La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
Acuerdo de Paz y DDHH: lectura desde el Parlamento Europeo
91893667_3693934183982397_6112499822470627328_o.jpg
Columna escrita conjuntamente con Felipe Hernández.
Con un poco más de 4 años de la protocolización del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP en el 2016, el miércoles 27 de enero la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo dio un gran espaldarazo a las preocupaciones que tanto los presidentes de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, como los representantes de la Sociedad Civil, expusieron en la primera plenaria del año de esta comisión sobre la implementación integral del Acuerdo.
En dicha plenaria concurrieron en representación de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición –Sivjrgnr– Luz Mariana Monson, presidenta de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas –Ubpd–; Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jusrisdicción Especial para la Paz –JEP–; Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–; Sebastián Escobar Uribe, representante de la Sociedad Civil y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar– y Emilio Archila, consejero presidencial para la consolidación y estabilización; e intervinieron con comentarios y preguntas María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil, Javi López, Izaskun Bilbao, Jordi Solé y Miguel Urban Crespo, diputados y diputadas del Parlamento Europeo por España, además de Peter Van Dalen, por Alemania, Veronique Lorenzo, Jefe de la división Sudamérica en el Servicio Europeo de Acción Exterior del –Seae– y Jorge De la Caballería, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General para la Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea.
Esta plenaria fue citada por las constantes denuncias sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos realizados en el país y a nivel internacional, por diferentes organizaciones, con el fin de revisar los avances durante su periodo de implementación. En ese sentido, se trataron temas como el asesinato sistemático de líderes, lideresas sociales, excombatientes y defensores y defensoras de Derechos Humanos; la falta de apoyo del gobierno colombiano a las instituciones del Sivjrgnr; algunos hitos de la implementación, el horizonte del apoyo de la cooperación de la Unión Europea con respecto al Acuerdo de Paz y los retos y las oportunidades que a futuro tiene la implementación.
Retos de la implementación del Acuerdo de Paz a cuatro años de su firma
En materia de retos, el consenso se dio en torno a las frágiles condiciones de seguridad que están viviendo las personas que desde diferentes orillas vienen apoyando e impulsando el acuerdo, las comunidades étnicas y campesinas, así como los firmantes de la paz. De acuerdo a las cifras aportadas por Sebastián Escobar, a 4 años de la firma del Acuerdo han sido asesinados 1000 defensores y defensoras de derechos humanos, a lo que se suma -según la ONU-, el asesinato de más de 250 firmantes del proceso y, de acuerdo a la directora de la Ubpd, más de 2000 desapariciones el año anterior. Todo este panorama ha dado lugar a una sensación de inestabilidad y de desconfianza sobre el interés real del gobierno colombiano de proteger la vida de quienes se han comprometido con el acuerdo y trae a la memoria un antecedente nefasto de otra época, en la que por razones similares, fueron asesinados 4153 integrantes del partido político Unión Patriótica. Otra cara de esa misma moneda se encuentra representada en el alto porcentaje de impunidad que se cierne sobre todo ese horror, en la sesión de ayer se indicaba que “según el Estado colombiano, el 60 por ciento de los casos fueron dilucidados, sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y defensa de los derechos humanos afirman que este porcentaje es de apenas un 8,8 por ciento; y estas mismas organizaciones nos informan que más del 90 por ciento de los casos siguen impunes”.
Entre la unanimidad, se escucharon voces como la de Veronique Lorenzo, Jefe de la división Sudamérica en el Servicio Europeo de Acción Exterior, quien en su presentación dijo que tanto ella como su grupo político, comparten una “profunda preocupación por las intimidaciones y asesinatos de los líderes sociales e indígenas, defensores de los derechos humanos y excombatientes”, la de la eurodiputada María Soraya Rodríguez Ramos quien, al iniciar su discurso, señalaba que “el año 2021 parecía que era el año de la esperanza para Colombia, pero los datos que nos ofrecen son realmente terribles en cuanto a la extensión de la violencia (…) entre los 24 días primeros de enero un líder social ha muerto cada 41 horas”. O la de Miguel Urban Crespo, también eurodiputado, quien enfáticamente al iniciar su alocución se manifestó frente al particular “condenando los centenares de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, de activistas sociales y de exguerrilleros que se dan en Colombia, recordando que la construcción de la paz pasa por proteger de manera efectiva a estas personas”.
Frente a este panorama, resaltaron significativamente las palabras del Alto Consejero para la Estabilidad y la Consolidación Emilio Archila. El alto consejero, luego de salvar otros temas sobre los cuales se cuestionó la gestión del gobierno, indicó, para responder a las denuncias mencionadas, que el gobierno entendía que el tema de la seguridad de los excombatientes es un tema relevante, sin embargo era importante que en Colombia y el mundo se entendieran dos cosas:
Primero (…) que cuando se firmó el acuerdo con las extintas Farc el ELN en Colombia ya existía el Clan del Golfo; ya existían los Caparros, los Puntilleros, y a eso se sumaron las disidencias. Esto es importante porque pensar que la implementación de ese acuerdo era suficiente para lograr una paz estable y duradera nunca fue sino un titular. Y segundo que en referencia a los excombatientes, se tiene una mesa de trabajo en donde funcionan todas las entidades que tienen responsabilidad del Estado, se tiene una mesa técnica para poder atender las peticiones de seguridad y se tiene una unidad en la Fiscalía que ha sido más eficiente que el promedio de la fiscalía absorbiéndolo y metiendo a la cárcel tanto a los autores materiales como a los actores intelectuales de esos homicidios.
