La llegada de dos nuevas empresas a manejar el servicio de energía en el Caribe mejorará paulatinamente el servicio, pero solo se pondrá al día en 2030.
La solución de Electricaribe arranca ahora, pero se demora en llegar
Ayer con bombos y platillos el presidente de la República, Iván Duque, oprimió el interruptor simbólico con el que el Gobierno espera que renazca el servicio de energía eléctrica en el Caribe que por años ha sido el dolor de cabeza de los diez millones de habitantes de esta región del país.
Lo hizo en el acto protocolario en el que el Gobierno entregó la operación del servicio de distribución de energía eléctrica de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Atlántico al Consorcio Energía de la Costa (conformado por la Empresa de Energía de Pereira SA ESP y la firma de inversión Latin American Capital Corp SA ESP, del grupo de Alberto Ríos Velilla) y de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar a Empresas Públicas de Medellín, EPM, que a partir de este jueves empezarán a manejar la electricidad que llega a los hogares y empresas de la región.
La “prendida” del interruptor llegó con confeti y aplausos de empresarios, gremios y políticos del Caribe que lo acompañaron en los actos protocolarios que se hicieron en Barranquilla y Cartagena, las ciudades que serán sede de las empresas que reemplazarán a la desprestigiada -y ya liquidada- Electricaribe.
Un acto que le da a Duque un triunfo que mostrar y un respiro en un momento en el que es golpeado por su manejo a los abusos de la Fuerza Pública, las masacres que azotan en las regiones y la detención de su padrino Álvaro Uribe, entre otros; y que llena de ilusión a los habitantes de la región que por años han padecido un mal servicio de energía que ha costado hasta vidas humanas y billones de pesos del presupuesto nacional.
Aunque es una buena noticia que promete y marca un hito, y en medios locales fue registrada como el final de una pesadilla, en realidad aún falta para que ese interruptor de buen servicio en el Caribe se ponga a la par del resto del país.
La razón simple es que, aunque Electricaribe se fue, la infraestructura con la que ha funcionado el operador permanece y necesita inversiones millonarias.
Las inversiones prometidas se reflejarán en el servicio en unos años e implicarán también en el largo plazo un aumento en las tarifas de energía eléctrica en la región donde un hogar de clase media puede pagar al mes hasta 300 mil pesos por su factura.
Respiro a Duque al solucionar un problema viejo
En el discurso de ayer que le dio un respiro frente a varias crisis, Duque recordó que, desde campaña, uno de sus retos fue solucionar el problema de energía en la Costa y aseguró que “empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región”.
Asimismo, resaltó el trabajo de su equipo (la superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño, el ministro de Minas Diego Mesa y el de Hacienda, Alberto Carrasquilla, entre otros), el del contralor Carlos Felipe Córdoba, el de la bancada costeña en el Congreso y el de los mandatarios locales.
En redes sociales y en medios locales y nacionales, mandatarios locales y congresistas no escatimaron elogios para el Presidente.
A su vez, estos recordaron sus movidas para pujar a la salida de Electricaribe con un malestar que, como pocas veces, juntó a parte importante de los políticos y se volvió el problema común de la región. Como contamos en 2018, la bancada Caribe en el Congreso (creada en 2014) sirvió de poco para solucionar otros temas clave de la región.
La celebración fue desde el superpoderoso del Caribe y exalcalde de Barranquilla, Álex Char, hasta concejales de la región.
También se dieron golpes de pecho congresistas y exmandatarios de todos los departamentos y de casi todos los partidos políticos recordando intervenciones públicas, plantones y proyectos contra la empresa de energía.
Todo este autobombo se dio, pese a que los propios políticos del Caribe reconocen que se trata solo de un paso importante, pero aún no definitivo.
Así que, aunque en la costa no se ahorraron esfuerzos en celebrar, es claro que los daños estructurales históricos no se solucionarán en los próximos meses.
Se le tiene, pero se le demora… y le cuesta
El chicharrón de Electricaribe es un problema viejo. La empresa nació en 1988 de la fusión de ocho electrificadoras estatales de la región que por décadas de baja inversión, malos manejos y corrupción dejaron la herencia de una infraestructura vieja y usuarios descontentos, muchos de los cuales no pagaban a tiempo sus facturas.
