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Senador Robledo: “Aquí no hay quién investige porque el que tiene que investigar es Martínez, y está untado hasta el alma de corrupción. Esto solo tumbaría a un fiscal en un país que no estuviera tan descompuesto cómo este”.
¿Qué hay en la clase política colombiana que no hay en la de otros países?
Tomando una “pola” con un buen amigo politólogo de la Universidad de Texas, tuve la oportunidad de debatir acerca de la percepción generalizada de algunos colombianos que viven fuera del país. Sobre todo, hablamos de un buen rollo por el que estamos pasando.
Tocamos el tema de Odebrecht, empresa brasilera corrupta que ha generado grandes terremotos políticos en nuestra región, y cuyos tentáculos y acciones han implicado a presidentes, ex presidentes y altos funcionarios de países de la región, llegando al punto de forzar la dimisión del cargo de Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú, siendo la persona de “más alto rango” hasta la fecha, que se ve “castigado”.
Como era de esperarse, políticos y funcionarios colombianos también se han visto salpicados en este escándalo, causando, hasta el momento, la condena formal de un ex viceministro. A pesar de esto, se han tenido consecuencias políticas limitadas.
Las acusaciones de los testigos y las evidencias relacionadas con este caso, no son en sí mismas limitadas ni cortas, ya que potencialmente involucrarían a pesados como el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el expresidente Juan Manuel Santos y el actual fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, claramente también estarían involucrados congresistas, funcionarios, empresarios y hasta el mismo Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Surge entonces la pregunta del millón: ¿por qué en otros países, las solas acusaciones de corrupción y el rechazo popular generalizado ha podido causar cambios drásticos en los gobiernos, pero en Colombia las cosas se mantienen relativamente iguales? ¿Que hay en la clase política colombiana que no hay en la de otros países? ¿O que circunstancia especial evita que los gobernantes de nuestro país tengan que responder por sus acciones u omisiones?
A todas luces, esta pregunta tan profunda no puede ser respondida en una página y media. Aun así, puedo resaltar ciertos puntos, empezando con qué nuestra clase política tradicional, encarnada por los partidos tradicionales y sus afines, ha sido una clase dirigente unida, con intereses comunes, lo cuál ha sido evidente desde hace décadas, si recordamos periodos como el del Frente Nacional y el del sospechado fraude electoral contra la ANAPO de Rojas Pinilla, o si traemos ejemplos más recientes, cómo la unión de los partidos tradicionales, alrededor de Iván Duque y su candidatura a la presidencia, y la negación de la personería jurídica al movimiento de la “Colombia Humana” (representando cientos de miles de votos). Solo nos demuestran que las elites burguesas capitalinas y la elite hacendera de Antioquia tienen más cosas en común que diferencias.
Esta confluencia de intereses, que apaga cualquier oposición real y que indirectamente extingue cualquier opción alternativa, es lo que hace que cualquier investigación contra las altas cupulas del gobierno sea tan difícil, dado que los entes reguladores son controlados casi en su totalidad por la “rosca” política (a través de favores, cupos y fichas) y sus tentáculos.
En consecuencia, los poderes del estado, en lugar de hacer contrapeso y balancearse el uno contra el otro, tienden a seguir los intereses compartidos y no desempeñan sus funciones constitucionales como es debido. En otras palabras, la fiscalía no opera como debería porque comparte intereses con los directamente implicados en el caso de Odebrecht.
Teniendo en cuenta esta confluencia tan fuerte de intereses en la clase dirigente, hay que resaltar el uso de la violencia cómo un habito muy arraigado en nuestra cultura y política. Desde las guerras civiles en los albores de nuestra República, hasta los más recientes casos de acoso callejero por parte de ciertos manifestantes en la pasada marcha contra el terrorismo, o el vandalismo injustificado de las marchas de los estudiantes.
En pocas palabras, la violencia ligada a la política ha sido nuestro pan de cada día por más de 60 años. Con relación a Odebrecht, el uso de la violencia no ha sido tan explícito como en el pasado, aun así, el hecho de que testigos clave hayan muerto repentinamente y en momentos tan decisivos deja mucho que pensar. El caso mas sospechoso, el de Jorge Enrique Pizano y el de su hijo, es especialmente escandaloso ya que las grabaciones provistas por Pizano, antes de su muerte, implicaban directamente al actual fiscal general de la nación.
