La vulnerabilidad del empleo a la emergencia de covid-19

Apr 01, 2020

Blogoeconomia

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Aunque es probable que la economía entera sufra los impactos que la incertidumbre y la pérdida de ingresos tendrán sobre la demanda agregada, unos sectores se ven más afectados que otros por las medidas de aislamiento

Este texto fue escrito por Óscar Becerra, Marcela Eslava, Marc Hofstetter, David Pérez, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta, del Grupo de Investigación en Macroeconomía. Con la contribución de Andrés Alvarez, David Bardey, Tomás Rodríguez, Fabio Sánchez, más Carlos Caballero, más Juan Camilo Cärdenas, Rachid Laajaj, Daniel Mejía, María del Pilar López , Leopoldo Fergusson , Jimena Hurtado y Andrés Moya. Hace parte de la Nota Macroeconómica.

Esta nota tiene cuatro mensajes, a partir de datos del Dane sobre el mercado laboral: 1) cerca de 9 millones de colombianos devengan sus ingresos de las actividades más vulnerables a la parálisis; 2) una hipotética parálisis total de esos sectores costaría como mínimo 10 por ciento del PIB de cada mes en que estos se encuentren detenidos, es decir, casi 3 por ciento del PIB anual si la parálisis dura tres meses; 3) además de las ya anunciadas ayudas del gobierno a los informales, la situación empezará a exigir ayudas a más de 2.5 millones de ocupados formales en estos sectores; y 4) las pérdidas de ingresos y empleos calculadas aquí son límites mínimos de las verdaderas pérdidas porque no cuentan los efectos negativos de la caída de demanda agregada sobre otros sectores, ni los efectos persistentes de trabajos y empresas destruidos.

Una enorme preocupación ante la emergencia originada por el covid-19 es el impacto que, sobre los empleos e ingresos de las personas, tendrá la situación. Aunque es probable que la economía entera sufra los impactos que la incertidumbre y la pérdida de ingresos tendrán sobre la demanda agregada, unos sectores se ven más afectados que otros por las medidas de aislamiento.

Hay sectores y ocupaciones para los que esta emergencia debería tener impactos menos graves, como los productores de bienes y servicios que son básicos para la subsistencia y la atención de la emergencia. Estos sectores no solo han sido autorizados para continuar su actividad, por obvias razones, sino que enfrentan una demanda relativamente estable, al menos en estas primeras semanas de emergencia.

Entre tanto, la situación ha llevado al teletrabajo en sectores como la educación y los proveedores de servicios administrativos que, gracias a esa alternativa, pueden continuar su actividad. Sectores y ocupaciones en las que esta modalidad resulta de mucho más difícil adopción, en cambio, han tenido que suspender sus actividades, o al menos recortarlas de forma drástica. Es el caso de muchos productores en los sectores de construcción, comercio de artículos no esenciales, hoteles y restaurantes o de recreación, además de buena parte del empleo informal, que depende de la presencia de las personas en las calles y de la actividad de los sectores paralizados.

¿Cuántas personas se ocupan en los sectores que enfrentan efectos más inmediatos y a cuánto ascienden los ingresos que están en riesgo? ¿Qué tan prevalentes son la informalidad y las formas de vinculación menos estables en esos sectores? En esta Nota Macroeconómica publicamos los resultados de unos ejercicios básicos de cuantificación que, para responder a estas preguntas, desarrolló el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Facultad de Economía de Uniandes. Esperamos con estas cifras contribuir a la construcción de escenarios que informen la toma de decisiones sobre los costos y beneficios de las medidas que los gobiernos nacional y locales toman durante esta emergencia.

Clasificamos los sectores¹como menos vulnerables si sus actividades están mayoritariamente libres de la restricción de movilidad (como la producción de alimentos o el transporte de carga) o si son en general susceptibles de pasar a modalidades de teletrabajo, como la educación y muchos servicios profesionales y administrativos. Clasificamos como más vulnerables a los demás. El siguiente cuadro resume la clasificación.

*otros no incluidos en transporte en la columna de menos vulnerables. Fuente: construcción propia

Los sectores más vulnerables se ven sujetos a la parálisis de una elevada fracción de sus actividades. Algunas pueden continuar su curso, aunque en condiciones deterioradas, como las tiendas que han abierto o incrementado su distribución online, los restaurantes que hacen despachos, o los museos y academias de música que inventan actividades online.

La Figura 1 cuantifica cuántos son los puestos de trabajo que están sujetos a la desaparición de sus ingresos si estos sectores tuvieran que parar por completo y no se vieran compensados. De los 22.3 millones de ocupados registrados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane en 2019, un poco más de nueve millones estaban en los sectores más vulnerables.

Sus ingresos mensuales llegaban a casi ocho billones de pesos, algo así como el 10 por ciento del PIB mensual promedio (Figura 2). Eso también significa que, en un escenario de parálisis de esos sectores, cada mes se perdería al menos el 10 por ciento del PIB del mes comparado con el escenario del año anterior (“al menos” porque lo que esos sectores pagan por su talento humano es sólo una parte del total de lo que generan).

