Este es el caso por el que enredan a Marcelo Torres

A Marcelo Torres, exalcalde de Magangué de los verdes, la Fiscalía le imputó cargos por peculado por apropiación, celebración de contrato sin lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. La razón: haber suscrito un convenio por más de mil millones de pesos con la cooperativa Coomulsalud para la atención alimentaria de la primera infancia magangueleña que, según el ente acusador, no se ajustó a la Ley y en últimas no fue ejecutado, lo que ha producido toda una tormenta política nacional.

Reconocido por su trayectoria en la izquierda democrática como una de las primeras voces que se alzó en contra de la combinación de las formas de lucha, fundador del Partido del Trabajo de Colombia y exsenador, Marcelo adquirió reconocimiento nacional en 2011 al ganar el pulso por la Alcaldía de su natal Magangué a la temible empresaria del chance Enilse López “La Gata” (condenada por homicidio y concierto para delinquir). Y enarbolar en su municipio las banderas del “verdadero cambio”, eslogan con que identificó a su Gobierno que paradójicamente hoy está inmerso en un escándalo de corrupción.

La reacción del exalcalde, junto con su partido Alianza Verde y otros líderes como Gustavo Petro, fue calificar su captura como una persecución política, a tal punto que ésta fue el florero de llorente que desató la pelea en el Congreso entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y la senadora y candidata presidencial verde Claudia López. Razón por la que quisimos averiguar los detalles del caso.

El convenio y las presuntas irregularidades (que ya había denunciado Simón Gaviria)

El convenio que tiene en la cárcel la Picota a Marcelo, después de que el juez segundo promiscuo de Magangué le ordenara prisión preventiva intramuros, se firmó el 25 septiembre de 2015 (a tres meses de dejar su cargo) bajo la modalidad de contratación directa entre la Alcaldía de Magangué y la Cooperativa Multiactiva Salud Social Coomulsalud.

Contemplaba la atención de 310 niños en algún grado de desnutrición y de 170 madres gestantes, por un valor de 1.038 millones de pesos de los cuales 76 millones eran asumidos por el contratista y los restantes 961 millones de pesos por el municipio con plata de regalías.

De acuerdo con la Ley 1283 de 2009, los municipios están obligados a invertir el 1 por ciento de sus regalías para programas de nutrición y seguridad alimentaria, pero dicha inversión solo se puede hacer bajo la figura de un convenio interadministrativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) algo que en el caso de Magangué no se dió.

Este es uno de los principales argumentos de la Fiscalía, que asegura que la contratación de manera directa con Coomulsalud muestra una violación a la ley antes mencionada y los decretos reglamentarios, que tanto el Departamento Nacional de Planeación como el ICBF emitieron para regular la inversión de recursos de regalías en nutrición y salud.

El convenio contemplaba el giro del dinero en tres pagos: un anticipo del 50 por ciento por el valor de 480 millones de pesos y dos más del 25 por ciento, cada uno previa entrega de informes de cumplimiento y recibido a satisfacción por parte del interventor Jorge Enrique Prasca Mejía, a quien la Fiscalía le imputó los mismos delitos que a Marcelo.

El pago del 50 por ciento se hizo, según la información aportada por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos, el 16 de octubre de 2015 por medio de dos cheques girados de la cuenta de la Alcaldía que contiene los recursos de regalías a la de Coomulsalud, uno por 300 millones de pesos y el otro por 162 millones, para un total de 462 millones.

Luego de esos dos primeros pagos, la presuntas irregularidades del convenio empezaron a ser denunciadas por el entonces presidente del Concejo, el liberal Fejed Alí Escobar, primo del actual alcalde Pedro Alí Alí, quien como contamos en La Silla Caribe fue electo con aval de Cambio Radical pero estuvo apoyado por el grupo de “La Gata”.

En diciembre de 2015 Alí Escobar ofició a la Secretaría de Salud, en cabeza de Candy Arrieta González; a la Secretaría General de la Alcaldía, cuyo titular era Yalil Arana Payares; y al ICBF seccional Magangué, preguntando a todos por el estado del contrato.

