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Destrucción de empleos y de tejido empresarial
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Las cifras de empleo nos ofrecen evidencia sobre la magnitud de estas consecuencias: para el final de abril se habían perdido 5.3 millones de puestos de trabajo.
La magnitud del impacto económico de la emergencia ha sido ya enorme y puede serlo aún más. El levantamiento de los confinamientos es indispensable para empezar a recorrer la senda de la recuperación, pero no garantiza un rebote inmediato y total, y requiere ser sostenible desde el punto de vista de la salud para maximizar sus efectos positivos. La recuperación económica requiere entonces el robustecimiento de la capacidad en salud y del plan de Prass.
Es fundamental también embarcarse en ajustes a las regulaciones laborales y de mercado para que permitan la adaptación de las actividades productivas a una nueva realidad con distanciamiento social. Las transferencias y subsidios a personas y empresas deben mantenerse para aquellos a quienes aún no les está permitido regresar al trabajo, mientras que el necesario estímulo fiscal a través de un mayor gasto público se redirecciona a actividades que, como la construcción de vivienda, magnifican el impacto positivo de la intervención en la demanda agregada. Cuando el mayor reto fiscal está en la caída de los ingresos tributarios efecto de la recesión, frenar esa recesión es no sólo la prioridad para el bienestar de la población, sino también la prioridad fiscal.
¿Qué tan grave puede ser?
La pandemia y las medidas que hemos tenido que adoptar, de manera agregada e individual, para enfrentarla han tenido unos efectos enormes sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Enfrentamos y vivimos desafíos y cambios mayores que nos han exigido hacer ajustes en nuestras actividades, en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones con los demás. Hemos intentado cuidarnos y cuidar de los demás y, entre todos, autoridades y ciudadanos, hemos logrado que el sistema de salud haya podido responder a las exigencias extraordinarias, hasta ahora, sin colapsar. También hemos vivido de forma más o menos directa y drástica las devastadoras consecuencias económicas de la emergencia por covid-19.
Las cifras de empleo nos ofrecen evidencia sobre la magnitud de estas consecuencias: para el final de abril se habían perdido 5.3 millones de puestos de trabajo. Con una masa de ocupados precovid de 22 millones de personas, esa cifra habla de la pérdida de uno de cada cuatro puestos de trabajo. Ese mismo mes presentó una caída precipitosa de los ingresos en diferentes actividades económicas: 30 por ciento en las industrias manufacturera y extractiva, más de 90 por ciento en los hoteles y más de 60 por ciento en otros servicios de entretenimiento incluyendo restaurantes, alrededor de 25 por ciento en la salud.
La desaceleración económica y la consecuente pérdida de oportunidades de trabajo y generación de ingresos para los hogares responden a la combinación de cinco poderosas fuerzas:
- La caída de la demanda de bienes y servicios cuyo disfrute exige contacto físico con muchas otras personas que afectó a sectores específicos como los de espectáculos, la hotelería y los restaurantes y puede seguir afectándolos más allá de los periodos de confinamiento por decisión voluntaria de los consumidores.
- La imposibilidad para operar muchas empresas y negocios en medio del confinamiento impidió en abril el funcionamiento de sectores en los que trabajaba más el 40 por ciento de las ocupadas precrisis.
- El choque externo generado por la recesión mundial que golpeó la demanda de exportaciones y las remesas provenientes del exterior, afectó los ingresos del sector petrolero y del gobierno y dificultó el acceso a insumos importados.
- La magnificación de todos estos efectos por su transmisión a través de los encadenamientos productivos a clientes y proveedores de las empresas directamente afectadas.
- La caída generalizada de la demanda por efecto de la caída de ingresos en ciertos hogares vinculados a ciertos sectores y de la incertidumbre reinante, que también magnifica todos los efectos anteriores.
Aún sin tener en cuenta el choque externo, la combinación de estos mecanismos pone en riesgo inmediato a más de 12 millones de empleos. Si la crisis se extiende al punto en que incluso las empresas más grandes de los sectores afectados incurren en despidos y cierres definitivos, el número de potenciales afectados se extiende a 15 millones. Y muchas de estas pérdidas, especialmente aquellas en la formalidad, pueden extenderse en el largo plazo por la dificultad de recontratación y creación de empresas en el sector formal (ver). Según estos cálculos, el efecto de los cierres es casi tres veces tan grande como el efecto de la caída de demanda en sectores que requieren alto contacto. Pérdidas de empleo de esta magnitud, de hacerse efectivas, implicarían un retroceso de dos décadas en la lucha contra la pobreza.
