Los retos de los nuevos mandatarios para que aterrice el Acuerdo de Paz en el Caribe (II)

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Esta es la segunda entrega de la serie en la que pensamos esta pregunta a la luz del caso de Montes de María.

Montes de María: ¿la reconciliación en riesgo?

En el primer artículo de esta serie, el profesor Luis Trejos afirmó que la paz territorial, promovida en el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, implicaba mucho más que acabar con la violencia armada. Es necesario que la vida cotidiana también se “desarme” (deben mejorarse las condiciones educativas, la resolución de conflictos de forma no violenta, garantizar los derechos de la ciudadanía y prevenir cualquier otro tipo de violencia).

Para esto, uno de los caminos elegidos fue el fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel local y el empoderamiento de la sociedad civil a través de diversos planes de acción, entre los que se destacan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En el Caribe, particularmente, fueron priorizadas cuatro subregiones (Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera, Montes de María, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar). En este artículo analizaré las condiciones de violencia y el avance que ha tenido la subregión Montes de María para poner en marcha los PDET y, en las próximas tres entregas de esta serie, se considerarán las subregiones Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera, sur de Córdoba y el sur de Bolívar.

La subregión Montes de María está compuesta por 15 municipios, 8 de Bolívar y 7 de Sucre. Desde la década de los 80, en estos municipios hicieron presencia las guerrillas de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Durante estos años se forjaron también pequeños grupos de autodefensa. Algunos se armaron como consecuencia de las acciones guerrilleras, pero otros estaban conformados por dueños de fincas que sentían amenazadas sus propiedades debido a la búsqueda de titulación de predios por parte de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC).

Así, utilizaron la excusa contrainsurgente para perseguir a dirigentes sociales y campesinos. Con la aparición de las AUC en 1997, el conflicto escaló en esta subregión hasta el punto de que se produjeron más de 200.000 desplazamientos, 2.000 homicidios, 56 masacres y cerca de 50.000 hectáreas de tierra abandonadas o despojadas.

En la actualidad, Montes de María no es una subregión que presente altos niveles de conflictividad: la presencia de grupos armados es marginal (solo en San Onofre, María La Baja y El Carmen de Bolívar se manifiesta la presencia del Clan del Golfo por parte de la Defensoría del Pueblo) y no hay rentas ilegales identificadas (ni cultivos ilícitos ni minería ilegal en grandes escalas).

A pesar de este panorama bastante alentador en una subregión con una amplia historia de conflictividad, es necesario mencionar que, en la Alerta Temprana N° 061-18 del 24 de julio del 2018, la Defensoría del Pueblo consideró que cerca de 5.900 pobladores de San Onofre se encontraban en alto riesgo debido a la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo. En esa misma línea, la ministra del interior del presidente Iván Duque, Nancy Gutiérrez, visitó en enero del 2019 el municipio María La Baja luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana 004-19, en la que se manifestaba que el Clan del Golfo estaría buscando torpedear los procesos de reclamación de tierras y rutas para el narcotráfico y el microtráfico en este territorio.

Desde el 2015 el Clan del Golfo se estableció en María La Baja y ha sostenido constantes amenazas a las comunidades campesinas y étnicas que lo habitan. Lo anterior puede ser evidenciado en el desplazamiento de varias familias de los corregimientos de Los Bellos, Retiro Nuevo, Flamenco y Correa luego de que un panfleto diera 24 horas de plazo para que los líderes sociales que allí estuvieran (en su mayoría participantes de procesos de reclamación colectiva) se fueran del territorio.

Además, este patrón de amedrentamiento parece responder a alianzas entre empresas agroindustriales y grupos armados a fin de intimidar a quienes han denunciado irregularidades con respecto a la tala indiscriminada de árboles e irregularidades en el uso de los cuerpos de agua. En el área urbana de María La Baja, el Clan del Golfo participa en las dinámicas de microtráfico, extorsiones y préstamos a usura, lo que, sumado al hecho de que algunos integrantes de esta organización han sido capturados en el municipio, permite inferir que hay más que una presencia esporádica. De hecho, Carlos Negret Mosquera, actual Defensor del Pueblo, mencionó que alias “Juancho Dique”, anterior miembro del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, podría tener injerencia en el contexto actual de violencia en esta subregión.

No debe olvidarse, asimismo, que Jorge Yépes Mendoza, líder social en el corregimiento de Macayepo (El Carmen de Bolívar), fue asesinado a finales del 2018 y que en este municipio se han presentado constantes amenazas a líderes sociales. Los tres municipios con presencia del Clan del Golfo (El Carmen de Bolívar, María La Baja y San Onofre) han aumentado sus índices de homicidios por cada cien mil habitantes desde el 2015 y el último de estos tres alcanzó en el 2018 la cifra de 40.8, muy por encima del promedio departamental.

Como fue mencionado antes, a pesar de que, al menos en el presente, la subregión de los Montes de María parece tener condiciones adecuadas para la puesta en marcha de los PDET en términos de situaciones provenientes del conflicto armado, no debería darse por sentado que la violencia no tiene posibilidades de reaparecer.

La amenaza colectiva que se realizó a través de redes sociales a 12 líderes sociales del corregimiento de El Salado en el Carmen de Bolívar a finales del 2018 y el mencionado asesinato de un líder social de este municipio son muestras de que la presencia diferenciada del Estado en este territorio y su posición estratégica para la comisión de actividades delictivas es una combinación que puede reactivar focos de conflicto. Lo que persiste en los Montes de María es una tensa calma que no parece ir de la mano con la visión de una subregión totalmente estable que aparece desde los entes gubernamentales. Los mismos líderes sociales de la región han denunciado la presencia de personas vestidas de civil con fusiles que han ido a sus casas a avisarles de la incursión de “Los gaitanistas” (en referencia al Clan del Golfo, que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y hechos como un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y 15 personas armadas en la frontera entre El Carmen de Bolívar y María La Baja.


¿Cómo va el PDET?

El departamento de Bolívar ha sido el que más ha avanzado en el proceso de implementación y solidificación de lo alcanzado. En los 13 municipios de este departamento que hacían parte de las subregiones sur de Bolívar y Montes de María se firmaron acuerdos municipales que convirtieron los PATR en política pública municipal y, posteriormente, se firmó una ordenanza que aprobó la Asamblea Departamental a fin de darles herramientas y garantías de implementación en el largo plazo. Bolívar se convierte así en el primer departamento del país en hacer de los PDET una política pública.

No obstante, las condiciones de violencia aquí presentadas deberían servir para retomar una mirada realista del presente histórico que, si bien presenta oportunidades importantes para que en el futuro se gesten las condiciones del posconflicto, todavía debe ser observado con las complejidades propias de estos espacios.

Finalmente, es cierto que la falta de presencia institucional termina avivando la llegada de actores armados a los territorios, pero esto no puede observarse totalmente desintegrado de las condiciones materiales que pueden hacer a un territorio atractivo para los violentos. En ese sentido, mientras ambas condiciones no se modifiquen paulatinamente, difícilmente se podría considerar que habrá un cambio en las dinámicas de la confrontación armada. Asimismo, las circunstancias de los espacios rurales de los municipios deben ser vistas con mucha más circunspección por parte de las autoridades locales y nacionales debido a que es en estos espacios en donde la conflagración armada suele tener lugar y, consecuentemente, en los que las condiciones de la población son más precarias. En Montes de María se construye paz, al tiempo que algunos actores armados parecen aprovecharse de la lenta transformación de las condiciones socioeconómicas de estas poblaciones.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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