Vuelve el Congreso y la oposición pica en punta en la lucha por las banderas sociales

La próxima semana vuelven las sesiones semipresenciales del Congreso. Como tradicionalmente ocurre, el arranque legislativo llega con la presentación de proyectos de ley que empiezan a marcar la agenda del periodo. 

En esta ocasión, la oposición picó en punta. Antes de que el gobierno presentara sus propuestas, varios legisladores tienen listo un menú de leyes que giran alrededor de la mitigación de la crisis social que deja la pandemia. 

Como son minoría, estas propuestas de la oposición tienen pocas probabilidades de ser aprobadas. Más aún, porque, como ordenan gasto, necesitan de la aprobación del Gobierno. Sin embargo, muestran que la disputa este año en el Congreso será por quién se adueña de las banderas sociales, a un año de las elecciones. 

Partidos del centro y la izquierda van por esas banderas con propuestas como la renta básica permanente para millones de hogares pobres, la ampliación de los subsidios de nómina a las pequeñas empresas, y dos proyectos de ley que tocan las pensiones más bajas. 

El gobierno de Iván Duque no ha radicado ningún proyecto hasta ahora. Como contamos, su proyecto principal, la reforma tributaria, sigue empantanado. Pero además de nuevos impuestos, el gobierno también buscará envolver esta reforma en las banderas sociales, como contamos, presentándola como una medida para erradicar la pobreza extrema.  

Entre sus propuestas, aún no concretadas, se han discutido medidas similares a las que ahora presenta la oposición: volver permanente el programa de Ingreso Solidario, que hace transferencias no condicionadas a millones de familias pobres; y ampliar el subsidio a la nómina.  

Más allá del camino, lo que está claro es que para sacar adelante cualquiera de esos programas se necesita conseguir más dinero. Es decir, aparte del pulso por las banderas sociales, esta legislatura será el foro de debate acerca de cómo pagarlas con nuevos impuestos.

La oposición le apunta a gravar las altas rentas y los altos patrimonios, sin afectar a las clases medias y de bajos ingresos. Mientras que el gobierno ha ambientado la idea de gravar con IVA bienes exentos, incluyendo algunos de la canasta básica, y ampliar la base del impuesto de renta para que más personas tengan que pagarla.

La renta básica de la oposición

Entre el jueves y viernes próximo, 51 congresistas y más de 160 organizaciones sociales se reunirán en una cumbre virtual para hablar de la renta básica y meterle presión al Gobierno para que la haga realidad. 

La idea que llevan trabajando desde el año pasado, y que le presentaron en diciembre al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es muy puntual. 

Que 7.460.000 hogares, cerca de 30 millones de colombianos, puedan tener un ingreso mensual del Gobierno entre 320 mil pesos y 470 mil pesos, dependiendo del número de personas que conformen ese hogar. 

La cifra de 320 mil pesos es, según el Dane, el mínimo que necesita un colombiano para sostenerse dignamente. 

Es una propuesta que va más allá de lo que el Gobierno aprobó el año pasado con el programa de Ingreso Solidario, que transfiere una cuota de 160 mil pesos mensuales a 2.5 millones de familias. El costo anual de la renta básica permanente, según las cuentas del proyecto, equivale al 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Una cifra onerosa para el ya abultado desbalance fiscal de Colombia, que no alcanzaría a ser pagado ni si fuera aprobada la versión más ambiciosa de la reforma tributaria del Gobierno, que aspira a recaudar 1,5 por ciento del PIB. 

Según la oposición, la renta básica se puede pagar si “se utilizan recursos públicos disponibles en el Fondo de Emergencia (Fome), se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria”, dice el proyecto que se puede revisar acá.    

El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, es uno de los autores de la propuesta y es el que la ha movido ante el Ministerio de Hacienda. Marulanda también es uno de los precandidatos de la coalición de centroizquierda. Dice que el gobierno de Iván Duque está en mora de aprobarla, porque hay 5.5 millones de hogares en condición de pobreza extrema. 

“Yo me reuní en diciembre con el ministro Carrasquilla, sus viceministros, el director de Planeación, a ellos les sonó la idea, pero no sé por qué tres meses después no han presentado ninguna propuesta. Y debe ser presentada por el Gobierno porque constitucionalmente esas normas de gastos las debe presentar el Gobierno”, nos comentó. 

El camino constitucional que debe seguir ese tipo de proyectos, según Marulanda, explica por qué la propuesta de renta básica que se planteó el año pasado se ahogó antes de siquiera ser debatida. 

