La tregua en Tumaco está rota

Oct 10, 2020

kjohnson

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Una ola de violencia en la ciudad es el resultado del rompimiento de un pacto de no agresión entre los dos grupos armados que controlan la mayoría de los barrios de la ciudad.

En las últimas dos semanas, la violencia en Tumaco ha aumentado drásticamente: asesinatos casi diarios, tiroteos a plena luz del día y una masacre reportada de cuatro jóvenes llevados de la ciudad, asesinados en un pueblo sobre la costa, y por lo menos uno de sus cuerpos botado de nuevo en un barrio periférico. Estas muertes se han dado porque la guerra por el control de la región se ha reiniciado en la cabecera del municipio.

Esta dinámica rompe una tendencia de disminución de homicidios y enfrentamientos en el área urbana desde diciembre del 2018, cuando las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y la Gente del Orden – ambos grupos disidentes de las FARC que controlan la mayoría de los barrios en la ciudad – llegaron a un acuerdo para minimizar la violencia en la zona. En ese momento, la violencia en la ciudad era drástica: cruzar una frontera invisible era causa de muerte; tiroteos se daban con alguna frecuencia entre barrios enemigos (o incluso en el desfile de lanchas en los festivales de la ciudad); homicidios ocurrían en áreas muy recorridas; y en algunas ocasiones ponían bombas. Por iniciativa de algunos líderes locales y otros actores, se logró sentar a los diferentes comandantes de los dos grupos en guerra y arreglar un pacto de no agresión, lo cual llevó a una disminución de diferentes indicadores de violencia.

El Gobierno siempre ha negado la existencia de la tregua, insistiendo que es la política de seguridad en la ciudad lo que ha bajado la violencia.

A pesar de varias violaciones por parte de los miembros rasos de los grupos, ese pacto se mantuvo, hasta hace muy poco. Pero el 21 de septiembre, un excombatiente de las FARC, Nelson David Sánchez Segura, fue atacado en la ciudad y murió al día siguiente en un hospital de Pasto. No fue cualquier excombatiente: era hermano menor de alias el Tigre, un excomandante de las FARC que dejó su arma en la zona veredal en el municipio, pero que volvió al crimen.

El Tigre, ahora mando medio del Bloque Occidental Alfonso Cano, que ha absorbido a la Gente de Orden, ha declarado la guerra a las GUP, pues acusa a uno de sus comandantes importantes – quien acaba de salir de la cárcel –, alias Rocky, de haber ordenado la muerte de su hermano. Según varias fuentes en la zona, Rocky habría ordenado el asesinato porque años atrás, cuando las FARC estaban sacando a los Rastrojos de la ciudad, el Tigre lideró una operación en su contra en la que murió baleada la esposa de Rocky. Al recuperar su libertad, Rocky buscó su venganza, señalan las fuentes.

Una vez ocurrido el asesinato, Tigre – se dice – pidió la muerte de los dos sicarios: ambos ya fueron asesinados, uno a los dos días de la muerte del excombatiente, y el otro un poco después. Al mismo tiempo, según diferentes fuentes, ha pedido que Rocky se entregue, seguramente también para matarlo, pero ahora está escondido. Los superiores del Tigre en el Alfonso Cano, al parecer, están de acuerdo con su exigencia, lo cual indica que es posible que esta nueva ronda de conflicto se convierta en la nueva normalidad.

Frente a esta ola de violencia, las autoridades tienen una oportunidad para mostrar de verdad lo que siempre han argumentado: que su presencia es lo que causa la disminución de ésta. Es importante que protejan realmente a la población, lo cual requiere por lo menos dos cosas.

Primero, hay que superar la idea de que lo que pasa en la ciudad es que criminales matan a otros criminales y, por ende, no merecen protección. Así no funciona el conflicto allá: a menudo los asesinatos son por simples acusaciones de vivir en otro barrio asociado con uno de los grupos armados. Igual, en los tiroteos, cualquier civil puede ser víctima. También dentro de los grupos hay menores de edad que el Estado debe preferir su desvinculación. Finalmente, es el deber del Estado proteger a la población, y los que hacen parte de un grupo criminal, detenerlos o darles de baja; no simplemente dejar que sean asesinados.

Segundo, la presencia fuerte militar y policial en Tumaco tiene que empezar a servirle a los barrios más golpeados por la violencia. Durante numerosos viajes a la ciudad, en que he podido visitar numerosos barrios bajo control de los grupos armados, casi nunca he visto la Policía u otra fuerza del Estado. Suelen estar en puntos frecuentados por la población en general, pero los barrios quedan, en efecto, a la merced de los grupos armados.

El rompimiento de la tregua también muestra lo complejo que puede resultar un asesinato de un excombatiente. En este caso, una venganza de la cual no hacía parte directa parece ser la motivación detrás de su muerte. Otra versión – no confirmada – dice que estaba en una relación amorosa con la novia del sicario que lo mató. Versiones más simples, como disidentes matando a sus excamaradas, que el liderazgo del ELN está detrás de ellos o que los paramilitares son responsables, simplemente no responden a la realidad en este caso.

Adicionalmente, esta situación es más evidencia de que los acuerdos entre grupos armados, especialmente criminales, son bastante frágiles. En un mundo donde los desacuerdos y violaciones de normas y reglas a menudo se resuelven con la violencia, parece que es solamente una cuestión de tiempo hasta que estos arreglos se rompen. En Tumaco, acusaciones de actos de violencia por los rasos de los grupos han sido comunes.

Finalmente, para la gente de Tumaco, es probable que en el corto plazo se dé otro conflicto, sumado a los que ya existen en la zona rural del municipio: el entre los Contadores y el Frente Oliver Sinisterra por la carretera entre Tumaco y Pasto; los combates que a veces se dan por los ríos como el Chagüí o el Rosario; y la violencia que existe en la zona no contigua del municipio, al norte, en pueblos como Pital de la Costa y San Juan – Pueblo Nuevo.

Las fallas en las políticas de seguridad para el casco urbano de Tumaco vienen del gobierno de Santos: diferentes planes van y vienen, con un impacto limitado. Lo mismo se podría decir de las que también cubren la zona rural. No hay una solución mágica para la región que solucione todo en el corto plazo, y políticas de largo plazo son poco comunes en Colombia.

Sin embargo, Tumaco lo necesita; el Acuerdo de Paz puede ayudar.