Silla Pacífico

Mañana volverá una comisión del Gobierno a dialogar con los indígenas. Así fueron los primeros intentos este sábado. Foto: Alto Comisionado para la Paz.

Las protestan que paralizan el suroccidente del país y completan una semana pueden ir para largo, por tres factores que dificultan un punto de encuentro de las partes.

Mañana una nueva comisión del Gobierno Nacional, encabezada por los ministerios del Interior y Agricultura, irá al Cauca para dialogar con la comisión política de la Minga Social, encabezada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que desde hace una semana tiene paralizada la vía Panamericana que une al centro y sur del país con al menos 20 mil personas.

 

No obstante las reuniones que tuvo ayer el presidente Iván Duque con los gobernadores de los cuatro departamentos más afectados (Cauca, Valle, Huila y Nariño), y con alcaldes y políticos del Cauca, es poco probable que su comisión logre que se levante la movilización pronto.

Esto porque la Minga no se baja de exigir que vaya Duque, porque dicen que los ministros y viceministros los engañaron en las negociaciones del Plan Nacional de Desarrollo.

(De hecho, la negativa de Duque de ir al Cauca fue la razón por la que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, no apareció en la foto final de la reunión entre el Presidente y los mandatarios regionales).

Lo que detonó la molestia indígena fue que el capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo que se concertó entre el Gobierno y los indígenas en la Mesa Permanente de Concertación no quedara en el articulado del Plan sino como anexo, por lo que piden que se asegure una partida presupuestal. Lo que quieren, según dos dirigentes del Cric, es que los 10 billones de pesos que Duque anunció como inversión para los cabildos queden comprometidos; también piden que se incluya el presupuesto en el PND para cumplir con el decreto 1811 que firmó el Gobierno Santos en la minga de 2017 y que, como contamos , les da prioridad a los acuerdos en la asignación de presupuesto en las diferentes entidades. Otros puntos, más amplios, van hacia el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, retomar el diálogo con el ELN, la defensa del medio ambiente, el páramo de Santurbán, atacar el fracking y detener la entrega de títulos mineros a multinacionales

Además hay al menos tres particularidades que hacen esta minga más parecida a la que enfrentó Álvaro Uribe en 2008 que a las de 2013, 2016 y 2017.

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A Duque lo recibió una minga con más gente

A diferencia de la minga de noviembre de 2017 que organizaron los indígenas del Cric del Cauca y Onic a nivel nacional, en esta ocasión protestan además el Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) los indígenas Misak -que no suelen acudir a las vías de hecho-; los campesinos agrupados en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el Comité de integración del Macizo Colombiano (Cima) y Marcha Patriótica.

Se sumarían en los próximos días indígenas del Bajo Cauca y también sindicatos de trabajadores.

Según el integrante del comité político del Cric, Giovanny Yule, el número total de manifestantes ronda las 20 mil personas, lo que permite multiplicar los puntos de concentración y de bloqueo de vías. Eso le da a la Minga más cobertura territorial, mayor potencial de resistencia y por ende una mayor capacidad de generar presión.

Según Yule hay por lo menos once puntos de bloqueos como la vía que comunica Cauca con el sur del Huila, el sector de Patico en zona rural de Puracé, en el municipio de Totoró, Morales, la vía del municipio de Suárez a Santander de Quilichao, la vereda El Cairo en Cajibío, la vereda el Pital en Mondomo, entre otros, que tienen sitiado a Cauca.  

Y es precisamente el bloqueo lo que hace “no haya confianza” para el diálogo, según dijo Duque ayer tras la reunión con los gobernadores y ha condicionado el diálogo al levantamiento de éstos.

“Mucha gente está en contra de eso (el bloqueo), y tienen mucha razón porque hay muchas afectaciones, pero hay muchas afectaciones hacia nosotros también”, nos dijo Cristian Carvajal, miembro del Pupsoc y de la comisión política de la Minga.

Los grupos coinciden en su inconformismo con las políticas del Gobierno Nacional y en que sus pliegos de peticiones pasados no han sido cumplidos.

No obstante, según reveló Caracol Radio ayer, de los 76 compromisos de 2017 que debía ejecutar el Gobierno, 26 están cumplidos, 37 tienen avances y solo 2 no fueron cumplidos, que tienen que ver con compromisos de los ministerios de Salud y TIC.

 
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Hay más riesgo de un polvorín con grupos armados

Como hemos contado, en el norte del Cauca hay presencia de disidencias del frente sexto, Los Pelusos y  Eln, que han venido creciendo tras la salida de las Farc.

Por eso es mayor la probabilidad de enfrentamientos y hostigamientos entre grupos armados y la fuerza pública, con civiles en medio del fuego cruzado.

Ayer, cuando la fuerza pública acompañaba el corredor humanitario por Suárez, una de las únicas vías de acceso al departamento que no está bloqueada, miembros del frente sexto comandados por alias Mayimbu hostigaron a la Policía y el Ejército.

El otro peligro derivado de la presencia de más grupos armados, es el señalamiento de posible infiltración de la Minga por parte de estos ilegales, lo que aumenta la tensión.

