La vacuna contra el covid en las empresas

Apr 04, 2020

Blogoeconomia

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Si queremos que la crisis no signifique un empobrecimiento de todos a largo plazo, es fundamental minimizar despidos y destrucción del tejido empresarial.

Si queremos que la crisis no signifique un empobrecimiento de todos a largo plazo, es fundamental minimizar despidos y destrucción del tejido empresarial. Es la hora de considerar que el Estado: 1) pague parte de las nóminas de empresas que se comprometan a cambio a mantener los contratos, 2) adquiera participación en otras, y 3) tome medidas para proteger cadenas productivas. Su capacidad para hacerlo, sin embargo, es limitada. Que la curva de despidos no supere esa capacidad dependerá de la extensión de las medidas de cuarentena.

En dos recientes ediciones de la Nota Macroeconómica (aquí y aquí) hemos presentado propuestas para que el gobierno ayude a paliar los efectos negativos de la actual emergencia sobre quienes más lo necesitan: aquellos cuya subsistencia se gana día a día y queda comprometida de forma inmediata al verse sometidos al requisito de aislamiento social. En efecto, los gobiernos nacional y locales han ido desplegando ayudas hacia esos grupos. A medida que el tiempo de aislamiento se extiende, sin embargo, los impactos sociales empiezan a llegar a otros grupos. En la línea del fuego empiezan a quedar los formales que trabajan en empresas hoy privadas de la capacidad de generar los ingresos para cubrir el costo de la nómina, así como contratistas de esas empresas.

La sociedad entera espera que esos empleadores ayuden a soportar la carga de la emergencia, manteniendo los pagos a empleados y contratistas tanto como sea posible, y muchos así lo están haciendo. Pero es evidente que, entre más se alargue el periodo de parálisis en esas empresas, menor será su capacidad para seguir cubriendo esos pagos. Los riesgos son enormes: hay 2.5 millones de trabajadores formales en los sectores más vulnerables a la parálisis (ver nuestros cálculos aquí) que se ven abocados a posibles suspensiones de sus contratos o, peor aún, a despidos, si las restricciones sobre sus empleadores superan su músculo financiero. Alcanzado el límite de la capacidad financiera de las empresas, no valdrá de nada que se diga que están prohibidos los despidos o suspensiones, porque simplemente no habrá como pagar empleados.

Es urgente movilizar los recursos posibles para mitigar esos costos. La estrategia debe tener como prioridad minimizar despidos y cierres de empresas. Además de la evidente pérdida de ingresos actuales de quienes laboran en esas empresas, este tipo de eventos deja cicatrices permanentes en el desempleado y en la economía.

Por ejemplo, es más difícil encontrar un nuevo trabajo después de ser despedido y lo es más en una economía deprimida. A esto se suma la destrucción de conocimiento y productividad de una empresa (a diferencia del caso de una empresa que cierra en circunstancias normales por no ser rentable) y la consecuente pérdida permanente para la economía. Y, como cada empresa es un nodo en la compleja red de interconexiones que es una economía, la pérdida de esa empresa significa también un riesgo enorme para todos los que están conectados con ella, como proveedores y clientes directos, o a través de terceros. Lo que podríamos llamar la destrucción del tejido empresarial.

Por supuesto, también es importante proteger a quien sí quede desempleado con un seguro de desempleo de monto razonable y ayuda para volver a engancharse. El gobierno nacional se ha movido en esta dirección, a través de una transferencia a los desempleados a través de las cajas de compensación. Por lo dicho atrás sobre los impactos a largo plazo de los despidos, sin embargo, esta estrategia es apenas un vendaje para una herida que requiere sutura.

Las siguientes medidas empiezan a convertirse en urgentes para cumplir con el objetivo de minimizar el número de despidos y cierres de empresas:

La medida más urgente a considerar, como se está haciendo en muchos países, es que el gobierno asuma parte del pago de la nómina de las empresas formales, viabilizando la sostenibilidad del compromiso que muchos empresarios han mostrado para seguir pagando a sus empleados. El apoyo podría ser equivalente, por ejemplo, a un salario mínimo por trabajador. Durante el tiempo que reciban ese apoyo del gobierno las empresas deben comprometerse a mantener los contratos de trabajo existentes y a pagar otra fracción de sus salarios.

