Las cooperativas de reincorporados y reincorporadas: apuestas por la paz

Esta columna fue escrita es coautoría con Ana Carolina Palma y Óscar Echeverry¹.

Hablar de paz en un contexto tan diverso y complejo como el departamento del Cauca, es hablar de la multiplicidad de escenarios y dimensiones desde los que se trabaja colectivamente por la construcción de paz territorial e intercultural, que reconozca tanto la riqueza cultural como las historias de vida y resistencia que han nacido en el marco del conflicto social armado. Por esta razón, en este artículo colaborativo, exaltamos las voces y experiencias de excombatientes de ese departamento. Ellos le apuestan a la creación de escenarios de reconciliación en la región, a través de proyectos productivos colectivos encaminados a impulsar el desarrollo rural en Colombia.

Como bien lo explica el punto 3 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera -firmado en noviembre del año 2016 entre el gobierno de Colombia y, las Farc-EP-, la paz no sólo se consigue con el desarme, sino que requiere también de un proceso que suele ser mucho más complejo: la reincorporación a la vida civil. Esta complejidad, por una parte reside en la construcción de estrategias efectivas para fortalecer el tejido social en los territorios; promover la reconciliación y la convivencia; fomentar el desarrollo de la actividad productiva rural y la democracia local, de forma que integre también los intereses de la comunidad Farc y sus familias.

Por otra parte, debe asumir la necesidad de superar una serie de desafíos para lograr una reincorporación que articule no sólo lo social y lo político, también lo económico. Articulación que suele ser difícil de lograr efectivamente en contextos que han sido golpeados históricamente por el conflicto armado; que han sufrido el abandono del Estado, evidenciado en unos altos indicadores de necesidades básicas insatisfechas, la pobreza y el desempleo, cuya debilidad económica significa un reto importante en la creación de alternativas en la legalidad, para el mejoramiento de la calidad de vida y la subsistencia de la población en general.

En un ejercicio de reconocimiento de las iniciativas que nacen desde territorios con dichas características, este artículo hará énfasis en los proyectos de reincorporación económica ubicados específicamente en el departamento del Cauca. Pues además de esto, no sólo es uno de los departamentos con más Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr), y Nuevas áreas de Reincorporación (NAR) -por tanto con un asentamiento importante de personas en proceso de reincorporación-, sino que también es uno de los territorios que tiene mayor cantidad de población rural conformada por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. A su vez se debe mencionar que existe una aguda y creciente situación de violencia que –incluso en medio de una pandemia mundial por el nuevo coronavirus– reclama incesantemente la vida de líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, y defensores y defensoras del Acuerdo de Paz.

En pocas palabras el Cauca es un territorio que condensa una multiplicidad de situaciones de vulnerabilidad y violencias, así como de saberes, poblaciones y experiencias de interculturalidad, jugando así un papel importante en el proceso de construcción de paz desde los territorios. Por tanto conocer las iniciativas en su interior puede abrir la posibilidad de réplica o aprendizaje en otros lugares del país.

Mapa 1. Mapa de territorialidades étnicas y campesinas en el Departamento del Cauca. Realizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali – Instituto de Estudios Interculturales

Mapa 2. Mapa de Etcr y NAR en el Departamento del Cauca. Realizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali – Instituto de Estudios Interculturales.

En este marco, y como veremos a lo largo del artículo, el cooperativismo se posiciona como un elemento clave para el proceso de paz en contextos en los que los excombatientes se ven obligados a enfrentar el desempleo, la pobreza, la desigualdad social, la economía individualista e inmediatista, la delincuencia y la constante oferta de la ilegalidad, proveniente de sus anteriores grupos o de otros grupos armados ilegales emergentes.

Según la información del Registro Nacional de Reincorporación (RNR)-que cubre 10.415 excombatientes-, se estima que alrededor del 96 por ciento de las personas en proceso de reincorporación prefieren emprender un proceso a largo plazo para sacar adelante proyectos productivos individuales, colectivos o familiares, en lugar de buscar emplearse en otro sector. Esta cifra permite dimensionar el lugar que ocupan y las expectativas que están puestas en estos procesos económicos, enmarcados en dinámicas sociopolíticas de cooperativismo, como una alternativa para generar ingresos sostenibles y como producto de una reincorporación económica rural efectiva. No obstante, en la realidad estas iniciativas productivas en zonas rurales requieren de un gran compromiso a largo plazo por parte del Estado para su consolidación y sostenibilidad, no sólo con programas de formación técnica, sino con inversiones para cerrar las brechas en materia de infraestructura, tecnificación, servicios y acceso a mercados de comercialización.

Finalmente, y para dar paso a la entrevista, cerramos esta introducción aclarando que lo que se encontrará a continuación es un texto construido colaborativamente y a partir de sesiones de diálogo con la Corporación Ceprodet (Centro de Promoción para el Desarrollo Territorial) del municipio de Miranda en Cauca, que fue fundada en enero de 2017 y actualmente vincula a 60 personas que trabajan colectivamente en 4 líneas productivas -piscicultura, ganadería, porcicultura, y fabricación de concentrado de animales- e iniciativas sociales y solidarias enmarcadas en su objetivo de convertirse en una aldea productiva, cultural y demostrativa en el territorio.

