Gestoras de desarrollo rural e iniciativas de paz

Esta columna fue escrita por Katherine Duque, Stephanía Recalde, Jessica Valenzuela y Angélica Rodríguez

Introducción

Este artículo tiene como objetivo analizar el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), en la implementación del enfoque de género desde una revisión multidimensional en la región Alto Patía y Norte del Cauca, a partir de las experiencias sociales y políticas de las lideresas del territorio: Deyanira Peña, Ruby Armida Bambagué, Erika Campo y Clara Isabel Cerón Caicedo.

Para tal fin, se presentan las características generales del Pdet, haciendo énfasis en la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, seguido a partir de las voces de cada lideresa, se analiza el alcance del enfoque de género aplicado en dicho programa de desarrollo, teniendo en cuenta que el decreto ley 893 de 2017 propende por un “enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres rurales”. Finalmente, se realiza un balance de la participación de las mujeres en el Pdet y se comparten algunas iniciativas de paz territorial que adelantan las lideresas del para transformar el paradigma del desarrollo.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - Pdet

 El Acuerdo de Paz en Colombia, firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (Farc-EP), puso fin a una guerra cruenta que afectó a todo el país por más de medio siglo. Para lograr dicho Acuerdo, fue necesario negociar sobre una serie de problemas históricos en torno al acceso a la tierra, los recursos naturales y la participación política. Una de estas estipulaciones es la Reforma Rural Integral (RRI) a través de la cual se erigen todos los programas y tecnologías que transformarían el campo para erradicar la pobreza rural, y asegurar el acceso y disfrute de la tierra. En este guion también se formularon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que son una apuesta ambiciosa para la construcción de desarrollo desde las organizaciones, comunidades y actores locales. Los Pdet cumplen un papel central para la construcción de paz. Estos Programas promueven el diálogo social en territorio con el fin de definir “desde abajo”, los pilares del desarrollo en los municipios más afectados por el conflicto armado (MOE, 2018).

Respecto a este panorama, según el tercer informe del Instituto Kroc con corte a febrero 2019, el estado de implementación del acuerdo de paz para el punto 1 de Reforma Rural Integral es del 51 por ciento con avances mínimos, 8 por ciento intermedios y 3 por ciento completos, resaltando que continúan vigentes el fondo de tierras, los Pdet, y la implementación de una serie de planes que apuntan a la inversión de bienes y servicios públicos rurales en municipios priorizados (Instituto  Kroc,  2019). Vergara y Duque (2020) señalan que, al compararlo con el informe a corte del 2018, hay un aumento en los porcentajes del proceso de implementación, sin embargo, es preocupante que, en aproximadamente ocho meses, no haya aumentado ni siquiera un 10 por ciento en las proposiciones. Para el año 2020, estos porcentajes no han cambiado significativamente dado la emergencia en salud causada por el covid. El poco avance en la implementación de la RRI evidencia la baja capacidad de acción y la falta de coordinación por parte de las instituciones del Estado responsables de la implementación del Acuerdo, probablemente atribuido al cambio de gobierno.

Las mujeres rurales, sujetas políticas que han asumido diferentes roles en esta nueva ruralidad en Colombia (Farah y Pérez, 2004), han avanzado en una agenda de paz considerable para la transformación de los territorios, no solo en actividades remuneradas sino en cientos de acciones que recuperan el bienestar de sus comunidades como la salud, la seguridad alimentaria, la defensa de derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. En la Agenda de paz de las Mujeres del Cauca (2014), del sur de Colombia, las actoras defienden y gestionan la desmilitarización de los territorios y de la vida misma – que abraza los cuerpos y la naturaleza–, visibilizan las violaciones de las mujeres y los atropellos a los derechos humanos, promueven la disminución de barreras para el goce y acceso a la tierra, así como en la participación política y cultural de las mujeres. Por lo tanto, gestionar una paz territorial implica movilizarse por diferentes activos políticos y económicos (Cediel et. al., 2017). Lo preocupante es que estas acciones se invisibilizan continuamente a la hora de plantear un desarrollo territorial.

Diferentes lideresas de las organizaciones sociales y comunitarias del Cauca aseguran que mientras el desarrollo no se critique y se analice en concordancia con las relaciones de sub-ordinación de género que promueve el proyecto de modernización no se puede evidenciar un cambio social y económico en los territorios. Por un lado, para promover un Pdet con enfoque de género se debe evidenciar la brecha desigual del acceso a la tierra, pues sigue siendo una diferencia abismal entre hombres y mujeres, y, por otro lado, la naturalización de los roles de género a través de los cuales se reproduce la desigualdad salarial y la sobre-explotación de las mujeres en la reproducción de la fuerza de trabajo.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) reportó que, para promover la participación de las mujeres en el Pdet, se diseñó e implementó una caja de herramientas de género y se realizaron convocatorias amplias, grupos focales subregionales y diálogos preparatorios municipales de acuerdo con el contexto territorial, lo que permitió que a marzo de 2020, la planeación de los PDET tuviera la participación de más de 65.000 mujeres, cerca del 32,5 por ciento de los y las asistentes, dando como resultado 4.606 iniciativas con el énfasis de mujer y género, de las cuales se han analizado 4.408 en los ocho pilares del Pdet: reactivación económica (1.273), salud rural (716), reconciliación, convivencia y paz (602), derecho a la alimentación (411), vivienda, agua potable y saneamiento (393), ordenamiento social de la propiedad rural (359), infraestructura y adecuación de tierras (155) (CINEP y CERAC, 2020).

El Pdet en el Alto Patía y Norte del Cauca

El Pdet de la región del Alto Patía y Norte del Cauca está conformado por un total de  24  municipios  de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Tabla 1). De acuerdo con la proyección del Dane (2018), esta región tiene un total de 788.456 habitantes, de los cuales el 64 por ciento es población rural y el 36 por ciento urbana. De acuerdo con datos  del  Departamento Nacional de Planeación (DNP), en esta región las categorías de ruralidad evidencian un alto porcentaje rural en un 54 por ciento y rural disperso con 21 por ciento (Vergara y Duque, 2020; Presidencia de la República, 2018).

