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De la violencia al homicidio: de víctima a victimaria
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El 26 de junio, el tribunal moscovita que está conociendo el caso, confirmó el arresto domiciliario de las 3 hermanas que están siendo juzgadas por el homicidio de su padre. Pese a las múltiples denuncias que las jóvenes, familiares y vecinos habían realizado ante las autoridades rusas por las reiteradas palizas y agresiones sexuales que sufrían por parte de su padre, estas hicieron caso omiso porque no tienen la posibilidad de entrometerse en asuntos familiares de este tipo.
Tras el intento de suicidio de una de ellas y de ser víctimas, cuando no era de palizas, de abusos sexuales, disparos con pistolas de aire comprimido o gases lacrimógenos, entre otros vejámenes decidieron que “debían actuar o una de ellas moriría”.
La legislación de este país despenalizó en 2017 algunas formas de violencia en el círculo familiar. Lo alarmante, y que parece no representar mayor cosa para algunos sectores, es que según datos del Ministerio de Asuntos Internos ruso, el 40 por ciento de los delitos violentos ocurren en el seno de la familia y según las cifras cada 40 minutos una mujer rusa muere víctima de violencia de género.
La desconfianza en la policía y la justicia o el peso de los llamados "valores tradicionales" hacen que entre el 60 y 70 por ciento de las agredidas nunca llegue a denunciar.
La ley contempla, en lugar de la prisión, una multa máxima de 450 euros (casi lo mismo que una multa por exceso de velocidad), lo que corresponde a $1.700.000 pesos colombianos, aproximadamente.
Esta reforma cambió la forma de entender la agresión hacia una mujer. Además, se despenaliza la violencia -mitigando considerablemente la sanción-, si se trata de una primera condena y si la víctima no ha sufrido lesiones graves.
Desafortunadamente, en algunos casos no hay segundas oportunidades para la víctima.
Esto fue lo que le ocurrió a Jena Sawtschuk, una joven de 35 años, víctima de varios tipos de violencia por parte de su novio, a quien intentaba dejar. Un día, tras cambiar la cerradura de su casa, contactó a la policía porque estaba en peligro. Su ex pareja estaba en su casa. La llamada quedó grabada. “Si la mata, iremos, tranquila”, dijo la agente que contestó.
“Todo el mundo lo sabía pero no podíamos hacer nada”, así como en el caso de las hermanas Khachaturian, en el caso de Jena, familiares y amigos (as) cercanos sabían de lo que ocurría pero no podían hacer nada.
En Rusia, las mujeres ni siquiera pueden pedir una orden de alejamiento para su maltratador porque no existe legalmente esa figura. Las autoridades no pueden intervenir porque son asuntos familiares en los que el Estado no se debe involucrar.
Según esta ley, las agresiones que causen dolor físico, pero no lesiones, y dejen moratones, arañazos o heridas superficiales a la víctima no serán consideradas un delito, sino falta administrativa, que amerita –simplemente- un jalón de orejas, una amonestación, una multa.
Solo en los casos en los que el (la) agresor(a) vuelva a golpear al mismo familiar en el plazo de un año podrá ser procesado (a) por la vía penal y castigado con la cárcel, siempre y cuando la persona agredida logre demostrar los hechos, porque la Justicia no actuará de oficio en estos casos.
Esto viendo el escenario en el que la víctima continúe con vida, si no es así, se sumará a los innumerables casos que no se resuelven.
LAs autorAs de dicha ley, dos diputadas y dos senadoras de Rusia Unida, argumentan que “solo quieren despenalizar las palizas que no ocasionen daño a la salud de las víctimas”.
Una de ellas, Olga Batalina, considera suficiente un castigo administrativo cuando el agresor no tiene intención de "infringir daño" a la víctima. Esto muy en línea de lo manifestado por Putin a finales de 2016 en una rueda de prensa, en donde sostuvo que se debe acabar “la descarada injerencia en la familia"
En el caso Ruso, hay tres factores que respaldan esta desprotección normativa y avalan de cierta manera este tipo de violencia: la autoridad, la cultura y la religión.
Desde la autoridad, adicional a la ley que protege a los agresores se encuentra la postura de Putin sobre el asunto, esta es clara "un auténtico hombre debe intentarlo siempre, y una auténtica mujer debe resistirse siempre".
En el ámbito de la cultura, se evidencia una cierta violencia intrínseca. En ese sentido, suele ser muy común que, cuando una mujer se presenta en una comisaría para denunciar a su marido por una paliza, la policía utilice el famoso dicho de “le pega porque la quiere”.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el apoyo de la Iglesia Ortodoxa Rusa a esta ley es claro. El padre de familia debe ser respetado y hacerse respetar, eso evitará que los niños se salgan del control.
