La mala memoria del General Montoya

Nov 24, 2018

José Miguel Vivanco

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Este artículo es el cuarto de una serie producida exclusivamente para La Silla Vacía con el propósito de conmemorar y recordar los 10 años de los casos de Soacha.

Pueden ver las anteriores entregas aquí.

El general Mario Montoya Uribe, que comandó el Ejército colombiano entre 2006 y 2008, parece tener algunos problemas de memoria.

Durante su comandancia, brigadas en toda Colombia asesinaron a cientos de civiles para reportarlos como tropas enemigas dadas de baja en combate. Sin embargo, cuando los fiscales interrogaron a Montoya en agosto de 2015, él respondió que no supo “nada” sobre los falsos positivos hasta fines de 2008, cuando ocurrió el escándalo de Soacha.

Sorprendentemente, Montoya le dijo a la Fiscalía, según una trascripción de su interrogatorio al que tuvimos acceso, que sólo había recibido “cuestionamientos” de Human Rights Watch y “rumores” de “los medios de comunicación”. Pero, según Montoya, no había ninguna evidencia creíble sobre estos atroces crímenes. No había “nada concreto, nada, nada, nada”, declaró.

La declaración de Montoya es poco creíble. Human Rights Watch ha tenido acceso a numerosas pruebas que demuestran que las autoridades colombianas, incluido Montoya, recibieron múltiples denuncias sobre los falsos positivos varios años antes del escándalo de Soacha. Y, ante el creciente escrutinio nacional e internacional, algunas autoridades adoptaron, en 2007, ciertas medidas para frenar estos crímenes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció los falsos positivos en sus informes anuales sobre Colombia cada año entre 2004 y 2007. Por ejemplo, en 2006, el Alto Comisionado informó un “incremento en las denuncias” de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados del Ejército. El informe destacó que la “mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate”.

Montoya conoció ese informe. En marzo de 2007, envió una carta al entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos transmitiéndole sus propios “análisis, observaciones y recomendaciones” al respecto. Montoya se quejó de que el informe de la ONU “genera[ba] un efecto negativo y de desprestigio hacia el Ejército Nacional”.

El Ejército también recibió denuncias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un testimonio que dimos a conocer en 2016, Freddy Padilla de León, que fue el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2006 y 2010, manifestó que en 2007 Montoya y otros funcionarios se reunían con el CICR prácticamente todos los meses para recibir quejas sobre ejecuciones extrajudiciales.

Pero cuando los fiscales le preguntaron a Montoya sobre los informes de la CICR, él afirmó: “no los conozco… no los recuerdo en este momento”.

Lo curioso es que en los libros militares a los que tuvimos acceso queda claro que Montoya y otros altos mandos le expresaron a sus tropas preocupación por estas denuncias.

En abril de 2008, Montoya dijo a sus tropas en un programa radial: “Derechos humanos: por estos días esta política está de moda y es un tema que tiene una repercusión a nivel nacional. Todos los días están llegando documentos de derechos humanos”. Luego agregó: “Nosotros no necesitamos andar en operaciones oscuras para arrojar resultados operacionales” (ver documento). Este mensaje figura en un libro militar de la Trigésima Brigada, denominado “Programas Comandante del Ejército”.

De forma similar, en mayo de 2007, Montoya les dijo a sus subordinados: “Atentos con la guerra (político) “jurídica”, no nos debemos enredar con ejecuciones extrajudiciales” (ver documento). Estas advertencias las encontramos en un libro militar de la Trigésima Brigada denominado “ordenes CDTE Ejército”.

Según el mismo libro militar, el 10 de julio de 2007, Padilla de León señaló en un programa radial: el “tema de los asesinatos extrajudiciales preocupa al gobierno, debemos agudizar la defensa en estos casos para estar pendiente[s] de los procedimientos jurídicos” (ver documento).

En noviembre de ese año, Padilla de León aprobó una directiva que moderaba algunos de los incentivos perversos detrás de los falsos positivos. La directiva exigía “[p]rivilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de estas a su vez sobre las muertes en combate” (ver documento). El propósito de la directiva, según destacó, consistía en “evitar que las muertes en combate sean cuestionadas o denunciadas como ‘homicidios en persona protegida’” (ver documento).

Sin embargo, en 2015, cuando los fiscales le preguntaron a Montoya sobre el objetivo de la directiva, él pareció negar que tuviera que ver con las denuncias sobre falsos positivos. Según su versión, el único motivo para aprobar esa directiva era que las fuerzas militares “considera[ban] en ese momento que era más efectiva [para] alcanzar los objetivos estratégicos”.

También en 2007, el entonces ministro de Defensa Santos creó un “Comité de seguimiento a denuncias sobre casos de presuntos homicidios en persona protegida”. El comité, que estaba conformado por altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluido Montoya, tenía como uno de sus propósitos “reunirse periódicamente con los organismos internacionales interesados en la problemática, para recibir y evaluar la información que puedan proveer” sobre falsos positivos (ver documento). En sus reuniones, el comité recibió denuncias de diversos organismos internacionales, incluido el CIRC.

Sin embargo, cuando los fiscales le preguntaron a Montoya sobre el comité, él contestó: “no lo recuerdo”.

“¿Comité?”, preguntó. “Lo tuve que haber conocido. Tenga la certeza que tuve que haberlo conocido... Porque si es un documento de ese nivel [el que crea el comité], ese documento no se queda a nivel Comando General, también se lo remiten al Comando del Ejército”.

“No lo tengo presente”, agregó Montoya.

Tal vez este artículo le ayude al general Montoya a refrescar la memoria. Quizás así no le resulte tan difícil recordar su pasado la próxima vez que lo interrogue la Fiscalía o rinda declaración ante la JEP.