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Pedro Javier Rojas Guevara
Las donaciones no alcanzan para atender la crisis migratoria
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Aunque parezca mucho, lo que se recogió en la pasada Conferencia Internacional de Donantes para los refugiados y migrantes venezolanos está supeditado a muchas condiciones, incluida una pandemia.
Hace una semana se llevó a cabo la Conferencia Internacional en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos. Un espacio gestionado por la Unión Europea, el gobierno de España, ACNUR y OIM que busca reforzar los programas humanitarios de protección e integración que hay para esta población, así como apoyar con fondos y préstamos a los países de acogida para que puedan responder a la crisis migratoria.
A primera vista, lo que se recogió pinta muy bien: 2.544 millones de euros, 2.424 millones más que el año pasado. Un montón, diría uno.
Sin embargo, hay mucha letra pequeña detrás de lo prometido y Colombia, siendo el mayor receptor de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, se convierte en el más afectado.
Desde 2015, cuando comenzó la crisis humanitaria en Venezuela, 5 millones de personas han salido de ese país y de esas, 1.8 millones se han quedado en tierras cafeteras. Se trata de la mayor crisis de desplazamiento del mundo después de Siria. Y a la vez de la más desfinanciada.
Según datos de presidencia, mientras para atender otras crisis de desplazamiento externo (como la de Siria) la comunidad internacional ha destinado un poco más de 2 mil dólares por refugiado, en el caso de los venezolanos, a cada uno le corresponderían menos de 200 dólares.
Entretanto, el gasto en el que el gobierno colombiano ha tenido que incurrir para atender este fenómeno es enorme: 3.000 millones de dólares en los últimos tres años (el equivalente al presupuesto anual de Naciones Unidas, la mayor organización internacional que existe). Y el apoyo de la comunidad internacional no se ha notado mucho
En enero, se tenía proyectado que este año el país necesitaría 1.400 millones de dólares de la comunidad internacional para seguir respondiendo a la crisis migratoria, pero apenas se ha recibido el 4 por ciento de esa suma: unos 12 dólares por migrante. Sin contar que ahora la necesidad va a ser mayor con la llegada del coronavirus.
Así, lo recaudado en la última conferencia de donantes vendría siendo un bálsamo ante tanta necesidad. Pero el lío es que ni todos los millones de euros recogidos son plata contante y sonante, ni todo viene para Colombia, pues Ecuador y Perú -que a su vez reciben a muchos venezolanos- también necesitan ayuda.
Cada país, de los 60 que donaron esta vez, decide para dónde va la plata y, de los 2.544 millones de euros anunciados, solo 595 millones son donaciones. El resto corresponde a posibilidades de préstamos, fondos de inversión y otros mecanismos de financiación para los países de acogida. En otras palabras, son plata prestada.
Por otro lado, esos 2.544 millones de euros no son solo para 2020. Muchos de los aportes recogen lo donado en años anteriores o están diferidos a dos o tres años, como el de España, por ejemplo: 50 millones de euros, 20 para este año, 20 para el próximo y 10 para 2022 (lo que reduce notoriamente el recaudo disponible para 2020).
La Conferencia no es más que un acto protocolario en el que se anuncian unos compromisos, pero de ahí a que esa plata llegue a los países que la necesitan falta mucho.
Anualmente los países desarrollados dedican un porcentaje del PIB a la cooperación internacional (en este caso a los refugiados y migrantes venezolanos) pero normalmente la ejecución de esos recursos requiere de aprobación parlamentaria.
Si un país, por ejemplo, anunció la donación de 20 millones de euros a esta causa, su parlamento tiene que aprobar tal decisión y ahora, en plena pandemia, seguramente muchos de esos recursos serán desviados a la atención de la pandemia a nivel nacional. Algo que Colombia también haría si estuviese en esa posición.
A ojímetro, el gobierno calcula que con lo que se recaudó se puede financiar el 45 por ciento de los 1.400 millones de dólares que necesitaba para 2020 (si ninguno de los donantes se echa para atrás o reduce el monto). Y, con base en otras experiencias, la plata empezaría llegar si acaso en cuatro meses. Pero nadie garantiza eso. ¿Qué hace el gobierno mientras tanto y de dónde saca plata para costear el resto?
La coyuntura del covid-19 nos pone en el peor de los escenarios y a pesar de que ya exista una especie de acuerdo político pactado en la Conferencia entre los donantes y los países de acogida, no hay nada más diplomático como una pandemia para romperlo.
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