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El saliente Defensor del Pueblo llegó como cuota de La U y dio puestos. En un hecho que complejiza su trabajo, al tiempo legitimó la labor de la entidad y se volcó a los territorios.
Negret, el Defensor que dio cuotas y, al tiempo, promovió los Derechos Humanos
Carlos Negret, defensor del Pueblo que deja su cargo el 1 de septiembre. Foto: Defensoría del Pueblo.
El abogado Carlos Negret, quien en un mes dejará la silla de Defensor del Pueblo, llegó al cargo como llegan muchos altos funcionarios en el país: tras una negociación política a la que él supo corresponder con favores. En un hecho que complejiza su gestión y esas formas tradicionales del poder, al tiempo, logró subirle el perfil a su entidad, cuya labor es nada menos que la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
De él se pueden decir cosas tan contrastantes como que les dio cuotas a sus colegas del Partido de La U y, también, que se volcó a los territorios como ningún otro Defensor lo había hecho hasta ahora.
Durante su gestión, la Defensoría, y especialmente la herramienta de las Alertas Tempranas que documenta en terreno y lanza la entidad, aportó para legitimar y darle peso frente al Gobierno y a la opinión pública a varias situaciones de violencia en las regiones, que incluso ya venían siendo denunciadas por organizaciones civiles cuya voz no siempre tiene tanto peso o es estigmatizada.
Por eso, ahora que se surte el proceso de selección de terna que debe armar el presidente Iván Duque para que la Cámara de Representantes elija su reemplazo, saltan varias peticiones de diversos sectores que piden al mandatario mantener un buen perfil para ese puesto.
Por ahora, y como lo hemos detallado en varias historias, se sabe que el Partido de La U sigue considerando la Defensoría un botín y está haciendo lobby frente al Presidente para mantenerlo.
El político Defensor
Negret, un abogado javeriano de Popayán, siempre ha sido cercano a la política, pero con bajo perfil. Su nombre hasta 2016 no era tan conocido como el de su tío Víctor Mosquera, exsenador; su hermano César, exgobernador de Cauca y excongresista; o su hermano Felipe, abogado, taurino y amigo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Tampoco tenía experiencia en Derechos Humanos. Él había sido cónsul en Chicago en los 90 y asesor del Bienestar Familiar y la Contraloría en los 2000. Para 2016, cuando llegó a la Defensoría del Pueblo, era secretario general de La U, la colectividad que lideraba la coalición del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien fundó y manejó ese partido durante su Gobierno.
Santos y Negret se conocieron para la campaña de 2010, que el hoy Defensor impulsó en Bogotá y Cauca; un trabajo similar hizo en la reelección de 2014. Para 2016 lo ternó como cuota de La U que a inicios de ese año le dijo explícitamente al Presidente que quería la Defensoría, como contamos en su momento. Según nos dijeron dos congresistas que votaron por él en la elección, tuvo guiño de la casa de Nariño.
Además del guiño de Santos, para la Cámara no fue difícil elegirlo ya que lo conocían muy bien. A Negret le llamaban el ‘senador 103’, en referencia a que, si bien no era congresista, podía moverse para sacar leyes de su colectividad.
Aunque la Defensoría políticamente no es tan visible como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, porque no acusa a los políticos o las entidades, sí es atractiva porque tiene una planta de personal, entre funcionarios y contratistas, de más de seis mil personas y un presupuesto de 597 mil millones de pesos, que además cuenta con apoyo de la cooperación internacional.
Históricamente ha sido un botín burocrático: al inicio de siglo lo tuvieron los conservadores con ocho años de Volmar Pérez, y previo a Negret fue cuota liberal con Jorge Armando Otálora, tristemente recordado por renunciar al cargo tras denuncias de acoso sexual, que fueron archivadas por la Corte Suprema en 2018.
Y sigue siéndolo, aunque con Negret eso ha tenido sus matices.
Como contamos en La Silla en su momento, seis meses después de su posesión, Negret ya tenía renovada la tercera parte de los 36 defensores regionales que tiene la entidad: de los 13 que nombró en propiedad, 11 fueron cuotas de los representantes que lo eligieron, ocho de ellos de La U. Aunque, aún así, la mayoría tenía experiencia en el tema.
Negret nos confirmó para esta historia que dio esas cuotas. “Muchas hojas de vida me llevaron (los congresistas) y las que veíamos que cumplían los requisitos de experiencia en Derechos Humanos se quedaron. Siempre pedimos que trabajaran como el Defensor: trabajando y escuchando”.
