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En estas circunstancias la victoria del No constituye un claro rechazo y el gobierno no debe esperar que haciendo algunos pequeños ajustes lo vaya a hacer aceptable. El Acuerdo actual esta muerto y el nuevo tiene que ser muy diferente.
Se necesita realismo
La no aprobación del Acuerdo con las Farc debe introducir una importante dosis de realismo en la forma en que el gobierno de Colombia afronta el “problema Farc”.
Lo primero, tal vez, es aceptar humildemente que el Acuerdo propuesto es inmensamente impopular.
El No triunfó en una contienda electoral muy desigual. La pregunta formulada en el Plebiscito, “¿Aprueba el Acuerdo para una paz estable y duradera?”, apelando a un valor humano esencial y elemental, estaba redactada para inducir a votar Sí.
La campaña de “Sí a la paz” fue avasalladora, incluyendo el apoyo de la práctica totalidad de los medios impresos, la TV y la radio; además de contar con la participación activa de gran parte de la burocracia central y una amplia porción de la local.
El gobierno pretendió infundir temor en la población, aduciendo que no sería posible renegociar el Acuerdo, que “no había plan B” y que si el Acuerdo no fuese aprobado las Farc volverían a atacar, incluso en las ciudades.
En estas circunstancias la victoria del No constituye un claro rechazo y el gobierno no debe esperar que haciendo algunos pequeños ajustes lo vaya a hacer aceptable. El Acuerdo actual esta muerto y el nuevo tiene que ser muy diferente.
Asimismo, el “problema Farc” necesita ser entendido, dimensionado y contextualizado para encontrar su adecuada solución. En nada contribuye hablar de 52 años de guerra, 220 mil muertos, 6 millones de desplazados. Aunque lleve 52 años de fundado, las Farc era minúsculo durante los sesenta y setenta y, de cualquier forma, siempre ha sido muy pequeño.
Al final de los noventa llegaron a tener hasta 20 mil hombres en sus filas, y ahora los jefes han revelado que son 5.700.
En toda su historia las Farc habrán causado máximo 15 mil muertes, entre militares, civiles y sus propios combatientes. A esto se sumarían los secuestros (8 mil) y las extorsiones.
En los últimos años de actividad (2009-2013) causó entre 100 y 200 muertes cada año, dentro de un total de entre 20 – 30 mil asesinatos anuales.
Este grupo es apenas un factor más en la violencia que se ha vivido en grandes extensiones de Colombia y, por lo tanto, su silenciamiento, aunque deseable, no solucionará por si solo los problemas de seguridad del país.
El Acuerdo para desmovilizar a los integrantes de las Farc debe ser sencillo, concreto y fácil de implementar, redactado de forma legible y precisa. De lo contrario traerá grandes problemas de interpretación en el futuro. Y debe limitarse al conflicto con las Farc.
No debe legislar sobre política agraria, ni sobre el cultivo de la coca, ni sobre justicia, ni sobre la organización electoral, ni pretender incluir favorabilidades o castigos a otros grupos o individuos.
El Acuerdo no debe usurpar los mecanismos de la democracia ni de la Constitución colombiana, ni tampoco les debe dar una representación automática a los miembros de las Farc en ninguna instancia legislativa, gubernamental o judicial.
Podría consistir en dar amnistía inmediata a los guerrilleros rasos y, a los de alto rango, darles una pena cómoda que les restrinja su movilidad y los “saque de circulación” temporalmente; por ejemplo 10 años de exilio. Después del exilio podrían regresar al país, participar en política y ser elegibles.
El Acuerdo final debe estar enmarcado dentro de la correlación de fuerzas de quienes lo están firmando y de su respectiva posición de estatura moral y ética. Debe considerar que muchos otros grupos de interés con afiliados mucho más numerosos, actuando dentro de la legalidad, van a querer también establecer negociaciones directas con el Ejecutivo para recibir un trato especial y proporcionado al concedido a las Farc.
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