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13 gráficos para entender la violencia organizada en el post-acuerdo
A cuatro años de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC hay un debate abierto sobre “cómo vamos” y las consecuencias que éste ha tenido para el país. Sus defensores señalan que cientos de vidas se salvaron por este proceso y que el incremento en la violencia se explica, en buena medida, por los problemas en la implementación. Para los detractores, justamente el Acuerdo con las Farc generó las condiciones para que las economías ilegales sigan activas, el narcotráfico continúe y la violencia se reactive.
En una mirada de más corto plazo, el deterioro de la seguridad en varias zonas del país es evidente y hay un retroceso, si se compara con el momento de la firma del Acuerdo. Sin embargo, en una mirada de largo aliento, la pregunta es sobre cómo seguir la trayectoria de desactivación del conflicto armado y de reducción de la violencia. Para esto es importante entender no sólo de donde venimos y dónde estamos, pero, sobre todo, tener un acuerdo básico sobre para dónde vamos.
- Los conflictos intra-estatales han aumentado en el mundo y 60 por ciento han recaído en la violencia luego de su “resolución”
En 2019, el Programa de Datos de Conflictos de la Universidad de Uppsala identificó 54 conflictos intra-estatales en el mundo que causaron un poco más de 50.000 muertes directas, con una tendencia al aumento en la última década. Pero no todos ellos son conflictos “nuevos”. La evidencia muestra que el 60 por ciento de los conflictos recaen en la violencia en los cinco años posteriores a su resolución.
En Colombia, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, la violencia organizada sigue activa. Es protagonizada por distintos actores armados no estatales que no tienen capacidad para retar al Estado central pero que aún aspiran a imponer orden en lo local. En el proceso inacabado de construcción del Estado en Colombia, la disputa por el poder armado y el control territorial sigue activa, focalizada, debilitada en su ideología y conectada con múltiples economías ilegales.
- Con la firma del Acuerdo de Paz el conflicto con la guerrilla de las Farc terminó, pero las acciones de los grupos armados han continuado
El conflicto armado con las Farc terminó, marcando un punto de quiebre en la guerra contrainsurgente. Sin embargo, la violencia organizada se recicló en un conjunto variopinto de facciones disidentes, la permanencia en las zonas de influencia de la guerrilla del ELN, y los rezagos del paramilitarismo y de la lógica “traqueta” de la plata y el plomo. Antes del desarme de las Farc, esta guerrilla llegó a concentrar casi el 80 por ciento de las acciones armadas.
A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, los ataques, las emboscadas y los hostigamientos se incrementaron 65 por ciento, ahora protagonizados por el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.
- Los combates protagonizados por la Fuerza Pública y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales se han incrementado
Los combates de la Fuerza Pública contra los grupos armados casi se triplicaron luego de la firma del Acuerdo, y los enfrentamientos entre estos se han multiplicado por seis. Con algunas excepciones, estas no son confrontaciones prolongadas entre contingentes armados que buscan defender posiciones. En una disputa desigual, en donde la ventaja la tiene el Estado, las facciones ilegales evaden la confrontación directa. Esto no quiere decir que no defiendan sus retaguardias o busquen ocupar nuevos territorios a través de una degradada “guerra de guerrillas”, que continúa teniendo importantes impactos humanitarios – incluidos el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, los desplazamientos forzados y los confinamientos.
- Las muertes de los miembros de las Fuerza Pública han alcanzado su punto más bajo en la última década
Mientras que los combates se han vuelto a incrementar y las acciones de los grupos ilegales se reactivan, las muertes de las Fuerza Pública continúan descendiendo.
La caída en la letalidad tiene varias explicaciones. Ya hemos dicho que los actores armados no estatales rehúyen la confrontación abierta, lo cual está vinculado con la mayor capacidad de las Fuerzas Militares. Parte de su retaguardia está al otro lado de la frontera – un factor clave para entender los que pasa, por ejemplo, con las disidencias y el ELN. Además, de grandes “ejércitos privados” se ha pasado a grupos descentralizados y fragmentados, con capacidad de fuego, pero menor destreza táctica y estratégica.
