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Pedro Javier Rojas Guevara
Las razones detrás del Estatuto de Protección
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Además de ser positiva para el país, la apuesta por la regularización migratoria también es impopular en muchos sectores de una sociedad dividida por la pandemia y la xenofobia.
La apuesta es reconfortante. Con el ‘Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos’ (Etpv), el gobierno abre la puerta para un trato más justo hacia millones de personas que viven en Colombia. Hasta hoy, muchas de ellas viven entre la incertidumbre de un permiso de estadía precario, como el PEP, y la sospecha de su irregularidad. Además, la medida tiene el potencial de impactar positivamente la economía y la sociedad colombiana, si su gestión es la adecuada.
Sin embargo, estas posibilidades no son garantía de respaldo popular a la iniciativa. De hecho, en medio del estrepitoso ascenso de la xenofobia en nuestro país, de la profundización de las brechas socioeconómicas con motivo de la pandemia, y de los desaciertos y fracasos de la actual administración en diferentes materias, el Etpv puede convertirse en combustible para mayor oposición ciudadana al gobierno. Además, algunas cabezas de la política nacional de uno y otro sector -incluyendo aquellos que alimentan el fuego amigo en contra de Duque desde su propio partido- tienen una nueva excusa para avivar el populismo de sus posturas.
El gobierno colombiano, sin embargo, parece haber decidido hacer lo correcto, por encima de lo popular. Otros gobiernos de nuestra región han decidido cerrarse al arribo de personas desde Venezuela, al punto de militarizar sus fronteras territoriales, respondiendo a los temores de muchos de sus ciudadanos. Incluso, legisladores en Perú y Chile, por ejemplo, han llegado a formular proyectos de ley para criminalizar a aquellos nacionales que decidan socorrer de alguna forma a migrantes irregularizados, algo que ha sido aplaudido por miles en la región.
No obstante, durante la presentación del Estatuto hace unos días, Duque lo justificó apelando a una razón humanitaria, la cual estaría por encima de la política. Bajo esta explicación, el presidente habría tomado una decisión en justicia y siguiendo la evidencia científica. Esto implicaría que para llegar al Estatuto se priorizó el concepto técnico de cientos de mujeres y hombres, funcionarios públicos y parte de la sociedad civil, que trabajan para entender el fenómeno y brindar respuestas justas y eficientes a sus retos, incluso sobre cálculos políticos y otras formas de control ciudadano normalizadas en nuestra sociedad.
Muy seguramente lo anterior es parte de la explicación. Sin embargo, no es necesariamente la única motivación. Lo humanitario, en general, es una categoría ampliamente utilizada desde la gestión política alrededor del mundo para blindar de legitimidad las decisiones y acciones que impactan el día a día de las personas. Si hay un momento de la historia reciente que así lo comprueba, es el de la pandemia. Los gobiernos alrededor del mundo han implementado un sinfín de medidas orientadas, material o discursivamente, a socorrer a los ciudadanos en medio de esta situación excepcional. En el caso en cuestión, el de un estatuto de protección para aquellos que cruzan fronteras en medio de la emergencia económica y social venezolana, la racionalidad no es necesariamente diferente, por más legítima que esta sea.
Por eso, vale la pena pensar que el Etpv puede ser el resultado de una combinación de razones, que van más allá de lo meramente humanitario. El ánimo de socorrer, basado en la fraternidad y la generosidad, conceptos normativos a los que Duque y otros funcionarios del gobierno han apelado desde la presentación del Estatuto, no es lo único a tener en cuenta. Otros factores, también dentro del ejercicio de la política, podrían haber motivado esta decisión.
Por una parte, hay mucho que decir sobre la orientación pragmática de la medida. Para muchos en la institucionalidad y fuera de ella, aceptar que Colombia es un destino migratorio todavía es algo incipiente e inacabado. Esto es incluso más evidente cuando se habla de integración. Pero con el tiempo la realidad migratoria se ha convertido en algo innegable. No son solo las estadísticas. Al fin y al cabo, el gobierno las controla y puede disponer a su juicio, para bien y para mal, de ellas. Es sobre todo la realidad de las fronteras y de las ciudades en las que colombianos y venezolanos se encuentran todos los días, la de las familias binacionales y la del trabajo compartido entre unos y otros, la de las tensiones y las prevenciones que surgen entre los que han vivido en Colombia toda su vida y los que apenas se acomodan. En cualquier caso, y por más que muchos se resistan a aceptar esta realidad, la evidencia apunta a que el proceso migratorio ya ha cambiado y seguirá cambiando nuestro entendimiento como nación.