La intención de presentar estas reflexiones conjuntas a partir de subtítulos, en lugar de apartados con diferentes voces, es resaltar o dar protagonismo a la corporación. Buscamos mostrar la linealidad del discurso y estimular el interés de las y los lectores.

Un panorama general: los obstáculos transversales en la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia

Antes de puntualizar en los proyectos productivos liderados por cooperativas de excombatientes en el Cauca, es necesario recoger tres realidades nacionales que inciden en los procesos enmarcados en los Acuerdos de Paz y su implementación. Si bien el proceso de reincorporación económica ha podido avanzar por los esfuerzos y compromisos de los excombatientes con sus figuras organizativas, logrando articular sus apuestas por la soberanía alimentaria con el sector productivo de la región, existen tres problemas transversales que obstaculizan la consolidación de estos: la violencia política, el acceso a la tierra y la falta de acompañamiento por parte del Estado.

En primera instancia, es fundamental reconocer y abordar la creciente situación de violencia que deja sin garantías el desarrollo político, organizativo y personal de las personas en proceso de reincorporación y de sus cooperativas. Esta problemática, que acaba con la vida de cientos de líderes y lideresas sociales cada año, es un fenómeno histórico en Colombia que debería ser un tema prioritario en la agenda de trabajo de los diferentes gobiernos. Sin embargo, las cifras evidencian que los esfuerzos por superar estas situaciones y dinámicas de violencia han fracasado. De acuerdo con el registro permanente de Indepaz, en los primeros diez meses del 2020 habían ocurrido en el país 70 masacres que cobraron la vida de 278 personas; se habían asesinado 236 liderazgos sociales y 51 firmantes del acuerdo de paz. El Cauca es uno de los departamentos que lamentablemente punteaba estas estadísticas con un registro de 10 masacres que acabaron la vida de 38 personas, con 82 liderazgos asesinados y la muerte de 8 familiares de líderes y lideresas defensores de Derechos humanos. Es claro que en los territorios se vive la ausencia de una política integral de seguridad que cuente con un compromiso total por parte de las instituciones para que trabajen de forma articulada y efectiva. Sobre todo urge poner en marcha un proceso de depuración al interior de las instituciones que tienen la responsabilidad de brindar seguridad a los y las colombianos, así como abrir investigaciones rigurosas sobre posibles relacionamientos de la Fuerza Pública con actores armados ilegales.

Particularmente, a la Corporación Ceprodet le han asesinado a 3 de sus asociados desde su conformación. Además, la reconfiguración del conflicto en el territorio ha significado una barrera significativa para la participación real de sus asociados y de más personas excombatientes que han manifestado su interés de asociarse a sus procesos. Por ejemplo, cuando se conformó la Corporación, habían alrededor de 80 personas vinculadas en Miranda o en municipios aledaños, sin embargo por las presiones y amenazas directas de grupos armados, muchas de esas personas se vieron obligadas a abandonar estos procesos de cooperativismo para no convertirse en objetivo militar, incluso si habían sido de las personas que aportaron capital económico para su conformación. Hoy en día Ceprodet está conformado por 60 personas, tanto excombatientes como campesinos y personas de la comunidad, cuyo compromiso con estos procesos en medio de la situación de violencia, es altamente valorado por el personal en reincorporación.

Durante la negociación del Acuerdo de Paz, se reiteró la importancia de realizar una revisión exhaustiva de las falencias al interior de muchas instituciones que tienen esta responsabilidad de brindar seguridad y que –con cada liderazgo asesinado– han demostrado su incapacidad de hacerlo de forma eficiente. Cuando se mira el panorama más amplio, no sólo se vulneran individuos, sino procesos, comunidades y territorios enteros. Es muy difícil avanzar en las diferentes dimensiones del proceso de reincorporación, de paz y de reconciliación, cuando a diario nos golpean noticias de masacres y asesinatos selectivos. Incluso los proyectos productivos se interrumpen con el desplazamiento forzoso de los cultivos y con las amenazas o los asesinatos de miembros de las cooperativas. Por esta razón consideramos necesario que se aborde la seguridad desde una perspectiva del territorio y de sus interacciones, buscando siempre fortalecer las capacidades locales, las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, los procesos sociales y la reincorporación comunitaria. Es pertinente que desde el Estado se inicien reflexiones sobre cómo garantizar la seguridad, proteger la vida y transmitir un mensaje de paz y reconciliación en los territorios que actualmente son disputados por diferentes actores ilegales y cuya única respuesta institucional ha sido la militarización.

Un segundo aspecto es el tema de la tierra. Esta no es una solicitud que se circunscribe únicamente al Norte del Cauca, es un tema que es trasversal al proceso nacional, porque fue uno de los pilares del acuerdo y todavía no se han materializado avances importantes en el tema. Mientras no se enhebre o se consolide una política bien definida para abordar estos temas tan álgidos y decisivos, difícilmente vamos a poder hablar de un proceso de paz consolidado. Recordemos que, según Oxfam, Colombia se sitúa en el primer lugar del ranking de desigualdad en América Latina en la distribución de tierras. Con un índice Gini de 0,86 se entiende que más del 80 por ciento de la tierra es manejada por el 1 por ciento de la población, dejando solo 20 por ciento de tierras para el restante 99 por ciento. Más adelante, cuando abordemos los procesos productivos en el Norte del Cauca, se va a ver la importancia que tiene este tema para la construcción de una reincorporación económica real y duradera, que ayude a encaminar un desarrollo regional para la Colombia rural.