La política pública se ha ajustado para mitigar estos efectos con transferencias monetarias a los hogares en la informalidad, créditos y subsidios a las empresas, flexibilización en el pago de algunas obligaciones, todo esto a un costo fiscal no despreciable, aunque tampoco inmanejable, al menos hasta el momento. Infortunadamente, la magnitud y la duración de la crisis, aún inciertas y que pueden involucrar rebrotes de la epidemia, hacen que esas medidas, aunque útiles, sean insuficientes.
Apuntarle a una recuperación que se mida en meses o años, en lugar de quinquenios, requerirá minimizar la destrucción de empresas y trabajos formales, así como crear las condiciones para que unas y otros se reinventen para la nueva normalidad. Además de alimentar la esperanza de que las masivas pérdidas de bienestar producto de esta crisis no sean permanentes, la credibilidad de esa recuperación es indispensable para la financiación misma del gobierno en la crisis, la cual se dificulta si los mercados de crédito no perciben claras señales sobre la viabilidad de la economía.
¿Cómo pavimentar el camino a la recuperación?
Los cálculos resumidos arriba implican que ese camino requiere el levantamiento de los confinamientos generalizados. El confinamiento generalizado ha dado tiempo para fortalecer y adaptar la capacidad de respuesta del sistema de salud, así como para que cada uno de nosotros adopte comportamientos en línea con el cuidado y la necesaria bioseguridad de la nueva normalidad.
El paso del confinamiento generalizado a una reapertura gradual por sectores también ha ofrecido tiempo para tener mayor y mejor información y recoger lecciones. Entre ellas, la necesidad de planear, fortalecer e implementar el seguimiento y aislamiento de los casos, así como de sus contactos para continuar controlando la expansión del contagio.
Esto resulta primordial considerando la alta probabilidad de aumento en los contagios al levantar los confinamientos. Ese aumento no sólo incrementa la presión sobre el sistema de salud, sino que también podría llevar a nuevos confinamientos afectando negativamente las expectativas sobre la recuperación de la economía. En consecuencia, la relajación de los confinamientos como estrategia de control epidemiológico solo será sostenible si el esperable aumento del contagio no sobrepasa las capacidades del sistema de salud.
Es fundamental entonces la ampliación efectiva y suficiente de las capacidades del sistema de salud, así como del programa de pruebas, rastreo y aislamiento focalizados, para que reemplacen al confinamiento generalizado como pilar del control de la epidemia. Es indispensable superar rápidamente las restricciones regulatorias y ejecutivas que han ralentizado el cumplimiento de las metas previstas en ampliación de camas de UCI y del programa de pruebas, rastreo y asilamiento. También es crucial difundir los planes para esta ampliación, y cómo se prevé que variarán dependiendo de circunstancias, para minimizar el grado de incertidumbre.
Resulta también necesario ampliar la capacidad los sistemas de transporte masivo, y ajustar la capacidad y normas de uso de otros bienes públicos urbanos, de manera que puedan seguir prestando sus servicios sin convertirse en focos inmanejables de contagio. Sólo así será posible motivar a los ciudadanos para que en sus roles de consumidores, trabajadores y empleadores asuman gastos, inversiones y contrataciones conducentes a una efectiva recuperación.
El confinamiento no es la única fuerza tras la recesión económica ni levantarlo significa autorizar solamente la realización de actividades productivas, pues para dinamizar la actividad productiva es necesario recuperar las actividades de esparcimiento en el curso de las cuales las personas demandan bienes y servicios. La recesión también se origina en la contracción de la demanda, causada tanto por los cambios voluntarios de comportamiento como por las restricciones a la movilidad y las actividades de las personas.
La actividad económica tarda en recuperarse pues se requiere superar la incertidumbre que frena planes de expansión de las empresas y porque el mercado laboral en Colombia está sujeto a múltiples inflexibilidades que desincentivan la contratación. Por lo anterior, aún el fin definitivo y completo levantamiento de los confinamientos, aunque clave para frenar la contracción severa de la economía, no significará el fin inmediato de la recesión. Se requieren entonces medidas complementarias cada vez más difíciles de adoptar en un ambiente de creciente limitación fiscal.
Si bien es necesario mantener programas de subsidio a la nómina de las empresas para minimizar la destrucción de puestos de trabajo, la extensión en el tiempo de este y otros programas de transferencias enfrenta importantes retos de viabilidad fiscal.
Los subsidios a la nómina deben ajustarse de manera dinámica a la cambiante realidad de las restricciones a la movilidad y el trabajo, focalizándose en empleadores que continúan sujetos a tales restricciones y que, por tanto, no pueden generar ingresos para responder por sus nóminas. En la medida en que son programas que buscan evitar la pérdida de empleos, deben ser enfocados a la supervivencia de puestos de trabajo en empresas que podrán ser solventes tras la pandemia.
Es importante, por tanto, modificar estos programas con condicionalidades o incentivos para propiciar las transformaciones necesarias para garantizar esa solvencia (manteniendo esas modificaciones dentro de lo razonable para que los programas sean efectivamente implementables) y asegurar su desmonte, una vez superadas las condiciones que los motivaron.