El Consejero tiene razón en que en el país aún existían y existen otros grupos armados al margen de la ley, sin embargo el Acuerdo también considera elementos como el desmonte del paramilitarismo y un amplio enfoque de garantías de seguridad, que no solo se refería a la violencia contra las personas que dejaron las armas, sino también para la prevención y reducción de la violencia política del país; entre tanto, plantea una perspectiva de seguridad humana más allá de las amenazas físicas o directas. La seguridad de las personas se basa en el desarrollo humano; garantizando la capacidad de cada cual, para ganarse la vida, satisfacer necesidades básicas, ser autónomo y participar de forma libre y segura. En tal sentido, son apuestas de abajo hacia arriba “basadas en las vivencias y experiencias de seguridad e inseguridad de las personas que sustentan y desarrollan el enfoque de seguridad humana…inspiración para llevar a cabo políticas de seguridad alternativas, no basadas en la militarización, la fuerza de las armas y del miedo”.
De acuerdo a lo anterior, la articulación de las instituciones que garantizarían dicha seguridad o protección en el Acuerdo, como lo afirma el Instituto Kroc, ha sido fragmentada, desarticulada y poco participativa. Por lo que se pueden referenciar retrasos en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), en el 2019 nunca se convocó y empezó a reemplazar su función con la Comisión de Seguimiento y Coordinación de Procesos Electorales cambiando su objetivo. Del mismo modo, por la falta de asignación de recursos tuvo pocos avances el Programa Integral de Seguridad para las Comunidades y Organizaciones en el Territorio creado bajo el Decreto 660 del 2018.
En tal sentido, el Estado colombiano y sus gobernantes, como representantes legítimos de la nación, deberían atribuirse parte de la responsabilidad, pues ha sido claro que en su larga historia como Estado -fallido según diversas posturas-, en Colombia no ha logrado garantizar la seguridad económica, alimentaria, ambiental, física, mental, política de los ciudadanos, aspectos que, según el Informe de Desarrollo Humano de Pnud en 1994, son centrales en la implementación, protección y garantía de la seguridad humana, concepto vigente en la actualidad. Dicho lo anterior, es posible afirmar, en términos académicos y prácticos, que la sistematicidad en el asesinato y persecución -tanto de los firmantes de paz como de los líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos-, configura un razón de incumplimiento, que se debe a una concepción de seguridad estatocéntrica y militarista que no tiene en cuenta la concepción integral de seguridad bajo una visión crítica.
Con todo esto, es claro que la constitución de una mesa de seguimiento sobre la violación de derechos humanos, los Consejos de Seguridad y demás instancias de “participación”, no son efectivas para garantizar la seguridad integral de las personas en el país, aquí debe realizarse una gestión púbica efectiva que supere la concepción militarista de seguridad, desarrollo social e institucional en el país. Toda vez que a portas de cerrar gestión, aún el gobierno no ha comprendido el enfoque de participación efectiva de las comunidades.
Avances del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición
Ahora bien, al tratarse de la gestión de las instituciones que componen el Sivjrgnr, aunque en el relato de los directores del sistema se sostuvo la idea de que el gobierno está desatendiendo sus obligaciones con la implementación en diferentes niveles, se marcaron algunos hitos importantes. En primer lugar, la directora de la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas señaló que “la institución ha avanzado en el cumplimiento de su mandato; en coordinación con distintas instituciones del Estado ha podido hallar a personas desaparecidas con vida. Durante el 2020 se logró encontrar a tres personas con vida que pudieron reencontrarse con sus familiares; contribuir a la identificación de cuerpos de personas que no habían sido identificadas; y encontrar y recuperar cuerpos de personas que se encontraban en distintas partes del país”. Así mismo, señaló la trascendencia del aporte que vienen haciendo quienes pertenecieron a las Farc ya que con sus testimonios “se ha logrado avanzar en determinar la suerte y el paradero de un gran número de personas desaparecidas”.
Por su parte, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP, entidad que está llamada a investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves y representativos que tuvieron ocurrencia durante más de 50 años del conflicto armado, resaltó la gran importancia que, para el proceso de paz y para la sociedad colombiana en general, tiene la apertura de los 7 macro casos sobre los que la institución viene trabajando de manera ardua desde que inició su gestión.
