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Pedro Javier Rojas Guevara
El doble discurso migratorio como estrategia política
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La figura del migrante es un instrumento que aceita la capacidad de control de las élites gobernantes sobre la ciudadanía.
La postura oficial de la institucionalidad colombiana se aproxima a la movilidad de personas provenientes de Venezuela desde la óptica del humanitarismo. Generosidad, solidaridad y empatía son términos que hacen parte del vocabulario del gobierno nacional y de la mayoría de las administraciones locales. Estos principios justifican en el discurso la emisión extraordinaria de permisos de permanencia, la extensión de la cobertura en salud y educación a migrantes y refugiados, o la promulgación de una ley contra la apátridia dirigida a los hijos de venezolanos indocumentados nacidos en Colombia.
De cualquier forma, en medio del desastre económico y la cooptación de libertades individuales en Venezuela, es apenas justo recalcar que las tres son motivaciones válidas. Generosidad, solidaridad y empatía son además el motor de lucha de cientos de funcionarios públicos en los territorios y en las ciudades que, en conjunto con la sociedad civil, son quienes día a día buscan humanizar el proceso migratorio de miles de personas.
Sin embargo, existe una profunda brecha sobre la concepción de lo humanitario entre estos funcionarios y ciudadanos, y las élites que los gobiernan. Muchas de las cabezas de los gobiernos nacional y locales defienden una forma específica de acción política. Esta se reviste de una retórica expresamente humanitaria. Pero esta cobertura no les impide usar la movilidad de personas para la consecución de sus propios objetivos políticos.
Así, en la práctica de la gestión migratoria, están dispuestas a criminalizar la migración como proceso y a señalar a los migrantes como individuos que amenazan el ordenamiento colombiano, por fuera del universo de lo estrictamente jurídico. No hacen falta leyes para que la práctica política termine por convertir a los migrantes en sujetos de control y sospecha, a través del uso y el abuso retórico de varios de nuestros gobernantes.
Esta estrategia emerge del choque entre el elemento humanitario del discurso oficial y la narrativa de seguridad como valor primario, privilegiada por la administración nacional y varios gobiernos locales. Generosidad, solidaridad y empatía, elementos que deberían ser inherentes a la política, están condicionados a que los migrantes se supediten a un esquema de regulación definido a la medida de las necesidades de los gobernantes.
Elementos disciplinadores, del tipo "el que la hace la paga", son definidos frente a amenazas difícilmente objetivas. Esto cancela el propósito humanitario en el que la política migratoria es en principio presentada. Además, esta dicotomía artificial sirve a las élites al momento de buscar el apoyo ciudadano en momentos de inestabilidad política.
Varios sucesos en los últimos meses dan cuenta de lo anterior. En septiembre, por ejemplo, el presidente Iván Duque estuvo dispuesto a deportar a los ‘extranjeros’ presuntamente involucrados en la ola de protestas contra la violencia policial en el país, de quienes nunca se tuvo noticia. El discurso oficial frente a los migrantes se puso al servicio de las labores de control y vigilancia sobre la ciudadanía que se volcaba a la calle en ese momento, sin evidencia material alguna que justificara este acto.
La generalización de Duque, injusta en franca lid, buscaba fijar responsabilidades en los migrantes durante una situación que se salía del control de las autoridades. El efecto fue ahondar la percepción ciudadana sobre la migración como fuente de inestabilidad. También lo fue el legitimar prejuicios y acciones de vigilancia sobre quienes la conforman.
En octubre, por otra parte, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, manifestó que existe una relación entre criminalidad en la ciudad y la nacionalidad de quienes la protagonizan, al terminar una reunión con la ciudadanía. Esta mención, basada en percepciones y no evidencia, es otra forma de afirmar el prejuicio como medio para conseguir un objetivo específico. La alcaldesa se apropió del 'estado de opinión' de una parte de la ciudadanía bogotana que, de más en más, ve en los migrantes que hoy viven en la ciudad, una amenaza a su seguridad.