El tercer aspecto es la carencia de una política diseñada adecuada y pertinentemente que busque garantizar un compromiso por parte de la institucionalidad y del gobierno nacional, departamental y municipal. En el territorio se ve el abandono al proceso de reincorporación, pues sin desconocer que existen una serie de decretos que han sido aprobados, en la práctica hay muy poco esfuerzo por parte del gobierno para implementarlos efectivamente en los territorios, de tal manera que se sientan y visibilicen sus efectos.

Los decretos y los avances en la implementación de Acuerdo de Paz existen, sin embargo no se puede desconocer que se tratan de avances parciales y ralentizados en el marco de un gobierno que no sólo no apoyó la negociación del mismo, sino que además se mostró como su principal oposición. De acuerdo con López-Morales existen dos barreras simbólicas del gobierno Duque para la implementación del Acuerdo con las Farc: “el desconocimiento del conflicto por parte del sector político representado por Duque […], y la diferencia de concepción sobre para qué se hizo el proceso y cuáles son sus objetivos más allá del hecho de desmovilizar a la guerrilla”. Esto por una parte, desconoce a las Farc como actor político y se les continúa narrando como amenaza terrorista que no necesita de una apertura democrática; desconoce el trasfondo del conflicto y así mismo del rol de responsabilidad que tiene el Estado en el conflicto, en los procesos para resolverlo -en lugar de combatirlo- y en el crear estrategias para la reparación y su no repetición. Por otra parte, esto habla de un proceso de paz cuya implementación se piensa como limitada al desarme, mientras que el Acuerdo firmado abarca formas de violencia indirectas y procesos de transición que transformen los territorios y fortalezcan una democracia inclusiva; en este sentido, este gobierno se ha enfocado en el paso a la vida civil de los excombatientes y ha desatendido las medidas más profundas y estructurales del acuerdo.

Es en estos escenarios cotidianos donde podemos ver que esa falta de una política clara de compromiso y de vinculación institucional, no se da sólo en los procesos generales de implementación del Acuerdo, sino también en las dimensiones de la reincorporación económica. Por ejemplo, para abril del 2020, en el departamento del Cauca la ARN aprobó 31 proyectos individuales y 7 colectivos ubicados en los Aetcr, siendo su mayoría de actividad agrícola y pecuaria. Sin embargo, pocos de los proyectos que están en marcha o están siendo implementados por las cooperativas cuentan con el apoyo del gobierno nacional. Incluso estos colectivos han denunciado públicamente que la política de la ARN en vez de contribuir está afectando y creando obstáculos en el proceso. Un ejemplo de esto es la no aprobación a un proyecto formulado por Ceprodet argumentando que no tenían tierra propia, desconociendo que una de las grandes fortalezas de la organización es el relacionamiento con la asociación campesina para utilizar sus tierras por 10 años. Desde organizaciones como Ceprodet, no se entiende por qué no se adelantan procesos de la Reforma Rural Integral, no se ayuda a conseguir tierras para producir, y tampoco se dejan utilizar las que se consiguen autónomamente. Lo que evidencia el poco conocimiento que tiene la institucionalidad estatal sobre las dinámicas comunitarias y organizativas del territorio.

Las cooperativas han logrado sacar adelante sus proyectos gracias al esfuerzo de su personal y del acompañamiento de la cooperación internacional. En este sentido, si bien debemos reconocer que la renta básica ha servido para que el personal en reincorporación y sus familias puedan autónomamente continuar sus estudios, comprometerse con el proceso y vincularse al trabajo de sus cooperativas, también se debe dejar claro que no es suficiente. Esta falta de acompañamiento estatal afecta el proceso cuando se proyecta o visualiza a largo plazo y por tanto, se pierde credibilidad en el mismo y se abre la posibilidad de perpetuar la condición de vulnerabilidad y dependencia económica de esta población excombatiente.

A cuatro años del Acuerdo de Paz esta voluntad política aun no es una realidad, pues aparte del dinero entregado a los excombatientes como parte de los compromisos asumidos tras la firma del Acuerdo, no se han materializado esfuerzos pertinentes desde la institucionalidad para impulsar los proyectos productivos presentes en los territorios. Incluso durante la crisis económica generada por la pandemia, las cooperativas que impulsan estos proyectos denunciaron no poder acceder a las ayudas que se anunciaron para los pequeños productores y agricultores.

Evidenciemos ahora un ejemplo de lo que pasa cuando se junta este tema de compromiso institucional con el problema de acceso a la tierra. A las cooperativas del Norte del Cauca que se han articulado en la región -Toribio, Caloto y Corinto-, no les han aprobado ningún proyecto productivo hasta el momento. Únicamente a Ceprodet se le aprobó un proyecto colectivo de ganadería que actualmente busca beneficiar a 38 reincorporados, pero incluso en ese proyecto que fue aprobado directamente por la ARN y que debía ser acompañado por esta institución, se contó más con la presencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (Pnud) y de algunas universidades. Según Ceprodet, por parte del gobierno representado en la ARN, no se tuvo acompañamiento posterior a la aprobación y las consecuencias de eso se empezaron a ver a mediano y largo plazo con pérdidas importantes en el capital invertido por los excombatientes y bajos márgenes de utilidad.

