Álvaro Jiménez es el coordinador Nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas, creada por él en 1999 como una iniciativa ciudadana, junto con una red de amigos. Éste politólogo vallecaucano llegó al tema de las minas porque vio sus efectos en el Nordeste Antioqueño, una zona del país que tiene muchas cicatrices por la guerra.
La Silla Líder quiso presentar su iniciativa de liderazgo, y entrevistarlo para conocer las implicaciones de esta iniciativa en la vida de las víctimas civiles de minas antipersona, y el impacto que puede tener el acuerdo logrado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC el pasado mes de marzo sobre desminado.
Álvaro Jiménez es el coordinador Nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas, creada por él en 1999 como una iniciativa ciudadana, junto con una red de amigos. Éste politólogo vallecaucano llegó al tema de las minas porque vio sus efectos en el Nordeste Antioqueño, una zona del país que tiene muchas cicatrices por la guerra.
La Silla Líder quiso presentar su iniciativa de liderazgo, y entrevistarlo para conocer las implicaciones de esta iniciativa en la vida de las víctimas civiles de minas antipersona, y el impacto que puede tener el acuerdo logrado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC el pasado mes de marzo sobre desminado.
La Campaña empezó a trabajar en los 32 departamentos del país, y por razones de costos y priorización, posteriormente fueron reducidos a 22. Dejó de trabajar en los departamentos en donde, si bien hay afectación por minas, desde el punto de vista de número de víctimas no eran tan prioritarios como otras regiones del país donde la población civil ha sido muy afectada. Estos departamentos son Atlántico, San Andrés, Amazonas, Boyacá, Risaralda, Vichada, Guainía y la Guajira.
Jiménez afirma que aunque todos saben que la guerra hay que acabarla, muy pocos hacen algo para lograrlo. Por eso surge la Campaña. Paso a paso, enfocándose en un tema específico que va a poner un grano de arena para la solución del problema, sostiene. Antes del año 2000 era un tema muy difícil de tratar, porque si se pedía desminar, automáticamente los involucrados iban a decir que se estaba tomando un bando. Tanto la guerrilla como el Ejército, que en el año 2001 tenía una planta de producción de minas. Porque, dice Jiménez, el Estado en Colombia ha fabricado, utilizado y exportado minas.
La población objetivo de la Campaña Colombina contra Minas son víctimas civiles, porque las víctimas militares están protegidas por el Estado.
Jiménez explica que a los militares los sacan del campo de batalla, así esté a 18 horas del pueblo, los llevan al hospital militar, les dan una pensión, los condecoran en medio de distintos eventos y agasajos, son héroes. El problema más grave es para las víctimas civiles. “Son campesinos que viven a las mismas 18 horas del pueblo pero no hay helicóptero que vaya por ellos. Le toca a la mamá y al hermano hacer una hamaca con una sábana y caminar 18 horas a ver si llegan. Esa víctima campesina llega al hospital de una ciudad grande. No hay una vecina que les brinde un plato de comida, todo hay que pagarlo. Luego llega una persona y les dice que debe tener el sello de su alcaldía para seguir el protocolo a las víctimas, entre otros tantos requisitos. La mujer de la víctima no sabe de qué le están hablando, no lo sabe porque el Estado para ella no existe. Entonces se queda callada, espera a que su marido se recupere y le dice que se vayan. En el hospital le dicen que vuelvan dentro de unos meses para hacerle una prótesis. Y cómo van a volver, con qué van a pagar el hospedaje”, agrega.
Para Jiménez hay una digresión entre la realidad de la gente y la realidad institucional que deja sin esperanzas a las víctimas civiles. Efectivamente, existe una política, pero nadie la aprovecha, porque para los campesinos ir a las grandes ciudades a aprovechar esos servicios es costoso y no hay un acompañamiento especial. Justamente, en esto se enfoca el trabajo de la campaña.
El primer objetivo fue llegar a tener incidencia entre la sociedad. El segundo, un acompañamiento a las víctimas civiles de las minas. El tercero, es trabajar con el gobierno para poder lograr que la ley se cumpla.
Desde hace 15 años la Campaña ha venido elaborando un informe anual sobre la situación de minas en Colombia, que se publica globalmente. Ese informe hace parte del informe global y de Naciones Unidas sobre la situación de minas a nivel mundial. Además, la organización hace parte de la Mesa Directiva de la Campaña Internacional de Prohibición de Minas, que se ganó el Premio Nobel de Paz en 1997.
Jiménez dice que la incidencia con las políticas públicas es algo en lo que han venido trabajando insistentemente desde el año 2005. Han trabajado con el Gobierno, las FARC y el ELN y no van a dejar de hacerlo hasta que haya un acuerdo. Porque el acuerdo es la cristalización de su trabajo. Aunque también dice que eso es sólo un paso en todo el proceso.
