La locomotora minera no despegó, pero ya tiene rieles

Cuando Santos llegó a la Casa de Nariño, la minería -sin tener un perfil público tan alto- ya amenazaba con convertirse en una fuente de conflicto social y tenía instituciones muy débiles para evitarlo, por lo que su primera misión fue dotar al sector de una institucionalidad técnica similar a la que existe para los hidrocarburos.

Así nacieron un viceministerio de Minas para liderar la política minera, una Agencia Nacional de Minería para gestionar toda la parte técnica, la titulación y la vigilancia de los títulos, y un Servicio Geológico Colombiano -sobre las cenizas del polémico Ingeominas- para encargarse de todo el tema geológico y científico. Pese a la elevada rotación de altos funcionarios (cuatro ministros, tres vices de Minas y dos presidentes de la ANM en cuatro años), esas instituciones se han encargado de ponerle orden a la casa, algo que reconocen desde las empresas hasta los ambientalistas.

Al mismo tiempo, Santos fortaleció al sector ambiental para que pueda hacer cumplir mejor la legislación ambiental. Con la creación de un Ministerio de Ambiente -ya no unido al de Vivienda- y el nacimiento de la Anla -la agencia técnica a cargo de todo el proceso de licenciamiento ambiental- el sector volvió a tener, por primera vez en dos décadas, una voz en las decisiones sobre minería. Las millonarias sanciones a Drummond por derramar carbón en la Bahía de Santa Marta y por no cumplir el plazo para hacer cargue directo sin barcazas fueron una muestra de esa nueva autonomía.

Al final, aunque la minería ya no tenga el peso político que tuvo con Álvaro Uribe o con el temprano Santos, tiene el acompañamiento institucional que antes no tenía. 

Una de las mayores preocupaciones que tenían los ambientalistas fue la herencia de títulos mineros en zonas naturales sensibles que 'heredó' del gobierno de Álvaro Uribe, incluyendo 37 títulos dentro de parques nacionales, 44 títulos en humedales de categoría internacional Ramsar, 416 en páramos y 71 en reservas forestales protectoras. En todos los casos, lo solicitado multiplicaba casi por diez lo otorgado.

Ese fue uno de los motivos para que el gobierno Santos congelara la ventanilla de títulos mineros durante dos años, mientras estudiaba las 19 mil solicitudes que había represadas. Al final de esa depuración, la Agencia Minera negó todos los títulos dentro de zonas naturales de alto riesgo y solo concedió tres en toda la Amazonía, con lo que se calmaron los mayores temores.

Al mismo tiempo, quedó claro que ninguno de los títulos expedidos en el pasado en zonas sensibles podrá ser explotado. Los parques nacionales y regionales siguen blindados contra la minería por el Código Minero antiguo, mientras que los páramos y los humedales Ramsar están protegidos por el Plan Nacional de Desarrollo de Santos (que el presidente deberá renovar ahora que fue reelecto). Falta, sin embargo, que el Gobierno lleve a cabo la delimitación de los 36 complejos paramunos que tiene el país -un proceso que arrancó en Santurbán- para saber exactamente dónde estará permitido y dónde no.

Además, el Gobierno demandó los títulos mineros dentro de áreas protegidas cuando sus dueños no quisieron renunciar a ellos, como en el caso del título de la minera canadiense Cosigo Resources dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis en el Vaupés (que le fue concedido un día después de que el parque fuese creado).

El otro temor grande en el sector ambiental era que, al reabrir la ventanilla minera en julio pasado, se entregaran títulos en áreas que estaban en proceso de ser protegidas y se crearan nuevos conflictos entre minería y conservación.

Con la caída de la reforma al Código, se acabó un requisito que permitió al Ministerio de Minas frenar la declaratoria de áreas protegidas, incluso durante años (como sucedió con la Estrella Fluvial del Inírida). Al no tener que pedirle ya Parques Naturales y Ambiente un concepto obligatorio (aunque no fuera vinculante), pudieron avanzar varios procesos que estaban frenados.

En menos de un año el cambio se sintió: Chiribiquete duplicó su tamaño (convirtiéndose en el segundo mayor parque de Suramérica), nacieron los parques de Corales de Profundidad y Acandí-Playón-Playona y están a punto de hacerlo el parque nacional de Bahía Portete y la Estrella Fluvial del Inírida.

Además, con la reapertura de la ventanilla, el Gobierno le dio un plazo de un año al sector ambiental -que vence en un mes- para que todas las zonas en proceso de ser protegidas queden blindadas de títulos mientras tanto. Con ese estátus temporal de “reservas de recursos naturales” -que Ambiente está intentando prorrogar por otro año- se evitó ese riesgo a corto plazo en la mayoría de zonas consideradas estratégicas desde una perspectiva ecológica.

