El reciente decreto del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que permite la construcción de ciclorrutas en los humedales no sólo alebrestó de nuevo a los ambientalistas, sino que se sumó a otras cinco decisiones que le han servido a ese movimiento social para calentar los motores del debate que pinta más fuerte, debido a su magnitud: el de urbanizar la mayor parte de la reserva Thomas Van der Hammen, en el norte de la ciudad, con el fin de construir casa para 450 mil familias.
Para hacerlo, el Alcalde debe lograr que la CAR apruebe su proyecto de modificar los límites de la Reserva, para lo que necesita primero que el Ministerio de Ambiente defina los términos en que debe presentar esa propuesta. Espera que eso sea en las próximas semanas. Y si la CAR le da luz verde, Peñalosa incluirá el proyecto en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que debe discutir el Concejo el año entrante.
Por lo pronto, estas seis decisiones ya tienen a los ambientalistas, uno de los grupos que primero comenzó a organizarse dentro de la oposición a Peñalosa, organizados contra la Alcaldía en veedurías, mesas de discusión e incluso en los tribunales poniendo demandas. La administración responde que sus políticas tienen sustento técnico.
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La decisión: El 20 de octubre Peñalosa firmó un decreto que modifica la política Distrital de Humedales (que creó Lucho Garzón en 2007), para que en ellos se puedan construir obras como ciclorrutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados.
La controversia: Los ambientalistas que hacen parte de la Mesa Distrital de Humedales (un espacio en el que se encuentran con la Alcaldía) cuestionan la decisión por considerar que no es claro el impacto de obras de ese tipo en esos ecosistemas, por más que el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, argumente que en caso de hacerlas servirán para “recreación pasiva”, es decir, de bajo impacto.
El otro argumento de la Alcaldía es que el POT vigente, del 2000, sí permite esas obras en los humedales, por lo que la Política definida en 2007 no podía prohibirlas.
En qué va: La decisión ya está tomada, aunque desde la semana pasada comenzó la discusión en la Mesa Distrital de Humedales (en la que no fue discutido antes). Sus integrantes de la sociedad civil anunciaron que insistirán en que el Distrito les presente un plan detallado de lo que pretende hacer en los humedales.
La decisión: El 3 de marzo Peñalosa firmó un plan urbanístico previsto en el POT desde el 2000 para asegurar el espacio en el que caben 150 mil viviendas en 1.800 hectáreas del norte de Bogotá, llamado Lagos de Torca y ubicado al lado de la Reserva Thomas Van der Hammen. Su idea es tener viviendas de todos los estratos, ciclorrutas y Transmilenio y expandir la ciudad de manera ordenada para que la gente que necesita casa no se siga yendo a otros municipios.
La controversia: Técnicamente, Lagos de Torca no toca la Van der Hammen (como sí lo hará el plan de Peñalosa para urbanizar parte de esa reserva, que se discutirá en el POT). Sin embargo, sí se meterá en un sector que los ambientalistas consideran que sería la puerta de entrada a acabar con la función que cumple la reserva: conectar los Cerros Orientales con el Río Bogotá. El Minambiente, además, pidió hace 17 años que en esa zona se propiciara la conformación de áreas verdes.
Para echar a andar el proyecto Peñalosa se blindó con el visto bueno que le dieron el propio Minambiente y la CAR, argumentando además que la conectividad Cerros-Río sí se mantendrá.
En qué va: La veeduría creada en defensa de la reserva, en la que se encuentran, entre otros, Sabina Rodríguez Van der Hammen, nieta de Thomas Van der Hammen, y María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Planeación de Gustavo Petro, demandó el decreto que echó a andar Lagos de Torca, argumentando que incumplía con el mandato de proteger la reserva y mantener la conectividad. Ese pleito está en curso.
La Alcaldía, mientras tanto, busca la plata para comenzar las obras. El esquema que creó es que los constructores deben poner los 4 billones de pesos que se calcula cuesta todo el proyecto, y hasta ahora hay expresiones de interés por 550 mil millones. La meta es arrancar con 700 mil millones, que estarían listos en marzo de 2018 y permitirían contratar estudios y diseños de las vías que se harían allá.
La decisión: El 27 de junio Peñalosa firmó un decreto que acabó el programa que obligaba a las empresas que operan los buses de Transmilenio y el SITP a instalar filtros en los exostos y así reducir al máximo la contaminación del aire. En la misma decisión les abrió la oportunidad para usar, voluntariamente, la tecnología que consideren más apropiada para reducir las emisiones.