La ONG es financiada con cooperación internacional. Tienen 400 voluntarios en zonas rurales de todo el país y un equipo nacional de 31 personas, a las que se les paga de acuerdo con los proyectos que se ejecuten. Sus financiadores son UNICEF, los gobiernos de Estados Unidos, Noruega, Suiza, la Unión Europea y en general, cualquiera que decida apoyarlos.
¿Cuál es la situación de las minas antipersona hoy en día en Colombia?
Colombia tiene un problema de minas muy grande. Hemos estado en los últimos 15 años en los primeros lugares del ranking mundial de los países con mayores problemas de minas. Somos el primer país con víctimas militares, seguidos por Siria, el segundo país con más niños víctimas registrados en el mundo, después de Afganistán, y el tercer país en número de víctimas a nivel global, después de Camboya y Afganistán. Esto hace que uno diga que Colombia es un país con un grado de afectación altísimo. Tenemos un promedio histórico de aproximadamente 60% de víctimas militares y un 40% víctimas civiles. Esa situación se ha sostenido los últimos 20 años.
¿Ha cambiado algo desde que se inició el proceso de diálogos?
Sí. En parte por el proceso de negociación. También por la tregua unilateral decretada por las FARC. Esto ha hecho que el número de operaciones ofensivas han disminuido y por tanto el número de víctimas. En el año 2014 tuvimos un total de 286 víctimas, en el 2013 fueron 373, y en lo que lleva de corrido el 2015 van 74 víctimas. Venimos en un descenso de número de víctimas que empezó en el 2009. Y aunque la tregua unilateral ha funcionado, eso no garantiza que no haya más minas.
¿Cuál ha sido el impacto del acuerdo entre las FARC y el gobierno sobre desminado humanitario?
El impacto va más allá del desminado humanitario porque es un acuerdo que hace unas rupturas históricas muy fuertes. Hace una ruptura de las mismas dinámicas del proceso, pues se había dicho que nada estaría acordado hasta el final y este acuerdo, que además es el primer acuerdo concreto que aproxima al proceso de paz a la gente, sacándolo de La Habana y ubicándolo en la sociedad.
El desminado es un acuerdo que va a transformar las vidas de las personas que están en los lugares donde hay un conflicto día a día, porque va a mejorar la calidad de vida de esas personas. Además, va a romper el código histórico de la confrontación entre el Ejército Nacional y las FARC, porque por primera vez va a ser posible ver a estos hombres juntándose para tener un beneficio comunitario.
Constantemente hay noticias de miembros de las FARC y miembros del Ejército Nacional juntándose para cometer crímenes, pero nunca hemos visto que el Ejército como institución y las FARC como organización se junten y pongan a sus hombres a trabajar juntos en pro de una comunidad. Eso es un indicador positivo y significativo.
El acuerdo es una ventana de oportunidad para demostrar que podemos hacer las cosas juntos y para observar cómo podemos ser un país distinto, con la capacidad de ponerle fin a la guerra. Es un proceso que va mucho más allá del hecho de desminar. Es un proceso que rompe con comportamientos que el Estado colombiano tiene frente a convenciones o acuerdos internacionales, porque el acuerdo es sobre minas, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados y sobre los remanentes explosivos de guerra.
Colombia no ha querido suscribir el Protocolo 5 que forma parte de las normas y los códigos de Derecho Internacional Humanitario, el cual dice que los Estados se deben hacer responsables en el marco de los conflictos, por todos los remanentes de explosivos de guerra que quedan en los territorios y que su obligación es retirarlos. El hecho que Colombia no quiera suscribirlo, implica que no hay un reconocimiento explícito de las responsabilidades que tiene sobre los accidentes generados por los remanentes de explosivos de guerra.
Cuando en el acuerdo dice “se incluyen remanentes de guerra”, significa que no solamente van a limpiar las minas que estén en esos lugares, sino que se van a sacar residuos de bombas, de granadas de mortero y de fusil, y en general, todo lo que esté contaminando el territorio y que implique un riesgo para la vida de la comunidad.
¿Cuáles son las claves para que la implementación del acuerdo sea exitosa?
Hay varios niveles. El primero es técnico y operativo. Es un trabajo entre la comisión de las FARC y del Gobierno para que juntos discutan los detalles como las aproximaciones, el territorio y el tiempo.
Complementario a esto, está el acompañamiento internacional por parte de Noruega y otro apoyo de la Acción Integral contra Minas. Para que eso sea exitoso hay que apoyar ese esfuerzo.