- Mientras que las muertes del ELN disminuyen, las de miembros del “crimen organizado” aumentan
Luego de la firma del Acuerdo de Paz, el número de muertos del ELN en operaciones de la Fuerza Pública ha descendido. Como lo señalamos en la Fundación Ideas para la Paz, si bien en algunas zonas del país el ELN tiene las características clásicas de un ejército irregular, su fuerza armada es mucho más difusa y dinámica. Sus frentes evaden el combate directo, y parte de su comandancia y tropas se encuentra en territorio venezolano.
Mientras tanto las muertes del “crimen organizado” se incrementaron luego de la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, de esta categoría hacen parte lo que antes se denominaban las Bandas Emergentes (o Bacrim) y ahora se clasifican como Grupos Armados Organizados (GAO) - organizaciones como el Clan del Golfo o Los Caparros, pero también las disidencias. El mayor protagonismo de estas organizaciones plantea un “nuevo” escenario operacional para las Fuerzas Militares con una discusión abierta sobre bajo cuáles reglas se deben desarrollar las operaciones: el Derecho Internacional Humanitario – propio del conflicto armado interno – o los Derechos Humanos.
- Tras la firma del Acuerdo los homicidios en los municipios Pdet se dispararon, aunque se encuentran aún por debajo de lo registrado en 2012
En los 170 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo, donde se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los homicidios se incrementaron, llegando a su nivel más alto en el tercer año de la implementación. Mientras tanto, en el resto del país, las muertes violentas continuaron con la tendencia a la baja.
En los municipios Pdet hay una concentración desproporcionada de los homicidios: mientras que tienen 13 por ciento de los habitantes de Colombia, ponen el 24 por ciento de los homicidios de todo el país. La tasa de homicidios en estos municipios continúa siendo el doble de la tasa nacional.
- El incremento del homicidio se ha dado en el 44 por ciento de los municipios Pdet, que hoy tienen más muertes violentas que antes del proceso con las Farc
El impacto del proceso con las Farc y la implementación del Acuerdo en la reducción de la violencia no se ha dado de la misma manera en todos los municipios. Mientras que la ventana de oportunidad que abrió la desactivación del conflicto con las Farc permanece aún abierta en varios municipios, en otros nunca se abrió.
Comparando la tasa de homicidios de 2012 con la de 2019, en la mayoría de los municipios Pdet se encuentra que las tasas cayeron o se mantuvieron estables. Sin embargo, en el 19 por ciento las tasas de han doblado, y en el 25 por ciento aumentaron menos del doble.
En las zonas donde las Farc era el actor predominante – en departamentos como Meta, Caquetá y Guaviare – o donde otros grupos tenían una presencia consolidada – como el caso del ELN en Arauca – las tasas de homicidio tuvieron una importante caída. No ocurrió lo mismo donde confluyen varias organizaciones armadas ilegales, donde se dieron reacomodamientos y disputas: el corredor que va desde el Norte del Chocó, pasando por el Sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el Sur de Bolívar, hasta el Catatumbo, así como los departamentos de Cauca y Nariño. Además se da un renovado ciclo de violencia en el norte del país.
Mapa 1. Variación de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en municipios Pdet. Fuente: FIP.
- Las masacres se han incrementado de manera notable en la etapa post-Acuerdo, acercándose a lo registrado antes de 2013
La cifra más baja de víctimas de masacres (38) en la última década se alcanzó en 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz. Hasta el mes de octubre de 2020, según el Ministerio de Defensa, se han contabilizado 111, acercándose a las 114 de 2019. Es decir que las víctimas casi se han cuadruplicado.
No hay un único grupo armado responsable, ni tampoco un solo patrón. Estos hechos han ocurrido tanto en zonas rurales alejadas como en áreas urbanas y en municipios que, contrario a las versiones oficiales, no siempre tienen cultivos ilícitos. No hay una narrativa de orden nacional que sirva como explicación, sino múltiples conflictos en lo local que requieren de análisis particulares, vinculados no solo a las economías ilegales sino a la definición de órdenes ilegales y el control territorial.