En esta subregión del Pdet se reconoció la presencia de organizaciones sociales y se ubicaron diferentes iniciativas de incidencia, ordenamiento y control territorial, como son los resguardos indígenas, las titulaciones colectivas de comunidades afrodescendientes y las aspiraciones de Zonas de Reserva Campesina para las comunidades campesinas; junto con otras territorialidades campesinas.

Tabla 1. Municipios priorizados por departamento PDET Alto Patía y Norte del Cauca. Recuperado de Encrucijadas de la Paz Territorial: Pdet Alto Patía y Norte del Cauca. Vergara E. y Duque K. (2020). Revista Controversia.

Los escenarios de participación fueron convocados por la ART con la participación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; sectores de mujeres, víctimas y personas en proceso de reincorporación, además de distintos actores privados con presencia en los municipios priorizados en los Pdet.

Para la región Alto Patía y Norte del Cauca se formularon 24 Pactos Comunitarios para la Transformación Regional, 3 Pactos Étnicos y 24 Pactos Municipales para la Transformación Regional construidos con 32.248 actores del territorio y 24 administraciones municipales. A nivel municipal fueron cerca de 4.691 iniciativas para los 24 municipios, que luego de la revisión jurídica de la ART, se cuenta ahora con un total de 4364 iniciativas. Del total de iniciativas, las de mayor número corresponden al pilar de educación y primera infancia rural, con un total de 1.024, seguido del de reactivación económica y producción agropecuaria, con 1.018, y en tercer lugar el de reconciliación, convivencia y construcción de paz, con 544 iniciativas.

En el Plan de Acción para la Transformación Regional (Patr), principal documento de los Pdet a través del cual se articulan los diferentes niveles territoriales y todos los planes de desarrollo, se consolidaron 84 iniciativas, de las cuales 15 estuvieron en el pilar de infraestructura y adecuación de tierras, 13 iniciativas en el pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz y 11 iniciativas para cada uno de los pilares de reactivación económica y producción agropecuaria, y salud rural. En total, el Pdet para el Alto Patía y Norte del Cauca cuenta con un total de 4.448 iniciativas de corte municipal y regional  (Vergara y Duque, 2020).

Teniendo en cuenta que se trata del programa bandera para el desarrollo rural en Colombia, vale la pena revisar el despliegue del mismo desde la experiencia social y política de algunas lideresas de la subregión. El ejercicio intenta analizar el enfoque de género de manera transversal al Pdet y, por lo tanto, al paradigma del desarrollo rural. Para llevar a cabo este análisis se realizó una serie de entrevistas y diálogos con cuatro lideresas de la sub-región, quienes conocen de primera mano la construcción e implementación de los Programas en sus territorios.

Una mirada al enfoque reparador del Pdet por Ruby Armida Bambagué Orozco

Ruby Armida Bambagué Orozco es líder del Resguardo Indígena Alto del Rey. Lleva cerca de 10 años participando en diferentes escenarios comunitarios. Actualmente, es miembro del Consejo Territorial de Paz y Reconciliación del municipio de El Tambo, Cauca, en donde participa como delegada del sector indígena. También es delegada indígena del Consejo Municipal de Mujeres. Ruby es promotora de derechos humanos de jóvenes y niños en el Resguardo, apoya a la Asociación de Madres Comunitarias de la vereda El Crucero, en donde trabaja como consejera y tesorera. Ruby participó como delegada del grupo motor en la fase veredal, municipal y regional. 

Para la lideresa, el Pdet se encuentra de alguna forma enredado porque no se logra ver un avance considerable en temas de convivencia, reconciliación y paz. Ruby explica que el Pdet de la subregión presenta una alta preferencia por avanzar en obras materiales que en otros procesos que requieren una transformación integral de las relaciones y del tejido social como la satisfacción y la rehabilitación de las víctimas. Precisamente, el decreto 893 de 2017, a través del cual se reglamenta el desarrollo de los Pdet, establece que los Programas deben incorporar el enfoque reparador teniendo en cuenta que se ejecuta en las 16 sub-regiones más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, el decreto no establece cuál es la metodología que se debería incorporar para avanzar en los Plan Integrales de Reparación Colectiva (Pirc).

Vale la pena recordar que en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz, específicamente el número 5.1.3.3, plantea que el Gobierno Nacional “fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador” (Codhes Et. Al., 2018, p. 16). Sin embargo, de los 303 sujetos de reparación colectiva, hasta el momento sólo se ha logrado avanzar en 15 PIRC de diferentes sujetos colectivos en todo el territorio nacional como lo comentó Marco Romero, director de La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en el último Foro sobre Reparación Colectiva organizado por la misma institución. De esos 303 sujetos colectivos sólo 8 son organizaciones o grupos de mujeres víctimas del conflicto armado, pese a que “las mujeres representan el 49.73 por ciento de las 8.347.566 víctimas, es decir 4.151.416 mujeres víctimas incluidas en el RUV” (Unidad de Víctimas, 2017).

Según Codhes, Usaid, y el Observatorio de Reparación Colectiva (2018), los Pdet deben contemplar un enfoque reparador ya que sus principales objetivos son la transformación estructural del sector rural para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, así como restaurar los daños y las injusticias sufridas en el campo debido al conflicto armado. De cara a esta afirmación, es consecuente que los Programas cuenten con un enfoque que fortalezca las medidas integrales de reparación, aunque no son la principal plataforma para llevar a cabo un proyecto político que favorezca a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Como dice Greiff:

“Estrictamente hablando, un programa de desarrollo no es un programa de reparaciones. De hecho, los programas de desarrollo tienen muy poca capacidad de reparación, pues no están dirigidos específicamente a las víctimas, y lo que habitualmente intentan hacer es satisfacer necesidades básicas y urgentes, lo cual hace que sus beneficiarios perciban estos programas, acertadamente, como programas que distribuyen bienes a los que tienen derecho como ciudadanos y no necesariamente como víctimas” (De Greiff, 2008. p. 338).

Por lo tanto, para robustecer la plataforma social en la que se configuran los Pdet, Codhes recomienda fortalecer el enfoque a través de tres elementos metodológicos: 1) implementar metodologías y mecanismos específicos para la identificación del daño, 2) articular los planes de desarrollo rural con los programas de reparación, 3) garantizar que durante la implementación del Pdet se reconozca y se dignifique las víctimas del conflicto armado para fortalecer la reconstrucción del tejido social. No obstante, desde la implementación de los PDET en el 2019 no se ha avanzado en la implementación de ningún Pirc de sujetos colectivos en la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca.