Depender del gobierno los pone contra las cuerdas. 

“A veces vemos una actitud de convertir esto en una bandera política por parte del gobierno. A nosotros como sectores alternativos al final no nos importa si el proyecto se aprueba con el gobierno sacando pecho, lo que importa es que el proyecto salga porque la gente está aguantando hambre”, remató. 

La expectativa con la cumbre nacional que está citada para el jueves es insistirle al Gobierno que radique una propuesta que pueda ser debatida en el arranque de las sesiones. 

Y que empate con el debate de la reforma tributaria en la que, dice Marulanda, van a buscar la plata para financiar su propuesta. 

“El Gobierno ha dicho erradamente que buscarán gravar la canasta familiar, lo cual me parecería un error garrafal. Pero nosotros buscaremos que se amplíe la base gravable de las grandes riquezas. El 1 por ciento de los grandes contribuyentes del país pueden aportar el 2 por ciento del PIB si se les pone a tributar como debe ser”, dijo Marulanda. 

Desde la semana pasada los congresistas que promueven la iniciativa, han estado posicionando el tema en redes sociales como preámbulo al arranque de las sesiones. 

La Renta Básica ahora más que nunca es necesaria y urgente para todos los hogares, pero sobre todo para las mujeres cabeza de familia que están desempleadas. Y se debería obligar a los bancos para que otorguen prestamos blandos a las mujeres.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 8, 2021

#CumbreRentaBásica | Construyamos un nuevo proyecto de ley de Renta Básica para llevarlo el 16 de marzo al Congreso de la República. Con el apoyo de varias organizaciones sociales y partidos políticos, acompáñenos en el evento virtual entre los días 11 y 12 de marzo. pic.twitter.com/mOY8yCjK8n

— Jorge Eduardo Londoño Ulloa Senador (@JorgeLondonoU) March 3, 2021

La economía no se reactiva dándole subsidios a los mega ricos para que acumulen más riqueza, se reactiva con una Renta Básica para la población, que reviva el consumo en las microempresas que son las que aportan 80% del empleo formal y más de 90% del sector productivo nacional.

— Wilson Arias (@wilsonariasc) March 1, 2021

Biden y los demócratas del Congreso en EU aprobaron plan de rescate de 1.900 billones de dólares, cuya extensa red de salvamento rescata decenas de millones de pobres y reactiva la economía ¡Es la Renta Básica que proponemos desde hace 1 año y que Duque y sus congresistas niegan!

— Iván Marulanda (@ivanmarulanda) March 7, 2021

Parte de ese bloque legislativo también le madrugó al Gobierno con otro programa de reactivación. 

Un nuevo cartucho de los LSD

La bancada de senadores liberales social demócratas (LSD), que encabezan Rodrigo Lara y Roy Barreras, le apuntó a una propuesta que tiene más posibilidades de avanzar.

Se trata de un proyecto de ley que busca ampliar de marzo hasta septiembre el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) con el que el gobierno puede subsidiar nóminas a las empresas. Se trata de una apuesta para luchar contra el desempleo.  

Ese programa nació en mayo del año pasado vía decreto del Gobierno Duque, pero necesita la aprobación del Congreso para ampliarse. La propuesta de los LSD lo extiende por tercera vez, aunque con un alcance mayor. 

Particularmente busca que los subsidios lleguen a más de 1.5 millones de pequeñas empresas y microempresas del país a las que, según el senador Rodrigo Lara, el Gobierno no ha querido apoyar. 

“El Paef cubre hoy a 3,4 millones de empleados formales de un total de 8,4 millones de empleados formales. Los restantes 9,6 millones de población ocupada, en su mayoría informales, no están cubiertos por ningún programa de apoyo por parte del Gobierno Nacional”, dijo Lara.

Según la propuesta de los LSD, el Gobierno tiene cómo financiar la extensión y el mayor cubrimiento del Paef porque solo han usado el 2,6 por ciento del PIB para atender la emergencia. Y que, según sus cuentas, hay 13 billones de pesos destinados para gastos de funcionamiento que se pueden reinvertir en ese programa. 

“Uno sale a las calles, recorre los comercios y la queja es que no han llegado las ayudas. En Neiva, por ejemplo, con esa tasa de desempleo tan alta, de 37 mil empresas que podrían acceder al beneficio solo unas mil lo han conseguido”, dijo Lara. 