La asumió totalmente en el año 2000 Fenosa, una empresa española, que la manejó hasta 2016, cuando el Gobierno tomó el control de la empresa porque los malos manejos de Fenosa, que no invirtió la plata que debía meterle para evitar que se deteriorara la infraestructura, amenazaban con dejar sin luz a los siete departamentos continentales del Caribe (el servicio en San Andrés lo maneja otro operador).
Según los datos del Gobierno Nacional al momento de la intervención, superar este rezago requería inyectarle a la empresa 10 billones de pesos para actualizar la infraestructura y evitar los constantes apagones y bajones de tensión en la electricidad que padecen hogares y empresas de la región.
En los cuatro años en los que la empresa ha estado intervenida el Estado ha metido 4,1 billones de pesos solo para mantener prendida la luz, 460 mil millones para respaldar créditos para comprar energía (deudas que ahora asumirán los nuevos operadores) y 860 mil millones de pesos para infraestructura local, lo que es poca plata en comparación con el rezago que tiene la empresa y por lo que en la región no se ha visto una mejora significativa en el servicio.
La solución de fondo que planteó el Gobierno fue buscar un operador que le metiera la plata para hacer las obras que se necesitan y con la experiencia para manejar una electrificadora de ese tamaño. Algo en lo que se tardaron cuatro años.
El chicharrón para conseguir ese operador estaba también en que el nuevo dueño de la empresa tenía que asumir un pasivo pensional, es decir el pago de las pensiones de los empleados jubilados de Electricaribe que sumaba 1,5 billones de pesos.
Además, de entrada por los daños en la infraestructura (cables y estaciones eléctricas) y conexiones ilegales la empresa no logra recuperar tres de cada 10 kilovatios que compra, y encima es el 89 por ciento de los usuarios son de estratos 1, 2 y 3 a los que es difícil cobrarles. Pese a que son mayoría de estos usuarios la empresa recibe solo el 30 por ciento de sus ingresos, aún con los subsidios que paga el Gobierno.
Por eso en la primera subasta que intentaron hacer, solo se presentó un oferente: la italiana Enel, que si quedaba con el negocio habría acaparado el 45 por ciento del mercado total del país, algo que está prohibido por la ley.
La solución con la que llegó Duque, en cabeza de su entonces ministra de energía María Fernanda Suárez, fue dividir el mercado en dos: Caribe Sol, que cubriera los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira; y Caribe Mar, con Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar. Y asumir el costo pensional de la empresa.
Además, el Plan de Desarrollo de Duque permitió que una sola empresa pudiera quedarse con el 35 por ciento del mercado nacional (antes el tope era 25 por ciento). Una medida que fue criticada por varios gremios que consideraron peligroso darle tanto mercado a una sola empresa pero que le permitió a las distribuidoras de energía más grandes del país, Enel y EPM, meterse en el negocio.
Sin tope, y con una menor inversión abrieron una subasta en la que al final Enel no se metió en el negocio por los líos entre sus accionistas que explicamos en esta historia, pero sí EPM que hoy, con una nueva filial a la que bautizaron Afinia, y que será la encargada de manejar Caribe Mar.
Mientras que Enerpereira, del empresario Alberto Ríos (que también tuvo negocios en el Sitp y Transmilenio) y el fondo de inversión Latin American Capital, empresas de larga trayectoria pero con poca experiencia en mercados tan complicados, crearon una filial que se llama Aire y que manejará el mercado de Caribe Mar.
“La llegada de personas que estén dispuestas a invertir para mejorar la infraestructura de Electricaribe, abandonada desde hace muchos años, claro que hay que recibir con optimismo”, dijo a La Silla Javier Lastra, que entre 2016 y 2018 estuvo al frente de la intervenida Electricaribe, “el punto importante es saber cuáles son las condiciones”.
De esas condiciones no se sabe mucho porque, de acuerdo con lo que nos dijeron en la Superintendencia de Servicios existen unas cláusulas de confidencialidad entre el Gobierno y las nuevas empresas.
