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Peregrinación, el clamor por la vida y la paz
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Las dinámicas de movilización en Colombia se habían contenido durante seis meses, en el marco de la contingencia producida por la pandemia. Sin embargo, al analizar las lógicas movilizadoras se evidencia que el país está en un punto de contradicciones y auges de disputas sociales e históricas producido por, al menos tres aspectos, la crisis social y económica resultado del covid, la polarización política del país (siempre presente, pero al día de hoy más sentida) y, la crisis humanitaria producida por la vulneración de los Derechos Humanos en los contextos rurales y urbanos.
En ese sentido, es posible evidenciar, cómo desde septiembre, las movilizaciones han crecido como corrientes de agua imparables.
Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia
En octubre el país se conmocionó con la llegada de la Minga indígena, campesina y popular a la ciudad de Bogotá que salió del departamento del Cauca el 10 de octubre del presente año, el punto cúspide de los días de movilización se evidenció en las jornadas nacionales del 21 de octubre, una de las movilizaciones más importantes que ha vivido el país luego de la cuarentena producida por el virus del covid. En el espacio de reivindicación, las agendas sociales destacaron aspectos como: cumplimiento de acuerdos fruto de la minga del 2019, cumplimiento del Acuerdo de Paz y, el respeto y protección de la vida de los líderes y las líderes de los territorios rurales.
La dinámica de Minga en el fiel contexto de intercambio como elemento propio de los contextos rurales e históricos como lo plantea Carlos Duarte, ha dejado diversas enseñanzas y retos al país para la ruralidad, entre ellos, el cuidado de la vida y la protección de los liderazgos.
Sin duda, la minga y, sus mingueros y mingueras dejaron una semilla de dignidad en el país. De nuevo, –como en el 2008–, las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, hicieron un llamado a reflexionar desde la raíz los problemas de los territorios rurales donde la guerra aún no se ha superado y los problemas estructurales para la calidad y bienestar de vida siguen vigentes. Es claro que la Minga deja un mensaje muy importante de unidad y acción colectiva a todos los sectores del país, recordando incluso, la unidad en acción y protesta del año 2013 con el Paro Nacional Agrario en la que nació la Cumbre Agraria, Campesina y Popular.
El mensaje fue contundente en un país donde la polarización sigue vigente y la paz territorial tiene significados distintos de acuerdo a cada una de las orillas de donde se pronuncia, lamentablemente la paz camufla intereses que han quedado vislumbrados en el marco de la crisis social y humanitaria ocasionada por la pandemia. Además, se ha convertido en caballito de batalla para sustentar prácticas corruptas en muchos de los territorios rurales, en los llamados “dividendos por la paz”.
Sin embargo, una vez los mingueros se devolvían a los territorios rurales reconociendo que la Minga no había terminado y se seguirá fortaleciendo, los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación decidieron salir hacia Bogotá, como un ejercicio de movilización e indignación sobre lo que ha pasado en los territorios donde se le ha apostado a su reincorporación, después de la dejación de armas, “La peregrinación por la vida y la paz”. El asesinato de Albeiro Suárez, fue la gota que rebasó la copa, ocasionando la decisión de marchar hacia la capital y evidenciar el exterminio que se viene presentando.
Esta marcha silenciosa (en el país con oídos sordos) se aproxima a Bogotá. Pero ¿por qué los excombatientes marchan hacia la capital? ¿Qué retos tiene la reincorporación en Colombia? ¿Cómo superar la dinámica de violencia y guerra en el país?
La apuesta por la reincorporación: visiones encontradas
Colombia ha enfrentado una larga historia de procesos de desarme, desmovilización y reincorporación a causa de la presencia de actores armados ilegales desde el siglo XX. El país ha desarrollado programas que permitan el retorno adecuado de los excombatientes a la vida civil, que, a todas luces, supera la dejación de armas y se cimienta en políticas económicas, sociales y políticas que de manera integral posibiliten los medios efectivos para superar las lógicas milicianas y de guerra.
Su éxito se basa en “las estrategias que el Estado proporcione en políticas sociales y económicas capaces de garantizar el desarrollo humano integral de los excombatientes en la lógica de la legalidad, y donde se procure el bienestar personal, la consolidación familiar, la promoción educativa-laboral y la inclusión en las comunidades”.