El 4 de diciembre la entonces Secretaria de Salud le contestó en una carta: “No tengo conocimiento si ese contrato fue aprobado, adjudicado y desconozco la empresa que lo esté ejecutando, tampoco tengo conocimiento si soy la supervisora de este porque a mí no se me ha notificado de esta supervisión”.

A la respuesta del ICBF no tuvimos acceso, pero ésta es referenciada por el oficio que el 11 de diciembre envía Arana Payares, entonces secretario General, a la Secretaría Jurídica en cabeza de Juan Carlos Fernández Gómez, quien también está imputado por este convenio con los mismos delitos que Marcelo, después de responder un derecho de petición interpuesto por Alí Escobar en el que señala las falencias en el cumplimiento de los requisitos legales del contrato.

En dicha carta, el entonces funcionario Arana Payares hace cuatro observaciones jurídicas al convenio y señala que le falta la firma del estudio previo, la notificación a la Secretaría de Salud en calidad de supervisora, la aprobación por parte del Consejo de Política Social de Magangué (todos requisitos legales) y por último dice que: “debido a que no fue posible cumplir con la norma descrita en cuanto a la suscripción de un convenio interadministrativo con el ICBF, recomendamos articular con esta entidad para cumplir satisfactoriamente con el objeto contractual”.

Esa comunicación fue previa al último pago y es usada por la Fiscalía para mostrar que el exalcalde fue puesto en conocimiento de las supuestas irregularidades del convenio y aún autorizó un pago final al contratista por valor de 462 millones de pesos el 31 de diciembre de 2015, último día de su Gobierno, que fue recibido en la cuenta corriente de Comulsalud el 6 de enero de 2016, ya con Marcelo fuera de la Alcaldía.

De acuerdo con una fuente al interior del Concejo de Magangué consultada por La Silla Caribe, el día 22 de diciembre de 2015, Rafael Pérez, representante legal de Coomulsalud, se reunió en el Concejo con Alí Escobar y el también concejal Roberto Tobio (Partido de La U), opositores de Marcelo y quienes posteriormente presentan la denuncia penal que da origen a la investigación de la Fiscalía.

En esa reunión, afirmó la fuente que lo sabe de primera mano, los concejales pusieron al tanto al contratista de las supuestas irregularidades del contrato y le advirtieron que denunciarían si éste recibía el último pago, por el cual había viajado de Cartagena a Magangué ese día.

Según la fuente, el contratista les dijo a los concejales que no recibiría el pago y se fué del municipio, pero, el último día del año, como denunciaron Alí Escobar y Tobio y como corrobora la Fiscalía en su informe ejecutivo del caso, se pagó la mitad restante del convenio.

Antes de producirse la captura del exalcalde el pasado 3 de octubre, esta suma de presuntas irregularidades ya las había hecho públicas el entonces director del DNP, Simón Gaviria, en una visita el 2 de agosto del año pasado a Bolívar en el marco del evento Exporegalías 2016.

Ahí Gaviria le exigió públicamente al actual alcalde, Pedro Alí Alí, que hiciera efectiva la póliza de cumplimiento al contratista del convenio que firmó Marcelo y que fue mostrado por la cabeza del DNP como uno de los 24 casos más preocupantes de corrupción con recursos de regalías en el país.

Entre lo que dijo Simón Gaviria desde el año pasado sobre el convenio de Marcelo está la no publicación del contrato en el Secop, y deficiencias en su ejecución, como la entrega de paquetes alimentarios incompletos, el almacenamiento de los mismos sin cumplir las especificaciones o la complementación nutricional no acorde con las edades de los menores beneficiados.

En ese evento, el alcalde Pedro Alí Alí instó la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría a producir resultados sobre las denuncias que habían instauradas por motivo del convenio firmado durante la administración de Marcelo Torres.

Ante estos hechos la Fiscalía decidió imputar los cargos antes mencionados y pedir la prisión intramuros, la cual fue concedida por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Magangué porque con su actuación Marcelo Torres “no promovió los derechos de los más desfavorecidos”, como lo afirmó en la audiencia.