El primer mensaje de esta nota es, entonces, que hay una enorme población en Colombia cuyos ingresos dependen de sus actividades en las actividades más vulnerables a la parálisis. El segundo, que esa parálisis de los sectores costará al menos 10 por ciento del PIB de cada mes. En el acumulado del año esto implicaría una pérdida de cerca de un punto porcentual de crecimiento por cada mes sin esa actividad. Es importante ser claros: este no es el efecto total de la crisis, sino solo el efecto directo de paralizar estos sectores y contándolos solamente en el peso de sus costos laborales, no de la totalidad de su valor agregado.

Al efecto total habrá que sumarle otros componentes: el efecto negativo sobre los sectores menos vulnerables de la caída total de demanda final por la incertidumbre y la pérdida de ingresos, el efecto adicional por la pérdida de encadenamientos productivos. Y, más preocupante, el efecto de largo plazo que implican contratos laborales desechos, cadenas de suministros desarmadas y empresas cerradas.

Estos números también dan algunas luces sobre la focalización ideal de las ayudas del Estado. De esos nueve millones de ocupados en sectores vulnerables, unos 6.8 (cerca del 75 por ciento) están en empresas de menos de diez empleados o trabajan por cuenta propia, lo que hace más probable la imposibilidad de generar ingresos, porque dependen de su propia posibilidad de conseguir clientes o porque sus empleadores no tienen el músculo para seguir pagando sus salarios en ausencia de ingresos en la empresa (Figura 4). Sus ingresos se acercan a 5.3 billones.

Aunque las empresas más grandes tienen mayor capacidad para continuar con esos pagos, aún las más grandes de todas pueden hacerlo sólo por un periodo de tiempo limitado, de manera que si las medidas de aislamiento se extienden lo suficiente, eventualmente todos los nueve millones de ocupados en las categorías de riesgo podrían verse privados de sus ingresos o, peor, desempleados, lo que extendería esa privación al mediano o incluso el largo plazo.

Estas cifras tienen importantes implicaciones en términos de la habilidad del país para ayudar a quienes se vean afectados por una pérdida de ingresos temporal o, peor aún, de sus empleos. Hemos dicho en otra nota que lo urgente es llegar a los trabajadores informales y las personas que de ellos dependen, y que esa es una población de cerca de 23 millones de personas que, si recibieran 117mil pesos del gobierno por mes, implicarían un costo fiscal de 2.67 billones de pesos (0.3 por ciento del PIB) por cada mes de ayudas.

Esta nota implica que, además de esos trabajadores informales, hay también un número amplio en la formalidad que tiene sus ingresos en riesgo porque se encuentran en una actividad paralizada. Estos son 2.8 millones de trabajadores que (Figura 1), si el gobierno les transfiriera el equivalente a un salario mínimo legal vigente, implicarían un costo fiscal adicional de 2.5 billones de pesos por mes. En este caso la transferencia es mayor a los 117mil pesos propuestos para los informales porque aquí se trata de transferencia al trabajador, que sostiene a su familia, mientras que en el caso de informales nuestra propuesta de 117mil pesos es por persona de la familia, identificable en las bases del sistema subsidiado de salud.

Nuestro tercer y último mensaje, por tanto, es que no solo los trabajadores informales están en riesgo. También lo están 2.8 millones de trabajadores cuyas actividades están en la línea del fuego de las medidas de aislamiento, así como sus familias. Para algunos de ellos ese riesgo no se materializará de inmediato, porque están vinculados a empresas que tienen algún margen de maniobra para mantener su vinculación y sus pagos por un tiempo limitado. Pero muchos otros enfrentan un riesgo inminente. Y aún los vinculados a empresas grandes verán desaparecer sus ingresos temporalmente, y potencialmente hasta sus empleos, si la parálisis de estas actividades se extiende por tiempo suficiente.

Caso Bogotá

Mientras escribimos estas líneas el Secretario de Hacienda de Bogotá anuncia que tendrán que revaluar el Plan de Desarrollo de la ciudad para ajustarlo a las necesidades de la emergencia. Para ese propósito puede resultar útil tener a mano las siguientes cifras del caso de la capital.

De los 4.1 millones de ocupados en la capital que reportó la Geih del Dane en 2019, 1.8 millones están en los sectores más vulnerables. 1.2 millones de éstos son personas que trabajan por cuenta propia o están en empresas de hasta 10 trabajadores. De otro lado, un poco más de 800mil de los ocupados de estos sectores son personas en la formalidad, a quienes no alcanzarían las ayudas ya proyectadas del gobierno.

El riesgo para los empleos de estos sectores vulnerables implica un riesgo para 1.7 billones de pesos de ingreso que recibieron cada mes esas personas en 2019. Esa cifra se acerca al 7.5 por ciento del PIB mensual de la capital, y representaría la mínima pérdida de PIB mensual por una parálisis total de estos sectores.

Bogotá presenta en algunas dimensiones mayor vulnerabilidad que el resto del país. Primero, los ocupados en sectores vulnerables representan una mayor fracción del total en Bogotá que en el país (44 por ciento contra 40 por ciento). Por otro, más de la mitad de sus ocupados en empresas pequeñas y más de la mitad de sus informales se encuentra en los sectores vulnerables. Esto no es cierto para el país como un todo, lo que probablemente refleja la mayor concentración de la ciudad en los sectores de servicios y de comercio y la deja más expuesta a los efectos perversos de la emergencia.