones. El borrador estará publicado hasta la próxima semana para la participación de la ciudadanía. Luego debe pasar por un proceso de ajustes, pero aún no se tiene fecha de publicación final.
En el borrador de decreto se establece que la decisión del retorno del glifosato estaría en manos del CNE, que está conformado por los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Agricultura; y la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía Nacional.
El CNE también debe disponer las zonas en donde se realizarían los programas, que deben excluir las áreas que ocupan el Sistema de Parques Nacionales, los Parques Naturales Regionales, ecosistemas como páramos, humedales y manglares, y centros poblados.
Aquí, llama la atención que el decreto no menciona zonas de resguardo indígena y territorios afrocolombianos, que según la Corte Constitucional ya fueron excluidos en conceptos anteriores de la Anla.
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Licencias de la Anla
Para empezar con las aspersiones, el Gobierno además necesita la licencia ambiental cuya aprobación está a cargo de la Anla.
Este tema avanzó con la audiencia pública que se llevó a cabo el 19 de diciembre del año pasado, para modificar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig). Pero la Anla le contó a la Silla que aún no ha tomado una decisión final sobre si aprueban las modificaciones del Plan, las niegan o archivan la solicitud.
Esta audiencia se dio luego de dos suspensiones, por varias tutelas que retrasaron el proceso, como contamos en esta historia.
En otras palabras, falta el visto bueno en la entidad ambiental. Según el cronograma del Gobierno esto estaría listo dos meses después de la audiencia, es decir, que debería estar para esta semana. Pero en la Anla nos dijeron que no se podían comprometer con una fecha.
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Concepto del INS
Otra de las condiciones que impuso la Corte Constitucional para el regreso de las aspersiones es que se demuestre que los daños que generan en la salud se pueden mitigar.
Según le dijeron a La Silla Vacia, el Instituto Nacional de Salud (INS) entregó un concepto, a partir de un estudio de evaluación de riesgo realizado por el Ministerio de Salud. Este concepto contiene los posibles riesgos de la aspersión y cómo mitigarlos.
Sin embargo, el ministro de Justicia nos dijo que aún no lo conoce.
Además, a partir de este concepto, el CNE debe tomar una decisión. Pero tampoco hay fecha para la próxima reunión para revisar el documento.
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Demandas en camino
Las tutelas y demandas pueden ser otro factor que retrase el inicio de la aspersión. Como sucedió con la suspensión de la resolución 001 de 2020, por parte del Tribunal Superior de Pasto a principios de este año, que certificaba que el área definida para la aspersión excluía cualquier territorio de comunidades étnicas.
Esta suspensión se dio después de que comunidades indígenas y afrodescendientes, agrupadas en el grupo Redhpana y el colectivo Orlando Fals Borda, presentaran una tutela en la que argumentaban que muchos resguardos de comunidades étnicas no se han delimitado legalmente.
Solo cuando se hayan completado todos estos pasos, y mientras no se presenten retrasos de última hora, el Gobierno podría empezar a pensar en ultimar los detalles logísticos y económicos para comenzar la aspersión.