La institucionalidad responsable del proceso de reincorporación es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), creada mediante el decreto 897 del año 2017, es una entidad de la Presidencia de la República creada en el año 2003 que acompaña en el tránsito a la vida con legalidad de las personas que le apuesta a la paz. Entre tanto, la ARN tiene bajo su misión apoyar en los procesos de: reintegración, reintegración especial y reincorporación.
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Reintegración à dirigido a personas que se desmovilizaron individual o colectivamente de grupos de autodefensas y organizaciones guerrilleras |
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Reintegración especial à dirigido a los desmovilizados postulados a la ley de justicia y paz, que, después de cumplir una pena de entre 5 y 8 años de cárcel, hacen tránsito a la legalidad, aportan a la verdad, justicia y reparación; y promueven la no repetición de actos violentos. |
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Reincorporación à dirigido a las personas que hicieron dejación de armas en el marco del Acuerdo Final de Paz y transitaron a la legalidad. Con los representantes de esta población, el gobierno nacional concertó una Ruta de Reincorporación que determina para los próximos años las garantías sociales, económicas y las oportunidades de progreso para cerca de 13.000 exintegrantes de las Farc-Ep. |
Tabla 1. Fuente: Elaboración con base de información sitio oficial web ARN.
El punto 3 del Acuerdo de Paz, firmado en el año 2016 entre el gobierno y las Farc-EP relacionado al fin de conflicto presenta las bases de la reincorporación a la vida social en los ámbitos económicos, sociales y políticos, con el objetivo que la extinta guerrilla se convierta “en un sujeto político legal y [aportara] decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición y, a transformar las condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio nacional”. El proceso de reincorporación inició en agosto de 2017.
Entre los principios orientadores para el proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo punto 3.4.1, se pueden destacar: i). Enfoque territorial y diferencial, en la que se deben tener en cuenta diversas particularidades, amenazas y experiencias de las comunidades y los territorios, en el que se incluye al nuevo movimiento político de las Farc-EP en el marco de la legalidad y a sus integrantes en proceso de reincorporación, para contribuir a la gobernabilidad, legitimidad y goce efectivo de derechos, ii). Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos, en el que el Estado debe garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las comunidades y ciudadanos.
iii). Enfoque de género, plantea especial atención en las mujeres y niñas, considerando los riesgos específicos de esta población contra su vida, libertad, integralidad y seguridad, iv) Coordinación y corresponsabilidad institucional, relacionado a la institucionalidad que de manera coordinada adopte medidas adecuadas en materia de seguridad a nivel nacional, departamental y municipal, v). Participación ciudadana y, vi). Garantía de No Repetición, en el que se adoptan estrategias para esclarecer el fenómeno paramilitar, garantizando el desmantelamiento de grupos u organizaciones que atenten, “contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
Es importante mencionar que el Acuerdo también destaca estrategias en materia de seguridad como en el numeral 3.4.1.7 Medidas de protección, seguridad personal y colectiva, 3.4.7.4.2 Mesa Técnica de Seguridad y Protección y, 3.4.7.4.5 Medidas en materia de autoprotección.
Además, se comprende que la reincorporación es un proceso integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera intereses de las comunidades de las Farc-EP en reincorporación, sus integrantes y su familia, con el fin, de fortalecer el tejido social y las apuestas de reconciliación y convivencia. Además, cuenta con enfoque territorial, diferencial y de género.
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Tipo de reincorporación |
objetivos |
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Política |
Viabilizar el tránsito hacia un partido o movimiento político con el fin del fortalecimiento de la democracia en el país. Además, de su participación en la representación política en una apertura democrática para la construcción de paz. |
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económica y social |
Constituir una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMUN). Creación de un centro de pensamiento y formación político, del Consejo Nacional de Reincorporación. Como garantías para este tipo de reincorporación se destaca la renta básica, asignación única de normalización, seguridad social, planes y programas sociales y pedagogía para la paz. |
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo de Paz.
