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Estado de Derecho no significa Estado Mamerto
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Históricamente, los movimientos y activistas de izquierda han sido - como corresponde y debe ser -, los principales usuarios de la justicia y de sus acciones para hacer respetar las reglas de juego y las normas vigentes a los demás actores del poder político.
Gracias al nuevo modelo de Estado democrático y participativo establecido con la Constitución del 91 y principalmente en las últimas dos décadas, después de que los paramilitares en su Proceso de Justicia y Paz confesaran sus vínculos con la política, los actores políticos de izquierda acudieron al Consejo de Estado para pedir las correspondientes pérdidas de investidura, las cuales se dieron por montón en contra de aquellos que hicieron alianzas o tuvieron vínculos con los actores armados ilegales de ultra derecha, con las correspondientes muertes políticas con que fueron sancionados los parapolíticos condenados en sede Contencioso Administrativa.
De igual manera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió decenas de sentencias condenando y llevando a la cárcel a Congresistas, Gobernadores y toda clase de funcionarios aforados, que fueron denunciados por Colectivos de Abogados de izquierda y por líderes políticos de la oposición, quienes fueron actores de primera línea dentro de los procesos penales cuando nació la parapolítica surgida de las confesiones derivadas de la aplicación de la Ley 975.
Famosos son los activistas de izquierda como Rodrigo Uprimny, quienes a través de fundaciones o en propio nombre, han acudido legítimamente a los tribunales a demandar elecciones, leyes, decretos o decisiones políticas que según ellos van en contra de los intereses ideológicos que defienden; repito, como debe ser, porque para eso tenemos un Estado de Derecho que garantiza que todos los servidores públicos deben estar atados y no pueden estar por encima de la Constitución y de la Ley.
La derecha y el establecimiento - vergonzantes por un lado e ignorantes del activismo político para influenciar a la opinión, por el otro -, intentaron defenderse en los tribunales pero jamás se organizaron para acudir a movilizar a la opinión pública denunciando persecuciones por parte de la justicia o a taparse los labios en campañas digitales para deslegitimar las decisiones judiciales que les fueron y les siguen siendo contrarias.
De una u otra manera, aquellos miembros de la clase política tradicional que violaron las normas jurídicas o así lo determinaron las autoridades competentes, acataron los fallos y se ciñeron al procedimiento pero jamás salieron a desacreditar a sus jueces naturales como parte de su defensa.
Ahora, cuando la izquierda en los casos de Antanas Mockus y de Ángela Robledo se enfrentan a lo que todos debemos someternos: al imperio de la ley y los jueces naturales toman las decisiones que la ley prevé para aquellos que las violaron en el régimen electoral: el uno por haberse hecho elegir estando inhabilitado por ser contratista en millonarios contratos que gestionaba a favor de su Corporación con recursos públicos y la otra por el llamado transfuguismo electoral, esos mismos opinadores, activistas y líderes políticos que aplaudían a rabiar cuando se declaraba la muerte política a los tradicionales dueños del poder en Córdoba, en Magdalena, en el Valle, etc, en vez de ceñirse al Estado de Derecho y al imperio de la ley, se van lanza en ristre en contra de ese mismo Estado de Derecho que han abrazado y que han utilizado y que por fin empieza a equilibrar la balanza demostrando que la ley no debe tener color político.
El Derecho, la Ley y los jueces deben condenar o absolver de la misma manera a Bernardo “El Ñoño” Elias o al “Profesor” Antanas Mockus, ateniéndose solamente a sus conductas y las pruebas que reposen en los procesos; eso, lo saben suficientemente los activistas que han usado las normas en contra de sus contrarios políticos y que ahora, pretenden desconocer a los jueces usando a la opinión pública o su influencia en las Redes Sociales para, a través de Fake News o de interpretaciones traídas de los cabellos, acabar con la legitimidad de los jueces posando de víctimas en vez de acatar la ley. Se les olvida que ante la Constitución y la Ley todos somos iguales y que estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado Mamerto.
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