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Antes que simplemente prometer justicia o no impunidad, los partidos deberían plantear de manera responsable de qué manera van a continuar con la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Los costos de acabar con la JEP
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Escrito por Mariana Casij Peña y Martha Maya Calle integrantes del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).
Las últimas noticias sobre la JEP y la tensión que dejó el plebiscito alimentan todos los días la polarización. Los debates presidenciales se quedan en lo superficial: apoyan o rechazan el proceso de paz y/o su implementación, sin entrar en mayor detalle.
Pero la discusión debería ir más allá, analizar lo ya avanzado y lo que está pendiente, pensar si hay reformas que puedan hacerse que no afecten el corazón del Acuerdo y, sobre todo, no dejar de lado las expectativas que tienen las víctimas, los exguerrilleros, la fuerza pública y la sociedad en general. Para contribuir al debate, estos son algunos de los costos que tendría acabar con la JEP.
La incertidumbre de las víctimas y de todos los que podrían ser juzgados
Si se acaba la JEP, es posible que, por los tiempos que se tarda una reforma constitucional en ser aprobada en el Congreso, tengamos que esperar por lo menos un año para saber quién juzgará los crímenes cometidos durante el conflicto. Esta incertidumbre tiene tres tipos de consecuencias.
Primero, una sensación de impunidad para la sociedad y las víctimas, muchas de las cuales han esperado décadas para que la justicia ordinaria dé una respuesta. Al cabo de los años la firma del Acuerdo de Paz habrá dejado decisiones sobre amnistías u otros beneficios penales y puesto en marcha la participación política de los excombatientes; pero la deuda de justicia por las atrocidades cometidas en el conflicto seguiría en veremos.
Segundo, la alta inseguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado que han manifestado su interés y voluntad de someterse a la JEP, con el fin de obtener beneficios penales. Del listado de 1.751 militares y policías que solicitaron someterse a la JEP, más de 1.000 ya se encuentran en libertad condicionada y no es claro qué pasaría con esas decisiones.
Y tercero, la inseguridad jurídica para los desmovilizados de las Farc que entregaron sus armas bajo las reglas de la JEP. Esto, sumado a la desconfianza que tienen en el Estado, representaría un incentivo para volver a la insurgencia.
Desaparecen la zanahoria y el garrote
Cualquier beneficio en justicia, como las sanciones reducidas, está condicionado al compromiso de los responsables con la verdad, la reparación y la no repetición. Si no cumplen, enfrentan las consecuencias de un delincuente común, penas de mínimo 15 años.
Sin la JEP se elimina la zanahoria, es decir, las sanciones reducidas y alternativas. Dejar solo el garrote de la justicia ordinaria afecta los incentivos de los responsables para contribuir a la verdad (participando en la Comisión de la Verdad y en la búsqueda de desaparecidos), la reparación y comprometerse con la no repetición. Todo lo anterior hace la diferencia para las víctimas y para la reconciliación.
Además, la justicia ordinaria no ha sido suficiente para hacer frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, eso lo saben las víctimas y la sociedad.
Se perdería credibilidad del Gobierno para negociar acuerdos con grupos al margen de la ley
Acabar con la JEP representa un incumplimiento del Acuerdo Final. Da a entender que esta era una política de Gobierno y no de Estado y que la facultad del presidente de suscribir e implementar acuerdos de paz tiene la misma duración que su periodo.
Un nuevo gobierno que decida acabar con este tribunal enviaría un mensaje que puede actuar en su contra. Los riesgos de que los exguerrilleros se devuelvan al monte y de que tenga que renegociar con la confianza y la credibilidad resquebrajadas, son enormes.
Adicionalmente, con este antecedente otros grupos armados -como por ejemplo en un futuro cercano el ELN- difícilmente podría contemplar la opción del diálogo.
El Estado queda mal parado ante la comunidad internacional
La comunidad internacional ha respaldado y celebrado casi de manera unánime el Acuerdo Final. En tan solo la puesta en marcha y fase inicial de funcionamiento de la JEP, Canadá, Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega e Irlanda han aportado alrededor de 4.7 millones de dólares.
Acabar con la JEP puede representar para el nuevo gobierno pegarse un tiro en el pie, pues lo obliga a responder por los recursos de afuera que se invirtieron en su creación.
Además, envía un mensaje de inestabilidad e incertidumbre ante naciones que han estado comprometidas con la justicia y la construcción de paz en Colombia, y con quienes se tienen relaciones estrechas de cooperación.
El tiempo perdido
Para crear la JEP fue necesario hacer primero una reforma constitucional para el Sistema Integral del que hace parte, y luego una Ley Estatutaria. En las condiciones y términos abreviados y ultrarrápidos del Fast Track, esta reforma tardó 11 meses entre la presentación del proyecto ante el Congreso y la aprobación de la Corte. La Ley Estatutaria lleva 8 meses y está desde el 15 de diciembre en examen de constitucionalidad.
Esto nos dejaría hasta el momento con por lo menos 15 meses de trabajo del Congreso y de la Corte Constitucional que se habrían perdido.
Al trabajo y los costos que tiene crear y poner en marcha un tribunal de justicia hay que sumarle los que tendría acabar o transformar uno ya existente. Hagan las cuentas.
En un trámite ordinario, una reforma constitucional (por la vía que sea) no dura menos de año, a lo que habría que sumarle el tiempo que se demoraría el nuevo Gobierno diseñándola la reforma, y las leyes necesarias para desarrollarla.
Son, en total, por lo menos dos años en los cuales esas mismas instituciones han dejado de tratar temas igualmente relevantes como la salud, la educación, el empleo, entre otros.
Estos son algunos de los costos que deberían tenerse en cuenta cuando se plantea reformar sustancialmente la JEP. Por esto el debate considerar unos mínimos (Ver recomendaciones IFIT) y no se puede quedar en si impunidad o justicia.
Entre otras cosas, los candidatos a la presidencia deberían responder: ¿cuáles serían las reformas que proponen? ¿cómo evitaría que la justicia ordinaria colapse con una tarea de estas dimensiones? ¿cómo garantizaría los derechos de las víctimas a la justicia, pero también a la verdad y a la reparación? ¿qué pasa con los que ya se han puesto a disposición de la JEP?
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