A esto hay que sumarle que el principal canal de acceso para las personas que llegan desde Venezuela es una frontera terrestre tan larga como ingobernable, por lo menos desde el punto de vista del control a la movilidad humana. El mecanismo que el gobierno colombiano, ya desde la administración anterior, decidió poner en marcha fue el de la irregularización de la movilidad venezolana. Hasta hace muy poco tiempo, en Colombia el tránsito indocumentado a través de grandes secciones de la frontera era apenas un interés de la gran política bogotana. Con el ascenso de la migración desde Venezuela, una vez se comenzó a percibir como un fenómeno sostenido y prolongado, la figura del ‘migrante irregular’ y la necesidad de ‘regularizar’ se convirtió en un mecanismo para observar y vigilar a estas personas. Al final, esta forma de hablar sobre los venezolanos -que crea progresivamente una realidad jurídica- no es sino un mecanismo para afirmar la autoridad del Estado, señalando una posible amenaza, que se presenta a la ciudadanía con el fin de que ella misma la vigile y le discipline.
Hoy, luego de varios años de sistemas de documentación temporales y precarios, que cubren menos de la mitad de los venezolanos que hacen vida en Colombia, esta forma de control se ha vuelto ineficiente. De allí el pragmatismo de la decisión política. En esta ocasión, este parece afortunadamente coincidir con una base de acción viable y basada en evidencia científica, la que entiende que una migración bien gestionada es una inversión rentable en el mediano y largo plazo. Sin embargo, esto no significa que con el Estatuto se deje atrás el interés por ejercer control y vigilancia sobre estas personas. Duque y algunos funcionarios, entre ellos la cabeza de la autoridad migratoria, han insistido en las motivaciones de ‘seguridad nacional’ detrás de la decisión. El argumento del proceso de identificación que acompaña al Estatuto, así como el uso de tecnologías como la biometría, que ayudarán al gobierno a mantener la seguridad ciudadana, son apenas dos muestras de este interés. Esto, si bien es válido -siempre y cuando los marcos de derechos humanos sean sostenidos-, puede convertirse en una nueva herramienta policiva sobre estas personas.
Y por supuesto, hay una relación evidente entre el lanzamiento del Etpv y el enfoque de la política exterior del actual gobierno de cara a su recta final. Duque no solo busca ahondar en la internacionalización de la gestión migratoria en Colombia, ahora mucho más importante luego del auge y caída del ‘cerco diplomático’ a Maduro en Venezuela, con los beneficios económicos y en términos de prestigio que podrían hacer parte de este cálculo. Con el respaldo de la ONU, evidente en la presentación del Estatuto en Bogotá, la calificación de este hecho como ‘histórico’ por parte de Acnur en cabeza de Filipo Grandi o el aval del Secretario de Estado Blinken vía twitter, la política exterior de Duque parece buscar oxigenarse, luego de un par de años en los que la comunidad internacional ha pedido explicaciones por, entre otros, los retrocesos en la implementación del acuerdo con las ex Farc, las crecientes amenazas, asesinatos, desapariciones de líderes sociales en el país y el regreso de la violencia en varias regiones de Colombia. Varias organizaciones y gobiernos alrededor del mundo son en este contexto partes interesadas, que en el pasado contribuyeron política y financieramente en nuestro país, pero que han visto devaluar su inversión en los últimos años. En el caso de EE.UU. la situación es más compleja, aunque igualmente ilustrativa. El tono humanitario sirve para sintonizarse con la administración de Biden y buscar limar asperezas no expresas, luego de, por ejemplo, las sospechas de interferencia por parte de miembros del partido de gobierno en el proceso electoral en Florida.
Todo lo anterior no hace menos valedera la nueva apuesta del gobierno. Esto es solo una muestra de que las medidas humanitarias, tan legítimas como necesarias, también dependen de la negociación política. Cuestionar su racionalidad, no significa negar su valor. Lo más importante a partir de este momento es que exista un balance entre los intereses políticos detrás del Estatuto y los muchos retos que hoy surgen, comenzando por su puesta en marcha. Por ahora, hay que reconocer que afortunadamente los gobiernos no son necesariamente entidades monolíticas que representan exclusivamente el sentir político de un líder, sino que se conforman de personas capaces y se alimentan de las perspectivas de ciudadanos responsables, muchas de ellas justas, por más impopulares que estas sean.
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