Se nos acaba el tiempo para Escazú

Sep 22, 2020

Juliana Uribe Villegas

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Cuando estamos cerca al vencimiento del término para la ratificación en el Congreso de la República, corremos el riesgo de que el proceso se vaya para atrás.

De los pocos logros, por no decir el único, que tuvo la Conversación Nacional que se realizó entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, fue la exigencia y gestión para que el Gobierno de Colombia firmara el Acuerdo de Escazú. Ahora, cuando estamos cerca al vencimiento del término para la ratificación en el Congreso de la República, corremos el riesgo de que el proceso se vaya para atrás.

Uno de los puntos claves del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y que es más conocido como Acuerdo de Escazú, está centrado en la protección de personas defensoras ambientales y de derechos humanos.

Muchas de las organizaciones que llevamos el tema a la Conversación Nacional exaltamos la necesidad de que Colombia suscriba el acuerdo buscando que se acoja una herramienta que nos vincule como Estado para proteger, con todo el ordenamiento, la vida de lideresas y líderes ambientales que están siendo amenazados y asesinados por ser defensores del medio ambiente.

Al iniciar el proceso de ratificación en el Congreso, han comenzado a levantarse algunas voces -de organizaciones, gremios, e incluso de algunos actores del partido de gobierno- que llaman a que se detenga.

Dentro de "las razones" que las motivan, se afirma que la participación ciudadana sería prácticamente ilimitada en todas las decisiones ambientales; que supuestamente existe el riesgo de que "cualquier acción podrá ser judicializada no sólo internamente sino en tribunales internacionales"; por afectar “los derechos humanos ambientales”; y que "podría frenar la inversión extranjera e impactar el proceso de reactivación económica".

A la audiencia pública convocada por la Cámara de Representantes llegaron también voces de las comunidades alertadas por la desinformación alrededor del tema. Más que una posición de rechazo, expresaron la necesidad de llevar esta conversación a los territorios para entender las implicaciones sobre la "soberanía", que es al parecer una de las líneas de conversación que no se ha elevado en la opinión pública y que lleva a tener una postura prevenida respecto al Acuerdo.

A inicios de agosto, Global Witness publicó su más reciente estudio “Defendiendo el mañana”, donde Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en asesinatos de líderes ambientales. En 2019, 64 personas fueron asesinadas por su lucha medioambiental; 45 de ellas se oponían al uso de sus tierras o control del territorio para actividades que van en contra del medioambiente; 14 líderes apoyaban y promovían la sustitución de cultivos ilícitos. La Defensoría del Pueblo ha informado que, de enero a junio de este año, 47 defensores ambientales han sido asesinados.

La coyuntura actual nos llama a dar un paso hacia un modelo de desarrollo más sostenible, menos depredador, que observe el cuidado de los ecosistemas como una apuesta también económica, donde las decisiones sean discutidas ampliamente, llegando a acuerdos sobre el desarrollo territorial integral, desde y con las comunidades.

Estamos en un momento crítico, con una deuda histórica en materia medioambiental y de construcción de lo público desde la participación ciudadana. Y tenemos que dar un paso adelante.

Como más de 200 organizaciones y líderes ambientales lo han expuesto a través de un comunicado radicado en el Congreso, uniendo las voces como #EscazúAhoraColombia, “la ratificación del Acuerdo contribuirá a la construcción de una sociedad democrática y sólida en materia ambiental, promoviendo la toma de decisiones informadas, dar un tratamiento no violento a los conflictos socioambientales, conservar el patrimonio natural y generar un contexto adecuado para las inversiones, integrando la visión y vocación ambiental de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, en el que dicho acuerdo sea implementado de manera activa por parte del gobierno y la sociedad civil”.

Escazú YA.
#EscazúAhoraColombia