De acuerdo con lo relatado por el representante legal de esta corporación, en un principio, gran parte del capital se tuvo que invertir en gastos de casi 50 millones en el arrendamiento de un terreno para ejecutar el proyecto, lo que dejó un futuro incierto en términos de sostenibilidad para renovar el contrato de arrendamiento el siguiente año. A esto se le suma que ante la ausencia de un acompañamiento técnico han tenido que aprender por su cuenta cómo hacer ganadería. Para Ceprodet, la OIM como encargada de la asistencia técnica, sólo pudo llegar al territorio después de 8 meses de ejecución, cuando el proyecto ya estaba rodeado de dificultades que hubieran podido evitarse con un apoyo técnico oportuno, como es el caso de la muerte de algunas reses y terneros. Además, una de sus recomendaciones al ver el proyecto fue adecuar las praderas, sin embargo, esto no es viable teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento finaliza en diciembre, no hay recursos para renovarlo y no se ha encontrado un nuevo terreno para trasladar las vacas.

Esa es la situación de un solo proyecto de todos los que hay en el suroccidente.  Con esto pretendemos mostrar situaciones que les permita llevarse una idea de cómo está el panorama más amplio de la implementación efectiva de la reincorporación en el país, en especial la económica, cuando se hace sin acompañamiento técnico, sin reformas para el acceso a la tierra, e incluso, enfrentando situaciones complejas de violencia que obligan en ocasiones a trasladar proyectos enteros de cultivos o animales.

Los proyectos productivos: una estrategia de reconciliación y reparación territorial

La reincorporación económica no se trata únicamente de dinero. Detrás de ella hay un componente social y político que llevaron a incluir esta dimensión como parte del proceso de reincorporación. En primera instancia, la importancia de esta dimensión económica es abrir oportunidades para el personal que durante años estuvo ausente del desarrollo de la región y del territorio. Hay que recordar que muchas de las personas que llegaron a los grupos armados, lo hicieron por la estigmatización y la falta de oportunidades. Por eso creemos que una de las cosas a las que el proceso debe apuntar para evitar la repetición del conflicto, es crear oportunidades para que tanto los excombatientes como el pueblo colombiano puedan integrarse al sector productivo y al desarrollo socioeconómico de las regiones. Cuando se decidió desarrollar proyectos productivos colectivos en la ruralidad, uno de los objetivos que se planteó desde Farc fue lograr beneficiar al entorno, a las comunidades que así como ellos, han vivido en la marginalidad y han sufrido las consecuencias del abandono de los diferentes gobiernos que han transitado en la historia de este país.

En ese sentido, se debe mirar lo económico y productivo desde su parte social, como una estrategia para crear escenarios de reconciliación y –de alguna manera– de reparación al territorio. Porque no solamente genera posibilidades y oportunidades para el personal en reincorporación, sino que también se generan beneficios para la comunidad y el entorno regional. Estos proyectos colectivos son planteados desde un punto de vista político, económico, social, e incluso intercultural. Es de resaltar que una experiencia enriquecedora para Ceprodet ha sido trabajar de la mano de comunidades indígenas y campesinas. De ellas, han tenido la oportunidad de aprender sobre el cuidado de los recursos naturales, sobre los procesos de la liberación y la protección de la madre tierra, y de pensar cómo sus proyectos productivos, en lugar de dañar el ambiente les permiten fortalecerlo, como es en el caso de los viveros multipropósitos para la producción del material vegetal necesaria para reforestación de microcuencas y nacimientos de agua.

Otro aspecto de esta gestión que se ha realizado es lograr el involucramiento de organizaciones de cooperación internacional, pues al vincularse con ellos, conocen y fortalecen procesos más amplios que en su conjunto impulsan el desarrollo de la región. Además, como resultado de varios proyectos paralelos que tienen con estas organizaciones, han logrado llevar productos de la canasta básica familiar a la comunidad afro, indígena y campesina a costos que nadie más en el mercado está ofreciendo. Este escenario abre dos posibilidades. Una en términos de precios accesibles a la comunidad rural que ha sido marginada del sistema económico del país. Y la segunda en términos de los diálogos que se generan con la comunidad. El intercambio permite hablar entre todos los actores presentes en el territorio e ir cambiando la concepción de incertidumbre o duda que se tiene del proceso de paz y de los proyectos productivos de las personas en reincorporación.

Precisamente de estos diálogos es que se ha concluido que verdaderamente es así como se puede fortalecer el proceso de reconciliación. Con procesos que no sólo les permita escuchar las necesidades y ser escuchados, sino que también les permita trabajar por reparar y reconciliarse con el territorio trabajando desde ahí mismo. Cuando la comunidad ve que las personas excombatientes están comprometidas trabajando en lugar de estar desocupadas o sin aportar a la región, se ve que empiezan a creer más en el proceso. En los espacios territoriales donde se han consolidado estos proyectos, cada persona reincorporada intenta aportar a la paz desde su casa, desde las acciones con su familia, y con la comunidad cercana. Y se siente la diferencia cuando a un proyecto con 15 o 20 reincorporados, llegan a unirse 10 personas más de la comunidad que quieren aportar. Esto genera otras dinámicas que se convierten en escenarios de reconciliación en el día a día.