Al igual que Codhes, Ruby Armida Bambagué Orozco considera que el enfoque reparador del Pdet no tiene trascendencia social en los territorios porque no se ha avanzado en ninguna medida integral que restituya el bienestar social de las comunidades. La lideresa explica que durante su participación en los grupos motores de las zonas veredales, municipales y regionales, propuso diferentes acciones e iniciativas simbólicas para el pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz. Dichas acciones simbólicas son iniciativas sencillas que implican la transformación de las relaciones, por ejemplo, la construcción del concepto de paz. Rubi asegura que en la comunidad se ha intentado construir la paz desde la cotidianidad de la comunidad, “desde la mañana cuando se sirve el café” como dice la lideresa. Una de esas acciones principales ha sido escuchar y acompañar a las mujeres más afectadas por el conflicto para buscar caminos de reconciliación con el territorio. Sin embargo, la lideresa explica que solo se ha avanzado en obras que implican comprar “concreto” más no en aquellas iniciativas que signifiquen un cambio simbólico y cultural.

Según la base de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la subregión Alto Patía y Norte del Cauca tiene 1.772.992 víctimas del conflicto armado, 156.000 son sujetos de atención (Uariv, 2020). La mayoría de las víctimas sufrieron daños por desplazamiento forzado, por atentados o enfrentamientos, homicidios, amenazas y pérdida de bienes inmuebles. En cuanto a los sujetos colectivos, la base de datos de la Uariv registra 69 sujetos colectivos en esta subregión, de los cuales solo 10 han avanzado a la etapa de implementación (Uariv, 2020). Así mismo, no hay ningún Plan Integral de Reparación Colectiva implementado en la zona. La base de datos también muestra que 51 sujetos colectivos son étnicos, otros 17 son no étnico y solo 1 sujeto corresponde a una organización (Uariv, 2020). Es interesante mencionar que en esta base no están discriminados los datos sobre feminicidios y las afectaciones a las mujeres víctimas del conflicto armado, así mismo, solo 8 de 54 organizaciones reconocidas como sujetos colectivos corresponden a organizaciones de mujeres víctimas del conflicto. Esto no quiere decir que las mujeres no se hayan organizado para reclamar una reparación integral al Estado, todo lo contrario, abre una pregunta de investigación profunda sobre las barreras que enfrentan las organización sociales y comunitarias de mujeres para reclamar sus derechos constitucionales.

Tabla 2. Sujetos de Reparación Colectivo en la sub-región Alto Patía y Norte del Cauca. Recuperado de Boletín Fichas Estadísticas. Alto Patía y Norte del Cauca., Uariv, 2020, Red Nacional de Información

La misma base de datos de la Uariv nos indica otros datos interesantes para analizar la conexión entre Pdet y el enfoque reparador desde la visión de las mujeres rurales del norte del Cauca y Alto Patía. Por ejemplo, entre el 2012 y 2020, un año después que se decreta la Ley 1448 o Ley de Víctimas hasta la actualidad, los dos gobiernos que han transitado por estos años han invertido 7.825 millones en obras de infraestructura social y comunitaria, mientras que en el sector agropecuario solo se ha invertido 1.612 millones de pesos en la región Pdet. La diferencia entre las obras civiles y los incentivos para invertir en el campo colombiano es considerable y da cuenta de los intereses públicos y gubernamentales sobre dichas regiones.

De cara a esta situación, la lideresa indígena de El Tambo explica que es necesario construir estrategias de participación y acción colectiva desde las relaciones comunitarias para sanar las afectaciones del conflicto armado. Así mismo, sugiere apoyar la gestión social de los líderes sociales, pero sobre todo a las lideresas que enfrentan una carrera de desigualdades en diferentes ámbitos para acceder a espacios de participación política:

“Se debe validar lo que hacemos nosotros como sociales, se debe hacer el reconocimiento de lo que hacemos. (...) Como mujeres debemos formarnos mucho, se nos debe apoyar porque es complicado por los recursos económicos. Por ejemplo, durante las charlas con los grupos motores, propusimos una escuela de formación para arrancar procesos de transformación de territorios pero eso no se ha dado” (R. Bambagué, 2020).

El Tambo es uno de los municipios priorizados por el Pdet, pero también uno de los municipios en donde no cesa la violencia como lo explica la lideresa. Entre el 2016 y 2020, se registró el homicidio de 14 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de la región, 4 ex-combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército Popular (Farc-EP), es decir, el 8 por ciento del total de excombatientes del departamento del Cauca, y entre 3 y 4 familiares de excombatientes de la extinta guerrilla. El 22 de abril de 2020 asesinaron a 3 integrantes del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay frente a la comunidad en la Vereda Agua Clarita, en el municipio de El Tambo. En el mes de abril, durante las medidas más estrictas de movilidad debido a la cuarentena obligatoria, más de 300 personas fueron desplazadas de los corregimientos de San Juan de Micay y Huisitó, del municipio de El Tambo (Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia Et. Al., 2020).

Ruby Armida Bambagué explica que ante este panorama violento es urgente la construcción de un concepto de paz basado en acciones concretas y cotidianas “estoy cien por ciento convencida de que la paz tenemos que empezar a hacerla nosotras, no tenemos que pedirle al gobierno, a la policía si no empezar a movernos desde adentro, las mujeres lo hacemos desde lo cotidiano, en el hogar, en el espacio público. No todas las mujeres de la comunidad se han encontrado consigo mismas pero somos varias trabajando” (R. Bambagué, 2020).

La contribución de Rubi Armida nos sugiere dos elementos verticales en la discusión actual. Primero, que el Pdet requiere de un enfoque reparador capaz de fortalecer las medidas de reparación, especialmente las de rehabilitación y satisfacción de las víctimas, puesto que se trata de un proyecto político que requiere una transformación social. Segundo, la agenda de las mujeres rurales de la región es la clave para dinamizar el enfoque reparador puesto que sus acciones están encaminadas a sanar las afectaciones, apoyar las iniciativas que construyen paz territorial y mitigar las violencias de los territorios y el cuerpo de las mujeres.