Además de buscar un impacto positivo en su favorabilidad, López pudo afinar su capacidad de gobierno frente a la policía metropolitana de la ciudad, con la que ha sostenido tensiones en lo que va de su gobierno. Este salto discursivo trae consigo implicaciones. Puntualmente, la alcaldesa revistió de legitimidad prejuicios, conductas y posibles acciones de los cuerpos de seguridad, y de ciudadanos en general, quienes pueden justificar así su vigilancia y control directo sobre los migrantes. Aquellas personas llegadas de Venezuela que viven existencias precarias, en el marco del clasismo estructural de nuestra sociedad, son sin duda los mayores afectados por esta situación.
La política de defensa, manejada desde el ejecutivo, también ha servido como un vehículo para instrumentalizar la migración. Ejemplo de ello es uno de los componentes del plan ‘Frontera Segura y Regulada’ anunciado desde Cúcuta hace unas semanas. Con este se busca bloquear el paso de personas por puntos no oficiales entre los dos países, a través del incremento de presencia militar en la zona. Lo anterior ocurre en medio de la irregularización prolongada de las dinámicas transfronterizas. La ausencia de comunicación directa entre Bogotá y Caracas, que ha marcado gran parte del gobierno Duque, y el cierre de los pasos oficiales a causa del covid, han sido agravantes del proceso.
En este último caso, bajo la premisa humanitaria y tomando como escudo la salud, la disuasión a través de la fuerza, implícita o directa fortalecida en la figura militar, es utilizada sobre una aplastante mayoría de personas en situaciones abiertamente precarizadas. Sin embargo, la demanda por movilidad transfronteriza de locales e individuos en tránsito se aumenta como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia. Mientras tanto, las redes criminales que controlan los pasos clandestinos incrementan sus ingresos, así como los excesos y la violencia sobre las personas que necesitan cruzar.
El argumento del gobierno en este sentido, el de la bioseguridad, es débil. No solo es posible mantener un mejor monitoreo del comportamiento del virus con los pasos oficiales abiertos. También pareciera que el cierre del paso y la militarización de la frontera terrestre con Venezuela tiene una motivación que sobrepasa el discurso humanitario de base. La voluntad de abrir y monitorear otras fronteras, como las aéreas solo accesibles gracias a las empresas aeronáuticas, da cuenta de un estrecho relacionamiento corporativo. Este influye sin duda en la definición de las prioridades en materia de movilidad humana internacional en el contexto actual.
Así, las consecuencias de instrumentalizar lo humanitario frente al tratamiento de la migración se están comenzando a sentir. De hecho, el sentido de una respuesta generosa, solidaria y empática se ha convertido en objeto constante de crítica por buena parte de la ciudadanía, pese a ser valores constitutivos de nuestra propia humanidad. La animosidad pública hacia la migración y los migrantes y la creciente percepción negativa entre los colombianos hacia los venezolanos en el país es alarmante. Esto parece demostrar que la legitimidad concedida por los gobernantes sobre prejuicios y actitudes criminalizantes se ha extendido.
Al final, parece que se está viciando, tal vez irreversiblemente, el proceso de profunda transformación que atraviesa el país. La sociedad colombiana es cada vez más binacional y este es un proceso que bien entendido y gestionado nos hará ser mejores. Somos una sociedad que a través de la recepción migratoria nos enfrentamos a nuestro parroquialismo, a los traumas derivados de nuestra convulsa y violenta historia, y a nuestra falta de autocrítica. Tenemos una oportunidad para cuestionarnos y avanzar.
Nuestros gobernantes, sin embargo, parecen no entender la responsabilidad que tienen en este respecto. Con sus acciones deshumanizan lo humanitario en la política. Mientras tanto ayudan a afirmar negativamente las diferencias entre unos y otros. Emerge así una comunidad artificial y políticamente subordinada, sobre la cual expiar y afirmar conductas de autoridad y control, cada vez que la consecución de sus propios objetivos políticos así lo requiera.
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