El proceso de reincorporación también incluye estrategias que contribuyan en la reparación por los daños ocasionados, como en obras de reconstrucción de infraestructura, participación en programas de sustitución de uso ilícito, la contribución en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Además, el proceso de reincorporación cuenta con acompañamiento internacional con instituciones tales como la Unión Europea, Unesco, Pnud, Oclae y OEI.
El Decreto 897 de 2017, destaca la creación de un Programa de Reincorporación Económica y Social de las Farc-EP, con la participación del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y, de ARN; desarrollando subprogramas como las prestaciones Económicas y de Seguridad Social, Proyectos productivos, planes y programas de atención de los derechos de la población beneficiaria y, la organización territorial y comunitaria.
La ARN desarrolla una ruta de reincorporación con dos puntos. El primero se relaciona a la reincorporación temprana que comprende los primeros 24 meses después del ingreso a la Agencia en la que a la persona se le brinda una renta básica del 90 por ciento del Smmlv y la asignación única de normalización correspondiente a 2 millones de pesos que se entrega una sola vez.
La segunda es la reincorporación al largo plazo, en la que una vez de terminan los 24 meses, se fortalece la oferta institucional fortaleciendo capacidades individuales y colectivas para el ejercicio de deberes y derechos con siete componentes; comunitario, educativo, sostenibilidad económica, familia, habitabilidad y vivienda, bienestar psicosocial y, salud. De acuerdo con el Gobierno estas medidas tendrán una duración de 8 años.
En términos de implementación de las disposiciones del punto 3 del Acuerdo de Paz el Intituto Kroc en su cuarto informe diciembre 2018 a noviembre del 2019, destaca en los niveles mensuales de implementación un 46 por ciento de disposiciones cumplidas en su generalidad, 16 por ciento con avance intermedio, 21 por ciento con avance mínimo y 16 por ciento no iniciado. Muchos de los avances, destaca, se dan por el compromiso de la comunidad internacional y por el apoyo de los excombatientes.
Para noviembre del 2019, “la Oacp había acreditado a 13.202 excombatientes. De ellos 12.940 continuaban en el proceso de reincorporación: 2.946 residían en los Etcr, 9.275 por fuera de éstos y 719 estaban pendientes de ser ubicados”.
Recordemos que en el marco del proceso de reincorporación a la vida civil se destinaron algunas áreas donde se concentraron los excombatientes de las Farc-EP en principio se denominaron Zonas Veredales Transitorias y, luego se denominaron como Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (Etcr). En total se ubicaron 24 Etcr en todo el país en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte del Santander, Putumayo y Tolima.
Por otro lado, en el marco del proceso de reincorporación económica, se han creado organizaciones u asociaciones lo que consolidan Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que en el país suman 93 (Forero, 2020), cambiando la geografía de reincorporados que le apuestan por la paz, llegando 17 departamentos del país en el que se incluyen además de los nombrados anteriormente Bolívar, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Sucre.
Mapa 1. Distribución de los NAR. Fuente: Consejo Nacional de Reincorporación.
Para el caso del Suroccidente Colombiano, se pueden detallar cerca de 20 NAR y un total de 25 cooperativas, asociaciones, corporaciones, lo que habla de una región que, a pesar de la situación de vulneración de derechos humanos y asesinatos a líderes y lideresas sociales y a excombatientes, hay una gran apuesta por continuar con el proceso de reincorporación y por la construcción de paz territorial. A continuación es posible detallar las cooperativas NAR pertenecientes a los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.
Tabla 3. NAR Valle del Cauca y Nariño. Fuente: ECOMUN
Por otra parte, se puede destacar las NAR del departamento del Cauca, que en total suman 16 formar organizativas que le apuntan a la reincoporación económica.
Tabla 4. NAR Cauca. Fuente: ECOMUN
El Instituto Kroc reconoce, en su cuarto informe, tres aspectos que se deben superar para que la reincorporación sea exitosa: 1. Cumplir con los derechos políticos y civiles, 2. Garantizar la seguridad de excombatientes y miembros de la Fuerza Alternativa y; 3. Asegurar sostenibilidad de sus proyectos productivos.