Es decir, no se sabe cuál es el valor de los activos que van a manejar ahora esas empresas (el diario Portafolio calculó que sumarían unos 11 billones de pesos), ni cuánto pagaron por ellos, ni las metas de inversión que las empresas deben cumplir año a año.
Se sabe que Aire (de Enerpereira) tendrá que invertir 2,6 billones de pesos en cinco años y 3,7 billones en diez años. Y que Afinia (de EPM) tendrá que inyectarle 3,2 billones de pesos en cinco años y 5 billones de pesos en diez.
El Gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, dijo a La Silla que en sus planes financieros está invertir más, 4 billones en cinco años y 10 en los próximos ocho años.
Esto es clave porque de estas inversiones en el mediano y largo plazo depende que el servicio sea bueno de manera estable y permanente.
También, por esta resolución de la Creg, se sabe que anualmente deberán mejorar un 8 por ciento los indicadores de calidad de servicio que miden, por ejemplo cuántas horas al año hay interrupciones en la energía.
El Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo a La Silla que esto significará que año a año los usuarios deberan ver una mejora en el servicio y que el compromiso firmado con las empresas es que en 2030 los indicadores de calidad de la Costa sean igual o superiores a los de todo el país. Es decir, la solución definitiva, de concretarse ese compromiso, se verá en los próximos gobiernos presidenciales.
Esto contrasta con la expectativa que han mostrado medios de televisión y radio en la región, a través de entrevistas a usuarios de barrios del Caribe, que coinciden en que esperan que con el nuevo operador se tenga mejor servicio y facturas más baratas muy pronto.
En un plazo de cinco años, las tarifas de energía, según lo confirmó la Superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, pueden subir un 15 por ciento aproximadamente.
El Ministro Mesa, explicó que estos incrementos se verán a partir del 2021 y que podrían no ser tan altos porque las nuevas empresas pueden conseguir mejores precios para comprar energía -que es el principal componente de la tarifa- porque compran al por mayor, pues además del Caribe atienden otros mercados.
El anuncio de un aumento en la tarifa ya empezó a generar dudas entre los usuarios: “Ya el gerente de la empresa Aire, que va a cubrir a Atlántico, Magdalena y La Guajira, Jhon Toro, anunció en El Heraldo el domingo pasado que vienen grandes aumentos de tarifas y cobros prepagos a los sectores con más problemas económicos, lo que es una bomba de tiempo”, dijo a La Silla Norman Alarcón, vocero del Movimiento Indignados por Electricaribe.
Por otro lado, la pandemia también va a hacer más difícil el negocio para las operadoras nuevas y que consigan plata para hacer las inversiones. De hecho una de las razones por las que se retrasó la entrega de las llaves de Electricaribe a las nuevas empresas es que tuvieron que ajustar las metas en el corto plazo.
“Alcanzamos a integrar una cláusula que se denomina de efecto material adverso (MAE), eso significa que en esa cláusula nos dimos una oportunidad para evaluar el impacto del covid en el modelo antes del 30 de septiembre, con corte a 30 de septiembre (...) corregimos el impacto especialmente en el indicador de recaudo, llegamos a un acuerdo que nos permite hacer un cierre, no tranquilo, siempre son ajustados”, explicó a La Silla Rendón de EPM.
Con todo y que el Gobierno mejoró las condiciones del negocio, las dos nuevas empresas también tendrán el reto de conseguir financiación para hacer estas inversiones prometidas. Como contamos en esta historia puede ser difícil para EPM porque las empresas que miden qué tan riesgoso es prestarle plata a la compañía tienen dudas.
De acuerdo con el gerente de Aire, Jhon Toro, ya tienen 240 proyectos identificados que van a empezar a trabajar que deberían traducirse en unas primeras mejoras en el servicio, aunque no habla de tiempos.
“En buena medida el tema de Electricaribe responde a un tema de gestión, si estos nuevos operadores mejoran la gestión en un corto plazo no hay que esperar mucho tiempo para que la mejora se vea”, nos dijo a su turno el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.
El jueves que arranquen estos nuevos operadores a manejar las redes del Caribe todos los ojos estarán en la gestión de estas empresas, que en sus manos tienen todo para que el triunfo que hoy celebra Duque, se convierta en un cambio estructural para los habitantes de la región y no en una nueva promesa incumplida.