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La desinternacionalización de la paz en el Gobierno Duque
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Uno de los principales logros del Gobierno de Juan Manuel Santos fue haber involucrado exitosamente a varios actores de la comunidad internacional durante el proceso de negociación con las Farc y garantizar su presencia durante la implementación del Acuerdo de Paz. A este proceso es al que se le conoce como “internacionalización de la paz”.
De esta forma, Cuba y Noruega fueron países garantes, Venezuela y Chile países acompañantes, 19 países europeos participaron en la creación de un Fondo Fiduciario Europeo para la Paz, hubo enviados especiales de Estados Unidos y la Unión Europea durante los diálogos y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó dos misiones especiales de verificación e implementación de lo acordado, entre varias acciones de actores Estatales, intergubernamentales y no gubernamentales que pretendían solidificar un proceso preciado en el exterior, pero ampliamente criticado entre la población colombiana.
El involucramiento de la comunidad internacional en la consecución de una paz negociada fue de tal envergadura que cuando, en octubre de 2016, el “No” resultó vencedor en un plebiscito que buscaba legitimar lo acordado, la respuesta de la comunidad internacional, aunque decía aceptar los resultados democráticos, tendía a expresar el deseo de que se encontraran nuevos caminos para alcanzar la paz y no ocultaba su lamento por el resultado.
Así lo demuestran el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana en el que expresaba que "México hace votos porque Colombia siga explorando todas las avenidas posibles para avanzar de manera unida hacia un futuro de paz y prosperidad", las declaraciones del Gobierno de Noruega acerca de la necesidad de seguir negociando a pesar de la “decepción” por los resultados, o la reacción del entonces presidente francés François Hollande que destacaba la “valentía política” de Juan Manuel Santos por buscar una paz negociada.
La llegada al Palacio de Nariño de Iván Duque, cuyo partido político fue el principal crítico del Acuerdo de Colón, no modificó el apoyo de la comunidad internacional a la paz y, por el contrario, el ahora presidente se ha visto obligado a manejar un discurso mesurado a nivel internacional con respecto a asuntos que, al interior del país, son cuestionados por el Centro Democrático, su partido político.
Cuando Duque sale del país, se vuelve un defensor férreo de la paz negociada y cuenta las bondades que este ha traído para Colombia. Cuando regresa, objeta la ley estatutaria de la JEP. Hay dos discursos oficiales, pero en la práctica prevalece el doméstico. En la práctica es el Centro Democrático y sus sectores más radicales los que van ganando el pulso.
Sin embargo, este doble discurso no ha sido gratuito para el Gobierno. La internacionalización de la paz no solamente fue útil para llevar a buen término la negociación, sino que produjo una suerte de “bilndaje” de lo acordado.
Así lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018 afirma que “el Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos” (I.4). La finalización del Gobierno de Santos no acabó con los compromisos que este adquirió ante la comunidad internacional.
Además, la Misión de Verificación de la ONU ha sido muy activa al pronunciarse sobre asuntos coyunturales que, aunque se encuentran dentro de su mandato, pueden llegar a colisionar con el partido del presidente Duque.
Ejemplos de ello son sus pronunciamientos frente al caso de Seuxis Paucis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, su apoyo a la JEP luego de las objeciones a la ley estatutaria presentada por el presidente Duque y su constante rechazo a los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo hace poco que la ONU debía “respetar” al Gobierno y cuestionó su papel de verificador, el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, llamó “irresponsable” a la organización y Presidencia ha considerado uno de sus informes “prematuro y malintencionado”.
El actual Canciller, Carlos Holmes Trujillo, llegó a afirmar que había una “campaña internacional” para desprestigiar a Duque y El Espectador en mayo puso en evidencia que desde la Cancillería se le había manifestado a la ONU una queja por la excesiva presencia de este organismo.
Aunque Trujillo luego negó estos señalamientos, en junio se les avisó a los cuerpos diplomáticos que solo podían visitar las zonas de concentración de los excombatientes previa “aprobación del Gobierno”, de miércoles a viernes y la segunda y cuarta semana de cada mes.
Hasta el momento ésta ha sido posiblemente la acción más radical del Gobierno en contra de los actores internacionales que participan en la implementación del acuerdo y todavía es muy pronto para afirmar que se trata de un comportamiento sistemático. Sin embargo, varios elementos apuntan a que al ejecutivo le está costando conciliar dos discursos antagónicos sin crear tensiones y recibir cuestionamientos tanto al interior como por parte de la comunidad internacional.
Por supuesto este resultado era solo cuestión de tiempo. Era una quimera pensar que nadie en el exterior, en el mundo de hoy, se iba a enterar de lo poco comprometido que está el Gobierno con la implementación de lo acordado y que tampoco los colombianos iban a ser conscientes de ese doble discurso.
Ahora, si la respuesta es desinternacionalizar la paz para poder mantener el mismo discurso sin que haya obligaciones legales y políticas por las cuales responder ante otros actores internacionales, Colombia tendría que aislarse (nuevamente) del escenario global y Duque no tendrá otro camino que aceptar, de una vez por todas, que el radicalismo del Centro Democrático es el que gobierna a Colombia en cuestiones de paz.
Contexto
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