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Es muy importante la decisión que tome la Corte Constitucional frente a la ley Zidres, más cuando en este país que ya tiene el escandaloso GINI del 0,87.
El fallo que tanto anhelamos: inexequibilidad de las Zidres
La semana pasada nos dejó muy preocupados. La Corte Constitucional no logró ponerse de acuerdo en el hundimiento de la Ley Zidres, tal y como lo esperamos un gran número de ciudadanos y organizaciones en todo el país.
Al parecer cuatro magistrados: Arrieta, Calle, Palacio y Rojas estaban en la idea de que se cayera toda la Ley, mientras que Linares, Ortiz, Guerrero y Vargas están de acuerdo con hacer algunos cambios en el articulado, esta situación sumada a la ausencia de Mendoza, obliga a que se tenga que nombrar a un Conjuez para que desempate la votación y para ello Germán Quintero Andrade fue el elegido[1].
La Ley 1776 de 2016 que crea las Zidres tiene por un lado fuertes opositores y por el otro fuertes defensores.
Esto se apreció en la pasada Audiencia pública realizada en la Corte Constitucional el 15 de septiembre, en donde se convocaron a las partes y de esa manera los Magistrados podían tener más elementos a la hora de tomar su decisión.
Quienes estuvimos en dicha audiencia logramos apreciar claramente que los argumentos de quienes critican la Ley son más sólidos y muestran los perjuicios que traerá esta en caso de seguir vigente, principalmente en lo referido a la legalización de acumulaciones de Unidades Agrícolas Familiares que hicieron empresas en zonas como la altillanura colombiana, pero seguramente también en otras regiones del país.
Mientras que las voces que defienden la Ley lo hacen bajo el raquítico argumento de la productividad, la cual dicho sea de paso está orientada a satisfacer la demanda de comodities a nivel internacional.
Los debates de control político realizados en el Congreso de la República liderados por el Partido Polo Democrático Alternativo desde el año 2010, nos mostraron hasta la saciedad, la manera como las empresas se acomodaron a la Ley 160 de 1994 bajo la asesoría de bufetes de abogados como el de Brigard & Urrutia.
De esa manera se hicieron a grandes extensiones de tierras, como el caso del ingenio azucarero Rio Paila Castilla con 40 mil hectáreas para la siembra de palma de aceite en el departamento del Vichada, y quienes además parece que usaron paraísos fiscales para borrar la operación.
También la poderosa multinacional Cargill, que según la investigación realizada por Oxfam, Divide y Comprarás, también se acaparó de más de 50 mil hectáreas, también en el Vichada.
Esto, según la investigación, por la vía de compras fragmentadas y de esa manera se accedió a tierras con antecedente de baldío y luego hicieron los respectivos englobes de sus proyectos productivos, en este último caso para maíz y soya.
Y como esas empresas, muchas más se conocen y han sido objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República y del antiguo Incoder.
Eso es lo que hay realmente detrás de las Zidres, lo que se viene intentando desde el gobierno anterior y en el actual es “flexibilizar la traba burocrática de la UAF” –durante el gobierno de Uribe- y en la era Santos crear las Zidres.
En ambos casos, buscando a toda costa legalizar las acumulaciones de tierras, que para rematar tienen una función social y ecológica por su carácter y antecedente de baldío.
Organizaciones campesinas y étnicas, pero también ONG, académicos, y muchos sectores sociales han venido advirtiendo los impactos que conllevan esos proyectos y han advertido que con las Zidres la situación empeorará mucho más, máxime si se tiene en cuenta que son catalogadas como de “utilidad pública e interés social”, condición que las pone por encima prácticamente de cualquier otro tipo de uso del suelo.
Inclusive, y vale la pena recordarlo, en el articulado que hacia trámite en el Congreso en el segundo periodo legislativo del año pasado, pretendieron incluir sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal para incorporarlas a futuras Zidres.
Esto a última hora se sacó, pero deja claras las pretensiones de quienes quieren apoderarse y concentrar aún más las tierras en este país que ya tiene el escandaloso GINI del 0,87.
Es muy importante la decisión que tome la Corte Constitucional y la necesidad de que el Conjuez valore los distintos argumentos que demuestran lo regresiva que resulta esta Ley para campesinos, comunidades étnicas, mujeres rurales y en general toda la Nación.
Es necesario declarar su inexequibilidad y de esa manera recuperar una visión orientada a que comunidades rurales puedan acceder a la tierra y a medios para poderla producir, pero no bajo el esquema de las “Alianzas Productivas” que plantea la Ley 1776 que lo que busca es darle viabilidad económica a proyectos empresariales y coloca a los campesinos en condiciones de absoluta subordinación y desigualdad.
Ya en el país las mejores tierras y las fuentes hídricas están concentradas y utilizadas por agroindustriales y ganaderos, es imperioso que los baldíos puedan seguir cumpliendo su función y no queden en manos privadas.
[1] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ley-zidres-corte-constitucional-nombra-conjuez-para-desempatar-votacion/16747226
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