Hay elementos de la regulación laboral que juegan en contra tanto de la transformación del aparato productivo para la situación pospandemia como de la recuperación de los empleos perdidos. Adaptarse con éxito requerirá más trabajo remoto; la realización de actividades comerciales, de esparcimiento y de trabajo en horarios nocturnos; el establecimiento de turnos de trabajo y horarios extendidos; la posibilidad de que una persona genere ingresos a la vez en el empleo y el emprendimiento.
Todos estos cambios implican, en sí mismos, retos y desafíos que deben ser evaluados con atención para potenciar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Para poder hacer esto dentro de esquemas de empleo formal es necesaria una reglamentación flexible de jornadas laborales y de contratos de tiempo parcial. Y para que empleados y empleadores hoy vinculados por contratos laborales puedan adaptar esos contratos sin finalizarlos, lo que incrementaría el riesgo de la disolución definitiva de su relación laboral, será necesario que los contratos vigentes también puedan flexibilizarse si hay común acuerdo entre empleado y empleador. La recuperación de puestos de trabajo, además, será más expedita en la medida en que esté menos sujeta a sobrecostos que emanen de la regulación.
Aún sin confinamientos, muchas de las formas de producción, trabajo e interacción social deberán adaptarse a una realidad con menor contacto físico entre las personas, tanto en sitios de trabajo como en centros educativos, lugares de esparcimiento y comercios. Algunas regulaciones vigentes representan barreras para ese ajuste. Un ejemplo son las regulaciones de mercado que exigen la existencia y adecuación, a veces muy costosa, de una planta física, en sectores como restaurantes, centros de educación y academias o centros de atención médica.
Mientras el futuro de una parte de estas actividades podría estar en la prestación de servicios virtuales muchos de sus establecimientos venían funcionando con licencias atadas a sus plantas físicas. Esto limita sus posibilidades de ajuste y les obliga a incurrir en costos, que hoy pueden poner en peligro su supervivencia, para asegurar las condiciones de unas instalaciones cuyo uso se ha reducido de manera drástica.
Será necesario revisar las regulaciones que imponen requisitos de planta física para la operación de servicios para que no impidan o desestimulen la transformación de los prestadores hacia modalidades virtuales o a domicilio, ni fuercen a las empresas que hoy los prestan a dejar de operar en la formalidad mientras realizan largos procesos de aprobación de nuevas licencias.
Cabe, también, preguntarse por la continuidad de las transferencias de emergencia a hogares vulnerables. Estas buscaban aliviar el impacto de la emergencia sobre hogares cuya capacidad de generación de ingresos se vio impedida por la crisis y de los que no cabía esperar que contaran con ahorros para garantizar su supervivencia en ausencia de ingresos. Deben mantenerse solamente para los hogares para los que se siga cumpliendo esta condición. El levantamiento progresivo de los confinamientos deberá ir reduciendo la cobertura de estos programas. Sólo así serán fiscalmente viables.
Desde una perspectiva más estructural, la adopción de emergencia de estos programas de transferencias a hogares vulnerables y la necesidad de irlos desmantelando a la luz de las restricciones fiscales, han revelado la importancia de que la sociedad colombiana debata la posibilidad de reformar las bases del sistema de redistribución para que sea compatible con el aseguramiento de un ingreso mínimo por parte del Estado de forma más permanente. Esto sólo sería posible y deseable si hay una reforma integral que asegure el financiamiento sostenible de ese ingreso mínimo garantizado y la compatibilización de las normas del mercado laboral con la existencia de tal garantía.
La recuperación económica requerirá, en todo caso, una importante inyección de recursos del gobierno. Ante el levantamiento de los confinamientos, el direccionamiento de esos recursos debe moverse de uno dirigido a sustituir ingresos que las personas y empresas no podían generar en medio de la parálisis a uno pensado para lograr el mayor estímulo posible a la demanda y, por esa vía, a la actividad económica.
El gasto público en vivienda con un alto componente de interés social es una estrategia que ha demostrado tener efectividad en la generación de empleo, y por tanto de ingresos, además de un impacto de mediano plazo en disminución de pobreza.
Otras alternativas, aunque de menor impacto en el área clave de la generación inmediata de empleo, son la construcción de infraestructura y transferencias de ingreso a familias vulnerables, como las que se discuten más arriba. En un ambiente en que el mayor reto fiscal está concentrado en la caída de ingresos tributarios como consecuencia de la recesión, un estímulo efectivo a la economía con base en mayor gasto público no solamente protege a los hogares de una caída aún mayor en sus ingresos, sino que contribuye a su propio financiamiento por la vía de un menor decrecimiento económico y el consiguiente freno a la caída de los ingresos tributarios.
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