Para que ese pago adicional de las empresas sea posible en un periodo en que algunas verán sus ingresos muy mermados, o incluso paralizados, se debe permitir una flexibilización de los contratos, de tal forma que empresas y trabajadores puedan acordar ajustes temporales de los salarios y periodos de gracia para una parte de los salarios que asumirá la empresa, atados a unos intereses que desincentiven el uso de este instrumento por parte de empresas que no lo necesitan. Estos apoyos podrían desplegarse de forma progresiva empezando por las empresas más pequeñas en los sectores más vulnerables (identificados aquí), y extendiéndolo a empresas más grandes en esos sectores, o empresas afectadas en sectores menos vulnerables, en la medida en que una posible extensión del aislamiento aumente la vulnerabilidad de esos grupos.

Una segunda medida que debe estudiar el gobierno es la compra focalizada de participación en empresas grandes y estratégicas, para que la inyección de liquidez a las empresas también le permita al gobierno contar con fuentes de recuperación de sus ingresos y proteger actividades que resultan estratégicas para la recuperación de la economía.

Si esta medida se implementa para empresas que, en ausencia de la actual crisis, tendrían una buena dinámica, y que por lo tanto tienen potencial para recuperarse, puede servir de base para un fondo de inversión estatal que genere dividendos cuando la economía se recupere. Siempre y cuando el fondo esté diversificado, estos dividendos podrían girarse a la población y fortalecer el sistema de seguridad social en el futuro.

También se hace necesario buscar proteger los encadenamientos productivos. Estos sufrirán menos en la medida en que menos empresas desaparezcan o detengan su actividad. Una medida que puede aliviar la presión actual sobre estas cadenas es la disminución de los plazos máximos de pagos a proveedores.

Por supuesto, medidas como las propuestas en 1 y 2 representan un costo fiscal muy importante para el gobierno. Pagar un salario mínimo por cada trabajador formal en los sectores más vulnerables costaría cerca de 2.5 billones de pesos (0.25% del PIB anual) por cada mes cubierto, sin contar prestaciones y contribuciones. Como es el caso con las ayudas del Estado a los informales durante este periodo, ese costo está más que justificado dada la crucial importancia de proteger el empleo durante este periodo crítico. Pero es cierto que se abre una gran pregunta sobre la existencia de fuentes efectivas para la financiación de estos apoyos. Para hacerse una idea del tamaño de estas ayudas, que costarían en total cerca de 3% del PIB anual en un solo mes, en Colombia el recaudo tributario anual se acerca a 14% del PIB.

Además de los sospechosos obvios, como la emisión de mayor deuda pública en los mercados financieros y el endeudamiento con multilaterales como el BID y el Banco Mundial, es fundamental buscar otras fuentes de manera creativa. Este es un periodo en que todos los agentes de la economía debemos asumir alguna parte del gran costo de mitigar la crisis para evitar que sea más severa, en detrimento de todos. Aunque en un periodo como éste pensar en incrementar impuestos puede parecer una locura, es necesario apelar a la solidaridad de quienes siguen contando con ingresos estables, individuos y empresas. Aumentar la retención en la fuente y considerar un aumento en el impuesto a la renta, como un préstamo al fisco que se traduzca en un saldo positivo a futuro, contribuye a distribuir mejor el choque.

La financiación (parcial) de la nómina de empresas formales puede constituirse también en un incentivo a la formalización de empresas y sus trabajadores, redundando en beneficios futuros para el recaudo fiscal. Para que ese incentivo se materialice, sería necesario decretar un “borrón y cuenta nueva” para las empresas que hasta ahora no hayan pagado sus obligaciones tributarias y laborales y que se formalicen para conseguir el beneficio de apoyo a la nómina.

Finalmente, aunque creemos en la viabilidad de este tipo de medidas si el parón económico es de corta duración, es importante entender que cualquier gobierno tiene una capacidad limitada para hacer transferencias a personas y empresas para ayudarlas a sobrellevar la crisis. Nos acercaremos a ese límite con la extensión de las medidas de aislamiento: a medida que la curva de despidos crece, cosa que sucede con la extensión de la parálisis de ciertos sectores, el déficit de la capacidad del Estado para paliar sus efectos es mayor. La duración de posibles extensiones del aislamiento, por tanto, debe responder a un cuidadoso balance entre sus efectos y las posibilidades y consecuencias de llevar a cabo acciones alternativas, como incrementar lo suficiente la capacidad del sistema de salud para que un aislamiento menos estricto y paralizante sea compatible con evitar muertes masivas por COVID 19.