Esa decisión es considerada por la defensa del exalcalde y por su círculo cercano como exagerada para un dirigente de 72 años que ya no ocupa cargos públicos, que no tiene capacidad de incidir en la decisión judicial que se tome sobre su caso y que tampoco ha dado muestras de querer volarse.

¿Persecución política?

“Primero va a la cárcel Marcelo Torres que yo”. Esa frase se la adjudicó Francisco Castañeda, abogado miembro del PTC que fundó Marcelo y edil de la localidad de Kennedy en Bogotá por la Alianza Verde y muy cercano al exalcalde, a “La Gata”,pero nos la fue repetida por dos fuentes más por aparte, un periodista y un congresista, para explicarnos la rivalidad tan grande que existe entre estos dos personajes.

Y es que Marcelo en 2012 logró lo impensable: ganar la alcaldía de Magangué en su tercer intento y arropado bajo la Alianza Verde, peleando de frente contra la clase política tradicional del municipio, el principal fortín de “Doña Enilce” como también es conocida la exempresaria del chance, quien cumple su pena en el Hospital Universitario Cari de Barranquilla alegando problemas de salud, y desde allí sigue dando apoyos a candidatos y manejando su estructura política propia. 

Eso le valió a Marcelo ser el enemigo público número uno de López y sus gatos, a los cuales el propio exalcalde les adjudicó dos intentos de atentado contra su vida durante sus años de gobierno y múltiples amenazas.

Por eso, su traslado de Bogotá, en donde reside desde que dejó la Alcaldía, hasta Magangué para la audiencia de imputación de cargos, significaba poner en riesgo su integridad.

El día que lo capturaron, Marcelo había llegado por sus propios pies a la Fiscalía de Bogotá para rendir una versión libre y ampliar unas denuncias sobre la falsificación de su firma, en un caso distinto, cuando le informaron que tenía una orden de captura expedida por un juez de San Juan de Nepomuceno por el caso del convenio y lo trasladan a Magangué, pese a que solicitó que se legalizara su captura en la capital.

Entre las pruebas que tiene Marcelo para defender su inocencia están las copias a toda la contratación suscrita durante su administración, junto con los soportes documentales del cumplimiento del convenio suscrito con Coomulsalud, los cuales cual guardó, según Francisco Castañeda, previniendo posibles represalias en su contra.

Sin embargo, varios de esos documentos fueron presentados por la defensa en la audiencia de imputación que se surtió la semana pasada en Magangué y fueron desestimadas por el juez al no tener las firmas correspondientes.   

Así nos lo explicó el abogado que llevó el caso de Marcelo durante la audiencia, Javier Arriola, quien nos dijo que a petición de su cliente apeló la decisión del juez de dictarle medida de aseguramiento intramuros y en 15 días aproximadamente debería haber una decisión de segunda instancia sobre si el exalcalde permanecerá preso en Bogotá.

Para sostener su argumento de persecución política, los allegados a Marcelo señalan que su captura se da por la acción del mismo fiscal, Gustavo de la Ossa, que en abril de este año le había imputado al exalcalde los mismos cargos de peculado por apropiación, falsedad ideológica y celebración de contrato sin requisitos legales por la construcción de un coliseo de boxeo en Magangué.

En ese proceso, también le fue ordenada captura a Torres pero un juez de garantías de Bogotá, a donde se trasladó el caso, consideró que no había elementos probatorios suficientes para privar a Marcelo de su libertad.

Entre los argumentos de la defensa en ese otro caso, se alegó que al exalcalde le habían falsificado la firma al momento de suscribir el contrato para la construcción del coliseo, por lo que se interpuso una denuncia sobre este hecho, la misma que fue a ampliar Marcelo el dia de su captura.

En La Silla Caribe tratamos de hablar con Marcelo, pero al momento de terminar esta historia aún no había llegado a su sitio de reclusión en la cárcel la Picota de Bogotá proveniente de Magangué. La última comunicación que se conoce de él es un trino emitido el 10 de octubre que afirma: “Colombia sabe que no soy un delincuente. Preserven mi vida y den garantías procesales. Demostraré mi inocencia”.