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Aida Merlano: La extradición que nunca debió ser
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La discusión sobre la extradición de Aida Merlano está mal planteada y mal jugada: ni siquiera de extradición deberíamos estar hablando, el gobierno colombiano se apresuró y quedó en el peor de los mundos: le entregó la agenda y la narrativa del caso Merlano a Nicolás Maduro.
Veamos los antecedentes: para Colombia y otros 54 gobiernos en el mundo, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela y decidieron reconocer como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó.
Esa decisión que tuvo origen a principios del año 2019, trajo consigo unas consecuencias políticas y hace surgir también unas relaciones jurídicas que se sopesaron - ¿se sopesaron?- en su momento por los gobiernos que la tomaron.
Los gobiernos por definición controlan y dirigen los organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas, custodian fronteras, garantizan la soberanía, expiden identificaciones, pasaportes, producen la moneda de curso corriente en su territorio, prestan los servicios públicos; en un sentido amplio, se entiende que los gobiernos son los que detentan y administran los órganos del Estado.
Todos los países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente, lo hicieron conscientes de su situación; es decir, Guaidó no tenia y no tiene - ni siquiera de manera transitoria ha tenido- , el control de ningún órgano del Estado venezolano.
En consecuencia, reconocer a Juan Guaidó implicaba de suyo, reconocer a un presidente sin gobierno, uno que no detenta el poder ni controla los órganos del Estado venezolano.
Si bien es cierto que la decisión de reconocer o no a un gobierno hace parte de la soberanía de los países que conforman el escenario internacional, también es cierto que el gobierno que controla un territorio es una realidad fáctica, un hecho objetivo que no responde a que uno o varios Países lo reconozcan. No confundamos los conceptos de Estado, Nación y Gobierno porque no son lo mismo.
Con esa claridad, la realidad es que Juan Guaidó es un presidente simbólico y con la conciencia de esa realidad, se reconoció como interino por los países que así lo han hecho con un único fin: usar la presión internacional para derrocar al dictador Maduro y sacarlo del gobierno que detenta en Venezuela. El presidente interino, transitorio y sin gobierno, debía cumplir una única misión: convocar a elecciones libres que restaurasen la democracia en Venezuela.
Lo cierto es que el objetivo no se cumplió: ni cayó Maduro, ni se citaron elecciones en Venezuela; la interinidad ya lleva más de un año y si bien es cierto que 54 países reconocen a Guaidó como presidente, 140 no lo han hecho (hay 194 países en el mundo) y Nicolás Maduro es quien ejerce el gobierno en Venezuela, es él quien controla los órganos del Estado.
Veamos la otra punta de la ecuación: Aida Merlano es una ciudadana colombiana que goza de los derechos que le otorga esa nacionalidad a todos sus ciudadanos porque la nacionalidad acompaña a la persona esté donde esté y la hace sujeto de derechos. Si Aida Merlano es una delincuente, eso no la priva de los derechos fundamentales que la Constitución le atribuye como nacional colombiana; entre esos derechos sobresale la salvaguarda de su vida, obligación del Estado que no se pierden por cuenta de los procesos judiciales que afronta; aún habiendo sido condenada, condena que aún no está en firme porque fue apelada y aún no se resuelve el recurso, Aida Merlano es una colombiana a la que el Estado debe proteger.
El Gobierno colombiano ha desconocido al dictador Maduro por considerarlo, entre muchas otras cosas, una fuerza ilegítima y antidemocrática que no respeta los derechos humanos ni el Estado de Derecho. Bajo esa argumentación, quien exhibió a Aida Merlano en redes sociales, esposada y privada de la libertad, no fue un gobierno al que reconozca Colombia sino una fuerza que viola sistemáticamente los derechos humanos.
Así las cosas ¿por qué pedir en extradición a la colombiana Aida Merlano ante un presidente que no la tiene en su poder, que no tiene bajo su mando a ninguna de las Fuerzas Armadas o de seguridad que tienen privada de libertad a esa ciudadana colombiana?
Haber activado los protocolos jurídicos de extradición ante Juan Guaidó fue tanto como si a Aida Merlano la hubiese pillado BoKo Haram, la hubiese exhibido en redes sociales y se la solicitásemos en extradición al gobierno Nigeriano o si en un hipotético caso, el Estado Islámico prende a Santrich en territorio Sirio y lo pedimos en extradición a Bashar al Asad.
Según la lógica, a Aida Merlano la tiene privada de su libertad una fuerza armada que no reconocemos como gobierno y haberse apresurado a activar los mecanismos jurídicos institucionales con un Presidente sin gobierno al único que le da gasolina, pantalla y pone en situación de ventaja, es al dictador Maduro.
Si un ciudadano colombiano, delincuente o no, juzgado sin condenar, cae en manos de una fuerza militar insurrecta o sobre la cual no se reconoce legitimidad, lo que corresponde es activar mecanismos humanitarios para lograr que sea devuelto al País: para salvaguardar su vida en primera medida y para que responda ante la justicia, como es el caso de la ex senadora, por supuesto.
Si los positivistas de Palacio pensaran más allá de los artículos y los incisos, si los estrategas hubiesen actuado, si se hubiesen tomado más que unas pocas horas para salir desbocados a tomar la decisión obvia, se habría podido pensar en salidas que no pusieran en riesgo la imagen, el prestigio y la majestad presidencial.
Pedir a organismos internacionales su intervención y si se quiere, avalar al mismo Guaidó como facilitador para conseguir la devolución de Aida Merlano a las autoridades colombianas, habría sido una salida respetuosa de la normatividad pero sobretodo, digna y coherente, tanto con la realidad de Guaidó como con la realidad jurídica y diplomática de no reconocer a Maduro como gobierno.
La novela de la extradición de Aida tramitada ante un presidente sin gobierno tiene al sátrapa Maduro protagonizando un talk show diario, burlándose del presidente Duque y haciéndonos la agenda. !Qué desastre!
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