Los trabajos invisibilizados del Pdet según la experiencia de Deyanira Peña

Deyanira Peña es una lideresa social y política del municipio de Buenos Aires, Cauca, se reconoce como mujer negra, “hija de esclavizados, no de esclavos”, como lo dice con mayor ahínco y recalco. Nació en La Balsa, vereda del mismo municipio, una comunidad ancestral en donde se hablaba del duende y la patasola. Comenta que cuando llegó el conflicto armado al Norte del Cauca aún no se conformaban los consejos comunitarios de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (Narp), apenas se estaba hablando sobre la transición de la constitución política de 1991 y el reconocimiento étnico de las comunidades negras en Colombia. Sin embargo, como lo asegura Deyanira, dicha invisibilización sistemática permitió que diferentes grupos armados y políticos se sintieran con el derecho absoluto de transformar los territorios ancestrales. La lideresa comenta que una noche de regreso a su casa vio cómo un grupo de hombres armados amenazaron a un compañero de la comunidad a unas cuadras de su casa. Ella de inmediato se dirigió a su casa y alertó el inminente peligro que se avecinaba. Como lo advierte Camila Martínez Calderon, “la ausencia de protección jurídica frente al derecho a la tierra y al territorio prepararon el escenario propicio para que los actores armados ilegales colonizaran y, por lo tanto, agudizaran un problema que, como el de la tierra, sigue siendo irresoluto” (2015, p. 55).

Entre 1986 y 2015, el municipio de Buenos Aires ha sido usado por diferentes grupos armados como corredor estratégico para el cruce de armas, cruce y cultivo de coca, movilización de tropas y minería ilegal. Los hechos violentos se agudizaron en resguardos indígenas así como en territorios colectivos de comunidades negras y afrocolombianas. Así mismo los casos de desaparición forzada han sido constantes mostrando un auge en la década del 2000. Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), el municipio de Buenos Aires es el segundo en el registro de víctimas de desaparición forzada del departamento del Cauca con 133 víctimas. Durante el conflicto, en el territorio se vivieron 51 acciones armadas con 125 víctimas (Observatorio de Memoria y Conflicto, 2020). Actualmente miembros disidentes de las Fuerzas Armadas de Colombia - Ejército Popular (Farc-EP), guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos armados de origen paramilitar y bandas narcotraficantes se disputan más de 17.000 hectáreas de hoja de coca que existen en el departamento, igual que los ingresos de la minería ilegal y las extorsiones. Estos hechos violentos han dejado víctimas y también varias transformaciones en el territorio, como el caso del río Cauca que sufrió varios daños no solo por la contaminación de la minería ilegal sino por convertirse en el lugar de desapariciones de muchas de las víctimas tras ser arrojadas al caudal. Así mismo, las rutas y caminos que se usaban regularmente por los habitantes han tenido que ser abandonados por tratarse de lugares ocupados por grupos armados. Diferentes parcelas, cultivos y oficios como la pesca se han dejado de lado por miedo a las represalias, el control del territorio o el señalamiento. El conflicto armado transformó el uso y el significado del territorio, instalando zozobra, dolor e incrementando la pobreza ambiental y productiva.

A pesar de esta violencia, la lideresa plantea que los territorios ancestrales han sido habitados generación a generación por las comunidades negras, creando sus propias formas de vivir y persistir en el territorio, incluyendo la constitución de autoridades tradicionales, que interlocutan con autoridades municipales, regionales y nacionales desde el punto de vista político y económico. Así mismo resalta la agencia de las mujeres dentro de los procesos organizativos afros y a nivel institucional a través de actividades de incidencia política y comunitaria.

Deyanira recuerda que su primer objetivo fue trascender en las relaciones de poder que se han configurado en el territorio para construir espacios de participación política para y desde las mujeres del Cauca. Fue la primera concejala del corregimiento en el 2000 y luego en el 2007. “Al principio, los hombres no me dejaban discutir, ni me dejaban asomarme a las mesas de trabajo. Pero a mí no me importó. Fue difícil pero no dejé que los hombres apagaran mi liderazgo. Es que para ese momento no trabajaban mujeres en la gobernanza del territorio. Ojalá pudiéramos llenarnos de fuerza y modificar esos espacios de poder en donde solo mandan hombres ” (D. Peña, 2020).

En virtud a su experiencia y compromiso social y político, la lideresa fue invitada a participar en la construcción del Pdet en cada una de las fases: 

“Llegaron a la comunidad con su equipo. Ellos [Agencia de Renovación del Territorio] convocaron para trabajar en una junta. Pero nosotros convocamos a todo el consejo comunitario. Les dijimos que ellos no podían definir quién era el presidente de junta, porque aquí estamos todos los consejos comunitarios organizados. Nosotros paramos aquellas juntas que estaba organizando la ART” (D. Peña, 2020).

La lideresa comenta que se han avanzado en ciertas obras del Pdet pero le preocupa que no se hayan ejecutado proyectos específicos para las mujeres. Explica que es necesario trabajar en grupo con organizaciones de mujeres para construir propuestas específicas y aprovechar los recursos del Programa de Desarrollo. Precisamente, Deyanira Peña es líder del grupo Mujeres Transformadoras, un colectivo conformado por más de 70 mujeres del municipio de Buenos Aires, especialmente del corregimiento La Balsa. El grupo se unió con el objetivo de apoyarse entre las mujeres, buscar un mayor bienestar, enfrentar las diferentes desigualdades que enfrentan las mujeres afro y, especialmente, consolidar caminos de reconciliación con el cuerpo, el río y el territorio. Actualmente, Mujeres Transformadoras adelantan un proceso de limpieza y sanación del territorio: la limpieza busca la reparación colectiva de la comunidad a partir de la reconciliación con los hechos victimizantes que sucedieron en el municipio durante el conflicto armado, mientras que la sanación propende por un desarrollo local basado en un bienestar social que tenga en cuenta la relación intrínseca entre la población, el río y la tierra. En este contexto, Deyanira cuenta que las mujeres decidieron embellecer el municipio para sanar el cuerpo y construir paz. “Ver el puente y el malecón limpio es algo que agrada, porque las mujeres construyen otro tipo de memoria. En ese puente, por ese malecón, pasaron muchos eventos cruentos de la guerra. Pero verlo limpio, tranquilo, da otra sensación, otra imagen” (D. Peña, 2020). Viendo que los cambios eran notorios, el grupo Mujeres Transformadoras decidieron luchar por el contrato de limpieza del malecón ya que, aunque la actividad que llevaban realizando nació como iniciativa autónoma, se ha invisibilizado el costo monetario del trabajo del cuidado.

