La reducción en deforestación no es gracias al Gobierno

Aug 03, 2019

Sara Lopera

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Carlos Olaya, investigador en la línea ambiental en Dejusticia, se sumó al "Lío de la deforestación".

Que la deforestación se redujera en un 10 por ciento durante 2018 no debe celebrarse todavía como un logro del actual gobierno. Cuando el Ministerio de Ambiente publicó esta cifra, hace algunas semanas, fue criticado fuertemente por haber magnificado falsamente la noticia (ver el detector de mentiras que le aplicó la Silla Vacía).

Pero, más allá de cómo se anunció, no hay certeza sobre cómo se conectaron las medidas del gobierno Duque y los resultados en la cifra de deforestación. Si no se cuestiona esto, se corre el riego insistir ciegamente en políticas que pueden tener efectos perversos para 2019.

Dentro de las políticas ya implementadas para frenar la deforestación y que presentó el Ministerio, pueden verse dos estilos de intervención.

Por un lado, están las “medidas de contención”, centradas en la amenaza o el uso de la fuerza desde las Fuerzas Armadas y la judicialización contra deforestadores. Por otro lado, en los últimos cinco años también han surgido “medidas de concertación y transicionalidad”, que, mediante espacios de planeación y negociación, buscan lograr condiciones para fomentar modos de vida más sostenibles para la gente que habita las zonas que son focos de deforestación.

¿La reducción en la cifra de la deforestación se logró por alguna de estas medidas? ¿Cuál ha sido más idónea? A continuación, planteó algunos argumentos sobre por qué no hay certeza suficiente para responder estas preguntas.

Medidas de contención

Entre las medidas de contención que el Ministerio de Ambiente afirma haber implementado se encuentran una propuesta de reglamento para el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, capacitación a las Fuerzas Armadas, informes técnicos con material probatorio para empezar procesos penales, e intercambio de información entre el Ideam y el Ejército.

Estas son “condiciones habilitantes”, es decir, actividades de preparación que generan las condiciones para la intervención con instrumentos de política más concretos.

A su vez, se enlistaba la implementación de acciones coercitivas: ocho operativos entre las Fuerzas Armadas, la Dijin y la Fiscalía (en cuatro Parques Nacionales y seis municipios con deforestación), dos de los cuales están enmarcados en la Campaña Artemisa.

Ahora, ¿serán estas medidas las que llevaron a una disminución de la deforestación en 2018?

No parece ser el caso, por dos razones.

Primero, como argumenta Carolina Urrutia aquí, son medidas muy recientes: durante los primeros meses del gobierno Duque (de agosto a diciembre de 2018) apenas se trabajaron las condiciones habilitantes, mientras la mayoría de los operativos militares y judiciales han sido implementados en 2019 (la Campaña Artemisa inició el 25 de abril de 2019). De allí que para saber la idoneidad de estas medidas debamos esperar a los informes de deforestación para 2019.

Una excepción a esto fue el “Operativo Picachos”, realizado el 28 de octubre de 2018; sin embargo, en ese trimestre (octubre-diciembre de 2018) se reportó la mayor cantidad de alertas por deforestación en el año –ver Gráfica 1- concentrada sobre todo en la Amazonía, lo que impide apresurar conclusiones sobre la eficacia de dicha acción.

Fuente: con base en reportes de Alertas Tempranas de Deforestación 14, 15, 16 y 17 del IDEAM.

Segundo, los pocos detalles que se brindan sobre los efectos de estas campañas arrojan resultados que no son concluyentes. El gobierno asegura haber recuperado apenas 443 hectáreas con la Campaña Artemisa, una cantidad muy pequeña teniendo en cuenta que, según el Monitoring of the Andean Amazon Project, para los primeros cinco meses del 2019 se reportan aproximadamente 56.300 hectáreas deforestadas.

Gráfica 2. Alertas de deforestación por semana en 2019

Fuente: Presentación. Resultados Monitoreo de la Deforestación. 2018

Un dato que podría ayudar a verificar la idoneidad de las medidas de contención en 2019 es el reporte de alertas de deforestación por semana del actual año –ver Gráfica 2-, publicado en la presentación del ministerio.

Se muestra que los picos en las alertas de deforestación para 2019 ocurrieron entre la segunda semana de enero y la primera semana de marzo, para luego caer súbitamente.

Pero este dato tampoco es concluyente: la Campaña Artemisa fue lanzada en una época del año en la que la deforestación suele ser baja por el incremento de lluvias; la caída de alertas se explica porque, como ha sido comprobado en otros años, los picos en la deforestación se concentran en el primer (enero-marzo) y cuarto trimestre (octubre-diciembre), para aprovechar las temporadas de bajas precipitaciones -ver Gráfica 1-.

Medidas de concertación y transicionalidad

En su presentación, el Ministerio de Ambiente también mencionó algunas de las “medidas de concertación y transicionalidad” más sobresalientes: los programas Visión Amazonía y GEF Corazón de la Amazonía, que funcionan con dinero de cooperación (Noruega, Alemania y Reino Unido).