Sin embargo, hay otros planos adicionales en ese primer nivel. Uno de ellos es que el contexto político de hoy está lleno de púas. Así que en mi opinión, la mejor manera de ayudar es generando una información adecuada. Por ejemplo, muchos medios han titulado cosas como “las FARC siguen minando”, esa es una asociación perversa, no porque sea mentira, sino porque en el acuerdo no dice en ningún momento que las FARC se comprometen a dejar de sembrar. Si se crea un clima cálido frente al proceso y sus hechos, la sociedad estará haciendo un aporte para que el acuerdo salga bien.
Esa no es una tarea específica de los medios, los ciudadanos también debemos comprometernos con el Acuerdo. Se necesita una construcción social de un ambiente que favorezca al Acuerdo que se está definiendo en La Habana. No es que se necesite comprender a las FARC, pero sí se necesita comprender la importancia del proceso de paz y el éxito del mismo.
¿Las guerrillas siguen sembrando minas? ¿Solo las guerrillas lo hacen?
Claro que sí. Las guerrillas en Colombia han incrementado el uso de minas a raíz de las operaciones militares que ha habido desde el 2002, cuando se rompió del Proceso de Paz de Caguán.
Eso nos llevó a estar encabezando los índices internacionales sobre víctimas de minas antipersonas. Las FARC utilizan las minas según el contexto en el que las necesiten, pueden ser ofensivas como defensivas.
No se puede reducir el uso de minas al tema del narcocultivo. Esto es una visión simplista, porque antes de que la coca entrara al conflicto ya había uso de minas dentro del conflicto.
El ELN también lo hace, al igual que las BACRIM. Todos los actores armados no estatales las han usado. Las guerrillas que se desmovilizaron en los 90s también las utilizaron porque las minas son parte de la guerra. Solo hasta 1997 se prohibió a nivel global el uso de minas en la guerra, por lo tanto quienes están en la guerra desde ese año deberían ponerse a tono con esos desarrollos a nivel humanitario.
Ese es el escenario deseable, pero entendemos que en el marco del proceso de paz se está haciendo una negociación precisamente porque no se ha logrado que el Estado colombiano obligue a los grupos ilegales a que dejen de hacerlo, por eso hay que buscar un acuerdo.
El desminado puede ser un elemento que abre las puertas a otro tipo de desarrollos. Al día de hoy se ha convertido en una ventana de entrada para que el proceso de paz llegue a la sociedad civil en zonas como Antioquia o el Meta.
El 28 de abril empezó el ciclo 36 del proceso de paz y uno de los objetivos principales es avanzar en el plan de implementación del desminado humanitario ¿cuáles son los problemas que deben enfrentarse en este plan?
En mi opinión, los mayores obstáculos que tiene hoy el proceso de paz son de orden político. Por fortuna, el piloto del proceso de desminado se va a hacer en el Meta y en Antioquia, dos departamentos en los que los gobiernos tienen una actitud muy comprensiva frente a los diálogos de paz. Tanto Alan Jara como Sergio Fajardo han expresado públicamente su apoyo al proceso y estoy seguro que en la medida en que el proceso empiece a lograr resultados y a mostrar una dinámica concreta, va a ser calificado de mejor manera por parte de la sociedad. Por eso hay que cuidarlo y manejarlo de la mejor manera para que no se quede solo en una prueba piloto. De otra manera, no es posible que Colombia logre desminar sus territorios. Mientras vivamos en un conflicto armado, vamos a seguir teniendo minas.
¿Usted cuánto tiempo cree que se necesita para lograr desminar el país?
No sé y no me vaya a preguntar cuánto cuesta porque tampoco sé. No se sabe por una simple razón y es el problema de información que existe. Éste es un país que ha tenido una violencia de más de 50 años y, no tiene una información confrontada con la realidad. Acá se ha dicho mucha mentira, la guerra envilece la posibilidad de ser objetivos, transparentes y eficientes.
Todo el mundo esconde en función de su beneficio las realidades. Se tiene una información primaria, que podrá llegar a ser muy sólida en el momento en que logremos avanzar con el fin de la guerra.
Si no llegamos a un acuerdo en este momento, más adelante nos va a costar mucho más. Por eso nosotros vemos de manera positiva que después de 10 años pidiendo un acuerdo se haya logrado. Yo estoy seguro que a partir de ese acuerdo se va a hacer uno con el ELN.
¿Cuáles son los departamentos más afectados por las minas?
Históricamente Antioquia, Meta, Arauca, Bolívar, Caquetá, Putumayo, el sur del Tolima, Nariño y Chocó. Podríamos decir que esos son los más afectados, pero minas hay en 31 departamentos de 32. En San Andrés y Providencia no hay.
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.
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