La urbanización de la confrontación armada: ¿un nuevo salto estratégico del ELN?

Jun 28, 2021

El renovado accionar militar urbano del ELN, en particular algunas acciones armadas y hechos que rayan en acciones terroristas (artefactos explosivos en instalaciones de la Fuerza Pública o en CAI), obliga a pensar y analizar la trayectoria y capacidades que ha tenido esta guerrilla desde sus orígenes hasta el presente; esto con el objeto de entender cuál es la lógica que tiene este tipo de despliegue de violencia en los años recientes y desde cuándo se ha venido desarrollando.

No en vano se ha constatado en la última década que el repertorio violento que ha predominado y que lo posiciona como el principal reto que tiene el Estado colombiano en materia de seguridad y orden público es la instalación de artefactos explosivo en los principales centros urbanos del país. Esto, más allá de más allá de las voladuras de la infraestructura eléctrica, petrolera, vial, algunos paros armados, entre otras. No es casualidad que el último atentado con carrobomba en la Brigada 30 del Ejército, el pasado 16 de junio en la ciudad de Cúcuta, se le hubiera sindicado a esta guerrilla sin las pruebas suficientes y a pesar de la negativa pública de esta insurgencia.

Un poco de historia

Se podría creer que, por el alto componente urbano que tuvo el ELN desde sus inicios (estudiantes, sindicalistas, obreros, militantes del Movimiento Revolucionario Liberal, etc.), esta guerrilla tuvo todas las oportunidades, de la mano de sus primeros líderes (Fabio Vásquez y sus hermanos, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada, entre otros) de crear unos sólidos y fuertes lazos en el mundo urbano. No obstante, la historia fue todo lo opuesto. ¿Por qué?

Al igual que en la zona rural, el trabajo político organizativo y la consolidación de las estructuras de milicias no solo fue desarticulado e inconexo entre sí, sino que también sufrió importantes golpes que truncaron su enraizamiento en las principales ciudades. Dentro de estos golpes, es destacable el Consejo de Guerra de 1969, donde fueron condenadas 215 personas sindicadas de pertenecer al ELN, y el llamado Febrerazo (1977), que le permitió a la Fuerza Pública en Bogotá desarticular la Coordinadora Urbana: fueron capturados, gracias a la inteligencia estatal, la gran mayoría de sus cuadros.

Estos eventos confirmaban la sobrevaloración que tenía el ELN de su trabajo de masas en las ciudades y del trabajo con organizaciones estudiantiles y obreras. De hecho, el periodo de crisis conocido como El Replanteamiento, al final de los setenta, se originó por las críticas que hicieron militantes urbanos, incorporados al Frente José Antonio Galán, por el desconocimiento y marginación de las dinámicas urbanas y de masas.

Durante las décadas de los ochenta y noventa, las cosas cambiaron poco, si bien aumentaron su presencia en centros urbanos como Bogotá, Barranquilla, Popayán, Manizales, Pasto, Pereira, Medellín, Barrancabermeja, Cali y Cúcuta; solo en las últimas cuatro alcanzaron algún tipo de operatividad que sobrepasara lo logístico y organizativo (en particular, en las comunas de Medellín y en Barrancabermeja). Bastante emblemático fue el impulso de la idea de la conformación de una Organización Política de Masas (OPM) con algunos intentos de direccionar el movimiento político ¡A Luchar!, como un medio de insertarse en las dinámicas políticas amplias a pesar de los riesgos que esto implicaba.

En la misma línea, en la década de los noventa empezó la fundación de Frentes Guerrilleros Urbanos con sus propias direcciones y objetivos, pero salvo los casos señalados anteriormente (Barrancabermeja y Medellín), nunca lograron desarrollar capacidades militares y económicas; y, en la práctica, quedaron funcionando como extensiones logísticas de las estructuras rurales, limitándose a influenciar organizaciones sociales legales y en algunos casos a intentar fundar OPM. Y, en Bogotá, donde se concentraron todos los esfuerzos, nunca se pudo crear un Frente Urbano por la cantidad estructuras rurales que tenían redes logísticas en esa ciudad. Esto hizo que su propio trabajo político tuviera una lógica caníbal: se peleaban entre sí áreas y grupos de trabajo.

Estos exiguos avances en el campo urbano fueron frenados, durante los años ochenta y noventa, tanto por el Estado, por las fuerzas paramilitares o por una combinación de estas dos. No por nada en todos los espacios urbanos señalados anteriormente el ELN retrocedió cuando no perdió la guerra. Basta recordar la Operación Orión en 2002 para “pacificar” la comuna 13 de Medellín, la toma paramilitar de Barrancabermeja y de Atalaya en Cúcuta.