Cooperativismo: el rol que juega el enfoque económico en la construcción de paz territorial y de desarrollo rural

En medio de las negociaciones de paz, cuando Farc se tuvo que reunir en la décima conferencia a pensar en la creación de una figura organizativa que sirviera para recibir los recursos acordados para estos proyectos y distribuirlos entre las cooperativas, se decidió crear a Ecomun (Economías Sociales del Común). Esta conferencia recogió a todas las unidades que en ese momento estaban en armas, con el único fin de hablar sobre la reincorporación económica y el enfoque –social y político– de cooperativismo que buscarían abordar desde esa figura integradora de Ecomun, propuesta para recoger las diferentes iniciativas productivas para caminar hacia un fin común.

A lo que se aspira con esta figura, es lograr articular los procesos y esfuerzos que nacen desde los territorios, con la finalidad de fortalecerlos y generar posibilidades reales de desarrollo regional. Desarrollo que nazca desde y en sintonía con las dinámicas y las necesidades del territorio, con la ilusión de llegar a ser en el futuro un referente nacional e internacional en temas de Economías Sociales, Solidarias y Comunitarias. En estas figuras organizativas de segundo nivel, se plasma su aspiración a plantear escenarios que impulsen la economía local y regional, satisfaciendo a su vez las necesidades propias de las comunidades y familias vinculadas a los procesos.

En este sentido, Ecomun se pensó como un escenario en el que fuera posible plantear soluciones a los problemas del campo colombiano desde su aporte en la creación de redes de comercialización en mercados justos y solidarios,  escenarios de intercambio de saberes relacionados a la asistencia técnica de proyecto, iniciativas de soberanía alimentaria, y consecuentemente, generando escenarios que vinculen y sean accesibles para la población rural y los pequeños productores que han sido excluidas por el mercado nacional. También se espera que desde estas propuestas de economía solidaria, la sociedad colombiana empiece a ser más crítica frente a las dinámicas económicas tradicionales que han estado al servicio de unos pocos grupos reducidos, olvidando que la producción debe ser pensada para satisfacer las necesidades básicas del pueblo en general y no sólo los bolsillos de unos pocos.

Desde este punto de vista, el cooperativismo tiene mucho que ofrecer, no sólo para el proceso de reincorporación económica sino también para los diferentes procesos que nacen al interior de las comunidades. Las experiencias de estos últimos años en procesos de cooperativismo han permitido pensar el papel de estas figuras organizativas como algo que va más allá de lo productivo o lo empresarial al convertirse en escuelas o espacios de participación social y de democracia activa. Aprender a trabajar cooperativamente, enseña a dejar de lado la idea de beneficio individual del mercado tradicional para impulsar una noción de economía colectiva a partir de un cambio cultural, un cambio de mentalidad para la generación conjunta de bienestar social en lugar de acumulación y el acaparamiento.

Además, las cooperativas surgen por la iniciativa y la unión de esfuerzos de las comunidades que buscan dar soluciones a necesidades puntuales que el Estado y el mismo mercado no han resuelto, como es el caso de la soberanía alimentaria. Por eso creemos que en escenarios como este en el que coexisten esfuerzos y saberes, se puede construir tejido social e impulsar el desarrollo territorial. Es decir que, para contribuir a una paz sostenible y cerrar las brechas de la desigualdad, las cooperativas presentes en los territorios deben consolidarse como gestoras de desarrollo humano, social y económico con equidad. Sin duda el movimiento del cooperativismo se ha convertido en el norte de estas organizaciones gracias a su potencial de transformación social y económica.

Visión a futuro: proyectos productivos actuales y aprendizajes que construyen país

Colombia ha vivido décadas de confrontación armada que han dejado cicatrices y secuelas en los territorios, principalmente en las poblaciones rurales, campesinas afrocolombianas e indígenas. En ese sentido, para organizaciones, como Ceprodet, han sido una experiencia enriquecedora y transformadora poder llegar con estos procesos productivos a encontrarse con estas comunidades afectadas, hablar con ellas, conocer sus necesidades, sus aspiraciones colectivas, y participar en procesos comunitarios que no conocían.

En medio de tantos obstáculos y dificultades que se han mencionado, se ha logrado formular una buena propuesta para sacar adelante diferentes iniciativas como la red de electrificación amplia y suficiente para la vereda -construida y gestionada por las personas asociadas a Ceprodet-; la construcción del vivero multipropósito para la recuperación el medio ambiente; la construcción de una biblioteca y la proyección de la apertura de un museo arqueológico en el municipio; la gestión con la Alcaldía para el préstamo de maquinaria para el trabajo de la tierra tanto para ellos como para la asociación campesina; los cultivos integrados por personas de la comunidad y por reincorporados y reincorporadas para trabajar por soberanía alimentaria desde la producción de productos de la canasta básica familiar; entre otros proyectos que no se limitan a lo económico y productivo como la piscicultura, la ganadería y la porcicultura, sino que también fortalece y crea lazos de identificación en el territorio. Gracias a todas estas iniciativas, han podido conocer y entablar relaciones con organismos de cooperación internacional, con universidades, con otras organizaciones o fundaciones religiosas o de la sociedad civil que están dispuestas a acompañar e impulsar estos procesos de construcción de paz y reconciliación a través del desarrollo regional.