Es importante detallar que así como el Pdet1 será efectivo en tanto las comunidades y víctimas de los territorios estén en la agenda central de su implementación, no solo en la socialización y validación, sino en la toma de decisiones y gestión territorial , la reincorporación será efectiva en tanto el centro sean las personas excombatientes con sus procesos de reconciliación y reincorporación, a los que se les debe garantizar todo el apoyo institucional nacional, regional y municipal para adelantar las estrategias de proyectos e incidencia política.
Del por qué la movilización
Una vez vimos la oferta institucional considerando el Acuerdo de Paz y, la apuesta por la reincorporación en el marco de la organización por medio de cooperativas, asociaciones o corporaciones y de la implementación de este punto del Acuerdo de Paz, ¿por qué están en movilización los excombatientes de las Farc-EP?
Antes de dar respuesta a la pregunta, se debe reconocer que el proceso de reincorporación ha traído diversos retos propios de una institucional fragmentada en los territorios rurales a pesar de grandes esfuerzos en la articulación y gestión, falta de apoyos técnicos y financieros adecuados para el proceso de reincorporación económica y social, la estigmatización en muchos territorios hacia las personas en proceso de reincorporación y, la disputa desmedida – ¿Qué guerra es medida?- de actores armados ilegales y legales en muchos de los territorios rurales, en muchas de las áreas que son Etcr o NAR.
Se debe reconocer que el proceso de reincorporación económica ha traído muchos retos y preguntas sobre el tránsito a la vida civil, en un país con un acceso inequitativo a la tierra de cerca de 0.89 con coeficiente Gini, en un primer momento podemos destacar el tema sobre el acceso a la tierra de las personas en reincorporación, muchas de ellas en territorios rurales, donde incluso a las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas no se les garantiza el uso, acceso y disfrute pertinente.
El Acuerdo de Paz, enuncia en su punto 1 de Reforma Rural Integral, varios mecanismos que permita transformar el campo colombiano alrededor de este punto, creando por ejemplo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Decreto 902 y la necesidad de realizar un catastro multipropósito, sin embargo, en términos de tenencia de la tierra para los excombatientes ha sido mínimo.
Lo anterior, tiene profundas consecuencias, en un segundo reto, los proyectos productivos que se han formulado y proyectado en el marco de la reincorporación económica, en ese sentido se han visto afectados el inicio, ejecución y sostenibilidad de proyectos productivos, pues, aunque se tiene apoyo de recursos de la comunidad internacional, se han visto problemas con el acceso a terrenos adecuados para adelantar apuestas de reincorporación.
A lo anterior se le suma, falta de garantías en la comercialización y la cadena productiva, donde en algunos territorios reconocen poco o nulo apoyo por parte de la ARN.
En ese sentido, “aunque el decreto Ley 902 de 2017 habilita a la ANT para comprar tierras a ser adjudicadas a entidades para el desarrollo de programa de reincorporación, el esfuerzo normativo no ha sido suficiente. La mayoría de los y las excombatientes continúan viviendo y desarrollando sus proyectos productivos en predios arrendados, lo cual afecta su sostenibilidad”.
El segundo reto, es la estigmatización que sufren las personas en proceso de reincorporación. Es posible destacarla en dos ámbitos el comunitario-civil y el institucional, dicho elemento, ha ocasionado fracturas alrededor de la confianza en la gestión pública en el marco del proceso del tránsito a la vida civil. Además, de falta de comprensión a las formas asociativas de los excombatientes.
El tercer reto, y a mi juicio el más sentido, es el tema de vulneración de Derechos Humanos alrededor de los asesinatos de las personas en proceso de reincorporación, se puede encontrar un aumento significativo de asesinatos a excombatientes, teniendo como punto de partida la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016. Por ejemplo, del 2018 al 2019 el aumento fue de 18.5 por ciento, el primero con 65 y el segundo con 77. De acuerdo con la FIP, desde la desmovilización de las Farc-EP se han conformado entre 20 a 28 grupos disidentes con cerca de 2.630 integrantes y 1.760 personas en sus redes de apoyo.