A eso se suma la declaratoria de la Amazonía como una 'reserva minera estratégica', con lo que ya no se puede solicitar un título allí hasta que el Gobierno establezca unas condiciones especiales de subasta pública y un control más estricto. Esa medida, aunque no tranquiliza del todo a muchos ambientalistas, sí evitó que cualquier persona natural o empresa pueda pedir un título en la selva por ahora, mientras también se delinea una política más clara para la región amazónica.

Una de las mayores reformas que hizo Santos en sus primeros cuatro años fue cambiar la manera cómo se distribuyen las regalías que dejan la minería y el petróleo, evitando que se concentren solo en los municipios donde se explotan esos recursos y permitiendo que se distribuyan en todo el país.

Esa centralización de los recursos, que generó mucho descontento en departamentos petroleros como Casanare y Meta, buscaba en parte reducir la plata que se perdía en despilfarro o corrupción.

Pero -como contó La Silla- en la práctica el nuevo sistema -que gira en torno a unos Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) en donde están presentes gobernadores, alcaldes y académicos- tampoco ha resultado efectivo a la hora de asignar esos recursos para proyectos de ciencia e innovación. Eso significa que, aunque la reforma tiene el potencial de canalizar mejor los recursos, todavía falta aterrizar el sistema para que eso suceda.

En todo caso, Santos ya anunció una minirreforma a las regalías. Tan grande es el descontento en las regiones productoras, donde la bautizaron el ‘raponazo a las regalías’, que Santos perdió ampliamente con Óscar Iván Zuluaga en varias de ellas y prometió que les permitirá administrar directamente la parte que aún les corresponde.

Aunque el sector está mucho más ordenado que hace cuatro años, sigue -según las empresas, los pequeños mineros y los ambientalistas- a la deriva por falta de una política clara que diga dónde y cómo se puede hacer minería (o dónde y cómo no).

Esto se debe, en parte, a que la principal carta de navegación del sector ya no existe. La reforma al Código minero se cayó en la Corte Constitucional porque, cuando fue pasada por el segundo gobierno de Uribe, nunca fue consultada con indígenas y afros (en cuyos territorios se encuentra una parte significativa de esos recursos naturales).

La Corte, preocupada por la caída de una serie normas que permitían un mejor control de la actividad minera y una mayor protección del medio ambiente, le había dado al Gobierno un plazo de dos años para consultarla, pero éste se venció hace un año sin que eso sucediera. De modo que el país volvió a un código redactado en 2001 -cuando el país no tenía grandes ambiciones mineras- y sacar adelante uno nuevo será una de las tareas del segundo tiempo de Santos.

El gran reclamo de los mineros al Gobierno es que la política minera ha sido más de planes de choque que de mediano y largo plazo. En febrero Santos anunció que pronto habrá un Conpes para el sector que fije esa política, una promesa que había hecho desde hace dos años.

La otra deuda pendiente que tiene Santos es que no hay ninguna política para los pequeños minero, que no han estado contemplados en ninguno de los códigos mineros.

A pesar de que hay casi 200 mil personas viviendo de la minería informal -desde la más artesanal hasta una de mediana escala con retroexcavadoras- no hay siquiera una distinción legal entre ellos que permita diseñar una política pública para cada uno de los grupos, resolviendo sus problemas y reduciendo el impacto de su actividad.

Quizás el mayor problema que tiene la locomotora minera es que, aunque no haya proyectos nuevos, la tensión social ha subido en regiones como Santurbán, Tolima, Vaupés y Antioquia. Esos conflictos rápidamente han escalado hasta iniciativas como la consulta popular en Piedras (Tolima), que vetó en las urnas una eventual ubicación en su territorio de la minera Anglogold Ashanti, que tiene su proyecto aurífero de La Colosa a unos cien kilómetros.

Esa bomba social se debe, en gran medida, a que no existen espacios de diálogo entre el Gobierno, las empresas y las comunidades locales, donde puedan conversar sus preocupaciones y evitar que la tensión escale hasta las vías de hecho o las consultas.

Paradójicamente, el ex ministro de Interior Fernando Carrillo impulsó un programa piloto de diálogos mineros y petroleros que juntaban en un mismo espacio -y en igualdad de condiciones- a todos los actores claves. Pero cuando Aurelio Iragorri llegó para reemplazarlo, terminó con un programa que comenzaba a dar sus primeros frutos.

Dentro del sector hay finalmente conciencia clara -al final de un cuatrienio lleno de movilizaciones sociales, en el que varias empresas cometieron errores que las pusieron en primera página y en que el sentimiento antiminero se coló hasta en el debate electoral- de que su futuro depende de si se ganan y logran mantener una licencia social. Por eso, desde su congreso minero a comienzos de este año, están en tónica de fomentar espacios de diálogo.