En palabras del representante legal de Ceprodet, el proceso de paz les dio a las personas que estaban en armas, una oportunidad para conocer este país desde otros escenarios de lucha, aprendiendo a leer los procesos colectivos de base como vehículo para hacer incidencia participativa y logar las transformaciones en el campo, en la región y en el país. Conocer y ser partícipes de estos procesos e iniciativas comunitarias, les ha dado las herramientas para afirmar en diferentes instancias que esos cambios sustanciales y estructurarles por los que tanto han luchado, se pueden alcanzar en la medida en que nosotros como colombianas y colombianos unamos esfuerzos para fortalecer los liderazgos sociales de base, los procesos de autonomía de las comunidades, el trabajo colaborativo entre organizaciones de pequeños productores, y todas aquellas acciones que lleven consecuentemente a fortalecer el campo colombiano, las regiones y el país. Desde estas figuras organizativas de excombatientes -a las que están vinculadas personas de la comunidad como campesinos, indígenas y afros- se hace un llamado para caminar en colectivo hacia la construcción de una nueva concepción de lo que es la sociedad, el campo colombiano, y la importancia de los liderazgos sociales para alcanzar la anhelada paz territorial.

Desde estas instancias, se imaginan una Colombia cuyos motores de movimiento sean la economía solidaria. Una economía que empodere a la comunidad y retribuya a la madre tierra, que abra oportunidades para los pequeños productores, y que trabaje siempre desde los valores de la hermandad y la fraternidad. Por encima de las nociones de competencia, individualidad, acumulación y acaparamiento de recursos. Se imaginan un país que logre el desarrollo productivo nacional, sin excluir y marginalizar a las regiones, en especial a la zona rural. Un desarrollo que sea inclusivo, que empodere al campesinado, le dé posibilidades reales de producir y entienda la importancia de fortalecer el campo. Estos excombatientes que siguen trabajando para sacar adelante propuestas productivas, sueñan con una Colombia que genere posibilidades reales para todos y todas sin importar qué tan lejos se viva de una cabecera municipal, para que nadie más llegue a las armas por el olvido del Estado. Se sueñan con una Colombia educada en diferentes conocimientos pero que también que valore los diferentes saberes ancestrales para trabajar la tierra. Se imaginan un país donde sea posible construir y crecer a partir de las diferencias, aceptando la diversidad de opiniones y saberes, entendiendo que si logramos avanzar todos en el desarrollo de la región, vamos construyendo un país que nos incluya en lugar de marginarnos.

Obstáculos y recomendaciones

Como hemos narrado hasta acá, hay obstáculos evidentes en la consecución de la tierra y en la posibilidad de articularse de forma sostenible a un mercado altamente desigual, competitivo y cerrado. Desde la constitución y la puesta en marcha de Ecomun, se han hecho evidentes la existencia de barreras económicas que excluyen o cierran el paso a estas cooperativas al priorizar dinámicas individuales por encima de un ejercicio colectivo y cooperativo. Barreras relacionadas con trabas administrativas y sesgos institucionales, como la inscripción a los registros mercantiles de las cámaras de comercio y la bancarización.

A esto se le suma que, mientras Colombia no cuente con una política clara que beneficie a los pequeños y medianos agricultores nacionales, difícilmente una organización productora va a poder sostenerse en el tiempo en medio de una dinámica individualista de competencia desigual. Desde cooperativas como Ceprodet, se han creado estrategias como la gestión de los mercados campesinos y mercados o centros de acopio locales, para evitar barreras de accesibilidad a las redes de comercialización, llevando el producto directamente al consumidor y evitando comercializar por medio de terceros que incrementan los precios a los consumidores al tiempo que bajan el margen de ganancia de los productores.

Sin embargo, cuando esto se piensa en un escenario regional o nacional, se hace cada vez más difícil asegurar la sostenibilidad de los productos. Un factor determinante aquí, por ejemplo, es el Tratado de Libre Comercio que afecta a gran escala a los pequeños y medianos productores del país. Este tratado permite la llegada de productos del exterior que dejan por fuera de competencia los productos nacionales de los campesinos y las comunidades rurales agricultoras. En este sentido, es necesario que se creen estrategias a nivel nacional que aseguren que los productores colombianos, sus tierras y sus productos, no queden relegados a un segundo plano donde son mal remunerados.

También se hace necesario invertir en la infraestructura y en las vías de acceso a los territorios, cuyos problemas actuales dificultan el transporte y la comercialización de los productos cosechados. Este atraso en infraestructura ha sido histórico y sistemático, Colombia debe reconocer la importancia del campo y de la ruralidad, para dejar así de marginarlo de los diferentes avances que ha logrado el país. Es un reto y una necesidad, planificar la llegada al campo colombiano de servicios públicos, servicios sanitarios interculturales, opciones deportivas y culturales, así como de sistemas de educación básica, media y superior que no encuentren únicamente ciudades principales del país y que responda a las necesidades propias de los territorios

Por otra parte, está el tema de la tierra. En diferentes apartados se mencionaron las dificultades que enfrentan los proyectos agropecuarios al depender de terrenos arrendados: no los pueden adaptar con facilidad, ocupan gran parte del presupuesto, por tanto dificultan la posibilidad de invertir en el escalonamiento de sus iniciativas, y genera incertidumbre en la continuidad de los procesos. Con relación a esto, es importante hablar del Punto 1 del Acuerdo de paz que hace énfasis en la Reforma Rural Integral (RRI).