El giro estratégico: llevar la guerra a las ciudades

La situación descrita atrás permaneció buena parte del inicio del siglo XXI y solo hasta finales de la década se dio un cambio, cuando variados Frentes de Guerra de esta organización buscaron recuperar los espacios perdidos en ciudades como Cúcuta, Medellín, Barranquilla o Cali, en el marco de un cambio estratégico formulado dentro de la organización: se empezó a cocinar la idea de urbanizar la guerra.

En efecto, fue durante el IV Congreso (2006) que se elevó a los principales centros urbanos como las nuevas áreas de mayor importancia en las operaciones, bajo la idea de la llamada "resistencia armada". En esta ocasión, para que las acciones y esfuerzos no fueran descoordinados, desde la comandancia nacional se buscó crear el Frente de Guerra Urbano para aglutinar y coordinar el trabajo político, así como para lograr operatividad en las ciudades a través de ataques de alto impacto.

Esta última apuesta se dio bajo la interpretación de los líderes de esta guerrilla de que el espacio rural se había despoblado, producto de la oleada violenta de los años noventa. De tal forma, la guerra ya no debía tener como centro de gravedad las áreas tradicionales de presencia de esta insurgencia, sino las principales ciudades donde estaban los más importantes polos de poder, las bases sociales a las que pretendían enviar un mensaje político (sectores estudiantiles, sindicales y otras organizaciones sociales) y los principales bloques económicos.

Esta nueva forma de operar se ha materializado en los últimos años y les da sentido a sus acciones más mediáticas, que más que ser estratégicas en términos militares, tienen mucha más resonancia por los métodos, formas y objetivos. No en vano, los ataques más contundentes ya no se centran, a pesar de que persisten, sobre los tradicionales objetivos, sino que muestran una dirección e intención distinta con un púbico claro. Por eso, atrás han quedado las voladuras de oleoductos, ataques a la infraestructura eléctrica, vial u operaciones militares que demandan concentración de fuerzas en los espacios rurales, y se han cambiado por atentados con explosivos a objetivos de alto valor táctico en las principales ciudades del país. Esto explicaría los ataques a la estación de policía del barrio San José en Barranquilla (2017), la instalación de artefactos explosivos cerca de la plaza de toros La Macarena (2017) y en la Escuela de cadetes General Santander en Bogotá (2019).

¿Cuál es la apuesta del ELN?

Este accionar violento nos dice tres cosas importantes.

Primero, que estamos frente a una nueva apuesta y estrategia del ELN que busca urbanizar la guerra frente a la intrascendencia que tienen sus acciones armadas en territorios rurales; y, además, que es bastante reciente, pues no tiene más de una década.

Segundo, que para esa organización armada los medios están justificados por unos fines hiperideologizados que “legitiman” estos actos (que rayan en el terrorismo) como formas legítimas de asestarle golpes al enemigo.

Tercero, estas apuestas son reflejo del ascenso y consolidación del sector más radicalizado y militarizado dentro del ELN que tiene como mayor exponente a Antonio García; y, finalmente, muestra una desconexión total con las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social urbano que abiertamente rechazan la violencia como medio de expresión y transformación política.

Lecciones

Lo dicho hasta acá tiene implicaciones en materia de política pública; en particular, de seguridad. Este tipo de ataques no solo se muestran más frecuentes en el ELN, sino que también están produciendo un impacto humanitario bastante alto. De tal forma se deben formular estrategias y planes de seguridad que anticipen y ayuden a mitigar este tipo de acciones en áreas urbanas.

Ahora bien, también el Estado debe saber cómo tramitar y darles gestión a los sectores y segmentos de la población que este grupo dice representar, en particular, al nicho estudiantil. En efecto, de la forma como se gestionen sus reivindicaciones y exigencias, grupos como el ELN tendrán mayor o menor capacidad de reclutar dentro de las organizaciones estudiantiles. En efecto, el paro del 2019 dejó un mal precedente y la manera como se ha tramitado la actual movilización social lo está ratificando. Lo único que hacen el uso desmedido de la fuerza, en muchos casos, y la criminalización de la protesta es incentivar a ciertos individuos de estos sectores a radicalizarse y a concebir como única opción de transformación su incorporación a una organización armada.

También hay que pensar que el Paro nacional, por otro lado, puede poner a la insurgencia urbana en una compleja situación en la medida en que el actual dinamismo social, con amplios repertorios de acciones de protesta y el uso del arte como medio de expresión política, la relegan a una mayor marginalización por la ratificación de que los métodos violentos no tienen vigencia.

Por último, los problemas que pudo tener el ELN al inicio de su desarrollo del trabajo se pudieron deber al carácter inconexo de sus acciones y por su anatomía organizacional: a diferencia de las Farc-EP y el EPL, el ELN no fue una guerrilla de partido, lo que agravó la situación; en su primera etapa lo militar subordinó a lo político, haciendo que los guerrilleros de origen urbano fueran percibidos como débiles en lo físico y con menos capacidades para las acciones armadas que en ese momento eran el principio y fin del proyecto eleno.