Por ejemplo, el sábado el comandante de la Policía en el departamento, coronel Fabio Rojas, anunció investigaciones sobre si las disidencias infiltraron la marcha, aunque ayer reconoció que no hay pruebas que permitan determinar que eso pase.

“Que nos digan que estamos infiltrados nos pone en peligro”, nos dijo el miembro del comité de la minga Cristian Carvajal. “Ya el Ministro de Defensa y el Presidente han dicho que van a contrarrestar la Minga militarmente y ya tenemos más de 30 heridos (otro vocero nos dijo que 20) 3 de gravedad”, nos dijo Yule, del Cric.

Una alta fuente de la Defensoría del Pueblo nos confirmó que durante su acompañamiento a la Minga no ha visto presencia de grupos armados.

“Las posturas del movimiento indígena son muy fuertes con todos los sectores de la sociedad y con los grupos armados ilegales también”, nos dijo el gobernador del Cauca, Óscar Campo, tras su reunión con el presidente Duque. Con eso, descartó la versión de la infiltración de grupos armados.

Según Edwin Capaz, coordinador de derechos humanos de la Acin, la guardia indígena frustró 17 intentos de infiltración de grupos ilegales el fin de semana.

A eso se suma que uno de los puntos de la Minga tiene que ver con la protección a líderes sociales, toda vez que Cauca es el departamentos con más asesinatos, cometidos precisamente por los grupos armados ilegales.

“En Cauca es donde más líderes han asesinado y nadie responde. Hay que salir a la vía o nunca nos van a tener en cuenta”, nos dijo el integrante del comité político del Cric, Adolfo Conejo.

 
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Los que negocian son opuestos políticos

Otra razón para que sea tan difícil sacar al diálogo del punto muerto en el que está es que el Gobierno y los indígenas se ven como opuestos políticos, lo que hace que la protesta sea un escenario para medir fuerzas.

Seis de las ocho fuentes consultadas para esta historia, incluidos tres miembros del Cric, uno de Pupsoc, un periodista y una fuente humanitaria, nos confirmaron por aparte que esa distancia se nota en que la Minga ahora no acepta dialogar con ministros y viceministros, como hicieron durante el Gobierno Santos.

La distancia también es visible en que el pliego de peticiones apunta a causas más estructurales e ideológicas del choque que a compir compromisos o conseguir más plata. Por ejemplo, la Minga pide respetar el Acuerdo de Paz (en Cauca arrasó el Sí en el plebiscito de 2016), no objetar la JEP (uno de sus siete macrocasos es sobre los crímenes en Cauca), la defensa del medio ambiente o la negativa al fracking.

“Esta Minga se hace en el marco de un contexto político en el que llega un Gobierno que quiere retroceder en los derechos sociales, económicos y culturales de los indígenas y campesinos”, nos dijo Conejo, del comité político del Cric.

De hecho, la Minga comenzó a planearse poco después del inicio del Gobierno Duque. “No supimos de qué momento a otro pasamos de hablar de paz y ahora hablamos de guerra. No quedó otra razón que salir a las vías”, insistió Carvajal.

“Además del histórico incumplimiento del gobierno con los acuerdos incumplidos a indígenas y campesinos, también es innegable un pulso político", nos dijo el investigador y experto de nuestra Red Étnica, Carlos Duarte. 

"Tanto Duque como los procesos sociales en Minga quieren demostrar fuerza, ambos tienen intereses que defender. Es evidente una relación de fuerza que el Gobierno actual quiere cambiar porque, los resultados de las últimas elecciones presidenciales les fueron ampliamente desfavorables en Cauca”, insistió.

Los sectores sociales de Cauca, incluyendo a los indígenas del Cric, apoyaron a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Petro dobló a Duque, con 323 mil votos contra 160 mil, y hacen parte de un espectro ideológico contrario al del actual mandatario.

Justamente, desde el sábado el Gobierno y sus aliados dicen que detrás de la Minga hay intereses electorales.

Ese día el senador Álvaro Uribe trinó un video del indígena misak Jesús Antonio Montaño denunciando que la Minga es ilegal y contiene “intereses políticos de la izquierda”.

Montaño es un viejo aliado del uribismo dentro de los Misak: fue precandidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Silvia en 2015, pero no compitió en las elecciones porque la Procuraduría lo incluyó en un listado de posibles inhabilitados para participar en esas regionales.

Otros indígenas Misak rechazaron estas declaraciones y dijeron que Montaño "no los representa".  

Sin embargo, la crítica tuvo eco y ayer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijeron que detrás de la Minga hay intereses políticos, en parte por la presencia del senador del partido Farc, Pablo Catatumbo, en la reunión de negociación del mismo sábado.

Más allá de lo anecdótico, es difícil que la Minga dé réditos electorales en octubre.

Eso porque, como hemos contado, los sectores alternativos en Cauca no están unidos en torno a una candidatura; históricamente algunos barones electorales tradicionales se han aliado con los movimientos indígenas para poner Gobernador, como fue el caso de las dos elecciones del hoy senador vargasllerista Temístocles Ortega.

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