No nos olvidemos del Acuerdo de Escazú en tiempos del covid-19

Jun 02, 2020

Katherine Casas Pérez

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El próximo 20 de septiembre se vence el plazo para que la región ratifique ante la ONU el Acuerdo de Escazú. Es hora trabajar en conjunto y con celeridad para volver realidad una propuesta fundamental para el medio ambiente y la protección de los líderes sociales.

El tratado regional que busca mejorar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales, se conoce como el Acuerdo de Escazú. Este pacto se originó luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y luego de tres años, fue firmado en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018 por 14 países de la región en la ciudad costarricense de Escazú.

Este Acuerdo regional es considerado uno de los instrumentos ambientales más importante de América Latina y el Caribe, además de ser el primero realizado por la Cepal. En este momento de los 33 países de la región, 9 ya ratificaron el tratado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Ecuador que fue el último en ratificarlo en mayo del 2020.

Cabe recordar que para que entre en vigor ante la ONU es necesario la firma de 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En diciembre del 2019, Colombia dio el paso inicial con la firma del Acuerdo y está pendiente de ratificarlo para presentarlo ante el Congreso y sea aprobado para que se convierta en ley de la República.

Ante la comunidad internacional, la sola firma de Colombia de Escazú no tiene ningún peso sin el debido proceso ante el Congreso. Por eso, es preocupante su aparente olvido en la agenda de este año de los legisladores. El desarrollo de este Acuerdo regional es urgente para nuestro país, ya que uno de sus propósitos es trabajar por la defensa de los derechos ambientales y la protección de líderes y lideresas quienes han sido blanco de amenazas y ataques por luchar en contra de la de la deforestación, la restitución de tierras, la defensa del territorio, entre otras gestiones que vulneran los derechos humanos de las comunidades.

Solo en el 2018, 24 líderes ambientales en Colombia fueron asesinados, convirtiendo al país en el segundo más peligroso para estos activistas, según la ONG internacional Global Witness. Si bien, estamos enfrentando una crisis sanitaria y económica por la propagación de covid-19, Colombia tiene la posibilidad de materializar un compromiso real y efectivo para hacerle frente a este fenómeno de vulneración a la vida de estos defensores; además de fortalecer los temas de participación ciudadana, acceso a la información y a la justicia en sectores como la minería e hidrocarburos.

Aunque nuestro país tiene instrumentos en su marco normativo en materia de participación ciudadana y protección al medio ambiente, los recientes crímenes y amenazas contra estas personas demuestran que aún es necesario fortalecer la legislación y que se deben hacer muchos más esfuerzos. En medio de la coyuntura actual se pueden lograr avances a nivel nacional con la integración de autoridades ambientales, organizaciones internacionales y sociedad civil en audiencias públicas para entender y visibilizar los alcances de Escazú; una tarea que nuestro país vecino, Perú, ha ido gestionando en últimas semanas de gran manera.

La reflexión es avanzar sobre este tratado, ya que el próximo 20 de septiembre se vence el plazo para su ratificación ante la ONU. Por esta razón, es momento de trabajar en conjunto y con celeridad para volver realidad una propuesta excepcional que puede ayudar a enfrentar los desafíos en la protección de líderes sociales y hacerle frente a crisis como la del cambio climático.

Para el caso colombiano es relevante ir más allá de la firma, es una oportunidad de dar garantías legítimas a las comunidades en sus derechos en temas sociales y ambientales. Si la presión social llevó a la firma del Acuerdo, ahora el siguiente paso es movilizarnos para su discusión y ratificación dentro del Congreso y que no quede simplemente como un protocolo internacional como ha sucedido en anteriores casos.

Para mayor información sobre el sector de hidrocarburos en Colombia, visite: www.crudotransparente.com