Igual que con el proyecto de la renta básica permanente, a esta extensión del Paef también le están metiendo presión desde las calles. 

Lara puso a rodar una petición virtual para que quienes quieran apoyar la iniciativa la firmen y le expresen así al gobierno que es una medida necesaria.  

Gremios como Fenalco están en sintonía con esa propuesta y ya le pidieron formalmente al Gobierno acceder a esa ampliación.  

En la presentación del plan financiero de 2021, el ministro Carrasquilla comentó que este año van a invertir 3,1 por ciento del PIB en programas para atender la emergencia, y que de ese monto el 23 por ciento irá a la “protección del empleo y la extensión del programa de apoyo a la nómina conocido como Paef”.  

Eso quiere decir que al Paef le llegarían cerca de 600 mil millones de pesos. Pero no está claro si las cuentas del ministro Carrasquilla son para cubrir el programa hasta marzo como está actualmente, o si incluye una posible ampliación. 

Un frente a las pensiones

El paquete de medidas pensado por la oposición para fortalecer su bandera social también incluye un capítulo para los aportes de la seguridad social. 

El senador y precandidato presidencial del Polo, Alexander López, se fue con dos proyectos en ese sentido. 

Con el primero busca que a los pensionados que ganen entre dos y hasta diez salarios mínimos (9 millones de pesos), les bajen el porcentaje que pagan al sistema de salud. Es decir, que del 12 por ciento que les descuentan mensualmente, les bajen al 4 por ciento. La reforma tributaria de 2018 solo cobijó a las pensiones de un salario.  

“Sería un acto de justicia con esta población objeto de especial protección, quienes ven reducido su ingreso disponible mensual por efectos de esta contribución, la cual afecta directamente los derechos al mínimo vital y condiciones de dignidad y calidad de vida en la vejez”, expone López en su proyecto. 

Aunque cree que la aprobación de esta propuesta sería un “paliativo” porque el problema de fondo es que los pensionados con mesadas bajas han perdido poder de adquisición con la pandemia. 

Por eso busca un mayor impacto con el segundo proyecto que presentó. 

La otra propuesta apunta a que el incremento anual a esas pensiones bajas sea igual al que se hace con el salario mínimo y no con el del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Por ejemplo, mientras el IPC para el 2021 fue de 1,65 por ciento, el aumento del salario mínimo fue de 3,65 por ciento. En 2020 la relación fue 3,8 por ciento frente al 6 por ciento. 

Según López, su propuesta cobijaría a más de un millón de pensionados que hacen parte del régimen de prima media. Y hay manera de conseguir la plata. 

Por un lado, dice que se pueden eliminar los beneficios tributarios para grandes empresas, que según él, representan más de 30 billones de pesos. Esto, a través de una reforma tributaria. 

Y por el otro, se puede echar mano de los recursos de seguridad y defensa para priorizarla en el gasto público social. 

Según López, fue “exagerado aumentar en un 54 por ciento, en términos nominales, los recursos asignados a seguridad y defensa (pasando de 59,5 billones para el período 2010-2014 a 93,7 billones para el período de 2014-2018), máxime cuando estamos en un período de construcción de la paz en Colombia”, dice López. 

Todos los caminos conducen a la tributaria

Echar a rodar estos programas cuesta mucho. Y como lo han planteado sus impulsores, se necesita conseguir más recursos y la vía más fácil es una reforma tributaria pero a su manera. 

Es decir, zanahoria pero sin garrote a las clases medias y bajas. 

Eso complicará los planes al Gobierno con la reforma, porque allá las cuentas son otras. Como contamos ayer, el gobierno necesita recoger más de 15 billones de pesos para pagar las deudas que ha adquirido para el manejo de la pandemia, reducir el déficit fiscal, y mantener el grado de inversión para atender la pandemia. 

Para eso, ha ambientado en términos muy generales la idea de gravar con IVA bienes exentos, incluyendo algunos de la canasta básica, una medida inmensamente impopular. Otras voces autorizadas del gobierno como la del exsenador Álvaro Uribe Vélez hablan de buscar créditos, reglamentar un nuevo y único impuesto para la pobreza, pero sin soltar la base ampliada de renta. 

Por eso, la discusión del paquete de ayudas de la renta básica, el subsidio a las nóminas y los aportes de las pensiones, puede marcar el rumbo de la tributaria, y competirle al gobierno por las banderas sociales con las que busca hacer digerible la necesidad de subir impuestos.