Esto, además de lo alarmante de la situación y el caso puntual, permite reflexionar sobre muchos aspectos comunes, más que por las condiciones geopolíticas, sociales y culturales, por factores que son intrínsecamente humanos y parte de nuestras relaciones sociales.
Nadie sabe -además de quienes lo sufren- lo que pasa por la cabeza de una persona cuando es sometida por años a un sin número de tipos de violencia.
Miles de cosas pueden pasar por su mente, en ese momento y a lo largo de los años. Y cuando además de pensar en sí misma debe pensar en su familia, quienes se encuentran en la misma situación y comparten con ella el dolor y el sufrimiento, la situación se complica.
Cabe recordar que la violencia no solo es física, además de los puños, los moretones, cada insulto, expresión o agresión verbal, descalificativo, menosprecio, control sobre los actos, tu dinero, tu cuerpo, tus decisiones, también es violencia.
No voy a justificar lo que hicieron las jóvenes, desconozco el contexto y muchos elementos de lo que sucedió. Lo que quiero con esto es invitarnos a pensar varios aspectos.
Nadie merece la violencia, en ninguna de sus presentaciones, escenarios y de ninguna persona. Nadie “se lo ha ganado” y sobre todo, no es necesaria. Bajo ningún supuesto es justificable, no hay razones lógicas, no hay argumento que alguien pueda dar para que sea admisible la violencia.
Cuando estas situaciones, que se dan al interior de un hogar en el que para algunos –muchos- “nadie se debería meter”, es importante preguntarnos, entre tantas otras cosas, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde están las autoridades? ¿Entran o no deben hacerlo? ¿Para qué sirven ese montón de normas? ¿Dónde queda el deber del Estado proteger a las personas, a los más débiles? ¿Dónde quedan las denuncias, los seguimientos, los controles?
¿Cómo hemos permitido que las garantías y la protección mínima de nuestros derechos dependan del antojo del gobernante de turno? (esto último aplica no solo para este caso) ¿Dónde queda ese derecho penal que busca proteger a la víctima y qué pasa con estos casos en donde la acumulación de agresiones y “pequeñas” violencias sistemáticas psicológicas y simbólicas llegan a colmar tanto a la persona que un día explota y decide reaccionar?
Así como esto, también es necesario preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros u nosotras como sociedad? ¿Qué estamos legitimando, permitiendo y hasta celebrando?
Nos podemos arriesgar a decir que en Colombia, si lo comparamos con otros países como Rusia, “hemos avanzados” podríamos creer que “no estamos tan mal”. En este sentido, y creamos que en aras de proteger más a las personas, el pasado 20 de junio, se sancionó la ley 1959 que modifica y adiciona algunos artículos al código penal y al código de procedimiento penal con relación al delito de violencia intrafamiliar.
¡Punto para Colombia!
Aquí sí es delito y se castiga, pero no, esto no ha solucionado el problema. Entre los cambios realizados, uno de los más importantes tiene que ver con la ampliación de los sujetos que se pueden considerar como víctimas de esta conducta, consagrada en el artículo 229 de la ley 599.
Con dicha modificación se prevé que a la sanción establecida, quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas contra: i) los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado, ii) El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor, iii) quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, iv) las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad.
Adicional a esto, se consagró que también serán responsables de estas conductas quienes sin ser miembro del núcleo familiar, sean encargados (as) del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas señaladas.
Así como esta, el endurecimiento de los homicidios contra mujeres, con la inclusión del tipo penal de feminicidio y otras reformas en este ámbito, parecen dar la confianza –al menos para un grupo de legalistas- de que la situación se está controlando, aunque las cifras –que van en aumento desde el 2015- muestren que solo en el 2018 en Colombia se registraron 665 feminicidios y 232 en grado de tentativa para un total de 897 casos de violencia contra mujeres.
Distinto a lo que algunos creen, si bien las leyes y regulaciones normativas pueden contribuir a controlar la situación, el problema debe atacarse de fondo.
La normalización, interiorización y aceptación cultural de ciertas conductas. La incitación a algunas y el reproche social por el reclamo de quienes denuncia el empujón, el pellizco, el grito, terminan obligando a una persona a acumular y guardar en silencio. Esto, en algunos casos, termina convirtiendo a estas víctimas en victimarios.
Debemos decirlo, la culpa no solo de su agresor y del sistema jurídico, las leyes solas no son la solución. Una sociedad que sigue invisibilizando, minimizando y celebrando ciertas conductas, también es responsable.
Los trapos sucios no se lavan en casa. Si seguimos pensando eso, seguirán lavándose en casa, los trapos sucios pero de sangre.
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