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¿Quién politiza los homicidios en Medellín?
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“A la fecha van 842 homicidios menos que la administración de Aníbal Gaviria Correa que usted conocía muy bien”, le dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, al periodista Yamit Palacio en una entrevista en W Radio el pasado 3 de septiembre.
La conversación se centró en las cifras de homicidios en la ciudad. Tobón insistió en comparar las cifras de los tres años y nueves meses que lleva el alcalde Federico Gutiérrez en el cargo con las de administraciones anteriores y le dijo a Palacio que parecía no saber que los periodos de gobierno son de cuatro años.
Ese discurso que compara la tasa de homicidios administración por administración es el mismo que el secretario Tobón, el propio alcalde Gutiérrez y en general el despliegue propagandístico de la Alcaldía de Medellín ha tratado de imponer en los últimos meses.
Su consigna es que el actual periodo de gobierno tiene la tasa de homicidios más baja desde que existe la elección popular de alcaldes. Una afirmación cierta, pero engañosa.
En efecto, si se promedia la tasa de homicidios año a año, la de los últimos tres años es inferior a la que resulta de hacer el mismo ejercicio con las administraciones anteriores.
Ese análisis selectivo de las estadísticas parece dejar bien librada a la administración, pero pasa por alto un detalle que no es menor: entre 2016 y 2018, el balance año a año muestra un incremento continuado tanto en la tasa como en el número de homicidios.
En palabras más simples y siguiendo la lógica comparativa que propone el secretario Tobón, desde que esta administración empezó no solo se frenó la reducción de homicidios que se había hecho constante en los años anteriores, sino que ese delito empezó a aumentar.
Explicado con las cifras, el panorama es el siguiente: en 2012, primer año de la administración de Aníbal Gaviria, se contabilizaron 1248 homicidios. En 2013, 927; en 2014, 659; y en 2015, 496.
Esa reducción continuada, que la administración Gaviria salía a celebrar ruidosamente en los medios y atribuía al éxito su política de seguridad, estaba, sin embargo, rodeada de cuestionamientos que la relacionaban con pactos entre las estructuras delincuenciales de la ciudad.
Ante esos cuestionamientos, Gaviria y sus funcionarios también confrontaron a sectores de la prensa, la academia y las organizaciones sociales que no compraron la idea del “milagro” que llevó a la reducción de los homicidios casi a una tercera parte en cuatro años
Lo cierto es que tan pronto comenzó la administración de Gutiérrez, las cifras empezaron a aumentar. En 2016 fueron 544 asesinatos, en 2017, 582; en 2018, 634; y en 2019, hasta el 6 de septiembre, iban 451, 12 más que en el mismo periodo del año anterior.
Eso, visto a la luz de las metas que planteó su plan de desarrollo, deja mayores interrogantes: recibió la ciudad con una tasa de 20,1 homicidios por cada cien mil habitantes y su objetivo era reducirla a 15.
Pero de acuerdo con las proyecciones del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad hasta el 6 de septiembre, 2019 terminará con una tasa de 25,93. Esos resultados hablan por sí solos.
Gutiérrez y su gabinete responden con la artimaña estadística del promedio de la tasa por administración como si los asesinatos fueran un botín político. Entre tanto, el secretario Tobón celebra las notas de prensa que le son útiles a su discurso y cuestiona aquellas que hacen un análisis diferente al oficial, justo como lo hicieron algunas de las administraciones con las que ahora se compara.
25 mil personas fueron asesinadas en Medellín entre 2001 y 2019. Ese dato expone las dimensiones de un problema que la ciudad debería discutir con una perspectiva de largo plazo. Por supuesto, debe ser también el recurso para evaluar el papel de las administraciones. Pero reducir el problema manoseando las cifras convierte a esos muertos apenas en el insumo de una pieza publicitaria.
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