Este punto, que se pensó como el centro del acuerdo y que poco a poco ha sido relegado al margen durante su implementación, es fundamental para el fortalecimiento estructural del campo colombiano y para empezar a cerrar las brechas históricas de desigualdad. Han pasado 4 años desde la firma del acuerdo y la implementación de la RRI ha sido insuficiente, por eso es necesario darle fuerza y continuidad a los tres elementos que la componen: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que han tenido el mayor avance de la implementación del acuerdo y buscan transformar las condiciones de vida en la ruralidad; la jurisdicción agraria que busca evitar que en el futuro vuelvan a surgir conflictos violentos relacionados con los derechos de propiedad de la tierra, y los mecanismos para el acceso a la tierra que no han podido dotar a campesinos y campesinas de terrenos porque el Fondo de Tierras no ha conseguido las hectáreas suficientes para empezar a hacerlo; y finalmente, los planes nacionales sectoriales.

Por su parte, las personas en proceso de reincorporación en el Cauca y sus cooperativas seguirán comprometidas con el proceso de paz, impulsando, sosteniendo y fortaleciendo los diferentes escenarios de reconciliación, entre esos los proyectos productivos colectivos. Sin embargo, hacen un llamado a la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones internacionales y a las instancias del gobierno nacional, a que se involucren en el proceso y no los dejen solos.

Puntualmente, queremos hacer unas recomendaciones a la academia. Para esta población excombatiente, existe un verdadero sentimiento de agradecimiento con la academia porque ha mostrado disposición y voluntad para la formación tanto de quienes son excombatientes como de las personas de la comunidad. Sin embargo, hay dos puntos que sería importante mejorar a futuro: la flexibilidad en los procesos y la reflexión sobre la catedra de paz.

En primer lugar, es necesario buscar estrategias para flexibilizar los procesos formativos formales para que más personas de la ruralidad tengan acceso a la educación. Si bien para las personas en reincorporación se lograron gestionar de forma autónoma 50 becas en la Universidad del Valle, la realidad fue que muy pocas personas lograron aprovecharla. Quienes estuvieron interesados, no pudieron matricularse porque las clases eran de modalidad presencial durante toda la semana, lo cual implicaba tener que trasladarse de sus territorios, buscar recursos para vivir en Santander de Quilichao o en Cali, y abandonar los procesos con los que estaban comprometidos produciendo sustento para sus familias y comunidades.

Por esta razón, se hace un llamado para que la oferta educativa a la población rural sea flexible en sus modalidades y horarios, o que se busque la posibilidad de crear programas formativos que lleguen a estos espacios rurales donde hay personas interesadas en educarse y que no lo han podido hacer porque significaría abandonar su territorio, sus familias y sus procesos comunitarios.

En segundo lugar, es necesario que la academia reflexione sobre cómo se está implementando la cátedra de la paz, pues para evitar la repetición del conflicto y construir una paz duradera es importante que los colegios enseñen sobre el origen de este conflicto armado y las razones por las que históricamente se han generado conflictos en el país que llevaron a grupos de personas a unirse en armas. La paz no se consigue únicamente con el fin de la guerra, es necesario que como sociedad trabajemos en conjunto para reconocer esos factores o disputas no resueltas que generaron violencia en vez de diálogos pacíficos.

El papel de la academia, de los educadores, es fundamental en este escenario. Es aquí donde podemos empezar a trabajar para que las futuras generaciones tengan la capacidad de comprender por qué Colombia ha transitado durante décadas por confrontaciones bélicas, para pensar desde ahí espacios alternativos de resolución de conflictos, de reparación, reconciliación y no repetición. Es desde estos escenarios donde se pueden generar dinámicas cotidianas de encuentros, de diálogos, para aprender a ver a la otra persona por su ser, independientemente de su posición social o pertenencia a un grupo, cualquiera que sea, étnico, cultural o político.

La cátedra de paz debe llevar entonces a sensibilizarnos con estos temas, a conocer más a fondo las múltiples realidades e historias de nuestro país. Se hace evidente la necesidad de empezar a trabajar esto con las generaciones jóvenes, para evitar que sigamos viviendo en una sociedad en la que, en medio de una ola de violencia en la que cada día nos despiertan noticias de masacres y asesinatos selectivos, reine la indiferencia o incluso comentarios como “algo debía estar haciendo para que lo mataran”. Justificando indolentemente estos actos. Esta cátedra debe lograr humanizar de nuevo a aquellas personas que nos han enseñado que son radicalmente diferentes, debe enseñarnos que no hay diferencia alguna que justifique acabar con una vida. Pero principalmente debe enseñarnos a toda Colombia que la violencia no es un acto cotidiano ni normal.

Conclusiones: retos actuales de la reincorporación económica

El Cauca es un territorio que condensa una multiplicidad de situaciones de vulnerabilidad y violencias, así como de saberes, poblaciones y experiencias de interculturalidad, jugando así un papel importante en el proceso de construcción de paz en y desde los territorios. Por tanto, conocer las iniciativas en su interior puede abrir la posibilidad de réplica o aprendizaje en otros lugares del país, como también cambiar las narrativas de violencia y guerra sumidas en este territorio, por apuestas de vida, reconciliación, justicia y dignidad.