Cargos que él consideró clave en zonas complejas por el conflicto los blindó de los políticos: en Arauca peleó con los locales porque puso a Deison Marino, el primer sacerdote defensor regional de la historia; en Tumaco, un hervidero político, puso a Catherine Mina, quien venía de Acnur; en Vichada a Aura Upegui una defensora comunitaria; en Chocó a Lucho Murillo, un abogado con experiencia en atención en desplazamiento; o en Bogotá a Rafael Navarro, un veterano de la Defensoría que venía de Nariño; y en Meta a Ana Jiménez, una abogada especialista en Derechos Humanos.
Pero eso le trajo polémicas internas, como las críticas que nos hicieron Carlos Castro y William Salazar, por aparte, de dos diferentes sindicatos de la Defensoría, debido a que igual hubo repartija burocrática.
Las hojas de vida que cumplían requisitos las escogíamos
Incluso hubo quejas públicas: en Quindío, en 2019, hubo un plantón de ONG locales por la designación de Luisa León, una administradora experta en turismo, que como contamos es aliada del senador liberal Julián Bedoya.
Las quejas siguen hasta hoy. David Racero, representante de la bancada Decentes, mostró hace unas semanas cómo Negret seguía entregando puestos administrativos a familiares de concejales aliados y políticos cercanos a senadores de la antigua coalición santista.
“Él reconoce altisimamente el poder legislativo, algunos podrían decir que fue agradecido, pero él sabe que el Congreso tiene un rol preponderante en la democracia y como parte del Estado él tiene el deber de trabajar con ellos y de escucharlos”, nos dijo al respecto Mateo Gómez, su mano derecha y director del Sistema de Alertas Tempranas.
Pero, a la par que les dio a los políticos, Negret tomó una decisión con la cual se quitó la potestad que tenía para designar a dedo casi cuatro mil contratos de prestación de servicios de los defensores públicos, que son los abogados de las personas que no pueden pagar uno y la Defensoría los provee gratis.
Anteriormente, esos cargos eran un botín burocrático de los políticos, según confirmó La Silla con dos defensores públicos y tres funcionarios de vieja data de la Defensoría.
El cambio de Negret consistió en que ordenó que todos esos defensores tuvieran que pasar un examen de la Universidad Nacional, que costó casi cinco mil millones, como condición para que les renovaran los contratos y no a uno sino a tres años; y que los cargos fueran asignados por lista de elegidos.
El concurso se hizo y de los casi 3.800 defensores que hay se renovaron 1.800; aunque -otra complejidad- el recambio hizo que los procesos judiciales en todo el país se estancaran.
En Manizales, por ejemplo, de 19 defensores en siete juzgados, solo cuatro están en los especializados con casi 100 procesos cada uno; mientras que el resto tiene de a 20 o 30, según nos dijo un defensor público de allá. En Barranquilla, otra fuente nos contó un caso similar con los procesos de Justicia y Paz de las víctimas de los paramilitares.
Esas pelas y contradicciones internas, contrastan con la labor que Negret hizo a pulso en los territorios, que hoy son el mayor legado que le deja a la Defensoría.
El Defensor de terreno
En un país históricamente centralista, donde todas las decisiones importantes se toman en Bogotá y en muchas ocasiones las regiones son ignoradas, a menos de que haya una tragedia natural o una masacre; que Negret saliera a los territorios fue toda una novedad para políticos, comunidades, ONG y medios tradicionales.
Sobre todo porque ningún Defensor lo había hecho.
Lo hizo, según nos dijeron él y la mayoría de las 22 fuentes consultadas para esta historia, porque el Acuerdo de Paz requería la verificación de que el aterrizaje del posconflicto funcionara en terreno; mientras que otras dos fuentes, los delegados de los sindicatos con los que hablamos, nos aseguraron que era una estrategia para lavar su imagen política.
Sean cuales fueran las razones, esas 33 misiones que realizó hasta la pandemia (que le impidió un viaje por el río Magdalena hasta Barranquilla y otro que atravesaba desde Tunja hasta los llanos) le cambiaron la cara a la entidad, al menos en dos aspectos: le dieron apoyo y legitimidad a la labor de los más de dos mil defensores locales, comunitarios y analistas; y voz ante Bogotá a la información que éstos recogen en terreno.
Para ese enfoque de su trabajo y en general, Negret tuvo la estrategia de rodearse de gente que sabe de lo que él no sabía: Derechos Humanos.