Aquí los casos:
| Nombre del caso | Descripción | Víctimas identificadas |
| Caso 01: "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad" | Prioriza las "retenciones ilegales de personas por parte de las Farc-EP", principalmente entre 1993 y 2012. Se le conoce como el caso de secuestro. | 2.444 víctimas |
| Caso 02: Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) | Prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que afectaron sobre todo a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas Lgbti de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño. | 105.000 víctimas |
| Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado | Investiga las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, a partir del informe No.5 de la Fiscalía. Este informe indica que hubo un total de 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014. El fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008. | 1.170 víctimas |
| Caso 04: Situación territorial de la región de Urabá | Prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. | 787.000 víctimas |
| Caso 05: Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca | Prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en 17 municipios ubicados en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. | 164.301 víctimas |
| Caso 06: Victimización de miembros de la Unión Patriótica | Este caso fue abierto a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”; del Informe de la Corporación Reiniciar “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, y del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”. | 8.196 hechos victimizantes |
| Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado | Prioriza el reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. También investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas, como consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra. | 17.000 víctimas |
Tabla 1. Funte: Casos de la JEP y cifras aportadas por su presidente en el parlamento.
Al respecto del primer caso -que hasta ahora es el único sobre el que se ha expedido resolución interna o providencia judicial en la que se determinan hechos y conductas-, el presidente de la JEP resaltó lo siguiente:
"Está es una decisión trascendental que se logra luego de examinar archivos judiciales, incluyendo documentos y computadores incautados en operaciones militares, así como 17 extensos informes del Estado y la Sociedad Civil; recibir las versiones de 38 comandantes de manera individual, y de 257 exguerrilleros en diligencias colectivas; de sistematizar y analizar las observaciones de 1028 de las 2456 víctimas acreditadas".
Finalmente, al hablarse del trabajo que viene haciendo la Comisión de la Verdad (CEV), institución que en palabras de su presidente, “asumió la responsabilidad de exponer la verdad histórica, para que Colombia conociera también las razones políticas, y las razones de ética política e históricas por las cuales se llegó a una victimización tan profunda”, Francisco de Roux sostuvo lo siguiente:
(…) la comisión está preparando ya en su último año el informe final, concentrado en una narrativa de lo que nos aconteció, con base en los testimonios de las víctimas y en más de 190 documentos entregados por las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones distintas de la gente. Al mismo tiempo, la CEV está en la tarea de establecer, junto con ese relato que conlleva los hallazgos, el sufrimiento de la mujer y de los grupos de género y de los grupos étnicos; los enormes golpes a la democracia en Colombia durante todo este proceso y de igual modo, está escuchando para poder concluir el contraste en la infinidad de presentaciones de personas, en una especie de entusiasmo por la verdad, que se ha generado en el país, empezando por las Farc que han comenzado a reconocer públicamente sus crímenes de guerra, muy particularmente sus grandes magnicidios y asesinatos de personas significativas para el país.
En consonancia con estos resultados positivos, casi utópicos en el contexto actual y luego de la presentación de Emilio Archila, los diferentes miembros del parlamento que participan de la Comisión de Derechos Humanos manifestaron su agrado y dejaron en claro la resolución de la Unión Europea, de seguir contribuyendo por lo menos por un año más, a través de los recursos del Fondo Europeo para la Paz, con la financiación de los diferentes programas que se desprenden del Acuerdo.
El balance general de las posiciones expuestas en el Parlamento Europeo es más negativo que positivo, por la gran resonancia y gravedad de la vulneración de derechos humanos en los últimos dos años, en tal sentido. Analicemos la palabra al padre De Roux, quien al final de su intervención dejó abierta la siguiente invitación:
Los riesgos son muy grandes. La situación de los asesinatos a líderes, firmantes del proceso de paz que dejaron las armas, y una especie de pérdida de confianza en el proceso de paz por las realidades que se han estado viviendo. Frente a esto se espera que haya de parte de las instituciones una llamada grande a confiar, en que a través de la verdad se puede realmente construir la esperanza que los colombianos estamos buscando. Aunque la comisión tiene confianza en que esto será posible, pero se necesita pensar en una perspectiva de paz grande que los abarque a todos, precisamente para que tantas personas que han confiado en que esto es posible puedan encontrar que su esperanza no estaba frustrada.
El país enfrenta un reto fundamental y la contienda electoral que se aproxima podrá potencializar algunos de los avances del Sivjrnr; aumentar la polarización respecto a la consolidación de la paz en el país; o definitivamente, ratificar el camino de vulneración de derechos humanos y asesinatos, que lleva aseverar que el país está viviendo un genocidio político. Lo anterior, agudizado por una gestión poco efectiva frente a la crisis sanitaria y de salud que enfrenta el país. El informe sobre secuestro que presentará la JEP será punto de partida de la institución para la reconciliación del país, ¿estaremos a la altura de reconocer los hechos, pero también de perdonarlos?
Sin embargo, es claro que la consecución del derecho a la paz es un compromiso compartido entre la sociedad y el gobierno, un compromiso de un Estado fuerte -en el mejor sentido de la palabra-, donde se fortalezca la cultura de paz y se emprendan acciones para rechazar la consecución “por medios violentos cualquier objetivo político, por muy digno y legítimo que sea”.
Historias relacionadas
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.