Estos programas han apoyado el establecimiento de condiciones habilitantes como los sistemas de información de los bosques del Ideam así como propuestas concretas para los habitantes de la Amazonía, como planeación forestal, apoyo a cadenas de productos no maderables, acuerdos de conservación con campesinos, entre otras. También están los acuerdos entre Parques Nacionales y campesinos en áreas protegidas de varias regiones del país.

Son medidas que han tenido una mayor duración, ya que surgieron mucho antes del gobierno Duque. Por ejemplo, Visión Amazonía se proyecta entre 2016 y 2021, Corazón de la Amazonía entre 2014 y 2019, y los acuerdos entre PNN y campesinos se están proponiendo desde 2012.

A su vez, el gobierno brinda cifras que parecen mucho más significativas que las obtenidas con medidas de contención: más de 11.000 hectáreas de bosque en conservación mediante acuerdos con 375 familias, 35.000 hectáreas en manejo forestal con proyectos de la Unión Europea y la FAO, o los 365 acuerdos entre campesinos y PNN, entre otros resultados.

Al ser más antiguas y con resultados un poco más significativos, parece que las medidas de concertación y transicionalidad han mostrado mejores resultados que la contención. Pero la evidencia que presenta el Ministerio tampoco es suficiente para establecer una relación concluyente entre resultados y medidas. Esto por dos razones.

Primero, estas medidas iniciaron antes de que la deforestación incrementara sustancialmente, por lo que su efecto preventivo ha sido muy bajo. Lo podemos ver en la región amazónica, donde, a pesar que de que ya se implementaban Corazón de la Amazonía y Visión Amazonía desde 2014 y 2016, respectivamente, no se pudo frenar la gran cantidad de hectáreas deforestadas que aumentaron desde 2017 -ver Gráfica 3-.

Fuente: Hecho con base en presentación de Resultados Monitoreo de la Deforestación. 2018

Podría argumentarse que los primeros años de estos programas (2014-2016) se dedicaron a la preparación de condiciones habilitantes, para luego implementar acciones concretas en los focos de deforestación desde 2017; esto explicaría la reducción de 2018. Sin embargo, el Ministerio no brinda datos para soportar esta hipótesis.

También es posible que el alcance de estas medidas sea muy poca, al ser planteadas cuando la escala de la deforestación era mucho menor.

Conectado a esto último, y esta es la segunda razón, muchos de los datos más significativos brindados por el Ministerio son de condiciones habilitantes o de instrumentos de política que no han sido todavía aplicados.

Por ejemplo, para el caso de Visión Amazonía, se declara que se “desarrollarán” planes de ordenación forestal en 1.401.777 ha., 75.629 de estas en Caquetá y Putumayo; o que se “apoyarán” cadenas productivas no maderables con 467 familias. ¿Son planes y apoyos que aún están en el papel? Si aún no se han implementado, ¿cómo lograron disminuir la deforestación?

Conclusión

Las medidas de contención promovidas desde el gobierno Duque no disminuyeron la deforestación en 2018, al ser implementadas sobre todo desde 2019; y, aunque las medidas de concertación que vienen de tiempo atrás pudieron haber incidido más en este resultado, se requieren estudios más profundos para comprobarlo.

A pesar de esto, el actual gobierno está aplaudiendo la cifra de 2018 como uno de sus logros, lo que, como dije al principio, puede ser un error: se están celebrando acciones de las que aún no conocemos resultados significativos.

Esta incertidumbre implica tareas urgentes a la hora de monitorear las medidas implementadas contra la deforestación.

Una de ellas es agilizar la periodicidad de reportes sobre la deforestación anual, así sea mediante entregas parciales.

También se hace necesario considerar los efectos de las medidas que han implementado los campesinos, indígenas y comunidades negras, que han podido gobernar satisfactoriamente el uso de los ecosistemas que habitan, sin la ayuda del Estado.

Con esto no quiero decir que se deben rechazar de tajo las medidas de contención, o que las medidas de concertación han sido inútiles. Por el contrario, considero que el gobierno acierta al seguir combinando estos dos estilos porque, para frenar la deforestación, se necesita atender campesinos empobrecidos y atacar a poderosos actores ilegales.

Pero no cualquier combinación funciona.

Se han hecho graves cuestionamientos al operativo Picachos y a la Campaña Artemisa, al atacar campesinos empobrecidos mediante métodos arbitrarios, en lugar de apuntar hacia los grandes agentes del acaparamiento de tierras. Esto podría afectar la coherencia de esta combinación entre medidas de contención y concertación, porque no se interrumpen a los agentes más poderosos de la deforestación, y se afecta la legitimidad del gobierno con los campesinos.

El gobierno debería atender estas advertencias, para evitar efectos perversos en la lucha contra la deforestación de 2019.