El corporativismo agrario del “rey de la soja”

Sep 01, 2016

Paula Alvarez Roa

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Ese “nuevo corporativismo” de las Zidres le cae como anillo al dedo a empresarios como Los Grobbo, o sino ¿de qué manera podría desarrollar su proyecto de tres millones de hectáreas?

El 20 de marzo de 2016 La Silla Vacía registró la visita de Gustavo Grobocopatel a La Habana por invitación del gobierno nacional. Según trascendió, el empresario argentino, que factura al año USD 1.000 millones con su empresa, visitó y habló detenidamente con las Farc para explicarles en qué consistía su “saber hacer” agrícola.

Aparentemente, luego de tan detenida explicación, sobre todo él, Grobocopatel quedó complacido del encuentro, a tal punto de señalar en otra entrevista que al ser un gran conocedor de temas rurales, así como de asuntos que conciernen a la tierra, podría ser un excelente interlocutor con las Farc. Y como él mismo manifestó: requerían de alguien que les ayudara a “cambiar la cabeza”, y ahí fue cuando aprovechó la oportunidad para explicarles cómo pensaba invertir en Colombia, a través de un proyecto de tres millones de hectáreas para producir soya, maíz y arroz.

Mas allá de la aparente “comodidad” del “Rey de la Soya” (como también se le conoce) en dicha reunión, quedan enormes preocupaciones, ya que atravesamos un momento en donde no sólo se firmó el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las Farc, - el cuál esperamos sea ratificado en el plebiscito del próximo 2 de octubre – y que en la práctica tiene serias dificultades en constituir el Fondo de Tierras para la Paz establecido en el punto 1 del Acuerdo; sino que estamos ad portas de que se creen las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidres, con la Ley 1776 de 2016, del 29 de enero de 2016 y el Decreto 1273 de agosto 3 de 2016 que las reglamenta.

Como se sabe con las Zidres: i) se legalizan las acumulaciones de baldíos efectuadas por las empresas; ii) se permite concesionar los baldíos, (del mismo modo como se hace con la minería); iii) se promueven alianzas productivas empresariales de campesinos con grandes empresas, dejando a los campesinos y mujeres rurales con menos posibilidades de acceder a tierra, subsidios y otro tipo de incentivos que requieren para poder desarrollar proyectos productivos, en el marco de una economía campesina-familiar, la cual ha demostrado su importancia y gran aporte para la alimentación y cultura del país; y iv) las Zidres podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional y ser declaradas de utilidad pública e interés social.

Ese “nuevo corporativismo” de las Zidres le cae como anillo al dedo a empresarios como Los Grobbo, o sino ¿de qué manera podría desarrollar su proyecto de tres millones de hectáreas? Por supuesto que las compañías nacionales y extranjeras que han participado de la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares, con esta Ley tienen mayor seguridad jurídica a las inversiones hechas y -las venideras-, también los provisiona de bienes públicos, les resuelve problemas con la instauración del modelo de alianzas productivas empresariales de campesinos con grandes empresas, entre otros. De hecho al analizar el articulado de la Ley, los proyectos que estén bajo ese esquema son los que recibirán mayores beneficios.

Las empresas que esperaban que estuviera la Ley para desarrollar inversiones en tierras a gran escala ya tienen a través de las Zidres su más efectivo seguro. Y las que se anticiparon a la Ley están viendo cómo se legalizan sus transacciones.

Estamos esperando que la Corte Constitucional falle la demanda de inconstitucionalidad (D-11275 y D11276), presentada por varias organizaciones sociales y representantes políticos del partido Polo Democrático Alternativo, ya que de seguir en pie, estimularía a inversionistas como Los Grobbo y tantos otros, a quedarse con tierras que debieran ser para comunidades rurales y étnicas del país, a las cuales se les debe garantizar su acceso progresivo y no cerrar la posibilidad de constituir y ampliar resguardos como es la pretensión de muchas comunidades indígenas del territorio nacional.

Adenda: Sea esta la oportunidad para invitar a la Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional el próximo 15 de septiembre, sobre la demanda mencionada, la cual convocó mediante Auto 388 de 2016.