Encima de la conveniente coincidencia, el director de medicina legal de aquel entonces, renunció por la deficiente labor de la institución que dirigía a la hora del manejo de pruebas con relación a la muerte de Pizano. A pesar que el informe oficial determino por autopsia que Pizano había muerto de un infarto, tres días después el hijo de Pizano, murió tras ingerir una botella de cianuro que estaba en la oficina de su padre. ¿Quién en su sano juicio conserva una botella de cianuro en su escritorio? El hecho que el fiscal estuviese implicado con las pruebas provistas por el testigo muerto, no hacen sino acrecentar la sospecha de que esto no fue una coincidencia conveniente.
Otro factor, que hace que los casos de corrupción como el de Odebrecht, no afecten tanto a la clase dirigente, tiene una cercanía estrecha con la violencia, y qué a su vez se relaciona indirectamente con la unidad de la “rosca” política, es, nuestro conflicto interno, y el peso que este tiene en la percepción de los colombianos.
A pesar de los grandes avances que ha visto nuestro país desde los periodos oscuros de finales de los 90 y comienzos de los 2000, el conflicto interno continua. Así las FARC se hayan desmovilizado “oficialmente” y ahora participen de la política nacional, otros grupos al margen de la ley siguen existiendo en Colombia. Tenemos a las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, y otros, que son simples bandas criminales sin ningún proyecto político.
La guerra, entonces, también ha servido como razón que justifica toda una plataforma de ideas que legitiman a los sectores mas radicales de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y que además deslegitiman cualquier oposición a estos.
¿Cómo se relaciona esto con Odebrecht? Pues bien, estos sectores, por ejemplo, el de extrema derecha, eligió a nuestro actual presidente. Al comienzo de su presidencia, el respaldo de Uribe y el de su partido, parecía ser suficiente para su supervivencia en el ámbito nacional, pero entrados los meses y con la imparcialidad de los colombianos ante su administración, la retórica que sirvió para que nuestro actual presidente alcanzara su actual puesto, se sentía trillada.
El escándalo de Odebrecht, las muertes de testigos, y el “espaldarazo” del gobierno nacional hacia la defensa del fiscal, hundieron su popularidad. Por ello, el reciente trágico atentado del carro bomba, causado por la extrema izquierda, fue el evento perfecto que permitió a la extrema derecha cerrar filas detrás de Duque, resaltando la ya mencionada violencia.
El ELN, como organización anacrónica, lo único que hizo con el atentado, aparte de ganar protagonismo, fue darle la cortina de humo que el gobierno y los implicados en Odebrecht necesitaban, para que la población general, con ayuda de los medios tradicionales, le dieran la espalda a la corrupción y volvieran a pensar en términos del conflicto interno, trayendo consecuencias gigantescas, cómo el posible rompimiento de los diálogos de paz con dicha guerrilla, la intensificación de los operativos militares y la polarización de los diferentes sectores de opinión.
Una vez más, se le demostró al pueblo colombiano, que nuestra Fiscalía, es una de las más rápidas y efectivas cuando se afecta un frente del gobierno, pero que es incapaz de actuar de la misma manera, cuando se toca a los que integran ese gobierno, y peor aún, cuándo está dirigida por uno de los abogados del hombre más rico del país, implicados directamente en uno de los escándalos más grandes de la región, en dónde se tienen pruebas, evidencias, milagrosas coincidencias y en un estado conformado en su mayoría, por personas que gobiernan con favores, en dónde las “coimas” y sobornos son el pan de cada día y en dónde nos roban en nuestra cara, miles de millones de pesos.
Me permito citar entonces, una de las acertadas afirmaciones, que hizo el senador Robledo en el debate de control político contra el fiscal: “Aquí tenemos un fiscal que parece que en el día actúa de fiscal, y en las noches cómo abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que está gravemente comprometido en esta corrupción. Esto solo tumbaría a un fiscal en un país que no estuviera tan descompuesto cómo este”.
Volviendo al tema principal, ¿Que hay en la clase política colombiana que no hay en la de otros países? Sencillo, con el tema de Odebrecht, nos podemos dar cuenta (otra vez), que el castigo que nosotros cómo colombianos nos seguimos dando, es la corrupción, sin ella, no tendríamos que soportar la unión de la “rosca” política, ligada a una violencia injustificada causada por los extremos ideológicos.
Claramente, esta sigue siendo una de las principales causas de nuestros infinitos problemas cómo país en vía de desarrollo. Igualmente, no podemos permitir que actores violentos cambien los engranajes para caer en la antigua narrativa, la cual se reduce a que, en Colombia, el único problema, es la guerrilla, apagando cualquier rechazo generalizado que pueda hacer cambios verdaderos en el gobierno.
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