Precisamente, el pilar de reactivación económica en el alto Patía y Norte del Cauca no contiene iniciativas encaminadas a transformar los espacios de desigualdad hacia las mujeres. De las once iniciativas que quedaron en el Plan de Acción para la Transformación Regional (Patr) ninguna considera líneas de apoyo o estrategias enfocadas al fortalecimiento de las economías de las mujeres rurales. Por ejemplo, una de las iniciativas es garantizar un acceso prioritario a programas de crédito y de fomento para proyectos agropecuarios. Se esperaría que una de las estrategias considere las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, especialmente el acceso a la tierra, los espacios educativos y formativos, así como la propiedad privada. Sin embargo, según el documento oficial, el panorama se encuentra desprovisto de una evaluación de género. Valdría la pena evaluar cuáles son las condiciones que permitirían una mayor participación de mujeres en los diferentes renglones de la economía rural para fortalecer el enfoque de género de las políticas públicas de planeación nacional.

Por su parte, Deyanira Peña explica que además de tener en cuenta las diferentes relaciones de poder y subordinación que afectan los liderazgos de las mujeres rurales, es necesario transformar la perspectiva del desarrollo desde la reconciliación y el perdón. Para la lideresa, la restauración de las relaciones comunitarias, por ejemplo la recuperación del territorio, el cuidado del río o sanación del cuerpo, viene acompañada de la restauración emocional. Es un doble vínculo en el que trabajan las mujeres de Buenos Aires con el fin de transformar la perspectiva del desarrollo ya que implica cambiar conceptos como acumulación.

En este mismo sentido, Cristiana Carrasco asegura que la sostenibilidad del planeta depende del paradigma del homo econumicus en el que los hombres están totalmente conectados con el mercado, mientras que las mujeres se encargan tanto del espacio privado como del público (2003). En este panorama, el objetivo principal es lograr un mayor beneficio económico a través de diferentes estrategias, en otras palabras, extraer plusvalía ya sea por violencia o por sobre-explotación. Carrasco explica que si se invierte esta relación y se pone en el centro la sostenibilidad de la vida, más no la reproducción, es necesario una transformación profunda en las relaciones de género. Como lo asegura Deyanira Peña, “el perdón debe estar relacionado con proyectos productivos. Estos proyectos no se pueden pensar sin las mujeres. No se puede hablar de desarrollo si no hay perdón y mucho menos si no participan las mujeres” (D.. Peña, 2020).

Análisis del enfoque étnico desde la perspectiva de Erika Ximena Campo del Resguardo  Indígena Toez.

Erika Ximena Campo es una autoridad indígena del Resguardo Indígena Toez en el municipio de Caloto. Ha trabajado especialmente por la defensa del territorio y los derechos humanos de jóvenes, mujeres y niños ante el recrudecimiento de la violencia que ha vivido el Resguardo. Su trabajo en la gobernanza local inició a partir del fomento de la participación de jóvenes en su territorio desde que tenía 12 años. En la actualidad, acompaña el programa Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), desde donde se recogen datos de las violencias contra las mujeres y se realizan procesos de formación y acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas. Durante el año 2020, se enfocó en acompañar la evaluación y priorización de iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Erika hizo parte del proceso de construcción de los Pdet y reconoce que fue complicado porque las mujeres tienen distintas tareas de cuidado y responsabilidades que les impiden una participación plena en los procesos comunitarios. En este sentido, menciona que la Acin, a través del programa mujer, ha sido vital para articular los procesos institucionales y los comunitarios, “a diferencia de 10 años atrás, ahora las mujeres (…) hablan, salen, posicionan cosas, no se quedan calladas, están a la expectativa, es un gran avance el que se ha tenido porque la organización ha ido hacia las mujeres” (E. Campo,  2020).

De acuerdo con esto, el acuerdo final de paz contempla un capítulo étnico donde se tiene en cuenta las Salvaguardas para la implementación del mismo, entre estas, se menciona la incorporación de un enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación y específicamente sobre el punto 1 de reforma rural integral menciona:

"Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), cuya realización esté proyectada para hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos" (Gobierno Nacional y Farc-EP, 2016, p. 207) .

Por lo anterior, el Pdet establece una metodología que contempla una ruta étnica. Para la fase veredal se articularon autoridades y comunidades étnicas con otros actores comunitarios para la construcción del pacto comunitario de manera concertada. En la fase municipal se integró el trabajo de grupos motor, la ruta de comunidades étnicas y se profundizó en el diálogo intercultural. La participación fue de 124 procesos de autoridades étnicas, entre ellos 53 cabildos (Presidencia de la República, 2018).

A pesar del planteamiento del enfoque étnico en los Pdet, en los territorios éste no se ha implementado a cabalidad de acuerdo a las necesidades de las comunidades, en palabras de Erika “se dice que los Pdet se construyeron desde el territorio pero hay puntos en que uno no se ve y esa ha sido la discusión”, “falta más esencia de nosotras, de nosotras las mujeres de los territorios” (E. Campo, 2020). En primer lugar, la lideresa plantea que hubo participación como autoridades indígenas en la construcción de los Planes veredales y municipales, pero estos requirieron más de los tiempos estipulados inicialmente por la institucionalidad. También menciona que hace falta una mejor articulación de los programas institucionales con las concepciones propias que permitan una participación amplia e inclusiva, un ejemplo de ello son los tiempos de cuidado de las mujeres indígenas, la forma de referirse a los mayores como “ancianos” y las tulpas como espacios de reunión; estos asuntos no son menores, marcan diferencias en las formas epistemológicas y metodológicas del trabajo comunitario, que a su vez, influyen en la idea de desarrollo desde los territorios indígenas. 