Los que lo conocen le reconocen que, pese a que habla con gente de todos lados, desde el Presidente hasta guerrilleros, tiene la característica de no tener problema en admitir que no sabe algo.
“‘Mijo, si estoy equivocado, no me importa que me corrijan y mejor que me corrijan en público’. Esa es una frase constante de él, te lo dice al frente de 50 campesinos o en reuniones cerradas”, nos dijo Mateo Gómez el director de Alertas Tempranas.
“Negret te dice que sabía que no sabía pero tenía el teléfono del que sabía. Realmente logró asesorarse bien para tener perspectivas de todos los lados”, nos dijo, a su turno, Alfredo Molano Jimeno, periodista que ha seguido la labor de la Defensoría.
Eso se evidencia en que se rodeó de expertos para cargos clave.
A Jorge Calero, que lleva más de 20 años en la Defensoría y es experto en territorios y Derechos Humanos, lo nombró su Vicedefensor; a Gómez en el sistema de Alertas; a Pedro Posada, exfuncionario del Ministerio del Interior y experto en asuntos indígenas, para ser Defensor delegado de esa población; luego a Jaime Escrucería, otro experto en el tema; a Germán Pabón, delegado de cárceles y experto en derecho penal; a la doctora en derecho Paula Robledo como delegada para asuntos constitucionales.
Asimismo, implementó el Consejo Asesor en Derechos Humanos, una instancia de asesoría externa del Defensor en el que tienen asiento 10 personas, entre congresistas, universidades, delegados afro, indígenas, mujeres y campesinos, que ningún Defensor antes había implementado pese a que está en los manuales de la entidad hace casi 30 años.
Esos cambios se los reconocieron desde las organizaciones sociales, que suelen ser un grupo de difícil negociación, por sus exigencias y necesidades: “Fue un logro que él reactivara el consejo asesor que nunca había funcionado. Lo hizo porque quería entender a profundidad el tema”, nos dijo Soraya Gutiérrez, del Colectivo de Abogados José Alvear, quien compuso ese consejo.
Y para dar el salto de salir a las regiones, le pidió al hoy difunto periodista e investigador Alfredo Molano Bravo que le diseñara la primera ruta de viaje.
“Él decía: ‘Yo quiero montar a burro como Alfredo’”, nos dijo Gómez. Quería que Molano le contara y lo preparara para la ‘Colombia profunda’, que es como llaman a las zonas alejadas de la capital.
“La única manera de poder decirle al Gobierno lo que está pasando es si uno lo ha visto. Porque lo único que tiene el Defensor es su voz”, nos dijo Negret.
Arrancó en 2017 y así se convirtió en el primer Defensor del Pueblo que recorrió los 32 departamentos, donde comenzó a llamar la atención ver a un funcionario de ese nivel a lomo de burro para entrar a las selvas del Darién, en la frontera chocoana con Panamá; o pasar todo un día empapado en una reunión con campesinos porque se cayó de una canoa por un río; o dormir a la intemperie en un cabildo de la Sierra Nevada; o caminar por trochas de la cordillera nariñense o las selvas de la Amazonía.
Una labor que venían haciendo, desde hace casi 30 años, los más de dos mil analistas, funcionarios de nivel medio y bajo de la Defensoría que están desplegados en todo el país.
Que el Defensor lo hiciera, además, en pleno posconflicto, le dio legitimidad al labor del día a día a los de la Defensoría.
“Pasó de verse como una institución de oficina a una entidad de nivel central que llega a los territorios. De los 30 funcionarios que tenemos, casi por semana 15-20 estamos en terreno”, nos cuenta Mónica Colina, analista de la Defensoría en Arauca, a donde Negret llegó dos veces.
La única manera de decir qué pasa es si uno lo ha visto
“Negret dejó callados a los sectores de la Defensoría que creían que el trabajo de campo era clave”, nos dijo a su turno, otro analista en el otro extremo del país, en Chocó; “eso indudablemente le ha dado reconocimiento y altura a la Defensoría”, nos dijo otro más en Nariño.
Una impronta que le puso también a Bogotá: a Paula Robledo, su delegada para asuntos constitucionales, le dijo que no podía seguir haciendo peticiones a la Corte Constitucional para mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la Sierra Nevada si no sabía cómo vivían. Así que la envió cinco días a convivir y hablar con ellos para preparar un informe a la Corte.
A eso se suma la sensibilidad que mostró estando en terreno, y que los que lo conocen le endilgan a que siempre ha sido así porque perdió a sus padres cuando era muy niño; y a los dos cánceres que ha padecido, precisamente estando en el cargo.
