Diez años de la Ley de Víctimas: el dolor sigue

Jun 25, 2021

Norma Vera Salazar

Desde la década de los años sesenta, con el surgimiento de los grupos guerrilleros, y el posterior discurso contrainsurgente proveniente de la conformación de grupos paramilitares en los años ochenta, Colombia ha vivido décadas de terror, sangre y muerte financiada principalmente por el narcotráfico y las actividades económicas ilegales. Estas han dejando un alto número de víctimas de la población civil y el incremento de delitos de impacto como el homicidio, el secuestro, las masacres y las desapariciones forzadas.

Sin embargo, las responsabilidades no han sido únicamente de los grupos armados ilegales emergentes, sino que, de los más de 220.000 colombianos asesinados durante el conflicto armado (de acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica), la Fuerza Pública —presuntamente— habría dejado 158 víctimas en masacres, cometido al menos 2.399 homicidios, 57 casos de tortura, 8 casos de violencia sexual, más un número aún no determinado de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Es por ello que, en 2011, la expedición de la Ley 1448, también conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, supuso un paso importante en el reconocimiento de la historia de la violencia en el país y una oportunidad para la reparación integral de los más de siete millones de colombianos que sufrieron violaciones de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno. Ellos, a través de una serie de mecanismos judiciales, de asistencia y protección, podrían acceder —al menos en el papel— a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Fue una apuesta que evidenció las necesidades materiales, psicológicas y simbólicas de casi el 20 por ciento de la población colombiana.

Esta ley resignificó la noción tradicional de "víctima", reconociéndoles como sujetos de derechos y reparación, individuales y colectivos. No obstante, desde sus inicios planteó una serie dificultades y discrepancias: por ejemplo, el universo de víctimas solo reconoce a quienes padecieron los hechos ocurridos partir del 1° de enero de 1985 y excluye a las víctimas de desplazamiento y despojo de tierras antes del 1° de enero de 1991, de desplazamiento intraurbano y a las víctimas de las “bacrim”; además, ha sido ampliamente criticada por la falta de participación de las víctimas en la elaboración de la propuesta.

Ahora bien, esto les dio importancia a las experiencias subjetivas de las víctimas y al potencial político de sus testimonios, que han sido útiles para organizar, movilizar, resistir y configurar las relaciones con la institucionalidad y los territorios desde la agenda de las víctimas. De acuerdo con Delgado Barón, esto obedece no a una “virtud propia” de esta ley, sino que es una consecuencia a la invisibilización de la dimensión política del conflicto y la articulación de las demandas “viejas y nuevas” por la restitución de las tierras.

El 10 de junio de 2021, el país conmemoró el décimo aniversario desde su expedición, en el que se mostraron los logros alcanzados al respecto: el reconocimiento y dignificación de las víctimas; la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; el Registro Único de Víctimas (RUV); los procesos de restitución de medio millón de hectáreas; la indemnización de un millón cien mil víctimas; las acciones de ayuda humanitaria; el acceso a derechos como salud y educación por parte de la población víctima; la creación de mesas locales, regionales y nacionales de participación e interlocución de las víctimas con el Estado; la documentación de los testimonios y el impacto de esta ley en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

Sin embargo, sectores académicos e institucionales han manifestado en diversas ocasiones cómo la ventana temporal establecida para su implementación y los recursos asignados resultan insuficientes, teniendo en cuenta que existen registradas 9.134.347 víctimas individuales y 794 sujetos de reparación colectiva y que, en materia de reparación económica, en diez años solo se ha logrado indemnizar al 12,7 por ciento de la población con una inversión de ocho billones de pesos.

Aunado a esto, las dificultades para monetizar parte de los bienes entregados por los victimarios en el proceso de Justicia y Paz (que, en muchos casos, no poseen valor material representativo y que, por el contrario, han demostrado el poco interés por reparar económicamente a las víctimas) han constituido formas de violencia simbólica; además, estos bienes no corresponden a todo lo que adquirieron durante su accionar ilícito y que de forma voluntaria no entregaron durante el proceso. Por ejemplo, la insignia entregada por exjefes del Bloque Central Bolívar para “reparar a las víctimas” y que era otorgada en reconocimiento a los servicios prestados en la sanguinaria lucha contra insurgente.

Por otro lado, la realidad de las víctimas a través de sus testimonios ha permitido no solo reconstruir los hechos de violencia padecidos, sino también evidenciar las fallas del Estado en lo que tiene que ver con justicia, reparación, atención y garantías de no repetición; por ejemplo, algunas victimas han fallecido sin recibir indemnización alguna, han sido revictimizadas o, simplemente, no han podido acceder y hacer uso efectivo de este sistema.

En el caso de las 30.086 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado registradas en el RUV, hasta septiembre de 2018 solo el 30 % de estas habían sido indemnizadas y el 11 % habían participado en medidas de recuperación emocional. Esto, teniendo en cuenta que, a nivel general, solo un poco más del 2,7 % de las víctimas del conflicto han recibido atención psicosocial.

Por otra parte, frente a estos hechos en particular, tenemos que solo existen 96 confesiones de violencia sexual en el marco del proceso de Justicia y Paz que suman 1.728 casos; el registro cuantitativo oficial ha invisibilizado hasta el momento al 95 por ciento de las víctimas. En el departamento del Magdalena, Hernán Giraldo, exjefe del Bloque Resistencia Tairona, desmovilizado en 2006, solo reconoció 38 casos de violencia sexual, con un subregistro de al menos 162 víctimas que eran menores de 14 años en el momento de los hechos y que siguen esperando justicia.

A propósito de estas cifras a nivel nacional, en Casanare el 11 % de la población ha sido atendida; en el departamento del Magdalena, de las 299.220 personas que son sujetos de reparación, solamente el 10 % ha recibido indemnización, mientras que entre 2018 y 2020 el 1,2 % recibió atención psicosocial. De los 31 sujetos de reparación colectiva, 15 se encuentran en implementación y 16 en las fases de identificación, caracterización y diagnóstico. En Arauca por su parte, el porcentaje de atención no ha llegado siquiera al 8 %.

Esta situación evidencia, el gran desafío y la deuda moral que aún tiene el Estado en la reparación a las víctimas del conflicto asimétrico que azotó por más de medio siglo al país. Una tarea pendiente que requiere la voluntad del Gobierno nacional para asignar los recursos necesarios para la indemnización individual; monetizar los bienes entregados por los actores del conflicto armado en el marco de los procesos de justicia transicional; el fortalecimiento y articulación de las instituciones que participan en la ruta de atención; garantizar acceso a justicia, verdad y respeto por los derechos humanos; la restitución de tierras; escuchar las demandas de las víctimas e incorporarlas a través de una reforma que responda a las necesidades reales de la población; brindar oportunidades para incluir al sector productivo a las víctimas que están en condiciones altas de vulnerabilidad social y que, en medio de la pandemia, continúan padeciendo la desigualdad; y, finalmente, desarrollar acciones que garanticen justicia a todas las victimas de violencia sexual que históricamente han sido invisibilizadas.