Respecto a los avances en el proceso, la lideresa menciona que los territorios indígenas construyen sus propios planes de vida que se han convertido en un insumo fundamental a la hora de construir los Pdet a través de los pactos veredales, municipales y el plan de acción regional. Estos planes de vida son radicados en la Alcaldía y a partir de la presión política-organizativa se han presentado avances, especialmente en capacitaciones, pero no en los asuntos estructurales que se requieren. Erika señala que a pesar de los años que llevan construidos los planes de vida y ahora de los Pdet, son pocas las mejoras y el aumento en el bienestar de las mujeres y de la comunidad indígena, en general.

Sobre el enfoque de género, la lideresa enfatiza que el Programa Mujer de la Acin ha venido fortaleciendo espacios de trabajo con las mujeres desde hace varios años, por lo que la participación ha aumentado progresivamente, al igual que las capacidades y la formación de las mujeres, teniendo como resultado el aumento de propuestas desde y para las indígenas, con proyección a corto, mediano y largo plazo en los territorios. Este avance en el proceso organizativo, permitió que la construcción del Pdet a nivel territorial contara con las voces y las propuestas de las mismas mujeres.

A partir de este panorama institucional, las mujeres indígenas del resguardo de Toez vienen construyendo una propuesta de Justicia propia que se ubica como una iniciativa de paz fundamental para el territorio, en la que buscan establecer un tribunal de la mujer que les permita acceder de forma efectiva y reparadora a la justicia. Erika señala que la justicia para las mujeres víctimas no ha llegado y ven como una necesidad proteger sus cuerpos de las violencias por parte de sus compañeros permanentes, familiares y actores armados. Las quejas llegan a las autoridades tradicionales pero por falta de tiempos, de conocimiento y dificultades internas estos casos no se resuelven. La lideresa menciona que las mujeres indígenas ahora han perdido el miedo, se han capacitado, algunas han accedido a la educación superior y tienen distintas profesiones, que las impulsan a apoyar el desarrollo de esta iniciativa.

La política de la vida según Clara Inés Cerón

Clara Isabel Cerón es una lideresa nortecaucana, integrante del Consejo Comunitario de Mujeres del municipio de Santander de Quilichao. Ha trabajado en numerosos espacios comunitarios del departamento en temas de salud, cultura y etnoeducación, así como en escenarios políticos; siendo integrante del movimiento Marcha Patriótica y candidata a la Alcaldía de Toribío y al Consejo de Santander de Quilichao.

Más allá de su acercamiento a la construcción del Pdet Alto Patía y Norte del Cauca, Clara tiene una larga trayectoria de liderazgo y acompañamiento de procesos sociales en el departamento. Su trabajo comunitario y su participación política ha estado enfocada en fomentar la incidencia de las mujeres caucanas en el desarrollo social de su territorio. En ese sentido y en palabras de Clara, el Pdet representa la posibilidad de un “protagonismo real de las comunidades ante dos acuerdos de paz anteriormente fallidos, si hablamos de reconstrucción del tejido social comunitario”, el que se firmó con el M-19 en 1990 y la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame en 1991.

Si bien parece prometedor, Clara menciona que los avances en la implementación de lo definido en el Plan de Acción para la Transformación Territorial se han enfocado principalmente en temas de infraestructura, y algunas iniciativas agrarias y de cuidado del medio ambiente. Caso contrario a los proyectos e iniciativas sociales que “no se ven a primera vista” porque implican procesos internos personales e interpersonales alrededor de temas como la reconciliación, la construcción de memoria, la búsqueda de verdad o la reparación y en general, la superación de los problemas sociales y económicos.

Este tema resulta de especial preocupación para la lideresa ya que considera que más allá de la construcción de vías o edificaciones, es necesario reconstruir los tejidos sociales que la guerra ha destruido y fortalecer los que ya existen. Clara es enfática en mencionar que “la guerra siempre nos deja unas ausencias muy complejas (…) la conciencia de la gente está fracturada, todavía estamos permeados por el odio, por la sed de venganza porque eso es lo que nos deja la guerra, esa destrucción, ese miedo. ¿Así cómo construimos paz?” (C. Cerón, 2020).

En este punto es importante entender qué implica la paz para las comunidades del suroccidente. De acuerdo con Duque (2020) la concepción de paz desde los movimientos sociales de esta región del país es eminentemente territorial, responde a dinámicas locales que hacen frente a modelos capitalistas y neoliberales de entender el territorio, y considera indispensables dos factores: la vida digna y la justicia social. Esta última es definida por Clara como “el habitar un ambiente sano con unas condiciones de vida favorables en el disfrute de los bienes y servicios en equidad y garantizados en términos ambientales, sociales, y culturales” (C. Cerón, 2020).

Ahora, estas demandas de justicia social y vida digna son inseparables de las acciones de los movimientos de mujeres. Al hablar de la participación formal e informal de las mujeres en la construcción de paz, Clara enuncia a título personal que también han sido ellas [las mujeres del departamento] quienes, desde sus acciones cotidianas de cuidado de su familia y su territorio, han resistido y realizado acciones que generan cambios significativos, aunque en algunos casos temporales. Es enfática en mencionar que ella misma en numerosas ocasiones, junto con otras mujeres, se acercó a campamentos de grupos armados para pedir cese al fuego o para rescatar a algunos menores que habían sido llevados en contra de su voluntad.

Sus esfuerzos las llevaron a acercarse al proceso Mujeres por la Paz, en el año 2006, diez años antes de la firma del Acuerdo de Paz. En búsqueda de apoyo, obtuvieron cooperación internacional que intercedió buscando un cese al fuego que fue efectivo.

Actualmente desde su papel de lideresa en diversos escenarios políticos y enfocando sus esfuerzos en unión de otras mujeres en el fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres y la política pública de la mujer en Santander de Quilichao, Clara resalta que la participación efectiva de las mujeres en los escenarios de toma de decisión –y especialmente en el Pdet– aportaría aquel enfoque humano y de cuidado, necesario para la construcción de paz territorial; una “política de la vida”:

“Las mujeres somos dadoras de vida en todo el sentido de la palabra, así haya mujeres que no tengan hijos, pero que han generado vida alrededor de sus familias. (…) Entonces nosotras animadas por esa necesidad de cambio, por esas experiencias vividas y por una transformación de país, creemos que le podemos aportar mucho con nuestra organización y nuestra decisión de paz. (…) Las mujeres participando en política, las mujeres pensando en proyectos de emprendimiento, las mujeres pensando en capacitación, las mujeres hablando de ya no más violencia, hablando de respecto a la comunidad diversa, cuando hablamos que somos todas respetando esas ideologías, ahí generamos semillas de transformación social. Cuando no somos una sola, sino que somos muchas” (C. Cerón, 2020).