Como la vez que se puso a jugar fútbol con los exguerrilleros del espacio territorial de Meta; o como cuando no pudo evitar llorar en una ranchería en La Guajira, porque una niña le dijo que ella no podía tomar agua fría y tras eso pidió al MinVivienda que como fuera buscaran cómo llevar acueducto hasta allá.
Todo eso ayudó a que las organizaciones sociales se conectaran más rápido con la Defensoría, como nos dijeron diversas fuentes, entre ellas tres de ONG y también políticos de región.
“Cuando teníamos dificultades con el Gobierno para la interlocución buscábamos al Defensor y lo encontrábamos siempre. Él se sentó a escuchar nuestros puntos de vista. Sin problema le dije a mi gente en terreno que llamara a Negret, siempre respondía”, nos dijo Claudia Mejía, exdirectora de SismaMujer y activista de la Red Nacional de Mujeres.
Hacer visible lo que no estaba saliendo bien en terreno le trajo sus roces con la Presidencia que lo ternó y le dio el guiño para llegar a la entidad y con los mismos opositores a la paz.
El Defensor 'te lo dije' ante el Gobierno
Negret comenzó a criticarle al Gobierno que los espacios territoriales donde los exguerrilleros de las Farc estaban dejando las armas no estaban lo suficientemente adecuados, como el presidente Santos y el Acuerdo prometieron.
En enero de 2018, Negret, desde uno de esos espacios en Meta, le dijo a Santos por teléfono que allá no había siquiera acueducto.
“A la semana, si no estoy mal, Santos estaba allá y volvió a llamar al Defensor para decirle que iba a mejorar las cosas”, nos dijo una persona que lo supo de primera mano.
Negret también se movió con libertad gracias a cosas como la autonomía que el Acuerdo de Paz le devolvió a la Defensoría para emitir sus propias alertas de riesgo a las autoridades, sin tener que pasar antes por la mirada del Gobierno de turno.
Lo vi quedarse solo peleando para que creyeran en sus cifras
Una potestad que le había quitado en 2003 el Gobierno de Álvaro Uribe, porque en ese entonces el ministro del Interior, Fernando Londoño, consideraba que las alertas “obstaculizaban el trabajo de la fuerza pública”.
Es decir, las advertencias y denuncias que la Defensoría recogía sobre desplazamientos, confinamientos, fallas en servicios públicos, ejecuciones extrajudiciales e inminentes ataques a la población, fueron filtradas por casi 15 años por el Gobierno que debía atenderlas.
Eso cambió en La Habana. Durante las negociaciones, organizaciones sociales y las Farc presionaron para que en el Acuerdo quedara el cambio de que la Defensoría recuperara esa autonomía y no tuviera que pasar por el veto del presidente de turno.
Consideraban que, ante el inminente recambio en la lógica del conflicto, las alertas servirían para advertirle al Gobierno y que éste actuara más pronto.
Sin embargo, Santos demoró un año la reglamentación de ese punto del Acuerdo. En las negociaciones para la reglamentación, donde estuvieron Gobierno, Defensoría y ONG, había puntos muertos por la autonomía y la plata para el sistema de alertas.
La cosa se destrabó gracias a otra presión externa: la de la hoy fallida mesa de negociación con el ELN en Quito, porque la guerrilla exigió que ese tema avanzara para seguir en la mesa. Así que el entonces negociador Juan Camilo Restrepo y Negret, fueron a Palacio a pedirle a Santos que acelerara ese reglamento.
Por fin, en diciembre de 2017, más de un año después del Acuerdo de Cuba, la Defensoría retomó la autonomía, un hecho que todas las fuentes consultadas para la historia consideran un paso clave para la protección de los territorios.
Porque, como nos dijo el vocero de la sociedad civil en la comisión nacional de garantías, Franklin Castañeda: “el Sistema de Alertas Tempranas se volvió una herramienta importantísima para diseñar una política que brinde respuestas a las comunidades”.
Se volvió el gran ‘te lo dije’ de advertencia a los gobiernos de turno de lo que iba a pasar en regiones donde el Estado simplemente no llegaba: de los confinamientos en Chocó por el clan del Golfo; de la explosión de disidencias en el norte del Cauca; del asedio de guerrillas y narcos en la frontera con Arauca.
Incluso, la Defensoría había advertido que en Bogotá había varios grupos, entre ellos el ELN, con capacidad para atentar en la capital solo semanas antes de que esa guerrilla matara a más de 20 personas en el atentado a la Escuela de Cadetes de 2019.