- Los homicidios de líderes sociales se mantienes altos y no ceden, a pesar de los anuncios y las medias
Los homicidios de líderes tuvieron un incremento notable en el segundo año posterior a la firma del Acuerdo de Paz. Como lo analizaremos en un informe que publicaremos en la FIP, el problema no es nuevo; es estructural, pero tiene diferentes expresiones “coyunturales”. En la base de estos hechos se encuentra la mayor visibilidad de las plataformas y organizaciones sociales, así como de la ampliación de procesos de participación en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz, lo cual no fue acompañado por una clara estrategia del Estado para garantizar protección. Saboteadores armados, economías ilegales, la reconfiguración de órdenes ilegales, así como las tensiones intracomunitarias y las disputas por el poder local, han dinamizado las agresiones contra los líderes.
A pesar de los anuncios, los planes y las medidas, así como los persistente llamados a priorizar la protección de los líderes, esta tragedia no cede, con profundas repercusiones para los procesos de participación y el tejido social.
- 233 homicidios de excombatientes de las Farc han ocurrido desde la firma del Acuerdo de Paz
El asesinato de excombatientes no es nuevo en Colombia. Cada proceso de dejación de armas y de tránsito a la vida civil ha tenido sus características y desafíos particulares en este ámbito. Por ejemplo, hay que recordar que entre 2004 y marzo de 2018, 2.001 desmovilizados – individuales y colectivos - de las AUC fueron víctimas de homicidio. Justamente para no repetir esta situación, el Acuerdo de Paz incluyó un conjunto de medidas de seguridad para los miembros de las Farc y las partes involucradas en el proceso. En la práctica, esta disposiciones han chocado una un alto grado de atomización y dispersión en la reincorporación, que ha puesto a prueba las capacidades tanto del gobierno como de las propias Farc.
Las agresiones a los excombatientes de las Farc y los homicidios no se pueden desligar del deterioro de las condiciones de seguridad de los municipios y veredas donde ellos se encuentran. De nuevo, la razones detrás de estos hechos son diversas incluyendo la presión para ser reclutados, las disputas activas, rencillas internas y asuntos no resueltos, así como la acción de saboteadores que pretenden desestabilizar el proceso.
- En una mirada de más largo plazo, la violencia organizada en Colombia ha venido descendiendo. De ahí la importancia de detener el ciclo actual
Colombia ha venido en un proceso progresivo de reducción de la violencia que ha incluido a varios gobiernos, el desmonte de las AUC y el reciente proceso con las Farc, pero también el aumento de las capacidades del Estado, así como la regulación por parte de los actores armados ilegales en algunas zonas del país. Al comparar la tasa de homicidios en los municipios Pdet de 2019, con la registrada a principios de siglo, se encuentra un notable descenso, pasando de 88.2 muertes violentas por cada cien mil habitantes en 2003 a 54.6 en este último año. En el caso de las masacres (considerando hechos de cuatro víctimas o más), el país pasó de 1.441 víctimas en el año 2001 a 111 en lo corrido de 2020.
El referente más reciente de esta reducción, son las cientos de vidas salvadas en el marco del proceso con las FARC. Por esto el incremento posterior a la firma del Acuerdo con esta guerrilla ha despertado las alertas y abierto preguntas sobre si estamos ante un nuevo ciclo de la guerra en Colombia.
La inseguridad es, sin duda, el mayor obstáculo no solo para la implementación del Acuerdo de Paz, sino para el desarrollo de cualquier agenda que se proponga la transformación de las zonas más afectadas por la violencia organizada. Como lo muestran las cifras y gráficos analizados en este artículo, las dinámicas han cambiado, lo cual exige de una respuesta renovada e inteligente por parte del Estado que tenga en el centro la protección de los ciudadanos. El objetivo de disminuir la violencia debería ser el mínimo consenso.
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