A lo largo de este documento hemos identificado tres elementos claves para el éxito de este proceso de reincorporación económica: la voluntad política y la articulación institucional; las opciones de generación de ingresos a través de proyectos productivos y la articulación institucional a nivel nacional y regional; y la violencia política. Transversal a todos estos elementos está el problema de la tenencia de la tierra, que no solo ha sido un factor generador de conflictos entre diferentes actores, sino que en el marco de la reincorporación económica es el cuello de botella para el desarrollo y el escalonamiento de las iniciativas agropecuarias -que corresponden a un 80.6 por ciento de las iniciativas tramitadas por personal en reincorporación-.

Si bien se han generado medidas para solventar esta necesidad, como el Decreto Ley 902 de 2017, y se han creado tipos de préstamos bancarios blandos, la realidad es que al día de hoy ningún proyecto productivo de reincorporados cuenta con tierras propias. En el Cauca es claro que el Estado no ha demostrado compromiso con su obligación de promover el acceso a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios y a los pequeños productores para impulsar el desarrollo agrícola, pecuaria, piscícola o agroindustriales en el territorio. Así la dificultad de acceder a la tierra puede leerse como producto de barreras estructurales, institucionales y administrativas que consecuentemente afectan el funcionamiento efectivo de las cooperativas y de la reincorporación económica del país.

Se concluye, además, que la reincorporación a la vida civil es un proceso que involucra a las personas excombatientes, a sus familias y a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan el territorio. En este sentido, la reincorporación debe apuntar –desde sus diferentes dimensiones– a fortalecer el tejido social en los territorios, la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan. Para las organizaciones de base como Ceprodet, el camino para lograr esto es a través del despliegue de estrategias de autonomía local y del desarrollo de actividades productivas colectivas que fomenten la democracia local, la soberanía alimenticia e impulsen el desarrollo rural.

Consecuentemente, es de aclarar que cuando se enuncia la idea de autonomía, no sólo se hace pensando en fortalecer las capacidades de las organizaciones y las comunidades dentro del territorio, sino que también se piensa a nivel individual. En otras palabras, se busca que estas iniciativas productivas empoderen a las personas excombatientes para que tengan la capacidad de aportar por sí mismos a su seguridad social y no verse en la obligación de depender de la renta básica o la provisión de alimentos. Por ende, estas apuestas productivas son narradas en el marco del posacuerdo como una estrategia para la construcción de una paz sostenible y duradera, al evitar que la población excombatiente conserve una condición de total dependencia del Estado; de población marginalizada y se exacerbe su riesgo de recurrir a fuentes de ingresos ilegales.

También se resalta el papel que juegan las cooperativas de reincorporación en este proceso de construcción de paz territorial, pues los procesos que se gestan en estas figuras organizativas surgen por iniciativa de las comunidades para dar respuesta a necesidades puntuales que generalmente son desatendidas por el Estado o por el mercado. En este sentido, los saberes y fuerzas colectivas ahí reunidas convierten a las cooperativas en un instrumento de construcción de tejido social y de desarrollo territorial. Un desafío que deben emprender estas figuras organizativas es precisamente lograr incidir de tal forma en su comunidad, que se les reconozca ampliamente como escenarios, no sólo de procesos productivos y económicos para su sustento, sino también de procesos sociales y culturales a través de la participación. No obstante, se debe seguir trabajando desde diferentes representaciones para incluir a las economías sociales y solidarias como parte de la economía nacional.

Finalmente, este artículo resalta que un factor de riesgo importante para el proceso de reincorporación económica es la violencia política. Con la reconfiguración del conflicto armado en el país, territorios como el Cauca han vuelto a ser víctimas de violencias físicas, simbólicas y estructurales, despojando de derechos a gran parte de la población rural, campesina, indígena, afrocolombiana, excombatiente y a sus liderazgos sociales que existen y que lo habitan. Queremos hacer especial énfasis en las violencias diferenciales a las que están expuestas las mujeres rurales excombatientes, pues no sólo existe el riesgo de ser víctima de violencia basada en género, como feminicidio o violencia intrafamiliar, sino que además estas mujeres tienen que afrontar el riesgo adicional de ser víctima de la violencia sociopolítica que ha asesinado más de 200 excombatientes desde la firma del Acuerdo de paz. Este doble riesgo pone barreras importantes para que estas mujeres, excombatientes y/o lideresas, puedan acceder a espacios públicos, comunitarios y productivos de decisión para el desarrollo territorial.

Para terminar este ejercicio, por parte de Ceprodet nos gustaría dar un saludo al pueblo colombiano, a la sociedad en su conjunto, a las organizaciones que están vinculadas al desarrollo del proceso de paz y que han estado muy pendientes de su implementación. A la academia hay mucho por agradecerle porque han contribuido al desarrollo del proceso de paz. A las comunidades de fe que han hecho también un acompañamiento. También a la mujer colombiana, que es indispensable y han tenido un papel fundamental en el desarrollo de estos procesos sociales y comunitarios. A la juventud colombiana, que hace una gran labor y son determinantes para la transformación de Colombia y el desarrollo de la implementación del proceso de paz.

¹ Excombatiente en proceso de Reincorporación y representante legal de la Corporación Ceprodet.