Que volviera la autonomía trajo otra pelea: las cifras de los asesinatos de líderes sociales.
Justo después de que le quitaran el veto, la Defensoría de Negret denunció que 282 líderes sociales habían sido asesinados desde la firma del Acuerdo hasta inicios de 2018, en un polémico informe que públicamente hizo pelear al Gobierno por ese número.
“A ningún gobierno (ni Santos ni Duque) le gustan las cifras (de la Defensoría)”, nos reconoce Negret.
A ningún gobierno le gustan nuestras cifras
Y mientras los ministros de Santos, en cabeza del de Interior, Juan Fernando Cristo, negaban el abultado número, internamente Negret peleaba para que el Gobierno y cooperantes internacionales como la ONU reconocieran como cifras oficiales las que su Defensoría daba.
“Al menos en dos reuniones vi como Negret se quedó solo peleando para que creyeran en sus cifras”, nos dijo Claudia Mejía, de la Red de Mujeres, quien participó en esos debates internos.
Ahora, son esos mismos exfuncionarios con los que peleó los que avalan sus datos.
“Hoy esa misma gente que negaba las cifras (como Cristo) las usa para decir que el Gobierno Duque no hace nada para defender a los líderes”, nos dijo un alto funcionario que trabaja con Negret.
Pese a que la Defensoría argumentó que tenía la gente en terreno para verificar esos datos y que en Bogotá también pasan un filtro, hasta hoy, las cifras oficiales las sigue manejando la ONU, que tiene menos gente en territorios.
La razón está en que, según nos dijo un alto funcionario de una organización internacional que lo sabe de primera mano, la Defensoría podría perder autonomía en la expedición y denuncia de los asesinatos si es afín al gobierno de turno, por lo que se necesita una entidad imparcial.
Pero desde la semana pasada, la consejería para derechos humanos de la Presidencia de Iván Duque en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, quien quiere que su jefe la terne para reemplazar a Negret, está impulsando la posibilidad de que esas cifras las maneje su despacho, lo que pondría un manto de duda sobre la veracidad de las mismas y su autonomía.
Una pelea que ya no le tocará a Negret, sino al que llegue, si es que no es del bolsillo del Presidente.
El Defensor del futuro
Cuatro años después de llegar al cargo, y después de casi morirse por un cáncer y una obstrucción intestinal, el Defensor dice que no sabe qué hará después. Nos aseguró que buscará seguir defendiendo los Derechos Humanos de los que aprendió estando en el puesto; un amigo de él nos dijo que su gusto por la política no se ha ido.
Mientras resuelve ese dilema, los que lo criticaron dentro y fuera de la Defensoría, así como los que lo apoyaron desde organizaciones civiles, y de Derechos Humanos, le piden a Duque que terne a expertos en el tema, para continuar su labor.
El temor es que, con un Gobierno opositor al Acuerdo de Paz y con evidentes roces con las organizaciones sociales, el Defensor que llegue sea de bolsillo y afín a los postulados del uribismo.
Esperamos que su reemplazo esté a la altura
“Hay funcionarios que se legitiman cuando cumplen sus deberes con la gente y eso fue lo que él hizo. Y por eso buscamos que el próximo defensor no responda a intereses políticos.”, nos dijo Soraya Gutiérrez, del colectivo de abogados. Desde esa organización, así como los sindicatos de la Defensoría, y grupos de defensa de Derechos Humanos buscan hacer presión para una terna que no responda a Duque.
“Durante su mandato, revitalizó la credibilidad de la Defensoría del Pueblo y la acercó a las comunidades más remotas del país. Esperamos que su reemplazo esté a la altura y pueda afianzar el importante legado de Negret”, nos dijo José Miguel Vivanco, el director de la influyente Human Rights Watch para las Américas.
Un temor que también se siente en la Defensoría. Al menos seis funcionarios, entre analistas en terreno y de vieja data, prevén que un nuevo jefe cercano al uribismo les impida expedir las alertas, porque ahora es el Defensor desde Bogotá el que las revisa y las firma.
“Por eso desde marzo estamos pidiéndoles que nos dejen sacar las alertas desde la región. Sabemos que si llega un uribista nos puede quitar todo el camino que logramos”, nos dijo un funcionario que pidió no revelar su nombre para evitar represalias del próximo jefe.
Más allá de eso, la Defensoría, como nos dijeron todos los consultados, es más que Negret o las cuotas políticas que entregó. La labor, que el mismo Negret ayudó a impulsar, es la que muchos buscan ahora proteger.