La controversia: Ese decreto terminó con uno de los pilares del Plan Decenal de Descontaminación del Aire, que expidió la Alcaldía de Samuel Moreno con ayuda de la Universidad de los Andes. Y como las pruebas con los filtros las hizo la Universidad Nacional, entre los principales críticos de esa decisión están, como lo contó La Silla, académicos de esas instituciones que dicen que si había problemas para implementar el programa, la solución no era acabarlo. Además porque no ven una solución más efectiva.
El alcalde tomó la decisión argumentando que las pruebas demostraron que esos aparatos no servían en todos los carros, a lo que se sumó que los operadores demandaron el programa por esa misma razón y porque les salía muy caro. Y esto último también lo tuvo en cuenta la Secretaría de Ambiente para decirle no al programa, por lo que la decisión también fue vista por los críticos como una concesión a esas empresas.
En qué va: En medio de la controversia, la Alcaldía argumentó que lo mejor para acabar con la contaminación de los buses es renovar la flota vieja para que llegen más buses eléctricos y con combustibles menos contaminantes, y para eso está armando una licitación que permita comprar carros nuevos y ponerlos a rodar entre finales de 2018 y comienzos de 2019.
La decisión: Peñalosa decidió, con base en estudios de la Nacional y del Banco Mundial, mantener el Relleno Doña Juana donde está (entre Ciudad Bolívar y Usme) por 70 años más, a pesar de que solo tiene licencia para operar ahí hasta 2022.
La controversia: La principal resistencia a esa decisión es de los habitantes de al menos seis barrios aledaños a Doña Juana, que han protestado por los problemas de salud que les trae vivir a su lado y pedir que se lo lleven para otra parte.
Esa causa también la han asumido, desde los partidos, la izquierda del Polo y el petrismo, así como el Mira, y se ha colado en las justificaciones de la revocatoria. Además, la empresa encargada de la operación ha sido sancionada varias veces por hacer mal su trabajo.
La Alcaldía argumenta que, según los estudios, es inviable poner el relleno en otro lugar de Bogotá.
En qué va: Peñalosa debe presentar una solicitud ante la CAR para extender la vida útil del relleno. Está por verse si se la aceptan porque ya en 2014 esa entidad había ampliado la licencia con la condición de que el Distrito buscara otro lugar.
La decisión: En el Plan de Desarrollo Peñalosa logró que le aprobaran la construcción de un sendero en los Cerros de Bogotá que sirva para que la gente pueda caminar y disfrutar de esa reserva y, al tiempo, como cortafuegos de los frecuentes incendios que ocurren allí y que los bomberos no pueden atender fácilmente. La meta del Plan de Desarrollo es dejar listos 15 kilómetros en 2020.
La controversia: Aunque no hay diseños, el gran temor de la Veeduría para la Protección de los Cerros es que las obras afecten esa reserva, cuyo plan de manejo prohíbe el uso turístico masivo (los planes iniciales de la Alcaldía eran que el sendero lo recorrieran un promedio de 70 mil visitantes anuales).
De hecho, cuando el Tribunal de Cundinamarca definió qué viviendas de los cerros no se pueden tumbar, el magistrado César Palomino, encargado de ese proceso, dijo que Peñalosa debía aterrizar su proyecto porque tal y como lo había planteado excedía lo permitido.
En qué va: La Alcaldía hasta ahora estructura el proyecto. En las próximas semanas adjudicará un contrato por $6 mil millones de pesos para hacer los estudios de impacto ambiental y los diseños del sistema contra incendios.
Escuche nuestro podcast sobre este tema.
La decisión: El Secretario de Ambiente, Francisco Cruz, firmó en febrero una resolución que eliminó las medidas de protección a Cerro Seco, una zona de 148 hectáreas en (una y media veces el parque Simón Bolívar) en Ciudad Bolívar, usada como destino turístico ambiental.
La controversia: Organizaciones ambientales de Ciudad Bolívar, y otras que hacen su labor en toda la ciudad, cuestionan la decisión porque sin las medidas de protección se le puede dar vía libre a la minería y afectar ese bosque seco, que han llamado “la Van der Hammen del Sur”. Allí, de acuerdo con lo que encontró la alcaldía de Gustavo Petro cuando decidió blindarla, hay insectos, plantas y aves endémicas que deben ser protegidos.
El argumento de la administración Peñalosa es que mantener la medida de conservación era un riesgo jurídico porque eso significaba cambiar el uso del suelo y la competencia para eso es del Concejo, no de la Alcaldía.
En qué va: Aunque los ambientalistas afirman que la medida se tomó para urbanizar la zona, la Secretaría de Planeación dice que no hay solicitudes de ese tipo.
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