¿Cómo están las mujeres respecto a procesos de planeación institucional y Pdet?

El martes 24 de noviembre del 2020 en el marco del conversatorio La palabra de las organizaciones regionales sobre los Pdet: certezas e incertidumbres del desarrollo territorial, Magaly Belalcázar de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y Mujeres Amazonía y Paz, afirmó entre otras cosas que “…estamos muy lejos de una implementación real y efectiva para las mujeres”. En este sentido, es importante partir del reconocimiento de cómo ha sido la participación de las mujeres tanto en la construcción e implementación del Pdet como en otros escenarios de planeación, especialmente en un contexto de pandemia por covid.

Acorde con esto, el cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el acuerdo final de paz en Colombia entregado en octubre de 2020 por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (Cinep y Cerac), señala que el aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia y el cierre de las escuelas, Centros de Desarrollo Infantil - CDI- y demás espacios de cuidado a menores de edad, ha tenido efectos desproporcionados sobre la calidad de vida de muchas mujeres, en especial en el ámbito rural. Esta situación ha causado el empobrecimiento de las mujeres debido al incremento de la carga de trabajo doméstico y productivo-formal, así como el aumento de la violencia intrafamiliar.

En este sentido, la adecuada implementación de las medidas contenidas en el punto 1, son fundamentales para aliviar la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y en especial, de las mujeres. Bajo estas condiciones, la participación de las mujeres disminuye debido a la sobrecarga laboral y al difícil acceso a internet en algunas zonas rurales.

En cuanto a los Pdet, dicho informe de seguimiento señala que el indicador establecido para medir la participación de las mujeres en la formulación de los Patr es insuficiente, pues se limita a la formulación sin tener en cuenta el contenido y la implementación en materia de género. A su vez, resaltan algunas problemáticas que continúan vigentes, tales como: (i) La ausencia de condiciones para que las mujeres rurales accedan de forma igualitaria a las discusiones, (ii) El uso del lenguaje técnico por parte de los funcionarios, que derivó en la modificación de las iniciativas redactadas originalmente por las mujeres, y (iii) El vacío pedagógico que debilita la participación de las mujeres por falta de conocimiento del proceso Pdet (Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional Cinep-Cerac, 2020). 

Respecto a este tema, Erika Ximena Campo lideresa indígena del Municipio de Caloto y perteneciente a la Acin señala que la capacitación dada a través de los organismos estatales o del sector privado y/o académico en el proceso del Pdet, ha permitido una participación más rigurosa en la formulación y el seguimiento que se puede hacer a la implementación. La entrevistada también señala que se han sentido escuchadas a través de las propuestas que han realizado a nivel territorial. Sin embargo, este año las mujeres han perdido la credibilidad sobre el proceso de implementación, la participación ha disminuido, algunas mujeres se mantienen en la importancia de continuar en estos espacios, pero otras han dejado de asistir señalando que “a las mujeres se les escucha pero ya hasta ahí, no se sigue el proceso” (E.  Campo, 2020). 

Por su lado, Ruby Bambacue, lideresa indígena del Resguardo Alto del Rey en El Tambo, quien hizo parte del Grupo Motor de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, afirma de primera mano que la participación de las mujeres en la construcción del Patr “no fue muy satisfactoria”, entre otras cosas “porque arrancamos muchas desde la base, pero nos fuimos escalando y algunas se quedaron en el camino” (R. Bambagué, 2020).

En este sentido, es visible el reclamo de las mujeres en términos de participación efectiva en los Pdet. Si bien tuvieron presencia en el proceso de formulación, no es claro cómo se está llevando a cabo la priorización de las iniciativas y hay pocos avances en la implementación de las mismas, por lo tanto, hay una desmotivación por el trabajo realizado. Todo lo anterior, produce una deslegitimidad del proceso. Acorde con esto, la Secretaría Técnica Cinep-Cerac (2020) considera preocupante que finalizada la formulación de los 16 Pdet, con la participación de más de 200 mil personas, de las cuales el 25 por ciento pertenecen a grupos étnicos y el 41 por ciento son mujeres (ART, 2019), a la fecha no se conozca la estrategia de la Cpec para incluir las iniciativas con etiqueta de mujer y género en las Hojas de Ruta Únicas (HRU), herramienta para articular los instrumentos de planeación para garantizar la secuencialidad de las inversiones en las 16 subregiones.

En sintonía con el informe mencionado anteriormente, Ruby también identifica que el trabajo de cuidado que muchas mujeres asumen como un deber al interior de sus hogares es un obstáculo para la participación efectiva: “nosotras tenemos nuestros hijos, nuestros esposos y debemos cumplir con esos deberes, y por lo económico no es tan fácil salir y decir chao te vi, es más costoso que con los caballeros” (R. Bambagué, 2020).

Por su parte, Clara Isabel Cerón reconoce que si bien “hay compañeras muy comprometidas” la participación de las mujeres “ha sido muy tímida”. Este desequilibrio entre la participación de hombres y mujeres lo alude al “machismo tan profundo del que las mujeres no han podido desligarse”. A lo anterior le añade el impacto del conflicto armado en el departamento que ha disminuido la participación política.  En palabras de Clara, “ahora hay un panorama grave en el norte del Cauca porque vienen muchos hombres armados que uno no sabe ni quiénes son” (C. Cerón, 2020).

Sobre este punto es importante resaltar el doble impacto que tiene el conflicto armado sobre las lideresas, por un lado, la violencia de género que con todas sus particularidades afecta diferencialmente la vida de las mujeres y, por el otro, su pertenencia y trabajo en organizaciones y procesos que las hace visibles en escenarios públicos y por ende, blanco de amenazas que en muchos casos se ejecutan. De acuerdo con Indepaz (2020), 32 lideresas han sido asesinadas a nivel nacional en lo corrido de este año. 

