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El Catastro de Colombia fue concebido con un único objetivo,el fiscal. Operá con una ficha catastral desde 1984 vieja y vetusta para el crecimiento del país,siendo un obstáculo para el desarrollo rural. Surge el Catastro Multipróposito como eventual solución,en este corto ensayo se analizarán sus retos y oportunidades para el campo colombiano.
El Catastro Multipropósito: Retos y Oportunidades para el Desarrollo Rural
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La problemática de las tierras en Colombia se puede resumir según Reyes Posada (2010) en siete cuestiones, patrón inadecuado de ocupación y uso de la tierra, las nuevas élites propietarias refuerzan el patrón inadecuado, el campesinado en el lugar equivocado, debilidad de los derechos de propiedad de la tierra, el atraso y la debilidad institucional, el viraje de las políticas sobre la tierra y la orden de la distribución de la población campesina en el territorio. Sumado a ello, es claro que la sociedad rural y el campo colombiano han sido ejes indiscutibles del desarrollo del país. Al mismo tiempo, su atraso relativo en materia social y económica muestra los sesgos urbanos que han tenido nuestro desarrollo y, por lo tanto, la inmensa deuda que el país ha acumulado con el mundo rural. El campo ha sido, además, el escenario principal de un largo conflicto armado (Misión para la Transformación del Campo, 2015).
Este corto panorama muestra la realidad del país durante toda su historia republicana, la mayor problemática de estas y para iniciar a forjar una hoja de ruta para el diseño de políticas públicas eficaces para transformar la ruralidad colombiana, es necesario saber que tierras tiene el país y su potencial económico, ambiental y social para poder discernir y llevar al campo el tan anhelado Estado social de derecho, para ello es necesario un sistema de identificación de predios rurales que con precisión permita conocer el territorio, pues es este el campo de las batallas de las competencias administrativas, un sistema que fortalezca los fiscos municipales como el caso del impuesto predial y un sistema que garantice seguridad jurídica de la propiedad (restitución, formalización y titulación).
El Catastro del país, diseñado 1908 fue concebido con un objetivo único el fiscal, operado con una ficha catastral desde 1984 vieja y vetusta para el crecimiento del país se convierte en un obstáculo para generar desarrollo rural. Las cifras presentan lo cruel del panorama rural, 63,9% de predios desactualizados y 28,5% sin formar, es decir de los 1122 municipios de la geografía nacional 378 están actualizados representando el 34%, 664 municipios están desactualizados representando el 59% y el resto de municipios sin formar, según estas cifras en Colombia hay 4.132.306 de predios rurales, la gran pregunta es ¿corresponde a la realidad del país? De estos predios rurales el 60% presenta inseguridad debido a la informalidad en la tenencia, lo cual facilita el despojo, impide el acceso al crédito, desincentiva la inversión y es el factor de pobreza más grande.
Frente a este panorama, el país, en buena hora, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asumió la tarea de diseñar un catastro con finalidad multipropósito, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un Nuevo País’, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó una nueva política para la conformación, implementación y sostenimiento de un catastro multipropósito, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, integrado con los sistemas de planeación e información del territorio y en concordancia con estándares internacionales.
Este catastro multipropósito, como ha sido llamado, incorpora el análisis de cuatro variables fundamentales a saber, en primer lugar, la económica para lograr estimar valores catastrales que reflejen de manera precisa las condiciones físicas y económicas de los predios, a través de la identificación, adopción e implementación de estándares técnicos en el marco del catastro multipropósito para ello se previó el diseño de un observatorio del mercado inmobiliario, optimización y rediseño de metodologías de valoración predial y eliminar limitaciones técnicas y normativas sobre la valoración predial.
En segundo lugar, la física para lograr realizar la plena identificación y descripción física y jurídica de los predios públicos y privados del país, bajo los estándares definidos y adoptados por la autoridad catastral para ello, se deberá adoptar un plan nacional de cartografía, estándares técnicos y tecnológicos mínimos y registro nacional de reconocedores prediales.
En tercer lugar, la jurídica, la cual buscar garantizar la anhelada interrelación catastro-registro y contar con una norma integradora y unificadora en estas materias. Esta variable es sin duda, una de las mayores problemáticas que tienen el sector de tierras en Colombia.
Y por último, la Institucional para lograr fortalecer la institucionalidad catastral para la implementación del catastro multipropósito y la adecuación de mecanismos para mejorar el acceso e interoperabilidad de la información sobre la tierra y la propiedad.
Teniendo en cuenta estas cuatro variables, el catastro buscara la eficiencia en la gestión catastral, tendrá usos en diferentes decisiones de Estado, como es el inventario de baldíos, titulación, formalización de la propiedad, manejo de conflictos de tenencia y uso del suelo, ordenamiento productivo del suelo rural, identificación redes de infraestructura vial, portuaria, logística, marítima y de servicios, gestión predial, ordenamiento ambiental: delimitación áreas protegidas, paramos, zonas de reserva y parques naturales, valoración de uso por conservación, identificación y definición zonas de explotación minera, formalización minera, entre otras.
Ahora bien, para la implementación del Catastro Multipropósito se diseñaron dos fases, una piloto del nuevo modelo en 11 municipios, la cual estaba prevista para el año 2016, y escalamiento a todo el territorio nacional entre 2017 y 2023. La meta a 2018 es conformar e implementar el catastro multipropósito en el 25 % del país (con énfasis en zonas rurales), y sentar las bases para completar el ejercicio nacional en 2023. El costo de esta política Es de señalar que esta política es de $ 2,6 billones y su implementación será liderada por Presidencia de la República, el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia Notariado y Registro (SNR) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Finalmente, esta política pública debe aprovechar conocimiento geográfico, agrológico y ambiental acumulado sobre el territorio y ponerlo al servicio de la población campesina y de los productores eficientes, para proteger la sostenibilidad de los recursos y ordenar mejor la distribución de la población campesina en el territorio más productivo. Esta política pública debe ser el insumo fundamental para el diseño e implementación de acciones que busquen justicia distributiva, transferencia tecnológica y desarrollo rural al campo colombiano.
Bibliografía:
Ocampo, J. (2015). EL CAMPO COLOMBIANO: UN CAMINO HACIA EL BIENESTAR Y LA PAZ MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Reyes, A. (2010). El problema de la tierra en Colombia. Consultado en: https://alejandroreyesposada.wordpress.com/2012/10/31/el-problema-de-la-tierra-en-colombia/ Recuperado 20 de enero del 2017.
Restrepo, J., & Bernal, A. (2014). La cuestión agraria. Tierra y posconflicto en Colombia. Bogotá: El debate.
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