De acuerdo con el Amicus Curiae realizado desde el Instituto de Estudios Interculturales, se evidencia un alto porcentaje de asesinatos de excombatientes para el departamento del Cauca y un rango de victimización importante en los departamento de Antioquia, Nariño, Caquetá y Norte de Santander. “Llama la atención la continuidad de la violencia territorial, es decir, esos mismos departamentos han mantenido rangos de victimización histórica y era previsible que dicha dinámica iba a continuar en un contexto de post-conflicto; sin embargo, por su misma previsibilidad, también es remarcable el fracaso de las políticas de planificación y anticipación estatal frente a este dinámica”
Mapa 2. Asesinato de desmovilizados. Fuente: IEI.
El siguiente gráfico evidencia en cuanto a las dinámicas de vulneración de Derechos la focalización por departamentos a nivel nacional, que evidencia con la metodología utilizada la tendencia en el suroccidente colombiano. Vale la pena destacar que, para el año 2020 se han registrado 236 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, de los cuales 5 fueron mujeres, para octubre se contabiliza un total de 53 asesinatos. Se encuentran 18 personas excombatientes desaparecidos.
Gráfico 2. Focalización ataques en el suroccidente colombiano.
Sumado a lo anterior, la reconfiguración de actores y dinámicas de violencia, ha ocasionado dinámicas de desplazamiento en algunas de las áreas de concentración de las personas en proceso de reincorporación como los Etcr, para el 2019 había 9.275 excombatientes que ya no viven en estos espacios. Ejemplo de lo anterior, es lo que ha pasado en el Etcr en Buenos Aires Cauca, donde algunas de las personas debieron salir del territorio por amenazas directas contra su vida y contra los procesos asociativos que han gestionado.
Sin duda alguna la situación antes descrita ha agudizado la crisis del proceso de reincorporación en el país, la falta de garantías de seguridad, el apoyo poco articulado y claro de la institucionalidad pública, sumado, a un mensaje contundente de una baja implementación del Acuerdo de Paz, ha llevado a sembrar desconfianzas entre la comunidad de excombatientes y sus familias, con la institucionalidad y la gestión pública. Entre tanto, la paz territorial sí requiere una institucionalidad pública fortalecida a nivel municipal y regional, pero también, confianza en los procesos de participación ciudadana y gobernanza comunitaria, sin eso, la paz no será posible.
De esta manera, Amanda Ríos, vocera de las personas en proceso de reincorporación para el departamento del Cauca, la peregrinación desde diversos lugares del país, lleva un mensaje contundente luego de la Minga indígena, campesina y popular: el del cuidado y protección de la vida.
De nuevo la protección y cuidado de la vida
La Minga en Bogotá dejo un mensaje claro de cuidado de la vida y de construcción de paz territorial, en ese sentido, a este clamor ¡Por la vida y por la Paz! en un país que se desangra, o que se está jugando en aportarle a la paz o volver a dinámicas de guerra, la Peregrinación evidencia la necesidad de medidas efectivas para las personas excombatientes quienes dejaron sus armas y le apostaron desde la firma del Acuerdo de Paz, a la superación del conflicto armado y social en muchos de los territorios rurales del país.
Debemos preguntarnos como sociedad qué preferimos retornar a las noticias de guerra y desangre con los jóvenes, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres o excombatientes, qué hemos naturalizado durante la construcción de nuestro Estado-Nación, y que después de la firma del Acuerdo de Paz son campanazos que evidencian la llegada de tiempos oscuros.
O, por el contrario, asumimos nuestro rol de defender la paz, esa paz que no quedó solo en el Acuerdo de Paz, sino que se ha gestado hace décadas en muchos de los territorios rurales, debemos asumir un mensaje comunitario, ciudadano y colectivo a los grupos armados y a las élites del país, que para la PAZ TODO.
La falta de apoyo institucional y blindaje del Acuerdo de paz por parte de la sociedad colombiana, podría representar que muchas de las personas en proceso de reincorporación, que en estos momentos le apuestas a la construcción de paz en el marco de los procesos de reincorporación, aumenten las cifras de desplazados en las grandes ciudades o, aumenten los grupos armados que se están disputando diversos territorios por el control total de la dinámica del narcotráfico en el país.
Ojalá el país no repita los ciclos de desarme- Acuerdos de Paz y rearme, ¿alguna vez nos cansaremos de los ciclos de guerra y violencia?
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