En conclusión, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial adoptaron el enfoque de género dentro de sus lineamientos y ejes de acción, pero es necesario desarrollar un enfoque que se adecue a las condiciones territoriales e interculturales. Así mismo, también es importante avanzar en una lectura interseccional de dichas políticas públicas teniendo en cuenta que las mujeres rurales viven realidades e historicidades diversas.

El desarrollo rural pensado desde las mujeres del Alto Patía y Norte del Cauca

El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), propuesto durante el gobierno de Belisario Betancourt y reformulado tres años después por su sucesor Virgilio Barco, fue uno de los primeros programas de desarrollo rural construidos a partir de la participación ciudadana. El PNR tenía diferentes objetivos, primero, propiciar el cambio del entorno socio-económico de las zonas más afectadas por la violencia y el desplazamiento rural-rural que dejó la década de los años setenta. Segundo, dinamizar la descentralización del poder a través de la redistribución de los recursos fiscales. En esta época creció el Departamento de Planeación Nacional y el gobierno entregó mayor autonomía a las intendencias, gobernaciones y alcaldías. Y, por último, recuperar la confianza institucional (Tirado, 1990). Causa interés que el mapa del PNR no presentó un cambio trascendental a través de los años, por lo menos la región del Alto Patía y Norte del Cauca se mantuvo como una zona de atención durante la fase I en 1984, la fase II en 1988, en la última fase III en 1991, y actualmente en el Pdet (Burbano, 2011). Claro está, una de las principales diferencias entre el PNR y el Pdet es que el primero no contempló ninguna estrategia para mitigar las violaciones a los derechos de las mujeres rurales, mientras que la segunda incorpora un enfoque de género a través del cual las mujeres insistieron en la construcción de un espacio de participación social equitativo.

No obstante, como se ha demostrado a lo largo de todo el texto, es importante transformar los programas de desarrollo tanto en la sociedad política como en la sociedad civil, es decir, tanto en la institución como en el sentido común. Las lideresas concuerdan en que la política pública no considera las múltiples barreras que enfrentan las mujeres rurales para participar en los espacios políticos. Luego, también concuerdan que las mujeres se encuentran en una carrera singular para ganar un capital económico y cultural frente a las ventajas que tienen los hombres y líderes sociales para adquirir dichos capitales. Precisamente, no sólo propenden por un justo acceso a la tierra, sino también por el acceso a la educación y la formación organizativa.

Así mismo, las lideresas encuentran que es necesario transformar los espacios de participación social, es decir, transformar las relaciones de género y, por lo tanto, de subordinación, en los espacios colectivos y organizativos. Santiago Castro-Gómez explica que la institución y el sentido común, o la potentia y la potestas, deben permanecer en constante diálogo para procurar un cambio social, ya que dicha tensión permite mantener un continuo movimiento en ambos sentidos (2015). De igual manera lo explica Clara Isabel Cerón: “Hay una contradicción entre la norma social y la norma jurídica. La institucionalidad no permite que las mujeres puedan defender sus derechos en su totalidad. Si nosotras nos organizamos, podremos tener incidencia en cualquier espacio. Mientras no sea así, no podremos avanzar en nada” (C. Cerón, 2020).

En este mismo renglón analítico, las lideresas de la subregión proponen cuatro propuestas para fortalecer el enfoque de género y los espacios de participación social. Primero, transformar las relaciones de poder a través de la visibilización de los trabajos del cuidado que han sido relegados, históricamente, a las mujeres. Deyanira Peña explica que no hay perdón sin reconciliación, tampoco una reconciliación sin un desarrollo que contemple la participación de las mujeres. Esto significa trasladar el objetivo principal de las relaciones capitalistas — la producción — por un nuevo objetivo que implica el reconocimiento del cuidado de la vida. Segundo, adoptar un enfoque de género que contemple las múltiples barreras a las que se enfrentan las mujeres en la defensa de sus derechos. Ruby Armida Bambagué sugiere que las invitaciones que extiende el gobierno o las organizaciones deberían considerar las desigualdades económicas, los diferentes trabajos que deben atender las lideresas, como el hogar, y las diferencias en el acceso a los espacios formativos. Este punto es vital ya que sugiere desarrollar una amplia oferta de espacios formativos para las mujeres rurales desde los diferentes pilares del Pdet. Tercero, fortalecer el ejercicio de defensa de los derechos humanos de las mujeres a partir de la especialización de una justicia propia para las sujetas rurales, cuyos lineamientos deberían contemplar la interculturalidad de los territorios en Colombia. Erika Campo advierte que, además de pensar y debatir el proyecto de desarrollo gubernamental, es importante consolidar un kwesx sxawnsxi o sueño propio en los espacios de participación social a través de una estructura jurídica que proteja los intereses de las lideresas sociales y todas las mujeres rurales.

Por último, se resalta un doble vínculo entre la defensa de la vida y la defensa del territorio desde las organizaciones sociales y comunitarias de mujeres rurales. La separación explícita de la vida a parte del territorio nos sugiere, por un lado, que el territorio no es suficiente para explicar toda la defensa de la vida, y por otro lado, que las mujeres han ponderado la defensa de la vida ante las afectaciones a sus familiares, hijos y propios cuerpos como territorios de violencia. Clara Isabel sugiere que las diferentes organizaciones sociales y comunitarias de mujeres rurales tienen objetivo común seguir insistiendo en la defensa de la paz como derecho fundamental, un derecho con justicia social para abonar las ausencias del Estado. Dice, “no es fácil parir hijos en medio de la guerra”, precisamente porque es imposible pensar en el desarrollo cuando está en riesgo la vida.

Es menester en este año, proyectar un encuentro de mujeres de este Pdet en el marco de importantes esfuerzos que se han realizado como la veeduría regional al Pdet y el instrumento de priorización de iniciativas desde las comunidades; además, en el contexto del Pacto por la Paz y Por la Vida –como respuesta al recrudecimiento de la violencia en la región-; en el que se recojan acciones de implementación efectiva de las iniciativas que permitan el empoderamiento de las mujeres rurales, en términos económicos, sociales y políticos. Así mismo, es importante destacar el papel de la Agenda de Paz de Mujeres del Cauca en su ejercicio de incidencia y articulación alrededor del cumplimiento de los acuerdos de Paz.

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